nombre reservado con nombre reservado

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Masiel Vanessa Gálvez Órdenes, por 10 minutos; y contra el mismo, el abogado don Pedro Orthusteguy Hinrichsen, por 15 minutos.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

A los folios 20 y 21: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Gustavo Balmaceda Hoyos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, periodista, domiciliada en domicilio reservado, por perturbar en forma ilegal y arbitraria los derechos contenidos en el artículo 19 N°s 4 y 24 de la Constitución Política, mediante las expresiones infamantes que ha realizado y que han lesionado, perturbado e infringido su honra, su imagen y vida privada, además de su reputación personal.

Pide se ordene a la recurrida eliminar todo el contenido publicado en descrédito del recurrente, en la medida que sea posible y que se abstenga de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía.

Funda su pretensión cautelar señalando que el recurrente es un conocido periodista, presentador televisivo, locutor radial y músico chileno, contratado por Canal 13 S.A., animando actualmente el programa llamado ¿Qué haría tu hijo?

Señala que el 7 de octubre de 2017, la recurrida interpuso una demanda de reclamación de paternidad en contra del actor, seguida en causa RIT C-6389-2017, ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, siendo el fundamento de aquella pretensión que el hijo en común sufriría una enfermedad llamada “metilación”, por la cual, sería imperioso contar con los datos correctos del progenitor biológico, causa en que el recurrente se allanó a todo lo que el Juzgador considerara mejor para el niño, haciendo presente que no quería dañar la relación existente entre el niño y el hombre que lo ha criado como su hijo.

Expresa que, durante la tramitación de dicho juicio, se probó que la enfermedad alegada por la recurrida -metilación-, no es una enfermedad ni una condición biológica ni tampoco un trastorno genético, sino que es un proceso normal a través del cual se activan o inactivan en genes, mecanismo normal de regulación génica, que no requiere un tratamiento. Agrega que los cambios en el patrón de metilación no se asocian a ninguna condición de riesgo vital y que en la condición del niño, no es relevante estudiar a la familia.

Agrega que el 14 de diciembre de 2018, se dictó sentencia definitiva que rechazó la reclamación de paternidad, considerando que por el interés superior del niño, lo más conveniente es mantener la filiación del menor con la persona que lo crió, sin que existiera necesidad de modificar la paternidad por los supuestos médicos invocados por la actora, sentencia que se encuentra en espera de su vista en esta Corte, dado el recurso de apelación interpuesto por la recurrida.

Expone que la recurrida ha efectuado publicaciones en redes sociales en contra del actor, acusándolo de no colaborar con la “enfermedad” de su hijo, haciéndolo parecer ante la opinión pública como una persona indolente ante su supuesta enfermedad, lo que no tiene asidero real, ya que, en primer término, el recurrente siempre estuvo llano a colaborar en lo que fuese necesario, y además, nunca se le solicitó apoyo médico alguno, puesto que este mismo no era necesario, lo cual ha sido acreditado en el juicio aludido por un perito médico, que afirmó que el menor no necesita información biológica de ningún tipo de sus progenitores.

Resalta que el actor es una persona de connotación pública, por lo que este tipo de acciones atenta, incluso, en contra de su estabilidad laboral y además, afecta su relación familiar, dado que en varios de los comentarios relativos a estas publicaciones, terceros ajenos al conflicto hacen alusión a su esposa, quien también es una persona de connotación pública.

Explica que las publicaciones son realizadas mediante “Instagram”, en la modalidad de “Tu Historia”, lo que genera que la duración del “posteo” sea de un máximo de 24 horas, tiempo más que suficiente para que dicha información se viralice de modo descontrolado, apareciendo en diversas plataformas digitales y periodísticas, provocando todo tipo de reacciones por parte del público, en las que la gente se manifiesta de manera directa en las publicaciones del actor y su esposa, la última de ellas el 24 de junio de 2019.

Sostiene que los “post” se masificaron a finales de mayo y principios de junio, destacando que la cuenta personal de la recurrida tiene actualmente 11.000 seguidores, por lo que dicha cantidad de personas, en principio, capta sus declaraciones deshonrosas para con el actor, las cuales, posteriormente, se divulgarían, generando repercusiones en los medios de comunicación, desprestigiando a don nombre reservado y su familia.

Destaca que el tenor de los mensajes era el siguiente: 1. “Solo decirles que no hay ningún mensaje editado ni eliminado. No hago lo mismo que tú!!!, doy la carita como mujercita que soy bomdia”; 2. Llevé a mi hijo al doctor … me preguntaron su historial genético por el otro lado, no pude entregarlo porque no puedo acceder a él… fin”; 3. “Venimos saliendo de otro doctor, nuevamente me preguntan por antecedentes mórbidos familiares… y nuevamente respondo que no los tengo y no puedo acceder a su padre biológico para pedírselos”; 4. “Jódete nombre reservado tú y tu puto entorno”; 5. “Mientras tanto en los camarines de canal 13… (figura de una gallina)”; 6. “Hay un proceso judicial? -Si. Es lento? -Si. Necesito ayuda inmediata? -Si. Estoy “despeshada” x que quiero quitarle el marido a alguien? -No. Es importante que el Señor nombre reservado se haga cargo efectivamente de su hijo? -No. Mi hijo tiene un papá no biológico que lo quiere mucho y se preocupa x él? -Si. Es importante regular la identidad de mi hijo y hacer valer sus Derechos -Si. Soy feminista? -Si (Preguntas frecuentes); 7. “Gente ignorante. Fin. «Si, sabias que era casado y todo lo demás, que sacas ahora de hacer todo este alboroto por lo demás no crees que es mejor ir por el lado legal!?!?!? No se lo digo porque tu esto de segur le afecta a tu hijo, si le tiras mierda así al supuesto papa por redes sociales no quiero imaginar como debes tenerle la cabeza al pobre chico». Y si me acuesto lo hago con quien se me pare la raja, o tengo que cuidarle la tula al weon casado tb?”; 8. “Jódete nombre reservado tú y tu puto entorno”; 9. Servicio de utilidad pública informa: Amo a los hombres, pero amiga “despeshada”: el pico no es el centro del universo, un hijo sí. Y uno no hace estas cosas “pa q la pesquen” “o que deje a su mujellllll” yapos abran la mollera puehhhhh; 10. “Yo no hice está página xsiaca pero se agradece”. Luego aparece una imagen que consigna: ¡HAZTE CARGO WEON… TIENES OTRO HIJO! Hacen prebre a nombre reservado por no asumir su paternidad”.

Luego, el recurrente reproduce comentarios efectuados en relación con las publicaciones antes señaladas y con publicaciones del programa de televisión “¿Qué haría tu hijo?”.

Más adelante, reproduce publicaciones de prensa que gatillaron reacciones en el público, a saber, en Red Antofagasta, con 16.300 seguidores en la red social Twitter; Agricultura, con 79.600 seguidores en la red social Twitter; Mamás Bellas, con 156 seguidores en Twitter; Red Araucanía, con 16.200 seguidores en la red social Twitter; Red Aysen, con 2.705 seguidores en la red social Twitter; Red Atacama, con 7.877 seguidores en la red social Twitter; Sabes.cl, con 2.903 seguidores en Twitter; FMDOS.cl, con 94.600 seguidores en Twitter; Red Coquimbo, con 17.000 seguidores en Twitter; Red Arica, con 3.586 seguidores en Twitter; Pagina7.cl, con 5.618 seguidores en Twitter; Puertobelen, con 23 seguidores en Twitter; El informador chile, con 301.300 seguidores en Twitter; Red Maule, con 46.600 seguidores en Twitter; Buitcl, con 10.500 seguidores en Twitter; Red O´Higgins, con 22.700 seguidores en Twitter; entre otras.

Precisa que dichos medios tienen acceso a la información divulgada por la recurrida, en la cual se desprestigia la imagen del recurrente, afectando su vida privada y familia, estimando que las repercusiones concretas de los medios de prensa en la imagen del actor, en el posicionamiento de los contenidos web, como por ejemplo en el buscador de Google, aparece una gran cantidad de sitios web con contenidos negativos en contra de su persona.

En relación con el derecho a la honra, concebido como la buena fama o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es aceptado calificarla como un elemento del patrimonio moral del sujeto y de un Derecho suyo de índole personalísimo, reiterando que el actor trabaja en el medio artístico en el cual su buena fama y reputación son factores determinantes al momento de encontrar ofertas laborales.

En cuanto al derecho de propiedad sobre la propia imagen del actor, indica que las publicaciones de a recurrida han perturbado e infringido el Derecho a la imagen del actor, el que como constituye su fuente laboral y que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política. Advierte que, la cuestión planteada gira en torno al derecho a la propia imagen, el que ha sido entendido como una protección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo.

Explica que las publicaciones que efectúa la recurrida han afectado el derecho a la vida privada del recurrente, pues se han difundido al público a través de la redes sociales, en internet, sin su consentimiento, información de carácter personal, privado y falso, las cuales no han cesado, afectando a toda su familia, máxime cuando no existe necesidad alguna de antecedentes biológicos paternos, los cuales nunca han sido solicitados formalmente.

Estima que el acto de realizar publicaciones en internet, a través de “Instagram”, atribuyendo actos que involucran difamación, denostación y deshonra en contra quien se vierten, constituyen un acto ilegal y arbitrario. Explica que es ilegal, pues si la recurrida plantea que existe una necesidad real de la información que dice necesitar no entiende por qué no la ha solicitado de manera formal al actor. Sostiene que terceros no tienen por qué tomar conocimiento de hechos personales que se encuentran vinculados a una causa fallada relacionada con materias de familia, que detentan un carácter de secreto.

Adiciona que, dichas publicaciones la recurrida las efectúa de manera pública, con ánimo de generar animadversión en contra del recurrente, pudiendo incluso afectar su fuente laboral.

Hace presente que, el acto es arbitrario, pues se aleja de la racionalidad en cuanto a conducta aceptada para la solución de un conflicto.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó copia de la sentencia definitiva de primera instancia, de 14 de diciembre de 2018, dictada en causa Rit C-6389-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, la que rechaza la demanda interpuesta por doña nombre reservado, por impugnación y reclamación de paternidad, en contra del actor.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña Constanza Flores Maza, abogada, en representación de la recurrida nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que las partes actualmente se encuentran tramitando una causa de filiación no matrimonial respecto al hijo de la recurrida, de 7 años, quien, de acuerdo con prueba pericial biológica rendida, es hijo del recurrente, habiendo sido inscrito al nacer por don nombre reservado como padre legal, proceso tramitado ante el Primer Tribunal de Familia de Santiago en causa Rit C-6389-2017, en que se dictó sentencia de primera instancia de 15 de diciembre de 2018, rechazando la pretensión de la demandante y que se encuentra pendiente para ser revisado por esta Corte, a fin de modificar la filiación actual del niño.

Sostiene que el origen biológico del niño es indiscutido, debiendo reconocerse legalmente por derecho a la integridad e identidad, asumiendo la sentencia de primera instancia, que el reconocimiento legal de su paternidad acreditada no sería conveniente para el niño.

Indica que el recurrente tiene conocimiento desde mediados de 2017 de la relación biológica que le une al niño y desde ese momento, se ha generado una relación compleja con la recurrida, en atención a que el niño presenta una serie de dificultades en su salud, que repercuten en su comportamiento y adaptación en el medio.

Expone que, para la mejor terapia y tratamientos para el niño dados por profesionales a cargo, se le solicitó al actor entregar información sobre sus antecedentes médicos que pudieran aportar en el diagnóstico del niño, sin éxito a la fecha, ya que padece de una condición biológica determinada Metilación, descubierta por el Dr. nombre reservado que califica como un raro trastorno genético heredado en conjunto de su padre en combinación con el gen de la recurrida, que implica que el niño esté vulnerable a sufrir “requerimientos médicos”, trasplantes u operaciones, por accidentes o enfermedades derivadas de su diagnóstico.

Expone que en junio de 2019 se presentó una “nueva situación de salud” (sic) del menor que la recurrida debió atender, al presentar fuertes dolores de estómago, cólicos y malestar, generando un quiebre en su salud general. Indica que los dolores no cesaban y la madre decide iniciar nuevamente la búsqueda de la respuesta a esta condición y obtener el remedio o tratamiento necesario para poder ayudarlo, concurriendo a la Clínica Alemana, sin poder determinar la causa de las molestias del niño y pese a ello, se inicia un tratamiento de antibióticos, lo que no quita que el malestar se prolongue por varios días. Sostiene que los gastroenterólogos tratantes consultaron sobre los antecedentes mórbidos del padre, los que la recurrida desconoce y que el actor no ha entregado, insistiendo que el Dr. Bertossi estima que son necesarios, para completar la anamnesis del niño y afinar su diagnóstico.

Precisa que la información faltante puede servir para dirigir el tratamiento de la patología y para afinar su terapia de Trastorno del Espectro Autista por parte de los profesionales del ámbito de la salud que lo atienden.

En relación con los hechos del recurso, sostiene que la recurrida es periodista y maneja cuentas virtuales personales y laborales como Instagram, Facebook, tumblr, Twitter, myspace, google, linkedIn, youtube, flikr, vimeo, wordpress, etc.

Refiere que el contenido de dichas publicaciones está abierto a comentarios de miles de cibernautas, quienes publicarán comentarios con intenciones de polemizar, indicando apreciaciones personales que en este caso no pueden ser aludidas a responsabilidad de la recurrida.

Sostiene que dichos comentarios son de responsabilidad de quien los emite y en ninguna circunstancia se puede insinuar que existe voluntad o negligencia de la recurrida, quien no tiene posibilidad de hacer un sondeo diario a lo que se publica en redes sociales.

Explica que el actor publicó en sus redes sociales una declaración pública, señalando que si bien es efectivo que la recurrida ha publicado “frases o pensamientos”, sin dirigirlos al recurrente con nombre y apellido, son recogidos por sus “seguidores” o usuarios quienes tienen acceso a esa información pública en redes sociales y habiéndose hecho público el hecho que el niño es hijo biológico del recurrente, esas personas son quienes se manifiestan sobre las omisiones en las que podría estar incurriendo el actor, lo que interpreta como dichos que dañan o perturban su honra.

Sostiene que la recurrida difícilmente puede controlar la reacción de la gente que opina y que se siente en posición incluso de dirigirse en forma directa al Sr. nombre reservado o a su cónyuge, sobre este tema, y por la misma plataforma o red social.

Estima que nada de arbitrario tiene lo que publica la recurrida, desde que el actor pudo entregar información sobre su situación de salud, a través de sus abogados y en forma reservada a la recurrida. El hecho que las publicaciones de la recurrida tengan la repercusión que tienen, no pueden ser atribuidas a ella, ya que no es ella, sino gente “anónima” de las redes sociales, quienes se expresan en forma directa y sin mayores limitaciones en cuanto al tono de los comentarios o a la responsabilidad de quienes los emiten.

Alega que un recurso de protección ejercido en contra un particular no puede ser acogido, pues es presupuesto de su procedencia la violación de un derecho constitucional, lo cual no pueden hacer los particulares, que son sólo titulares y no destinatarios pasivos de esos derechos. Por lo demás, los hechos que denuncia eventualmente podrían configurar un delito de acción penal privada por injurias y calumnias de competencia de un juez de garantía y no ante esta sede.

Hace presente que el recurso de protección debe ser rechazado porque en la especie no se acredita ni verifica la existencia de una afectación, privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de determinados derechos garantizados en la misma Constitución, ya que la recurrida solamente se ha manifestado a través de sus redes sociales, en el ejercicio legítimo de un derecho, para manifestarse de manera genérica sobre una persona sin intencionalidad alguna, no pudiendo hacerse cargo de los comentarios que terceros podrían realizar en contra del “recurrido” (sic), sin diferencia además, si se trata de una “personal” (sic) “pública” o “privada”.

En cuanto a la propiedad que tiene el actor sobre su propia honra y la afectación de esta, versus el derecho que atiende a la recurrida en cuanto a la libertad de expresión y la legítima búsqueda del mejor bienestar para su hijo, indica que en ninguna parte de la acción deducida se señala una afectación real en este sentido, ya que sigue ejerciendo su trabajo en forma normal.

De manera casi inentendible señala que sería cargo del recurrente defender su situación provocada por terceros y no por la recurrida y que la Sra. nombre reservado jamás lo individualiza a él directamente con nombre y apellido en sus publicaciones.

Expone que no existe un actuar arbitrario y no se vulnera la garantía constitucional del artículo 19 Nº4 de la Constitución, ya que no se está sindicando ninguna información (ni verdadera ni falsa) al recurrente. Por lo demás, el acto supuestamente perturbador no ha sido elemento o condicionante como para producir efectos negativos que con el presente recurso se pretenden amparar, ya que entre el acto supuestamente arbitrario e ilegal debe existir relación de causalidad con el resultado producido o efecto, situación que desde el 24 de junio pasado a la fecha no se ha verificado, dado que el Sr. nombre reservado mantiene su calidad de empleado en un canal de televisión con un programa vigente y al aire en estos días.

Destaca que no existe información que pudiera ser considerada como falsa, única hipótesis que conlleva a un daño efectivo patrimonial, en caso de incurrirse en aquella, lo que en su caso y como hipótesis si daría lugar a una acción arbitraria e ilegal, en perjuicio y vulneración a la garantía constitucional aludida en este recurso, pero el tenor de lo declarado por la Srta. nombre reservado está lejos de configurarse como tal, y más bien se trata de comentarios que generan debate en las redes públicas, situación de la cual la Srta. nombre reservado no puede hacerse cargo.

Expone que existe una “colusión” (sic) de los derechos que concurren en el presente caso, sin que pueda desatenderse que las publicaciones de la recurrida dicen estrecha relación con el hecho de que su hijo necesita una solución médica que le ha sido negada.

Finalmente, la recurrente sostiene que se vulneraría el derecho de propiedad que detenta “sobre su propia honra e imagen”, el que se resguardaría limitando las opiniones por redes sociales de la recurrida, lo que no tiene razón de ser ya que en dichas declaraciones la recurrida no menciona el nombre del actor, sino que terceros que participan de la misma red social, son quienes hacen las imputaciones en forma directa al recurrente o señalan su nombre.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: a) Copia de demanda de filiación Rit C-6389-2017 interpuesta ante el Primer Juzgado de familia de Santiago; b) Copia de la sentencia de demanda en causa Rit C-6389-2017del primer Juzgado de familia de Santiago. c) Copia de informe Fiscal emitido el 19 de enero de 2010 por el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado; d) Copia informe del Colegio Kimen Montesori de 19 de junio pasado; e) Certificado médico del Dr. Bertossi de 6 de junio de 2019; f) Copia de resultados de Examen biológico de ADN del Servicio Médico Legal; g) Copia de resultados de Examen biológico de ADN del laboratorio biogenetics de fecha 6 de noviembre de 2017; h) Copia de informe de fecha 27 de junio del año 2019 emitido por la profesional nombre reservado, psicóloga a cago de la intervención del niño.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, en relación con la alegación de la improcedencia de la presente acción, fundada en una supuesta falta de legitimación de la recurrida, ya que las conductas objeto de protección sólo podrían provenir de una actuación del Estado, conviene establecer que dicha apreciación jurídica ha sido abandonada desde hace bastante tiempo, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. En efecto, el artículo 20 de la Carta Fundamental no hace distinción alguna respecto del agente que pueda privar, amenazar o perturbar el derecho fundamental tutelado, motivo por el cual, el intérprete no se encuentra en la posición de limitar dicho arbitrio.

Por otro lado, la noción de derechos fundamentales, propiamente tal, ha ido evolucionando en cuanto a sus efectos. El efecto horizontal de los derechos fundamentales es denominado de esa manera en oposición al efecto vertical, siendo el primero, el que hace referencia a la consecuencia de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas entre los particulares, sin potestad estatal; mientras que el segundo hace referencia al efecto de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas entre el Estado o alguno de sus órganos y los particulares que están sujetos a su imperio.

Para comprender el status quaestionis sobre la procedencia de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, resulta útil precisar que la doctrina ha establecido que: “El avance de las teorías que consideran que los derechos fundamentales son aplicables frente a particulares obedece a dos líneas de justificación. La primera, sostiene que los derechos fundamentales son conceptualmente omnicomprensivos, esto es, que su vigencia vincula tanto al Estado como a todos los demás individuos. En esta línea, los derechos fundamentales vienen a reemplazar a la ley natural como vinculación supraconvencional del orden de la sociedad. Históricamente se puede comprender la justificación de esta concepción de los derechos fundamentales como la modernización discursiva de la filosofía jurídica teológica cristiana.

La segunda línea de justificación del efecto horizontal argumenta un cambio de paradigma en los derechos fundamentales. Esta postura coincide con la versión tradicional, pero sostiene que políticamente es necesario que los derechos amplíen su eficacia y vinculen también a los particulares. La forma con que se construye dicha variación ha admitido diversas elaboraciones. Esta segunda línea es la que se ha desarrollado de manera más seria y consistente en el derecho comparado” (Ver. Marshal Balberán, Pablo, “El efecto horizontal de los derechos y la competencia del juez para aplicar la Constitución”, en Estudios constitucionales v.8, n.1, Santiago, 2010, versión On-line ISSN 0718-5200).

Octavo: Que, otro aspecto que justifica la eficacia horizontal de los derechos fundamentales descansa en el denominado principio de supremacía constitucional, que posibilita que las normas y principios constitucionales tengan un valor prioritario en el sistema jurídico, concretándose en el remedio jurídico de nulidad de las actuaciones y normas que contradicen a la Constitución, tanto en lo que respecta al ejercicio de las competencias constitucionales (inconstitucionalidad formal) como al respeto del contenido material de la constitución (inconstitucionalidad material).

En este aspecto, el principio de la supremacía constitucional sería de contenido vacío si no se conectase con el principio de la vinculación directa, en virtud del cual, todos los órganos del Estado, incluyendo al órgano jurisdiccional, se ven vinculados por la constitución, de manera que se encuentran en la obligación de aplicar la constitución directamente, como en el caso de la nulidad de derecho público y la derogación tacita.

Un efecto de especial relevancia en la aplicación de este principio de supremacía constitucional es aquel que estable que todas las personas se ven vinculadas en su actuar, en razón del artículo 6º, por todas las disposiciones de la Constitución y por ello, los derechos fundamentales, son directamente vinculantes en las relaciones entre particulares. Y si lo son, son también aplicables por los tribunales que juzgan los asuntos que a ellos les atañen.

De allí que la posición sostenida por la recurrida resulta del todo contraria tanto a los preceptos constitucionales vigentes, como a la posición doctrinaria invocada.

Noveno: Que, en cuanto al fondo, para una acertada resolución de la presente acción constitucional, conviene precisar que ha sido discutido por la recurrida el contenido de las publicaciones reproducidas por el actor en su libelo.

Décimo: Que, no obstante la notoria característica pública del recurrente, hay ciertos aspectos de su vida privada que no debieran ser objeto de difusión por las redes sociales por parte de la recurrida, en especial, aquellos que dicen relación con su paternidad biológica, toda vez que detrás de ellos, existe un serio compromiso del interés superior del niño, a quien nadie le ha consultado sobre la pertinencia de la publicidad de dicha información, la que por cierto tiene y tendrá especial relevancia en su vida privada en el presente y en el futuro.

Ni siquiera la recurrida tuvo el más mínimo cuidado de acompañar los documentos relacionados con la demanda de impugnación y reclamación de paternidad, solicitando prohibición de publicidad, ya que con ello, no sólo ha violentado expresamente el carácter secreto de dichos procesos, al tenor de lo prescrito en el artículo 197 del Código Civil, sino que ha expuesto aspectos de la privacidad del niño y sus relaciones interpersonales.

Undécimo: Que, en relación con la acción de protección, a juicio de esta Corte, las expresiones que podrían ser imputadas a la recurrida no tienen la entidad suficiente para lesionar en su esencia el derecho a la honra del actor, desde que en el ejercicio del derecho fundamental de libertad de opinión, la recurrida no ha proferido, explícitamente, dichos que puedan entenderse como aquellos que menoscaban la buena fama del recurrente. Más bien, los dichos expresados por la recurrida dicen relación con los efectos que se han desencadenado dentro de una causa substanciada ante un Juzgado de Familia, de actual conocimiento y fallo de esta Corte, en las que se ha manifestado una opinión de molestia respecto del actuar del actor, cuya veracidad o pertinencia, no puede ser objeto de una reparación por la vía cautelar de protección.

Duodécimo: Que, el derecho a la honra y al honor, por trascendente que sea para la vida de las personas, no es un derecho absoluto, pues dicha tutela admite ciertos límites. Es por ello que el derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación masiva, como sucede en este caso. La libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad son parte de aquellos límites, máxime cuando los mismos se dan en el contexto de conflictos intersubjetivos en que se discuten cuestiones relacionadas con materias de familia.

Por otro lado, las personas que mantienen una vida pública, como ocurre en el caso del actor, su derecho a la honra debe ser, especialmente ponderado de manera diversa, en relación con lo que ocurre con una persona que no desarrolla labores en medios de comunicación masiva, desde que la vida de los primeros se ve expuesta constantemente al escrutinio público y por ello, deben soportar de manera diversas las opiniones que se realicen respecto de ellos, desde que voluntariamente han aceptado realizar dichas labores, siempre y cuando no se configure una hipótesis de injuria o calumnia debidamente comprobada, donde queda a salvo la acción penal respectiva.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, atendido a que las expresiones vertidas por la recurrida no constituyen por sí mismos un acto injurioso y sólo versan sobre apreciaciones personales respecto del conflicto actualmente vigente entre las partes, el presente arbitrio no puede prosperar, al no constatarse una lesión a la honra, la dignidad o al derecho de propiedad del recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Gustavo Balmaceda Hoyos, en representación de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, se ordena la reserva de la documentación acompañada por las partes en esta causa, a fin de cautelar los derechos del niño y dar estricto cumplimiento al artículo 197 del Código Civil, en relación con la causa en actual tramitación en esta Corte, sustanciada ante el 1° Juzgado de Familia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-52.885-2019.