Protección contra actor

Santiago, tres de febrero de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 27 de abril de 2021, comparece don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, en representación de don nombre reservado, cabo 2° de Carabineros de dotación de la 53° Comisaría de Carabineros “nombre reservado”, con domicilio en domicilio reservado; e interpone acción de protección en contra de (1) don nombre reservado; (2) don nombre reservado; y (3) don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en Resolución (R) N° 525 de 7 de abril de 2021, notificada el 15 de abril de 2021, dictada por la Comisión Médica Central de Carabineros, la cual resuelve recurso de reposición manteniendo firme la declaración de nombre reservado y proposición de retiro temporal del actor.

Expone que el actor ingresó al Servicio de Urgencias el 7 de enero de 2020 a raíz de un accidente de tránsito por un choque de alta energía con un vehículo detenido en el trayecto a su trabajo a la 53° Comisaria de Carabineros “nombre reservado”, la cual constituye una lesión en actos de servicios que debe ser determinada en virtud de un Sumario Administrativo, en conformidad a lo establecido en el Articulo N° 3, N° 5, del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, y conforme al Artículo N° 34, de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961. El diagnóstico médico consistió en “Politraumatizado, TEC leve no complicado, fractura de pelvis inestable, fractura tercio medio tibia derecha”, “origen traumático grave, e importante”, hospitalizado en el hoscar desde el 07.02.2020 al 10.01.2020, alta hospitalaria 20.01.2020, cirugías los días 07.01.2020, estabilización quirúrgica, fractura de pelvis, y pierna derecha, y el 15.01.2020, reducción OTS ambas fracturas”.

Señala que la resolución recurrida no señala el origen de todas las patologías médicas que padece el Cabo 2do., como tampoco hace mención al accidente de tránsito ocurrido el 7 de enero de 2020, lo que produce una arbitrariedad y un agravio, toda vez, que se limita a mencionar otras causas como naturales, y no el origen específico de estas patologías médicas, y que existe una relación de causalidad, entre las Lesiones sufridas el día 07 de enero de 2020, y las que posteriormente menciona, omitiendo señalar el origen completo de las lesiones que presenta y que tomó conocimiento en las citaciones de que fue objeto y del informe médico que consta en su ficha; y, además, tampoco hace mención a que su pronunciamiento obedece a un sumario administrativo que se debe instruir al efecto. Agrega que la normativa citada establece claramente cuando debe ordenarse la instrucción de un sumario administrativo, y por ende el pronunciamiento médico, no se encuentra debidamente normado y no obedece a licencias médicas prolongadas por capricho del actor, sino como consecuencia de un accidente de tránsito (Motocicleta), con resultado traumático, y mientras concurría a su Servicio de Policial, como lo determina el Reglamento de Servicios de Carabineros N° 10, Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, D.F.L N° 2, Estatuto Administrativo de Carabineros de Chile, y Ley Orgánica Constitucional N° 18.961, de Carabineros de Chile.

A continuación cita disposiciones del Reglamento de Comisiones Médicas, Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, DFL N°2 de 1968, Reglamento de Sumarios Administrativos y Circular Digcar N° 1.533 de 20 de abril de 1999; concluyendo que estando obligada la autoridad administrativa de Carabineros de Chile, para ordenar la instrucción de un sumario administrativo, ante un grave accidente de tránsito en el trayecto a su trabajo, simplemente no lo hace, y se pide un pronunciamiento a la Comisión Médica Central, quien se pronuncia omitiendo los antecedentes que dicen relación con la enfermedad que padece el actor, ya que ello consta en su Ficha Medica y en los antecedentes de su Hospitalización ocurrida el 7 de enero de 2020, producto de las graves lesiones sufridas en el citado accidente de tránsito y que lógicamente provocan la existencia de entre otras enfermedades como consecuencia de ello. Agrega que en sentencia rol N° 521-2-2020 de 8 de febrero de 2021 del 2° Juzgado de Policía Local de Vitacura, respecto del accidente de 7 de enero de 2020, se condenó a Riquelme Osses a pagar una multa de 1,5 UTM por daños a terceros, infringiendo con ello lo dispuesto en el Articulo N° 108, N° 167, N° 2, en relación con Articulo N° 200, N° 40, de la Ley N° 18.290.

En el mismo orden de ideas indica que, conforme lo establecido en la ley 19.880, la Resolución Exenta 525 de 7 de abril de 2021 es arbitraria en su contenido, en razón a que no menciona los hechos y el origen traumático de la lesión sufrida y que existe una relación de causalidad, la cual es evidente y concordante con la normativa reglamentaria de Carabineros de Chile, que es igualitaria para todos, así como el derecho a los beneficios médicos, reglamentarios y a la atención de su salud, hasta la pronta recuperación para el servicio.

En cuanto a la ilegalidad, en primer lugar se refiere al trato médico otorgado al recurrente, ello en relación a diversas disposiciones de la Ley Nº 20.584 citadas en el recurso, señalando que la resolución recurrida vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica, a una prestación de salud digna y necesaria, siendo discriminado arbitrariamente por su condición de Carabinero; igualmente hace presente que la resolución impugnada constituye una comisión especial, puesto que no cumple con los requisitos reglamentarios para emitir sus correspondientes pronunciamientos administrativos.

Respecto a las garantías que se denuncias como conculcada, procede a efectuar un análisis de las mismas. El primer de ellos corresponde al derecho a la vida, argumentando que la no entrega oportuna y eficaz de tratamiento médico y de los medicamentos al actor afecta de modo grave y directo la a adecuada atención médica preventiva y curativa de su salud; del mismo modo hace referencia al derecho a la salud, señalando que con la omisión de prestar la adecuada atención médica al recurrente, sumado a la falta de entonación (SIC) sobre su diagnóstico y estad de salud, la negligencia en su estado nutricional por quien debía velar por ello, sumado al trato discriminatorio, claramente ha visto perturbado su derecho a la salud, lo que queda claro por cuanto la atención médica que debía otorgar el Hospital de Carabineros, la han privado de su derecho a la atención de salud, y con ello a la pronta recuperación; y, finalmente, sobre la igualdad ante la ley denuncia que la vulneración a este derecho consiste en no darle el adecuado tratamiento médico y los estándares relativos a la protección de su dignidad humana, implicarían, en primer lugar, ser tratada de acuerdo al mismo marco de derechos y deberes que la legislación señala para todas las personas, y además gozaría de un estatus de doble protección en razón de su condición de joven mujer, que prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud, orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud.

Solicita se acoja el recurso, ordenando (1) se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del trato otorgado por la recurrida al actor mediante la Resolución Exenta N° 525 de 7 de abril de 2021, notificada el 15 de abril del mismo año; (2) se declaren infringidas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental; (3) se adopten medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho; (4) se ordene a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, la derivación del actor al Hospital de Carabineros, a fin de suministrar la adecuada atención medica requerida por la afectada, hasta su real recuperación, e informar adecuadamente acerca de su tratamiento; (5) se ordene a la Comisión Médica Central de Carabineros el cese de cualquier forma de trato hostil y discriminatorio en contra del actor.

Segundo: Que, con fecha 4 de junio de 2021, evacúa informe la Comisión Médica Central de Carabineros.

En cuanto a los hechos indica que el 16 de marzo de 2020 se solicitó un pronunciamiento relativo al accidente en actos de servicios sufrido por el actor el 7 de enero de 2020, el caso fue visto en sesión N°158 de 11 de noviembre del mismo año y se emitieron tres actos administrativos (1) Resolución Exenta N°2824 el cual autorizó 232 días de licencia médica; (2) Resolución Exenta N°2825 que clasificó como de Primera Categoría las lesiones sufridas por el funcionario, otorgándole un año de abono de servicio y autorizándole 196 días de licencia médica tipo 5, fijándose su alta laboral y encontrándose de alta, apto y recuperado para el Servicio a contar del 21 de julio de 2020; y (3) Resolución Exenta N°2826 la cual declaró la nombre reservado del recurrente por padecer “síndrome de dolor lumbar” y “trastorno de adaptación”, afecciones de origen natural, traumatológica y/o psiquiátrica, de pronostico curable y no invalidante, que lo mantiene en reposo médico sin reintegro laboral, en base a entrevista clínica presencial efectuada al actor, que lo imposibilita temporalmente para el servicio en Carabineros de Chile, proponiéndole su Retiro Temporal de la Institución. En cuanto a la última resolución interpuso recurso de reposición, la cual se resolvió mediante Resolución Exenta N°525 de 7 de abril de 2021 que mantuvo la decisión recurrida. Agrega que contra esta última resolución se interpuso recurso de protección ante esta Iltma. Corte de Apelaciones. Señala que mediante Resolución Exenta N°263 de 25 de mayo de 2021 la Prefectura de Carabineros Santiago Andes dispuso el licenciamiento de las filas institucionales al actor por “circunstancias obligadas” por afectarle una nombre reservado, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 42 letra b) de la Ley Nº18.961 y 114 letra a) del DFL N°2 de 1968.

Se refiere al sustento legal de la resolución recurrida, a saber artículo 64 inciso 1° de la ley 18.961, artículo 73 del DFL N°2 de 1968 y artículo 2 del Decreto N°4 de 1988, así como jurisprudencia administrativa que cita en apoyo a su tesis. Señala que si se toma en consideración los antecedentes del acto administrativo que declaró la nombre reservado del recurrente, lo resuelto por la Comisión Médica Central se fundamenta en el hecho que el actor padecía “politraumatizado”, “traumatismo encéfalo craneano no complicado”, “fractura de pelvis inestable”, “fractura tercio medio pierna derecha” e, incluso, otras preexistencias al acto de servicio correspondiente a lumbago, desde el año 2017, y patologías psiquiátricas desde el año 2016, acumulando un total de 313 días de licencias médicas; no logrando la recuperación de su capacidad laboral a la fecha del informe que se evacúa. Agrega que habiéndose tenido a la vista el historial clínico completo del actor la Comisión Médica Central resolvió declarar la nombre reservado del funcionario, aplicando criterios técnicos establecidos en la normativa legal y reglamentaria, ajustándose siempre al debido proceso y no vulnerando garantía constitucional alguna.

Respecto al derecho a la vida que denuncia como conculcada expresa que no es efectivo que se viera afectada dicha garantía atendido que el acto impugnado se produce a raíz de un pronunciamiento efectuado por parte de la Comisión Médica Central, en pleno ejercicio de las facultades que la ley le concede; respecto a la igualdad ante la ley indica que en el proceso administrativo seguido ante el Organismo Técnico Colegiado jamás ha existido diferencias arbitrarias que hagan suponer al recurrente un trato distinto; y, finalmente, en cuanto al derecho de la salud señala que Contraloría General de la República ha declarado que el hecho que el funcionario se encuentre en situación de Retiro Temporal, ello no obedece a una decisión antojadiza, ilegal y arbitraria que lo prive, perturbe o amenace el ejercicio de sus derechos, sino más bien a una causal legal de cese, en razón de no contar con una salud compatible para desempeñar funciones en Carabineros de Chile, razón por la cual no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la vía de la presente acción cautelar.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se pretende ilegal o arbitrario es la Resolución (R) N° 525 de 7 de abril de 2021, notificada el 15 de abril de 2021, dictada por la Comisión Médica Central de Carabineros, la cual resuelve recurso de reposición manteniendo firme la declaración de nombre reservado y proposición de retiro temporal del actor.

Quinto: Que, la resolución se encuentra suficientemente fundada en el historial clínico del recurrente, y que se traducen en la especie en que el actor padecía “politraumatizado”, “traumatismo encéfalo craneano no complicado”, “fractura de pelvis inestable”, “fractura tercio medio pierna derecha” e, incluso, otras preexistencias al acto de servicio correspondiente a lumbago, desde el año 2017, y patologías psiquiátricas desde el año 2016, acumulando un total de 313 días de licencias médicas; no logrando la recuperación de su capacidad laboral a la fecha del informe que se evacúa.

En este sentido, el acto impugnado por esta vía, tiene los fundamentos de hecho y jurídicos, y ha sido dictado por la autoridad legalmente facultada para ello.

SEXTO: En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

SÉPTIMO: Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

OCTAVO: Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia requiere de la debida interpretación sea en sede civil o laboral, excediéndose el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que, en consecuencia, la resolución del organismo recurrido se ajustó a la normativa vigente, dictando una resolución suficientemente motivada, lo que descarta un actuar arbitrario o ilegal, motivo por el que no resulta necesario analizar la vulneración de las garantías denunciadas.

Por lo razonado, no existiendo un acto ilegal o arbitrario ni un derecho indubitado de la recurrente, el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, el recurso deducido por don nombre reservado y don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Cristián Lepin Molina.

Protección N°5319-2021.

No firma la fiscal judicial Sra. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, no firma el abogado integrante señor Lepin, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro don Antonio Ulloa Márquez, conformada por el Fiscal Judicial doña nombre reservado y el Abogado Integrante don Cristian Lepin Molina.