ANDACOR S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 26 de julio de 2007 comparece don Carlos Baeza Guiñez, abogado, en representación de ANDACOR S.A., quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, por cuanto sostiene que ha cometido un acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N° 1043 de 26 de junio de 2018, que ha negado conocer de la solicitud de reconsideración de multa impuesta, lo que le ha generado vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los N° 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la brevedad a la recurrida que proceda a acoger a trámite la petición de reconsideración de la multa, impuesta en la resolución N° 8854/18/16 de 16 de marzo de 2018, por haberse efectuado dentro de plazo legal.

Refiere la recurrente que el 16 de marzo de este año mediante resolución N° 8854/18/16 se le aplicó una multa de 90 UTM como consecuencia de no actualizar en el contrato de trabajo la remuneración; de no cumplir el comité paritario de higiene y seguridad las funciones encomendadas por ley; y por no contar con autorización sanitaria para preparar alimentos para el personal.

Señala que esta resolución le fue notificada el 3 de mayo de 2018.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo intentó una reconsideración administrativa, la cual presentó el 13 de junio de 2018, dentro del plazo de 30 días que la norma dispone y que, no obstante, la recurrida negó lugar a conocer la solicitud mediante la resolución en contra de la cual se recurre en atención a que supuestamente la petición de reconsideración de multa no cumple con los requisitos señalados por la ley para su aprobación, toda vez que fue presentada extemporáneamente.

Señala que ésta resolución es ilegal porque entiende que el plazo es de días corridos, cuando en realidad es de días hábiles, ello porque el artículo 512 del Código del Trabajo no precisa si el plazo es de días hábiles o no, y por lo tanto a falta de texto expreso se debe recurrir a la Ley 19.880, que en su artículo 25 establece que los plazos de los procedimientos administrativos son de días hábiles, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Refiere que las garantías constitucionales vulneradas son en primer lugar la igualdad ante la ley, porque la decisión recurrida desconoce el imperativo legal al imponerle a la recurrente una forma de cómputo del plazo que no es la prevista por el legislador, dado que la normativa legal es igual para todas las personas, cualquiera sea su calidad.

En segundo lugar señala que se ha vulnerado la garantía del debido proceso, ya que es parte integrante de esta garantía que se respeten los plazos legales para ejercer determinadas defensas o prerrogativas y por lo tanto, al impedírsele ejercer un derecho procesal señalando que lo hizo extemporáneamente al amparo de una arbitraria e ilegal interpretación de la norma, se debe concluir que se vulnera el debido proceso.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja el recurso presentado y se declare que la recurrida debe acoger a trámite la petición de reconsideración de la multa impuesta a su parte en la Resolución N° 8.854/18/16, de 16 de marzo pasado, por haberla efectuado dentro de plazo legal;

SEGUNDO: Que con fecha 7 de agosto del mes pasado presenta informe la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, señalando en primer lugar que no es procedente el recurso, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que se ha interpuesto un arbitrio de protección en contra de un ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha decisión, la reclamación judicial, de acuerdo al artículo 512 del Código del Trabajo, la que señala que dicha resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de 15 días de notificada y en conformidad al artículo 474 del mismo código.

Afirma que, por tanto, este recurso de protección se está utilizando como un substituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos para su interposición, ello porque se trata de una acción de rango constitucional que debe reunir en forma copulativa requisitos, como son, la ocurrencia de una acción u omisión reprochable, que sea arbitraria e ilegal, que a su consecuencia se derive la perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente y que el tribunal ante el que se recurre esté en condiciones de brindar protección.

Señala que en este caso el acto recurrido no es caprichoso, sino que se dictó razonada y fundadamente en virtud de los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo, por lo que tampoco es ilegal.

En subsidio de todo lo señalado, indica la recurrida que no se ve afectado con su actuar los derechos fundamentales señalados por la recurrente, porque su presentación de reconsideración fue extemporánea.

Refiere que la circular N° 73 de 8 de junio de 2010, de la Dirección del Trabajo, concordante con lo resuelto por la Contraloría General de la República en oficio N° 17344, de 10 de marzo de 2014, dispone que el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de 30 días corridos. Incluso, agrega, que la Contraloría ha señalado que no es aplicable de modo supletorio las normas de la Ley 19.880.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo del recurso, con costas;

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: Que, luego de lo dicho, corresponde en primer término descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone en forma expresa que el recurso de protección es “sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda ser valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A mayor abundamiento, la herramienta procesal que la recurrida afirma tendría la recurrente para procurar corregir al agravio que le causa la decisión que motiva el recurso, esto es, la reclamación judicial prevista en el artículo 512 inciso segundo del Código del Trabajo, en rigor resulta procedente únicamente en tanto la decisión de la autoridad fiscalizadora se haya hecho cargo del fondo del reclamo planteado, cuestión que evidentemente no ocurre en el caso de la especie;

QUINTO: Que en cuanto a los hechos que motivan el recurso, no existe controversia en orden a que la Resolución de Multa fue notificada a la recurrente por carta certificada de 3 de mayo de 2018 y que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se dedujo el día 13 de junio de este año.

Ahora bien, en la tesis sostenida por la recurrida el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y, por tanto, vencía para el reclamante el 2 del señalado mes;

SEXTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 19.880, denominado “cómputo de los plazos del procedimiento administrativo”, los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Si bien el texto legal señala que la regla es para los plazos de días “establecidos en esta ley”, lo cierto es que el inciso primero del artículo 1° del mismo cuerpo normativo dispone que la presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando a continuación que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, tal estatuto se aplicará con carácter de supletorio.

El sentido natural y obvio de la expresión “supletorio”, según el significado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “que suple una falta” y por suplir se entiende “cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de ello”.

Ahora bien, no es discutido que el Código del Trabajo no indica si el término de 30 días que prevé el artículo 512 es de días hábiles o de días corridos, más en tanto se trata de un procedimiento que tiene lugar ante un órgano administrativo, lo cierto es que debe primar la regla de supletoriedad especial del artículo 1° citado, por sobre la general del artículo 50 del Código Civil. La Ley N° 19.880 evidentemente tiene carácter especial o particular y, por lo mismo, debe primar en aquellos asuntos que se avienen a la naturaleza de la materia que regula, como es el caso de la reconsideración administrativa de la sanción de multa impuesta por la Inspección del Trabajo. Únicamente ante la presencia de una regla especial diversa, la norma de artículo 25 de la aludida ley debe ceder, lo que, se reitera, no acontece en el caso de la especie;

SÉPTIMO: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente resulta contraria a la ley y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por don Carlos Baeza Guiñez, en representación de ANDACOR S.A. y a fin de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto el Ordinario N°1043, de 26 de junio de 2018, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y se ordena a la recurrida dar la tramitación de rigor a la solicitud de reconsideración administrativa de multa formulada por la mencionada compañía.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Lepin, quien estuvo por rechazar el recurso interpuesto por estimar que en la especie no se estableció la existencia de un acto arbitrario o ilegal, sino que se trató de la legítima interpretación de una norma legal que no afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 53.372-2018 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Lepin, por ausencia.