Protección contra Directora Regional de la Tesorería Santiago Oriente

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 17, don Eugenio Andreas Collados Henriksen, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de Pesca Suribérica, empresa del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Directora Regional de la Tesorería Santiago Oriente, señora nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Fundamenta su acción, en la dictación por parte de la recurrida de la resolución de 25 de julio pasado, notificada a su parte por carta certificada de 7 de agosto de 2014 mediante la cual rechazó un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Indica, que la referida resolución es ilegal, al haberse dictado sin el informe previo del Abogado Provincial que es obligatorio y además refiere que también se rechazó la oposición del ejecutado, impidiendo la remisión de los antecedentes para pronunciamiento del Abogado Provincial y de la justicia ordinaria en subsidio, que son los llamados a conocer de esa oposición. De esta manera, argumenta que la recurrida se extra limitó en sus facultades legales, impidiendo que las alegaciones de su parte pudieran ser conocidas por los funcionarios letrados previstos en la ley. Sostiene también que el acto es arbitrario al esgrimir una serie de argumentos evasivos, orientados a vulnerar su derecho básico de tener conocimiento de las resoluciones y actuaciones de la Tesorería para ejercer sus derechos.

Agrega que el acto arbitrario e ilegal que denuncia conculca las garantías constitucionales de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, de ser juzgada por el tribunal que señale la ley con anterioridad consagrado en el inciso 5º del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dejándola en la indefensión; amenaza también su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 Nº 24 de la misma Carta Fundamental. Refiere, como particularmente grave que la recurrida otorgue valor al listado de deudas emitido por la propia Tesorería y que contenía el domicilio errado, por sobre el certificado de modificación formal de domicilio tributario, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, el contrato de arriendo y un comprobante de internet que demuestra que la Tesorería ya contaba con la información de su nuevo domicilio, antecedentes todos anteriores a la primera notificación de cobro del procedimiento administrativo. Solicita en definitiva que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida dar cumplimiento a las normas legales que regulan el procedimiento administrativo de cobro, en el sentido de acoger el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, y se acoja a tramitación la oposición del ejecutado. Se acompañó al recurso copia de la presentación sobre petición de nulidad de todo lo obrado y oposición de excepciones, copia de la resolución que motiva el recurso, copia del sobre y comprobante de seguimiento de Correos.

A fojas 33 se hace parte la recurrida nombre reservado, Directora Regional Tesorería Santiago Oriente (S) acompañando a fojas 32 copia de la resolución de su nombramiento como subrogante del Tesorero Regional Santiago Oriente.

A fojas 36 informa el recurso nombre reservado por la recurrida. En primer término, solicita la inadmisibilidad por improcedencia del recurso ejercido en consideración a que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia y que es el contemplado en los artículos 168 y siguientes del Código citado, de manera que el derecho de la recurrente de estar afectado, está protegido por los mecanismos preestablecidos por el legislador. En cuanto al fondo narra las diligencias y actuaciones realizadas en la causa Rol Nº 10065-2012 de la Comuna de Providencia en la que se ejerció por Tesorería la acción de cobro cuyo origen es la obligación de pago de patentes únicas pesqueras. Refiere, que el 7 de marzo de 2012 el Recaudador Fiscal del Servicio de Tesorerías en concordancia con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil notificó y requirió de pago al deudor ,en el domicilio de domicilio reservado de la Comuna de Providencia correspondiente al domicilio del ejecutado que fuera informado por la Subsecretaría de Pesca como entidad giradora del cobro, domicilio que concordaba con el contenido en la Declaración de Renta efectuada por la empresa Pesca Suribérica S.A. en el proceso de Renta año tributario 2012. Añade que, en atención a que no se verificó el pago, embargó los fondos depositados en una cuenta corriente que el deudor mantenía en el Banco Santander, ascendiendo a $1.717.183. Arguye que en dicho expediente con fecha 23 de julio del año en curso, se solicitó la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, debido a que en concepto de la recurrente ninguna de las notificaciones pudo conocer por cuanto con fecha 28 de diciembre de 2010 habría modificado su domicilio, hecho del que habría informado al Servicio de Impuestos Internos el 9 de enero de 2011. En la misma oportunidad dedujo excepción de prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Así y de acuerdo al tenor del recurso, expone que si bien no dio lugar a la nulidad de todo lo obrado y a la oposición por prescripción, todo ello fue resuelto fundadamente conforme al mérito de los antecedentes existentes en el procedimiento administrativo. Añade que si bien la resolución fue dictada por su parte, el acto fue previamente analizado, revisado y aprobado por el Abogado Provincial a cargo de la tramitación del expediente, según consta en el timbre y media firma estampada en la parte final de la Resolución. Específicamente, en cuanto a la nulidad de todo lo obrado, consigna que según la declaración de renta efectuada por la recurrente en el año tributario 2012, consta en el certificado de movimiento correspondiente al formulario 22, folio 223029492, que con fecha 27 de abril de 2012, esto es, con posterioridad a la notificación y requerimiento de pago efectuado por el recaudador Fiscal del Servicio de tesorerías con fecha 7 de marzo de 2012, el recurrente señaló como domicilio domicilio reservado, que es el mismo en que fue notificado y requerido de pago por el Servicio de Tesorerías. Así dice que la notificación se practicó en uno de los domicilios que permite el artículo 13 del Código Tributario. En cuanto a la oposición de excepciones, refiere que la recurrida fue notificada y requerida de pago el 7 de marzo de 2012, que el embargo sobre los dineros que la ejecutada mantenía en la cuenta corriente del Banco Santander se ordenó por resolución de 17 de junio de 2014 y trabado el 19 de ese mes y año, por lo que a partir de dicha fecha debía contabilizarse el plazo para oponer excepciones, en consecuencia a la fecha de oponer las excepciones, el plazo de diez días que dispone el artículo 176 del Código Tributario había transcurrido con creces. Indica que el procedimiento dispuesto para la tramitación de las excepciones sólo resulta aplicable cuando la oposición presentada corresponde a alguna de las contempladas en el artículo 177 del cuerpo normativo antes citado y ha sido formulada dentro de plazo.

En cuanto a las garantías estimadas conculcadas por la recurrente, manifiesta que el derecho de propiedad no se ha conculcado por cuanto el embargo se verificó conforme a la normativa aplicable y en lo que dice relación al ejercicio de los derechos de la recurrente, refiere que la recurrente el 18 de agosto de 2014 interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el recurso jerárquico, en contra de la resolución del juez sustanciador. Añade, que respecto del recurso administrativo, se pidió como medida para mejor resolver oficiar a la Subsecretaría de Pesca a fin que se informe el domicilio que registra la ejecutada, dónde se giraron las multas, y si la ejecutada efectuó reclamación administrativa de los giros y resultado de la misma, en caso de haberse reclamado. Finaliza, solicitando el rechazo del recurso deducido. Se acompañó al recurso copia certificada del expediente administrativo, jurisprudencia y certificado de movimiento, formulario 22, obtenido desde la Cuenta Unica Tributaria de la recurrente.

A fojas 48 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

2º) Que mediante la presente acción constitucional la empresa Pesca Suribérica S.A. ha solicitado tutela frente al acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la resolución dictada con fecha 25 de julio del año en curso en el procedimiento de cobro ejecutivo Expediente rol Nº 10.065-2012 que se sigue en su contra ante la Tesorería Regional Santiago Oriente y mediante la cual se resolvió no dar lugar a la nulidad de la notificación alegada por “improcedente” y “extemporánea” y “No ha lugar a la excepción de prescripción por extemporánea, por lo que no se admite a tramitación, ni procede formar a su respecto, cuaderno separado”.

3º) Que las partes se encuentran contestes que el acto recurrido es una resolución dictada dentro del procedimiento de cobro que se sigue contra la ejecutada.

4º) Que la acción constitucional impetrada, ha sido creada para someter al imperio de la justicia los actos u omisiones ocurridas al margen de dicho imperio y bajo esa directriz excepcionalmente puede corregirse una resolución judicial, como ocurre en los casos de afectación de terceros que no han sido parte en los respectivos juicios, pues de lo contrario se altera el sistema procesal recursivo transformado a la acción constitucional en un recurso supletorio de los ordinarios, circunstancia ésta que no se condice con su naturaleza extraordinaria.

5º) Que dentro de esa perspectiva, la recurrente se encuentra debidamente tutelada, pues mantiene en su favor los medios de impugnación que el ordenamiento jurídico le provee para resguardo de sus intereses, tanto es así, que se ha reconocido en estrados y consta además de la copia autorizada de los autos en los que incide la acción, que con fecha 18 de agosto último, la recurrente ejerció los medios de impugnación que estimó procedentes para la corrección del acto que le agravia. En efecto, dedujo recurso de reposición ante el juez sustanciador y en subsidio el recurso jerárquico, ninguno de los cuales ha sido resuelto a la fecha.

6º) Que refuerza lo razonado, la circunstancia que los fundamentos del recurso de reposición y jerárquico pendientes de resolución, contienen los mismos argumentos de este recurso de protección, en consecuencia, habiéndose ejercido por la actora los medios de impugnación que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para enmendar el acto que le agravia, la tutela requerida debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de Pesca Suribérica S.A. en lo principal de fojas 17.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol Nº 53.055-2014.- Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda, conformada por los Ministros (S) señora Elsa Barrientos Guerrero y por el señor nombre reservado. Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintinueve de octubre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.