nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General De La República, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por la Tesorera General de la República doña nombre reservado, ingeniera civil, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su acción arbitraria e ilegal al retener el monto de devolución resultante de la declaración de impuestos del año 2018, el cual priva y perturba el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre dichos bienes.

Pide se ordene la restitución del dinero retenido arbitraria e ilegalmente por la recurrida correspondiente a la devolución de impuestos del año 2018, con expresa condena en costas Funda su pretensión cautelar señalando que realizó el trámite de declaración de renta ante el Servicio de Impuestos Internos, mediante el Formulario 22, que resultó con una devolución de impuestos por la suma de $710.779 y a principios del mes de mayo pasado, al revisar el estado de su declaración, se percató que se le autorizó un monto parcial de la devolución de impuestos solicitada, por $68.526.

Agrega que concurrió al Servicio de Impuestos Internos respectiva a revisar el motivo de por qué no recibió monto alguno por concepto de devolución y le señalaron que existían inconsistencias que fueron detectadas en la declaración de renta, específicamente con los agentes retenedores y una vez que reunidos los antecedentes para solucionar el reparo a su declaración de renta, solicitó una revisión acompañando los antecedentes respectivos.

Señala que el 13 de julio pasado le autorizaron la devolución de $642.253 al haber regularizado la inconsistencia detectada, quedando a la espera de la devolución total por $710.779, pero el 20 de julio de 2018, mediante la página web del Servicio de Impuestos Internos tomó conocimiento de que la Tesorería General de la República, efectuó una compensación, reteniéndole la totalidad de la devolución de impuestos por la suma de $710.779.

Expresa que al revisar la existencia de deudas contra el Fisco, le aparece una derivada del Formulario 34, Folio Nro. 57929 por la suma de $4.840.064, formulario amparado en la Ley N°20.027 que establece normas para el financiamiento para la Educación Superior, es decir, por Crédito con Aval del Estado, del cual, señala que no mantiene deuda alguna con la institución financiera que fuere mutuante, en su oportunidad.

Finalmente, expresa que no existe motivo alguno por el cual la Tesorería General de la República pueda retener algún monto y tampoco ha sido emplazado respecto de deuda alguna que pueda llegar a tener con dicho servicio.

Expresa que la retención es un acto arbitrario e ilegal que priva y perturba su legítimo ejercicio del derecho de propiedad, del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que se le ha impedido percibir el dinero que le corresponde, en tanto bien incorporado a su patrimonio, el cual, la recurrida tiene la obligación legal de restituir y no de retener.

Refiere que según el artículo 17 de la Ley N°20.027 “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito (...)”. Indica que la arbitrariedad de la retención es clara, toda vez que si no se le adeuda a la institución crediticia.

En cuanto a la ilegalidad, sostiene que el Servicio de Tesorerías está facultado para iniciar acciones de cobranza judicial y extrajudicial, conforme al artículo 18 bis de la Ley N°20.027 señalando para tales efecto que “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Sostiene que las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley”. Señala que de existir una obligación pendiente con el Fisco, este habría iniciado gestiones de cobro, ya sea judicial o extrajudicial, cuestión que en la especie no ha ocurrido. Tampoco existe un debido proceso, cuestión que pone de manifiesto la ilegalidad del acto.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Consulta de estado de declaración de impuesto a la renta 2018, obtenida de la página web del Servicio de Impuestos Internos el 20 de julio de 2018; 2.- Certificado de deuda de 25 de julio de 2018 emitido por la Tesorería General de la República; 3.- Copia de constancia de 3 de julio de 2018 realizada por la Gerencia de Operaciones del Banco Itau-Corpbanca, donde señala que el suscrito no mantiene a la fecha operaciones con dicha institución bancaria; 4.- Informe de deudas Nº4179203 emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 12 de julio pasado; 5.- Copia de escrito de excepción de prescripción opuesta por el recurrente en causa rol C-19.955-2016 ante el 22º Juzgado Civil de 23 de marzo de 2018; 6.- Copia de resolución de dicho tribunal que confiere traslado a la excepción promovida; 7.- Copia de escrito de desistimiento de la demanda efectuado por el Banco Itaú, con reserva de derechos; 8.- Copia de resolución que acoge el desistimiento y tiene por reservado el derecho para entablar acción ordinaria; 9.- Copia de bases de licitación del año 2011 para el financiamiento y administración de créditos de estudios de educación superior.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado por la Tesorería General de la República, quien solicita no dar lugar al recurso, en primer término, por ser extemporáneo, y en segundo lugar, rechazarlo en atención a que Tesorería General de la República no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente; todo ello con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el numeral 4 del artículo 2° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, indica que corresponde a dicha institución efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del sector público que las leyes le encomienden, contando, además, con la facultad de compensar deudas de los contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, en los términos dispuestos en el artículo 6° de dicho cuerpo normativo.

Respecto al Formulario 34 adeudado, hace presente que guarda relación con la Ley N°20.027 y su reglamento, contenido en el Decreto N°266, de 2009, del Ministerio de Educación, cuerpos normativos que regulan un sistema de financiamiento de estudios de educación superior para alumnos de aquellas instituciones educacionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la citada ley, que cuenta con la garantía de las instituciones de educación superior y del Estado. Para ello, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, anualmente lleva un proceso de licitación pública para el servicio de financiamiento y administración de estos créditos a través de Instituciones Financieras y el objetivo de esta normativa ha sido generar la institucionalidad necesaria para apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios.

Agrega que las instituciones educacionales participantes deben garantizar el riesgo académico de sus estudiantes; el sector financiero debe aportar sus recursos; el Estado debe aportar las garantías que reduzcan el riesgo de los créditos y, por último, los estudiantes deben asumir el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas.

Indica que la obligación de pago de los créditos con aval del Estado por parte de los alumnos, nace en el plazo de 18 meses contados desde que han sido informados como egresados, o al mes subsiguiente desde que son declarados desertores, momento en el cual la institución financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el período del servicio normal de financiamiento. De conformidad a lo anterior, si un alumno incurre en mora en el pago de su crédito, las instituciones financieras en su calidad de administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo disponen las Bases de Licitación correspondientes a la adjudicación del servicio de administración y financiamiento de estos créditos, tanto para aquéllos financiados por las instituciones financieras como para los que son vendidos y cedidos al Fisco.

Añade que en ambos casos, las gestiones de cobranza forman parte de los requisitos que éstas deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la Garantía Estatal y de la Garantía por Deserción Académica, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación.

Refiere que de conformidad a la información remitida por la Comisión Ingresa, informa que el recurrente don nombre reservado, es beneficiario del Crédito con Garantía Estatal a partir del año 2011, año en que solicitó financiamiento para cursar sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Chile, siendo el Banco Itaú-Corpbanca la institución financiera administradora y acreedora del Crédito y durante el año 2012, el recurrente realizó la renovación de la referida ayuda estudiantil, financiando dicha anualidad a través del Crédito con Garantía Estatal otorgado. Posteriormente, en el año 2013, la Universidad Central de Chile informó el egreso del referido beneficiario, circunstancia que generó, una vez transcurrido el periodo de gracia, la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N°20.027. En este contexto, el 5 de octubre de 2014, se inició el calendario de pago de cuotas correspondiente al Crédito con Garantía Estatal de don nombre reservado.

Agrega que en diciembre del año 2014, el recurrente incurrió en mora en el pago de las cuotas de su Crédito lo que motivó que la institución financiera procediera a iniciar la cobranza prejudicial y judicial correspondiente, para efectos del cobro de la Garantía Estatal y a partir del pago de la Garantía Estatal, materializado en el mes de enero del año 2017, la Comisión Ingresa realizó la carga de la deuda del actor en la Cuenta Única Tributaria de la Tesorería General de la República la cual ascendía a la suma de $5.400.336.- Respecto de la devolución de renta correspondiente al año tributario 2018, presentada por el recurrente, por la suma de $710.079.-, consigna que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en atención a que el Banco Itaú-Corpbanca hizo efectiva la garantía estatal por la deuda de la recurrente, remitió para su cobro por el Fisco-Tesorería el formulario 34, folio 57929, por la suma de $5.400.336.-, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, el que se registró en la cuenta única tributaria de la recurrente, procediéndose a compensar, en primer término, el 8 de mayo de 2018 la suma de $69.348.-, y el 18 de julio de 2018, la suma de $652.529.-, todo ello de acuerdo a la facultad que le concede el artículo 6° de su Estatuto Orgánico al Servicio de Tesorerías.

Destaca que el 11 de abril del año 2017, se compensó respecto a la devolución año tributario 2016 al recurrente, la suma de $14.645.- y el 23 de mayo de 2018, la suma de $3.651.- respecto a devolución año tributario 2017.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que la acción cautelar se dirige en contra de Tesorería General de la República, pues se habría retenido la devolución de impuestos del año 2018, fundado en que el actor tomó conocimiento de los hechos que fundan la acción el día 20 de julio de 2018, ingresando a la página web del SII, donde se habría percatado de la compensación efectuada.

Hace presente que de acuerdo a los documentos acompañados, consta que el recurrente debió conocer de igual forma que los días 11 de abril de 2017, 8 de mayo de 2018, o bien el 23 de mayo de 2018, las fechas de las compensaciones anteriores sobre devoluciones de impuestos de los años tributarios 2016, 2017 y del señalado año tributario 2018 y de esta forma tuvo noticias o conocimiento de dichas compensaciones, de las cuales simplemente omitió referirse en su recurso y que guardan relación a los mismos antecedentes del supuesto acto arbitrario de la Tesorería.

Por lo anterior, sustentar una tesis de conocimiento diversa, importaría entender que el plazo fatal contemplado en el Auto Acordado respectivo sería absolutamente inoperante, ya que la extensión de dicho término quedaría sujeta a la declaración y voluntad del reclamante.

Sin perjuicio de la extemporaneidad invocada, pide que el recurso se desestime, ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías, toda vez que la obligación de pago de los créditos con aval del Estado por parte de los alumnos nace en un plazo de 18 meses contados desde que han sido informados como egresados, momento en el cual la institución financiera debe generar un cuadro de pago, iniciándose el periodo del servicio normal de financiamiento.

Destaca que si el alumno incurre en mora en el pago de su crédito -como ha sido el caso del recurrente, las instituciones financieras deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, gestiones que forman parte de los requisitos que se deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la Garantía Estatal, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación y cumplidos los requisitos, pueden solicitar a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores que certifique dicha circunstancia y remita un oficio a los garantes para que éstos procedan al pago de las garantías, la cual fue pagada en enero de 2017, remitiendo la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, el formulario de cobro por concepto de deuda de crédito con aval del Estado a Tesorería, deuda que se encuentra registrada en la cuenta única tributaria del recurrente como una deuda o crédito fiscal.

En lo referido a las facultades de compensación del Servicio de Tesorerías, está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Cita el artículo 1656 del Código Civil, señalando que el Fisco de Chile era deudor de don nombre reservado por concepto de devolución de los excedentes de pagos provisionales mensuales que arrojó su declaración de impuesto a la renta, año tributario 2018 y, por su parte, el recurrente es deudor del Fisco por concepto de formulario 34 girado por Comisión Ingresa en relación al pago de garantía estatal contemplada en la Ley N°20.027, según se ha explicado en esta presentación.

En cuanto al requisito de exigibilidad de ambas deudas, consigna que a la fecha de compensación, su deuda era plenamente exigible, por lo que el giro en cuestión estaba en Tesorerías en “condiciones de ser pagado”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.FL. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, operó por el sólo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento del deudor.

Concluye que el Servicio de Tesorerías no ha infringido norma jurídica alguna, ajustando su actuar en forma estricta a las disposiciones que regulan el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero y por ello no ha existido privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, sino un derecho eventual o condicionado que se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención o de compensación.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: a) Comprobantes de Compensación efectuadas los días 11 de abril de 2017, respecto a declaración de renta folio N° 249306916, año tributario 2016; 8 de mayo de 2018, respecto a declaración de renta folio N°229725438, año tributario 2018; 23 de mayo de 2018, respecto a declaración de renta folio N° 51533047, año tributario 2017; 18 de julio de 2018, respecto a declaración de renta folio N° 229725438, año tributario 2018. b)

Certificados de Movimiento de Formulario 22, de 23 de marzo de 2017, respecto a declaración de renta, periodo tributario 2016, folio N°249306916, donde consta el monto neto de devolución compensada; 22 de abril de 2018, respecto a declaración de renta, periodo tributario 2017, folio N°51533047, donde consta el monto neto de devolución compensada; 22 de abril de 2018, respecto a declaración de renta, periodo tributario 2018, folio N°229725438, donde consta el monto neto de devolución compensada; c) Certificado de deuda del recurrente.

Quinto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad formulada, hay que precisar que si bien las compensaciones anteriores realizadas por el Servicio de Tesorerías podrían estimarse como un conocimiento previo de los hechos que fundan el recurso, no es menos cierto que el actor opuso una excepción de prescripción respecto de la deuda cobrada por el Banco Itaú-Corpbanca, fundada en el crédito con aval del Estado y que terminó por desistimiento de la referida institución bancaria, con reserva de acciones para una procedimiento ordinario, motivo por el cual, dichas condiciones fácticas variaron. Por otro lado, al haberse circunscrito la pretensión a la última devolución de impuesto, dichas circunstancias conllevan al rechazo de la alegación de extemporaneidad, sin perjuicio del análisis de fondo que se efectuará sobre la procedencia de la acción impetrada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, conviene precisar que la facultad de compensar administrativamente de que goza el Servicio de Tesorerías, está consagrada en el artículo 6º del D.F.L. N°1 de 1994, de Hacienda, norma que dispone que: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

En el ejercicio de esta facultad, la Tesorería puede compensar administrativamente y dicho modo de extinguir obligaciones adquiere el nombre de imputación en materia tributaria, cuando los pagos provisionales mensuales que realiza el contribuyente, a cuenta de su impuesto anual, constituyen un crédito que se rebaja de su deuda, esto es, del impuesto que debe pagar, y luego son imputados a las sumas adeudadas por dicho contribuyente al Fisco.

Octavo: Que, por otro lado, debe señalarse que, pese a haberse omitido en la acción deducida, en una presentación posterior el actor hizo presente que el Banco Itaú-Corpbanca ejerció la acción de cobro del crédito compensado, quien opuso una excepción de prescripción, hecho que motivó que la institución bancaria se desistiera de la acción ejecutiva, con reserva de acciones ordinarias, incidencia que fue aceptada por el tribunal civil. Sobre este punto, conviene precisar los efectos de la reserva de derechos son, “hacer perder al ejecutante el derecho para deducir nueva acción ejecutiva; quedan sin valor ipso facto el embargo y las demás resoluciones dictadas en el curso del juicio, y responderá el ejecutante de los perjuicios que se hayan causado con la demanda ejecutiva, salvo lo que se resuelva en el juicio ordinario, pero una vez aceptada por el tribunal, produce el importantísimo efecto de permitirle al ejecutante iniciar acción ordinaria sobre los mismos puntos que fueron materia de la demanda ejecutiva, sin que obste a ello la cosa juzgada” (V. Casarino Viterbo, Mario, Manual de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, T. V, 6ª edición actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 104).

Noveno: Que, asentadas las circunstancias fácticas y jurídicas antes señaladas, queda de manifiesto que en el ejercicio de la compensación administrativa realizada por la recurrida, se cumplían a cabalidad los requisitos que establece el artículo 1656 del Código Civil, desde que ambas partes revisten la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente; ambas deudas son dinerarias; ambas deudas son líquidas; y, finalmente, ambas acreencias son actualmente exigibles, desde que no existe ninguna sentencia judicial que haya declarado la prescripción de las acreencias recíprocas.

Décimo: Que, por lo razonado, el actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal, por haber ejercido una potestad que expresamente el legislador le ha conferido en la ley, dentro de sus presupuestos fácticos; ni menos arbitraria, desde que su ejercicio ha sido bajo el amparado de la normativa legal que le permite, mientras la deuda no haya sido declarada prescrita por sentencia judicial ejecutoriada, ejercer las compensaciones legales que tengan por objeto obtener el pago de las acreencias adeudadas al Fisco de Chile.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional impetrada por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-53.098-2018.

Redacción del Ministro señor Muñoz.