nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, contra de AFP Provida S.A. por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, el que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente cumplía todos los requisitos legales para acceder a la devolución solicitada, pues es técnico profesional y mantiene afiliación en su país de origen. Sin embargo, con fecha 02 de enero de 2026, la AFP rechazó su petición, argumentando que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba apostillado o legalizado.

Alega que dicho documento es plenamente verificable a través de un código de validación alfanumérico en el portal web oficial de la institución extranjera y que la exigencia de formalidades adicionales resulta arbitraria, considerando especialmente la imposibilidad material de obtener certificaciones consulares debido a la actual situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor.

Invoca los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, argumentando que la normativa no distingue ni exige formalidades de legalización electrónica para el ejercicio de este derecho, siendo suficiente la acreditación de la cobertura previsional en el extranjero para contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Afirma que el actuar de la recurrida infringe el derecho a la igualdad ante la ley al aplicar criterios excluyentes no previstos legalmente y lesiona gravemente su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, privándola injustificadamente de la facultad de disposición sobre tales bienes corporales e incorporales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo, con costas.

Indica, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, por tratarse de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, en la que no existe un derecho indubitado.

En subsidio, expresa que su representada no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, ajustando su conducta a la Ley N° 18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Relata que AFP Provida con fecha 14 de enero de 2026 rechazó solicitud del recurrente de autos, debido a que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.”

En cuanto a los documentos acompañados a la acción, indica que la constancia de cotización no tiene firma, y, que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile”. Invoca al efecto los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Respecto de las declaraciones juradas, refiere que la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que aquellas presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos.

Asimismo, destaca que la Superintendencia de Pensiones cuenta con atribuciones para interpretar la legislación previsional e impartir normas generales de cumplimiento obligatorio para las AFP, conforme al artículo 3° del DFL N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que la Excma. Corte Suprema ha reconocido expresamente dichas atribuciones en fallos recientes.

Concluye que su representada se ha limitado a verificar copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, sin que ello importe privación, perturbación ni amenaza alguna de garantía constitucional, puesto que los fondos permanecen en la cuenta del recurrente y éste podrá ejercer las acciones que correspondan por las vías pertinentes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera -IVSS- se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado.

QUINTO: En consecuencia, el objeto del presente arbitrio dice relación con analizar la legalidad de la conducta que se reprocha, la que claramente se condice con el análisis de lo previsto en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República, en el que se asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, ordenando que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, imponiéndole, al mismo Estado, el deber de supervigilar “el adecuado ejercicio” de este derecho.

A su vez, el Decreto Ley Nº 3.500 se erige como el principal cuerpo normativo sobre la materia. Dentro de sus disposiciones destaca su artículo 17 que impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres”, la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”. Luego, su artículo 34 indica que “los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”. Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado. Para hacer efectiva su pensión, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: a) Renta Vitalicia Inmediata; b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; c) Retiro Programado, o d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado”.

A su turno, el artículo 1° de la Ley 18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que, desde el análisis de la legalidad del acto recurrido, corresponde señalar que en el caso que los trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, se contempla el derecho que podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, como lo señala el artículo 7° de la Ley 18.156, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en su artículo 1°, los que, en la especie, no se han verificado.

SÉPTIMO: Que las normas antes citadas, permiten asentar que el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley y para las contingencias sociales descritas en ella.

OCTAVO: Que la circunstancia que el legislador hubiera previsto un sistema específico que posibilita el retiro de los fondos bajo determinadas circunstancias y modalidades, no implica que puedan los tribunales de justicia hacer una aplicación extensiva de tales disposiciones y concluir que se pueda acceder, atendidas las necesidades específicas que enfrentan determinadas personas, al retiro total o parcial de los dineros de una forma distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico, toda vez que aquélla es una decisión que sólo le compete al legislador, quedando fuera de la órbita de la competencia de la judicatura, ponderar las especiales circunstancias en que se encuentra el actor y ordenar que le entreguen los dineros acumulados en su cuenta de capitalización individual.

NOVENO: Que, en este sentido, no existe colisión entre derechos de carácter constitucional, toda vez que en caso alguno se ha privado o perturbado el ejercicio del derecho de propiedad del actor respecto de sus fondos previsionales, por cuanto el mismo ordenamiento jurídico ideó un sistema que permite acceder a lo solicitado, estableciendo presupuestos concretos para el ejercicio de este derecho, cuestión que esta Corte debe resguardar.

DÉCIMO: Así las cosas, las exigencias que fundan la negativa que se reclama, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente. Más bien, por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de Protección que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

UNDÉCIMO: A mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos correspondientes específicos a los que debe sujetarse el recurrente; sino también porque lo que relevante, en definitiva, es que no ha demostrado ser titular del derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de Protección, atendida la omisión constatada en su pretensión, considerando que este mecanismo constitucional busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

DUODÉCIMO: Por último, cabe consignar que, del tenor de la respuesta impugnada, aparece que el actor puede solicitar nuevamente la devolución de sus fondos previsionales adjuntando el pertinente certificado subsanando la omisión que se echa en falta.

DÉCIMO TERCERO: Que, de este modo, la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de la entidad administradora, situación que obsta al éxito del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-5302-2026.