Protección contra Director Regional del Trabajo de Región Metropolitana Poniente

Santiago, seis de julio de dos mil diecisiete.

Vistos y Considerando:

Primero: Que comparece don Arturo Yuseff Rivers, abogado, mandatario judicial de Fundación Educacional Monte Patria, quien interpone recurso de protección en contra del Director Regional del Trabajo de Región Metropolitana Poniente, don Jorge Meléndez Córdova, por la decisión emitida a través de la Resolución N° 912 de 19 de diciembre de 2016, la que fuera notificada el 5 de enero de 2017 mediante carta certificada.

Sostiene que recibió una serie de sanciones por parte de la Dirección del Trabajo, cuestión de la que se enteró con ocasión del requerimiento de pago efectuado por parte de la Tesorería General de la República. Tal requerimiento le causó sorpresa debido a que las faltas que, en su momento le fueron imputadas, las subsanó a cabalidad. Agrega que jamás fueron notificados de tales multas.

En su presentación hace una síntesis de las impugnaciones efectuadas ante la mencionada Inspección y del resultado de las mismas, deteniéndose en una de ellas. Al respecto indica que fue notificada la resolución N° 739 dictada el 14 de octubre de 2016, la que recayó en un recurso extraordinario de revisión del artículo 60 de la Ley N°19.880, nulidad de notificación de la Resolución de multa N°1733/15/59: 1, 2 y 3 de 30 de diciembre de 2015, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente. Según señala no hizo ninguna presentación ante dicho órgano, por lo que no esperaba tal pronunciamiento y sostiene que al haber procedido de esta manera, el recurrido estaría resolviendo de plano una incidencia que se promovió ante el inferior jerárquico, transgrediendo de oficio la naturaleza incidental de la presentación realizada por su representado.

Refiere que, en cuanto al fondo, la recurrida llegó a la convicción de la plena legalidad de la notificación de la Resolución de multa N° 1733/15/19, basándose meramente los dichos expuestos por otra empresa pública, a saber, Correos de Chile en su página web.

En cuanto a la resolución recurrida, esto es la N°912 de 19 diciembre 2016, explica que mediante ella se rechazó íntegramente el recurso de invalidación y el de reposición deducido, declarando también improcedente el recurso jerárquico promovido por su representado.

Entrando derechamente a analizar la ilegalidad y arbitrariedad de la substanciación por parte de la recurrida, el actor indica que mediante éste se transgreden no sólo los preceptos legales sino también una serie de garantías fundamentales, procediendo a legitimar las actuaciones ilegales y arbitrarias que se han verificado a lo largo de todo el proceso. Por una parte, permite que se desvirtúe la naturaleza jurídica de una presentación incidental ante la Inspección Comunal de Trabajo, en atención a que jamás interpuso un recurso de revisión, mucho menos ante el superior jerárquico. Por otra parte, altera el órgano requerido de pronunciamiento, por cuanto la recurrida hace propia una presentación de la cual no es requerida ni destinataria, vulnerando con ello los principios de juridicidad que protegen a su representada frente al poder absoluto del Estado. A la vez, se transgreden importantes disposiciones legales: 1. Los artículos 6° y 7° de la carta fundamental que consagra el principio de juridicidad; 2. Se legitima la transgresión del derecho constitucional de petición del artículo 19 N° 14 de la carta fundamental; 3. Vulnera el principio de no formalización previsto en el artículo 13 inciso primero de la Ley N°19.880 para justificar las arbitrariedades e ilegalidad cometidos; 4. Legitima la vulneración del principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 14 de la citada ley; 5. Asimismo, se transgrede el principio de impugnabilidad, previsto en el artículo 15 de la referida ley y en el artículo 9° de la Ley N°18.575.

En síntesis, sostiene que la recurrida validó la negativa a la apertura de un término probatorio dispuesto en la Resolución N°739, el que resultaba indispensable para la adecuada defensa, por lo que al confirmar su denegación implicó una transgresión adicional al debido proceso. En efecto, sostiene que, al emitir dicha resolución, la inspección recurrida se quedó con los dichos de la empresa Correos de Chile, los que el actor controvierte señalando que son falsos. A su juicio, estaría falsificada el acta que da cuenta que la notificación fue recibida por doña nombre reservado, puesto que nunca se realizó la notificación de las multas Nos 17 33/15/59:1, 2 y 3 emanadas de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, a diferencia de lo que se pretende.

En cuanto a las garantías constitucionales transgredidas, en primer lugar, enumera las consagrada en el artículo 19 N° 2 relativa a la igualdad ante la ley; luego, la del numeral 3 inciso sexto que se refieren al debido proceso y, finalmente, la del numeral 24, derecho de propiedad, todas del articulado ya citado de la carta fundamental.

Con respecto a la primera de ellas, se indica que la recurrente ha sido discriminada en forma ilegal y arbitraria, a pesar de ser un administrado de buen comportamiento se le establece un estatuto jurídico procesal distinto, además, que el proceder sistemático de la recurrida no responde a criterios objetivos, carece de sustento y genera un estatus diferente respecto de ciertos contribuyentes. En relación al debido proceso, arguye que, en la especie, no se respetó toda vez que no se cumplió con la notificación a su representada, aquella que le comunicaba la aplicación de multas por parte la Inspección de Trabajo, situación que fue confirmada de manera reiterada por la recurrida. Lo anterior redundó en la imposibilidad jurídica de defensa e impugnación de la decisión administrativa, la que resultó ser económicamente gravosa. Por último, la transgresión al derecho de propiedad se materializa en que la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida recae sobre el patrimonio de la Fundación Educacional Monte Patria, puesto que la referida fundación deberá cancelar la suma de $4.945.050.

En definitiva, solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra del Director Regional de Trabajo Región Metropolitana Poniente, ordenar que emita informe a esta Corte y disponer el restablecimiento del derecho, con costas.

Segundo: Que evacua informe Nicole Andrea Lazo Núñez, abogado, en representación de los recurridos (sic), solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas.

En cuanto al fondo, indica que la resolución recurrida es la N° 912, la que fue dictada en el marco de la Ley N°19.880, especialmente, su artículo 53. Explica que ésta fue emitida precisamente porque la recurrente solicitó la invalidación de un acto administrativo haciendo uso de dicho procedimiento, por lo que no corresponde afirmar que la Dirección de Trabajo y, en concreto, el Director Regional recurrido no cuentan con facultades para actuar como lo hizo. Hace presente, en todo caso, que las argumentaciones del actor no se circunscriben únicamente en la referida resolución, sino que las extiende, además, a la resolución N°739 pretendiendo que la primera ha legitimado la ilegalidad de la segunda. Añade que se hará cargo de las alegaciones, no obstante, tener la convicción que las mismas exceden el objeto del recurso.

Señala que el recurrente sostiene que nunca presentó un recurso revisión y que no recurrió ante el superior jerárquico y que siendo así el Director Regional vulneraría el principio de juridicidad, pues no ha actuado dentro de su competencia, además, ha transgredido el derecho de petición y ha vulnerado el principio de no formalización; en tanto que la Inspección Comunal del Trabajo Poniente habría transgredido el principio de inexcusabilidad. Explica que el actor ante la Inspección Comunal del Trabajo Poniente estaba solicitando que se declarara la nulidad procesal de una actuación administrativa, basándose en las normas para llevar efecto actuaciones judiciales. Al respecto, no es posible que dicha Inspección accediera a una solicitud en dichos términos, puesto que, si se hubiese dictado una resolución al tenor de lo solicitado por la recurrente, ciertamente hubiese cometido una ilegalidad al actuar fuera de su marco legal regulatorio y, más aún, aplicar normas exclusivamente judiciales a un procedimiento administrativo que tiene una regulación propia y específica. Por tal motivo y, precisamente en virtud del principio de no formalización que la recurrente pretende infringido, es que los antecedentes fueron remitidos por dicha Inspección a la Dirección Regional recurrida a efectos de que ésta pudiera conocer el único recurso procedente de acuerdo a los términos planteados por la recurrente, el que corresponde al recurso extraordinario de revisión de acuerdo al artículo 60 de la Ley N° 19.880, lo que se indicó en la propia resolución N°739 y le fue reiterado en la resolución N° 912, actualmente recurrida.

En suma, indica que no ha habido vulneración del principio de inexcusabilidad ni ninguno de aquellos alegados por el recurrente, cuestión que resulta evidente y sólo se puede sostener argumentalmente si se comete el error de considerar a la Inspección Comunal del Trabajo Poniente y el Director Regional Metropolitano Poniente como órganos distintos, cuestión que no es posible. Reitera que tampoco ha existido ilegalidad o arbitrariedad por parte de su representada, puesto que tal como se expresa y se lee en los motivos de la resolución reclamada, se ha procurado de manera exhaustiva no sólo dar cumplimiento a la normativa vigente, sino que proteger el derecho de los administrados de impugnar las resoluciones administrativas de conformidad a la ley.

Con respecto a las garantías constitucionales que se estiman vulneradas, hace presente que el recurrente en relación a la establecida en N°2 inciso segundo el artículo 19 de la carta fundamental, no la explica de manera alguna. Además, la resolución recurrida para su establecimiento obedece precisamente a la necesidad de observar parámetros generales. En cuanto al debido proceso, no existe transgresión que perturbe, amenace dicha garantía, sino por el contrario, lo que se ha hecho por parte del órgano recurrido es mantener la tramitación de las sucesivas solicitudes de recursos presentados por el recurrente, dentro del marco que la ley establece y, por último, con respecto a la garantía prevista en el numeral 24º de la citada disposición constitucional, cabe señalar que tampoco está explicitada, puesto que el derecho a gozar de la facultades del dominio en caso alguno lo exime del cumplimiento de obligaciones legales o de someter sus solicitudes a los trámites, condiciones o requisitos que la ley establece al efecto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto sometido a la consideración de esta Corte consiste en determinar si le asiste razón a la recurrente en sus alegaciones, en orden a que la Resolución N° 912 de 19 de diciembre de 2016, dictada por el Director Regional del Trabajo de Región Metropolitana Poniente, don Jorge Meléndez Córdova, es arbitraria e ilegal y vulnera, en consecuencia, las garantías constitucionales invocadas en su presentación.

Sexto: Que luego de analizar los antecedentes acompañados, tanto por el recurrente como por el recurrido, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, es posible concluir que la Resolución citada en el considerando precedente ha sido dictada por la autoridad competente, facultada por la ley para ello. En efecto, en materia de revisión de actos administrativos cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 que prevé que la autoridad administrativa invalide los actos contrarios a derecho, de oficio o a petición de parte, dentro de los dos años contados desde la notificación del acto. Por su parte, el artículo 60 del mismo cuerpo legal dispone el recurso extraordinario de revisión de los actos de dicha naturaleza, ante el superior jerárquico, cuando concurre alguna de las circunstancias que en éste se enumeran. En tal caso, el plazo para interponer dicho recurso es de un año.

A su turno, los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo facultan al Director del Trabajo para reconsiderar multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, en los casos que el afectado no hubiese recurrido de conformidad al artículo 503 del Código del ramo, mediante resolución fundada. En consecuencia, la autoridad recurrida, como ya se indicara, actuó dentro del marco normativo que la habilita para ello, por lo que se descarta que haya incurrido en una actuación ilegal.

Séptimo: Que se debe desestimar la alegación del recurrente en cuanto a que intervino en la resolución de su causa una autoridad que no había sido requerida para ello, toda vez que se trata de un solo órgano el llamado a pronunciarse, esto es, la Dirección del Trabajo cuyas oficinas, en la especie las inspecciones comunales, a través de las cuales ejerce sus funciones no son más que subdivisiones internas, según se desprende de su propia Ley Orgánica (DFLN°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). Por consiguiente, ni la Inspección Comunal Santiago Poniente se ha excusado de intervenir en autos ni lo ha hecho aquella autoridad no requerida. Más aún, cualquier duda que pudiese existir al respecto, se desvanece al examinar el fundamento de la resolución cuestionada y constatar, además, que quien en concreto resolvió fue el superior jerárquico de la referida Inspección Comunal.

Octavo: Que, en cuanto a la arbitrariedad de la actuación recurrida, es del caso desestimarla, toda vez que la Resolución N° 912 de 19 de diciembre de 2016, como se lee de la copia allegada en autos, se encuentra suficiente y razonablemente fundada, por lo que no cabe decir que se trata de un acto caprichoso, antojadizo, sin justificación suficiente, por lo que forzoso resulta rechazar la presente acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones, y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Arturo Yuseff Rivers, mandatario judicial de Fundación Educacional Monte Patria, en contra del Director Regional del Trabajo de Región Metropolitana Poniente, don Jorge Meléndez Córdova, por la decisión emitida a través de la Resolución N° 912 de 19 de diciembre de 2016, la que, en consecuencia, no es arbitraria o ilegal.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogado integrante señora Ramírez.

ROL N° 5301-2017.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y la abogado integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

En Santiago, a seis de julio de dos mil diecisiete, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.