Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Piero Palazzo Hauptli, en favor de nombre reservado, nacional venezolano, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por haber dictado con fecha 27 de enero de 2026 el acto que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros al amparo de la Ley N° 18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2, 3 y 24, respectivamente, por lo que solicita a esta Ilustrísima Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Explica que el señor nombre reservado, profesional del área de la ingeniería, prestó servicios en Chile manteniendo su voluntad de permanecer afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen, cumpliendo así con los presupuestos de la Ley N° 18.156.

Refiere que actualmente se encuentra radicado en el Reino de España y que solicitó la devolución de sus fondos previsionales acompañando una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual cuenta con códigos alfanuméricos de validación y es consultable en tiempo real a través del portal institucional de dicha entidad. No obstante, la recurrida rechazó su solicitud, fundado en que el documento carece de apostilla y en que la declaración jurada notarial del afiliado es insuficiente para acreditar la cobertura, incurriendo –a su juicio- en una interpretación excesivamente formalista que ignora la realidad tecnológica y la imposibilidad material de obtener certificaciones físicas legalizadas bajo el actual contexto diplomático.

Postula que el acto impugnado infringe los artículos 1 y 7 de la citada ley, toda vez que se acredita la protección en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte a través de sistemas de seguridad social alternativos, tanto el venezolano como el español, resultando improcedente la retención de fondos que, por su naturaleza, pertenecen al patrimonio del trabajador.

Argumenta que la conducta de la AFP es caprichosa, pues omite realizar el ejercicio de verificación electrónica del certificado, el cual otorga plena certeza sobre la vigencia del estatus de afiliado activo desde el año 2011, fecha anterior a su ingreso al mercado laboral chileno.

En cuanto a la afectación de las garantías constitucionales, precisa que se vulnera la igualdad ante la ley al establecerse una diferencia arbitraria respecto de otros peticionarios en situaciones análogas y al exigirse requisitos extralegales; asimismo, alega que se transgrede el debido proceso por cuanto la resolución administrativa carece de una fundamentación objetiva y racional al ignorar los medios probatorios electrónicos; y finalmente, se lesiona el derecho de propiedad, toda vez que se priva al titular del dominio sobre sus fondos capitalizados mediante una restricción injustificada que excede las facultades de administración de la recurrida.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y proceda a realizar un nuevo pronunciamiento que autorice la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Segundo: Que, comparece la representante de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., doña nombre reservado, quien evacua el informe solicitado, instando por el rechazo de la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción, argumentando que el recurso de protección posee una naturaleza cautelar destinada a amparar derechos indubitados y preexistentes, mas no para discutir pretensiones que requieren de un juicio de lato conocimiento para determinar el cumplimiento de requisitos legales.

En cuanto al fondo de la controversia, afirma que el recurrente no ha satisfecho las exigencias copulativas impuestas por la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos para técnicos extranjeros, específicamente en lo relativo a la acreditación de la doble cobertura previsional.

Detalla que la documentación acompañada por el actor resulta insuficiente e inidónea, toda vez que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de la debida legalización o apostilla exigida por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, subrayando que un código de verificación electrónica no suple las solemnidades legales necesarias para que un instrumento público extranjero surta efectos en el territorio nacional.

Asimismo, objeta el documento relativo a la seguridad social española por no contar con apostilla ni precisar las coberturas otorgadas ni la fecha de incorporación, y señala que el título profesional fue exhibido mediante una fotocopia simple e ilegible.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, niega la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, afirmando que no se han establecido diferencias arbitrarias, sino que se ha dado estricto cumplimiento a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, órgano que ha ratificado mediante diversos oficios (v.gr. N° 12.954 de 2025) que las declaraciones juradas y certificados electrónicos sin apostillar no constituyen medios de prueba válidos.

Concluye que no existe afectación al derecho de propiedad ni al debido proceso, pues los fondos permanecen en la cuenta individual del afiliado para los fines previsionales generales del D.L. N° 3.500.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de una conducta ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, esto es, carente de razones o motivaciones legítimas por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. En este sentido, además, el sujeto activo de la conducta denunciada puede ser parte de la Administración del estado, en su más amplio sentido, como también un particular.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Quinto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP nombre reservado de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

En este orden, cabe considerar que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente.

Ahora bien, el hecho de contener un código de verificación electrónico no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Situación similar ocurre en relación a la Resolución de asignación de seguridad social o afiliación de la seguridad de España, por cuanto esta tampoco cuenta con apostilla, no hace referencia a la cobertura proporcionada por ese organismo, ni la fecha de incorporación, para efectos del determinar la doble cobertura previsional respecto las cotizaciones efectuadas en Chile.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Octavo: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, el recurso interpuesto debe necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado en contra de AFP Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 5282-2026.