nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 22 de marzo de 2025 comparece don nombre reservado, por sí, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en disponer un descuento en sus remuneraciones para hacerse pago de un crédito, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que: (i) el 31 de enero de 2008 suscribió un mutuo pagadero en 48 cuotas mensuales de $73.550, con vencimiento los días 30 de cada mes, venciendo la primera de ellas el 31 de enero del referido año, estableciéndose que el retardo en el pago en más de 30 días corridos permitiría a la recurrida exigir la solución íntegra de la suma debida; (ii) producto de haber perdido su empleo, incurrió en mora a partir de la cuota N°14, con vencimiento el 28 de febrero de 2009 e; (iii) intentó en diversas ocasiones regularizar su situación, instigándolo la recurrida a repactar la deuda, sin embargo, esa opción implicaba un aumento en su deuda.

Hace presente que, conforme a lo expuesto, no ha podido cumplir con su obligación y que, a la fecha de la interposición del recurso, no ha sido demandado ejecutivamente.

Indica que en el mes de octubre de 2024 obtuvo un nuevo empleo, sin embargo, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente el mes de enero de 2024 (sic) advirtió que se había efectuado un descuento por la suma de $73.550, por concepto del crédito antes aludido, luego de 16 años.

Refiere que, consultada el área de recursos humanos de su empleador, se le indicó que la retención fue realizada por voluntad de la Caja de Compensación recurrida.

Asevera que nunca fue notificado respecto de la decisión unilateral de la recurrida sobre ejecutar el descuento que ordenó a su empleador, el que estima abusivo, inoportuno, arbitrario, antojadizo e ilegal, toda vez que no pudo prever la afectación que dicho descuento implicaría.

Sostiene que, conforme a lo expuesto, la recurrida está efectuando actos de autotutela, sin previo aviso ni explicaciones sobre cómo llegó al monto ordenado a descontar.

Agrega que, al momento de interponer la demanda ejecutiva indicada (sic), la recurrida manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que implica renunciar a su derecho de perseguir el pago individual de las cuotas.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita ordenar a la recurrida a: (i) cesar todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones y; (ii) restituir los descuentos efectuados previamente, así como los que se puedan llevar a cabo durante la tramitación de esta acción; con costas.

Segundo: Que, el abogado don Julio César Villalobos Villarroel, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del presente arbitrio, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de su representada.

Expone que, según consta en los sistemas de su representada, el 18 de diciembre de 2007, el actor solicitó un crédito por la suma de $1.776.652, pagadero en 48 cuotas de $73.550, el que se encuentra moroso desde el 30 de abril de 2009.

Sostiene que, de conformidad al artículo 22, inciso 1°, de la ley N°18.833 y al artículo 11, inciso 1°, del Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, y que las facultades con las que cuentan las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de cuotas impagas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Agrega que el descuento practicado al recurrente dice relación con el pago de una obligación, que no se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil y cuyas acciones no han sido declaradas prescritas, por ende, esta obligación está vigente y su pago exigible mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Finalmente, niega la afectación a la garantía constitucional indicada en el libelo, toda vez que el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales, que tiene evidente carácter social.

Tercero: Que, por certificando la Secretaria Civil previa instrucción de esta Sala, señala que la información que arroja el sistema informático de tramitación Oficina Judicial Virtual, a través del módulo de atención de público, se constata que, revisado los treinta Juzgados Civiles de Santiago, el recurrente tiene una causa en el Segundo Juzgado Civil de Santiago Rol C-26026-2009 caratulada CENCOSUD ADMINISTRA/nombre reservado, ingresada el 12 de febrero de 2009, que se tuvo por no presentada el 6 de agosto de 2009, disponiéndose su archivo.

Cuarto: Que el recurrente pide que se denuncie al Ministerio Público al representante legal de la Caja recurrida, por presunto delito de desacato, al haber incumplido la orden de no innovar decretada en la causa, continuando con los descuentos pese a su vigencia, de los meses de mayo, junio y septiembre del 2025.

Quinto: Que evacuando traslado la recurrida, señala que el incumplimiento de la orden de no innovar se debió a un error de gestión con Caja Los Andes, ya corregido, disponiéndose el cese de los descuentos y la devolución de los montos cobrados indebidamente desde abril de 2025.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Séptimo: Que, en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Octavo: Que el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de enero de 2025, luego de transcurridos prácticamente diecisiete años desde que se le otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana.

Noveno: Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente el crédito social que otorga. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de diecisiete años) que alcanzó a transcurrir entre diciembre de 2007 y enero de 2025 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Décimo: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Undécimo: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, y que, en consecuencia, la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados a partir de enero de 2025 en adelante, sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5333-2025.