IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A. con INSPECCION DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

CERTIFICO: Que se anuncia, escucha relación y alega, por el recurso, la abogada doña Javiera Silva Lara. Santiago, catorce de septiembre de dos mil dieciocho.

nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, catorce de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

VISTOS y teniendo presente:

PRIMERO: Que con 25 de julio de 2018, Javiera Silva Lara, abogada, en representación de la sociedad Importadora Café Do Brasil S.A., interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario consistente en la dictación del Ordinario Nº813 de fecha 20 de junio de 2018, en donde se niega a conocer y resolver la reconsideración de multa administrativa presentada el 14 del mismo mes y año.

Indica que con fecha 18 de abril de 2018, concurrió a las instalaciones de la recurrente, un fiscalizador de la recurrida y producto de dicha fiscalización, cursó una multa, bajo la Resolución Multa 1727/18/51, la que fue notificada el 14 de mayo de 2018, venciendo por tanto el plazo para presentar la reconsideración administrativa el día 26 de junio de 2018.

Sostiene el recurrente que dicha multa aludida fue reconsiderada administrativamente, siendo presentado dentro de plazo legal conforme lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

Manifiesta que, sin embargo, el oficio ordinario que se impugna indica que estas presentaciones no se presentaron dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Señala que dicho pronunciamiento es arbitrario e ilegal pues va contra el texto expreso de la ley. En efecto, profiere que el artículo 512 del Código del Trabajo al señalar el término para la reclamación, no expresa el modo de cómo debe hacerse el computo del plazo ni hay en dicho cuerpo legal otra norma que se refiera a tal punto.

Así, tratándose de un recurso que se deduce en fase administrativa, se debe recurrir a la regla general establecida para estos casos por la Ley 19.880, específicamente en su artículo 25. De acuerdo a tal precepto, manifiesta que en cuanto no se prevean reglas especiales, los plazos serán de días hábiles teniéndose por inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Apunta que en la especie la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, ha ignorado la aplicación preferente de la Ley 19.880 que debe utilizarse en el procedimiento administrativo contemplado para el conocimiento de las sanciones dictadas.

Estima que el actuar del recurrido conculca la garantía N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues implica la violación a la igualdad ante la Ley, toda vez que se ha establecido una segregación arbitraria en contra de la recurrente al desaplicar la Inspección las normas de la ley 19.880 citadas al efecto. Asimismo, afecta el derecho de propiedad, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, porque al estar obligada al pago, sufre un evidente detrimento en su patrimonio.

Finaliza pidiendo que se deje sin efecto lo comunicado a a la recurrente por medio del Ordinario N°813 de 20 de Junio de 2018, el que se ha dictado a propósito de las reconsideración de multa 1727/18/51 y que se declare que la reconsideración ha sido deducida en tiempo y forma, ordenándose resolver la mentada consideración, con costas.

SEGUNDO: Que el 28 de agosto de 2018, informa la apoderada de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso conforme la naturaleza del acto recurrido, debido a que se ha interpuesto recurso de protección en contra de un Ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

Así, refiere que la acción cautelar de que se trata no puede prosperar, pues existen procedimientos especiales que permiten reclamar el acto recurrido y que lo impugnado no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa.

En subsidio de lo anterior alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición. Tal defensa la funda en que el Ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. De este modo, entiende que no puede ser nominada como ilegal, puesto que en virtud de las normas citadas, se cumplió́ con el mandato legal que obliga a la recurrida pronunciarse sobre las reconsideraciones administrativas de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo.

Agrega que el Ordinario recurrido no puede ser tildado como arbitrario, ya que como se aprecia claramente de su texto y redacción, este fue razonado, argumentado y fundado conforme a Derecho. Adiciona que la falta de arbitrariedad en la dictación del mismo no se verifica por cuanto se pronunció́ en base a los antecedentes de la Resolución Multa 1727/18/51, la que fue notificada el 14 de mayo de 2018, siendo la solicitud de reconsideración administrativa de la multa de fecha 14 de junio del 2018.

Adiciona que si el recurrente entiende que el Ordinario No 813 lo perjudica, debió́ alegarlo ante el juez de fondo competente según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio de lo anterior, informa respecto al fondo de la acción de protección señalando que la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 14 de junio del 2018, respecto de la multa decretada en febrero del mismo año, ya pormenorizada. Sin embargo, dicha presentación no cumplió́ con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada “dentro del plazo de 30 días corridos de notificada”, por lo que se consideró extemporánea.

En atención a lo anteriormente expuesto, relata que con fecha 21 de junio del 2018, y mediante Ordinario Nº 813, el Inspector Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, en atención a que ésta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Luego, expone que la recurrente estima que se habría conculcado la garantía del N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, sin explicar de forma alguna, cómo su representada habría vulnerado tal garantía; por el contrario, se limita a indicar su disconformidad con el hecho de haberse declarado inadmisible su recurso de reconsideración administrativo por haber sido presentado fuera de plazo.

Pues bien, relata que en la especie la contraria no explica cómo existiría un trato diferente al rechazarse su solicitud de su recurso de reconsideración administrativo por haber sido presentado fuera de plazo. De tal forma, no señala con respecto de que o quienes o que circunstancias se estaría dando a su representada un trato diferente.

A este respecto, considera que ni el ente resolutor, ni la Dirección del Trabajo, ha vulnerado la igualdad ante la Ley, pues es doctrina del servicio a que representa, según lo establece el Código del Trabajo, que las reconsideraciones administrativas se presenten dentro del plazo de 30 días corridos, ocurriendo que si no se efectúa ello en el plazo legal establecido, todas se declaran presentadas en forma extemporánea. Al efecto, cita doctrina administrativa y judicial que sustenta su postura.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que en cuanto a la alegación de la improcedencia del recurso de protección, atendida la existencia de otros medios de impugnación de la resolución que se objeta como arbitraria e ilegal, se debe para ello tener presente que el propio el artículo 20 de la Carta Fundamental, en forma expresa señala que “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. En virtud de ello, no es óbice para la interposición de esta acción cautelar de emergencia, la existencia de otros procedimientos, ya sea en sede administrativa o jurisdiccional, debido a que esta acción de cautela busca amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes, debiendo esta Corte adoptar las medidas de resguardo pertinentes, para restablecer el imperio del Derecho, ante la presencia de un acto arbitrario o ilegal. De esta forma se rechazará la alegación de la recurrida.

QUINTO: Que las partes se encuentran contestes y así por lo demás surge de la documentación acompañada que mediante Ordinario Nº 813 de fecha 20 de junio de 2018, el Inspector Comunal del Trabajo Norte Chacabuco informó a la recurrente que su reconsideración no cumplía los requisitos que le permitían conocerla, al no haberse presentado dentro de plazo legal de “30 días corridos desde su notificación”, por lo que no resultaba posible admitirla a tramitación.

SEXTO: Que, tal como se ha dicho en anteriores fallos por este Tribunal, la reconsideración presentada, lo ha sido- tal como manda la ley- ante un ente administrativo, de modo que no existiendo definición en el texto que la consagra, en relación a la naturaleza del plazo allí consagrado, ha de acudirse en forma supletoria a lo dispuesto por la Ley 19.880, específicamente a su artículo 25, en cuanto dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

SÉPTIMO: Que a lo dicho cabe añadir que la negativa a tramitar la presentación del recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo la garantía que reconoce la carta fundamental en el numeral segundo del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, debido a que frente a casos similares sometidas a la decisión jurisdiccional, se ha estimado que el plazo es de días hábiles y no de días corridos, como lo señala la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso el recurso de protección deducido por la sociedad Importadora Café Do Brasil S.A., representada por el abogado don Javiera Silva Lara, y en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario Nº 813 de fecha 20 de junio de 2018, y se dispone que la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, dará tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por el recurrente, conforme a derecho.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Cruchaga, quien es de opinión de rechzar el recurso de protección impetrado teniendo para ello presente los siguientes fundamentos:

1°) Que la presente acción cautelar no puede prosperar, pues existen procedimientos especiales que permiten reclamar el acto recurrido y que lo impugnado no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa, en la cual la propia ley contempla como recurso natural en contra del acto que se intenta impugnar por esta vía la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

2°) Que para que sea procedente el recurso de protección que se ha impetrado es requisito imprescindible la existencia de un derecho indubitado, lo que no existe en este caso, pues la discusión versa si los plazo para la reconsideración es de días hábiles o corridos, lo que debe discutirse en la sede procesal que corresponda.

3°) En cuanto al fondo, el artículo 512 del Código del Trabajo, no señala si el plazo es de días hábiles o corridos y, en la especie, cuando la ley no hace dicha distinción, se debe entender que el plazo de es de días corridos, por lo que el plazo fue correctamente computado por la institución recurrida.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-52968-2018.