MARBELLO SPA con SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A

Santiago, dos de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente.

Comparece el señor nombre reservado en representación de la SOCIEDAD MARBELLO SPA interponiendo acción constitucional de protección en contra de SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. (en adelante también denominado simplemente como SINACOFI S.A.) y GLOBAL COBRANZAS S.A., al estimar que han cometido un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, en concreto, aquella contenida en el numeral cuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pidiendo admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, declarando que se debe restablecer el imperio del derecho, ordenando eliminar de forma inmediata la deuda referida en estos autos de todos sus registros informáticos y además de las siguientes empresas: 1.- Cámara de Comercio, 2.- Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., (Sinacofi S.A.); 3.- Equifax Chile Ltda. (Dicom); 4.- Sistemas Integrados de Información S.A. (Siisa) o almacenados en cualquier registro o base de datos; todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

Explica que el día 26 de diciembre de 2019 obtuvieron un informe comercial de la recurrida SINACOFI, donde pudieron observar que Global Cobranza S.A. mandó a publicar en su boletín electrónico, 11 facturas del año 2017, asumiéndose como acreedor, sin serlo.

Alega que esta situación le genera serios y graves inconvenientes con bancos y demás instituciones del rubro por la injusticia y falta de veracidad de la obligación imputada, teniendo presente no sólo la calidad de tercero ajeno de quien aparece cobrándolas, sino también de que estarían prescritas y, por lo tanto, no son exigibles. Añade que no tiene relación comercial ni de ningún tipo con Global Cobranzas S.A. como para que esta publique dichos documentos arrogándose la facultad y calidad de acreedor, ya que dichas facturas fueron emitidas a su representada por un tercero, don nombre reservado, quien no ha ejercido hasta la fecha ninguna acción de cobranza ni judicial ni extrajudicial, obligándonos a accionar en su contra por jactancia (causa ROL C-6278-2020 del 20° Juzgado Civil de Santiago, en estado de notificación pendiente producto de la emergencia sanitaria)

El 25 de mayo de 2020 pidió a SINACOFI S.A. la eliminación de la publicación, siendo rechazada su petición el 28 de mayo siguiente, refiriendo que fueron cedidas en comisión de cobranza por nombre reservado a dicha institución. En el informe que acompaña de la empresa Sinacofi aparece GLOBAL COBRANZAS S.A. como acreedor, siendo que, solo es titular de una cesión en comisión de cobranza, que no lo transforma en titular del crédito, como está publicado por el recurrido Sinacofi SA, es decir, se irroga facultades que no posee. Agrega que las facturas no se encuentran dentro de los títulos de crédito que el artículo 17 de la Ley 19.628 permite publicarse dentro de una base de datos, ni ha existido consentimiento expreso de los titular de los datos para tales efectos según el artículo 4 de la misma ley, información que debe ser exacta, actualizada y veraz, según el artículo 9 de la misma, situación que no ocurre en la especie.

Estima, en cuanto a la oportunidad de presentación del recurso el plazo de 30 días comienza a correr al tomar su representado conocimiento de la negativa de la eliminación hecho de que el recurrido Sinacofi S.A. emitió con fecha 26 de mayo de 2020.- Que evacuó informe en representación del Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., SINACOFI S.A. el abogado Juan Pablo Prieto Saldivia, solicitando el completo rechazo de la acción deducida en su contra, con costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, ya que el recurrente tomó conocimiento de la publicación de las facturas en el registro de morosidades, bajo su propia confesión, el día 26 de diciembre del año 2019, hecho que estima ilegal y arbitrario, por lo que su acción fue interpuesta fuera de plazo.

En segundo lugar, manifiesta que la acción es improcedente en atención a la naturaleza del acto recurrido, ya que existe la acción “Habeas data”, consagrada en el artículo 16 de la Ley N°19.628 que tiene como fin específico la protección de los datos personales, acción preferente respecto a la presente, siendo este recurso una vía inidónea para resolver la pretensión del recurso.

En tercer lugar, considera que el recurso debe ser rechazado atendida la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar, ya que se encuentra facultada para recopilar, sistematizar y comunicar información comercial de acuerdo con la normativa vigente, constituyendo el ejercicio de una actividad económica lícita y amparada por el derecho. Por lo demás, hace presente que el tratamiento de la información comercial está regulado, en parte en el DS 950 de 1928 que regula la información contenida en el Boletín Comercial y en la Ley N°19.628, sobre protección a los datos personales no es aplicable a personas jurídicas, ya que no son reconocidas como titulares de datos personales por ella. El primer cuerpo legal no se aplica a las facturas y, la segunda, a las personas jurídicas (artículo 2). Estima que imposible que el tratamiento de información referida a personas jurídicas se efectúe con infracción de las disposiciones de dicha ley. Luego, no existe acto ilícito alguno que pueda servir de fundamento a la protección solicitada por las recurrentes, razón por la cual la presente acción no puede prosperar. Agrega que en tal sentido a fallado la Excma. Corte Suprema, en las causas ingreso rol 13.349-2014 y rol 68.881-2016..

Finalmente alega la falta de arbitrariedad; las recurrentes solicitaron directamente a las oficinas de su representada la eliminación de las deudas que indican en su libelo. Antes de emitir opinión solicitaron a su aportante, informara acerca de la vigencia y exactitud de los datos, respondiendo que estaba vigente. Junto con la respuesta, la empresa financiera nos envió los documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos dando cuenta que las facturas no habían sido reclamadas por el receptor dentro del plazo de 8 días contados desde su recepción, de manera que debían tenerse por irrevocablemente aceptadas. Hace presente que la Ley N° 20.727 establece el uso obligatorio de la factura electrónica junto a otros documentos tributarios electrónicos. Asimismo, y siempre respecto de las facturas electrónicas, dispone la Ley N° 19.983 que su cesión sólo puede efectuarse a través de medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante su anotación en el registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en las mismas que lleva el SII. La ejecución de esta normativa se sujetará a las disposiciones contenidas en el reglamento respectivo aprobado mediante DS 93, del Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de abril de 2005. Con las disposiciones de lo establecido en los citados cuerpos legales, el tratamiento y comunicación de los datos referido a obligaciones de pago contenidas en facturas resulta perfectamente legítimo.

Igualmente evacuó el informe solicitado el recurrido Global Cobranza S.A., representado por nombre reservado, quien solicita que se rechace el recurso de protección deducido en su contra, por extemporaneidad de la acción en los mismos términos planteados por la recurrida SINACOFI, así como la declaración de su improcedencia.

Agrega que las facturas publicadas no han sido pagadas, por lo que en su calidad de acreedor de las mismas, las publicó, sin que se aprecie la forma en la que se estarían vulnerando la garantía. El recurso en comento no señala cual sería la forma en la que mi representada estaría realizando el acto ilegal que agravia los derechos de Marbello SpA, ya que toda operación de cobro y publicación de las morosidades del deudor, se encuentra completamente ajustada a derecho.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el acto sobre el que se funda el presente recurso de protección, es la incorporación a un boletín electrónico de SINACOFI S.A. de 11 facturas del año 2017, emitidas a su representada por un tercero, que no ha ejercido acción de cobranza judicial ni extrajudicial, las que estarían prescritas, asumiendo Global Cobranzas S.A la calidad de acreedor sin serlo, sino que actúa como cesionario en comisión de cobranza, títulos de crédito que, además, no se encuentran en el artículo 17 de la Ley 19.628 que autorizan la publicación ni ha existido consentimiento expreso de su titular para utilizar sus datos.

Segundo: Que, conforme al numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el Recurso de Protección se debe interponer dentro del plazo fatal de treinta días, contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Tercero: Que la recurrente señaló que el 26 de diciembre de 2019, mediante un informe comercial de la recorrida SINACOFI se enteró que Global Cobranza S.A. publicó en su boletín comercial electrónico, las 11 facturas del año 2017, pidiendo su eliminación el 25 de mayo de 2020, tomando conocimiento de la negativa de su solicitud el 28 de mayo del presente año, por lo que la presentación de la presente acción constitucional, fue oportuna.

Cuarto: Que considerando que la fecha de la presentación de este recurso fue el 16 de junio de 2020 y, el conocimiento real del acto que se pretende ilegal y arbitrario tuvo lugar el 26 de diciembre del año pasado, enterándose el recurrente el 28 de mayo pasado, únicamente, de la negativa de su eliminación, la presentación del presente arbitrio fue extemporáneo.

Quinto: Que sin perjuicio de la extemporaneidad precedentemente referida, cabe señalar que el artículo 1 de la Ley N° 19.628, establece que “El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley…” debiendo la actividad “respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce”. El artículo 2° del citado cuerpo legal, en su letra ñ), dispone expresamente lo siguiente: "Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal". En consecuencia, dicho cuerpo legal se aplica a aquellos datos las personas naturales mas no de las jurídicas, por lo que los artículos 4 ni 17 de la ley 19.628, aludidos en el recurrente, no son aplicables en la especie.

Sexto: Que en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de la entrega de información a un boletín para fines comerciales, de facturas cuyo deudor y titular de los datos sea una persona jurídica. En consecuencia, el conflicto suscitado, es propio del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, por lo que el presente recurso constitucional no puede prosperar.

Séptimo: Que, en este contexto, el debate sobre la facultad de Global Cobranzas S.A. para entregar la información o la eventual prescripción de la obligación contenida en las facturas, debe ser materia del juicio correspondiente, en consideración que el recurso de protección, es aquel medio procesal para garantizar, únicamente, derechos fundamentales indubitados que han sido conculcados.

Octavo: Que no se condena en costas a la recurrente por tener motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción constitucional de protección, deducida por nombre reservado en representación de la SOCIEDAD MARBELLO SPA en contra de SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. y GLOBAL COBRANZAS S.A., sin costas.

Redacción del Ministro suplente Enrique Durán Branchi.

Regístrese y archívese.

Nº Protección 52978-2020.