Protección contra CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Comparece Marcos Antonio Herrera Chirino, abogado, a favor de nombre reservado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones, con domicilio en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra del CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEÑOR JORGE ANDRÉS BERMÚDEZ SOTO, con domicilio en domicilio reservado quien emitió el Dictamen N° NUM002 de 29 de abril de 2020, en virtud del cual rechazó de manera ilegal y arbitraria, el recurso de reclamo del artículo 153 del DFL N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, en relación con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 18.834, normas que dan derecho a reclamar Ane el Órgano Fiscalizador, cuando se hubieren producido vicios de legalidad y el artículo 53 de la ley 19.880 de la LBPA, sin las correspondientes garantías e infringiendo la normativa de carácter constitucional y legal, así como la normativa internacional de protección de los derechos humanos. Agrega que el acto recurrido además de ilegal es arbitrario, pues carece de la debida motivación y justificación, se adoptó sin cumplir el debido procedimiento establecido en la ley lesionando y vulnerando las garantías contenidas en los numerales 2º, 3º, 9º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que el recurrente ingresó a Policía de Investigaciones de Chile como Asistente Policial el 1º de febrero de 1991, a partir del año 2010 integró la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, Unidad de alto riesgo y complejidad operativa. Por esa razón dicha brigada contaba con asesoría de un psicólogo quien los evaluaba mes a mes, apoyándolos en el ámbito laboral, sin embargo aproximadamente desde el año 2011 la Brigada queda sin un profesional de la salud, ya que se puso término al contrato del psicólogo, lo que derivó en un aumento de problemas de salud mental en los funcionarios.

Agrega que encontrándose de servicio en un procedimiento policial, mientras conducía el vehículo policial experimentó una "impresión como un fogonazo que sintió en el ojo izquierdo, causándole fuertes molestias que alteraron su visión, pudiendo observar que los vehículos que transitaban en dirección contraria se acercaban demasiado, por lo que alertó a su compañero ante la posibilidad de un inminente choque. Los hechos descritos dieron origen al sumario administrativo N° NUM003, sin embargo en dicha investigación sólo se tomó declaración a un testigo de los hechos, aun cuando en el vehículo policial se encontraban otros funcionarios de la Brigada Táctica, lo que transgredió el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y el artículo 17 de la Ley 19.880.

Que a consecuencia del evento ocurrido y las dolencias que padecía concurrió al Servicio de Oftalmología del Hospital de Carabineros (DIPRECA), donde le fue diagnosticado "un desprendimiento de retina central ceroso en el ojo izquierdo". El médico oftalmólogo realizó múltiples informes, diagnosticando que está afectado de una "Coriorretinopatía Central Serosa", "ceguera" en su ojo izquierdo cuadro asociado a estrés laboral. Los informes recomendaban que al paciente se le otorgara una invalidez definitiva, sin embargo tanto la Policía de Investigaciones de Chile, como la Contraloría General de la República rechazaron de plano y sin fundamentos plausibles, dichos antecedentes médicos.

En los años 2016 y 2017 fue atendido por el Oftalmólogo de la Policía de Investigaciones Dr. nombre reservado, quien informa que "el paciente presenta agudeza visual ojo derecho 20/20 y ojo izquierdo cero visión" y sugiere realizar sólo labores de carácter administrativo y no policiales. Lo anterior da cuenta, que a esa fecha mantenía una enfermedad profesional y discapacidad, lo que se traducía en un impedimento y menoscabo laboral permanente a la luz de lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 de 1980, en el capítulo IX sistema visual de la misma ley, ello en relación al artículo 77 del D.F.L. N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, normas que consideran la "ceguera" como una enfermedad invalidante de carácter permanente, considerándolo afectado de una invalidez de segunda clase, para todos los efectos legales.

El 12 de enero de 2017 la médico Oftalmóloga de la Policía de Investigaciones, nombre reservado participa dando su opinión técnica en el Informe Técnico (R) N° 10 de 12 de enero de 2017, diagnosticando "Corioretinopatía Central Serosa Ojo Izquierdo", lo cual constituiría Ceguera, sin embargo agrega que no corresponde a una enfermedad laboral, lo que contraviene el artículo 77 del D.F.L. N° 1 de 1980.

Señala que estando así las cosas, con fecha 14 de julio de 2017, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela, dicta la Resolución Exenta N° NUM004 de 29 de junio de 2017, que declara la salud irrecuperable del recurrente, señalando que el actor presenta una salud incompatible con el desempeño del cargo y que no corresponde a un accidente en acto de servicio, enfermedad profesional ni las otorgadas por la ley de Medicina Preventiva, lo cual constituye una contravención al artículo 77 del D.F.L. N° 1 de 1980, el cual prescribe que enfermedades como la "ceguera" constituye una enfermedad esencialmente profesional, calificada como tal, que le da derecho al personal de la Policía de Investigaciones de Chile que haya sido eliminado del servicio o sea eliminado en el futuro por padecer este tipo de patologías, debe tener derecho a obtener una invalidez de segunda clase.

Alega que la resolución es injusta carente de fundamentación y motivación e interpretación errónea de la norma legal referida. Se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue rechazado sin fundamentos.

En cuanto al sumario administrativo, alega que éste adolece de vicios de forma que infringen los artículos 25, inciso primero, y 28 del Decreto N° 118, del Ministerio de Defensa Nacional, reglamentos de sumarios administrativos, según los cuales, todas las diligencias practicadas por el fiscal se extenderán por escrito y llevaran la firma del secretario. En razón de lo anterior es que con fecha 17 de diciembre de 2018 interpuso recurso de reclamo conforme al artículo 153 del DFL N° 1 de 1980 en relación con el artículo 160 de la Ley 18.834 ante la Contraloría General de la República, resuelto mediante Dictamen N° NUM002 de 29 de abril de 2020, en contra del cual recurre por esa vía.

Alega que la resolución recurrida atenta contra la Constitución y las Leyes, de lo que se puede desprender que la entidad referida no quiso entrar a conocer el fondo del asunto y que evidencia un hecho del todo ilegal y arbitrario que genera serios perjuicios a don nombre reservado, toda vez que la Contraloría, entra a interpretar erróneamente la legalidad del artículo 77 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el cual no merece interpretación alguna en cuanto al alcance de dicha ley.

Señala que la recurrida, mediante Dictamen N° NUM002, de fecha 29 de abril de 2020, deja en evidencia que no se está cumpliendo con el rol que le ha entregado la ley en cuanto a ser el órgano de control en lo administrativo para este tipo de abusos de autoridad atentatorios contra el debido proceso en materia administrativa y el principio de objetividad, toda vez que interpreta un hecho de manera parcial y conveniente para la institución, sin antecedentes objetivos que permitan fundar razonablemente la exoneración del funcionario recurrente, por una enfermedad que la propia ley le otorga un derecho previsional, como lo es la invalides de grado dos. La medida adoptada resulta absolutamente desproporcionada a los hechos y a la forma utilizada para conocer de ellos, por tanto debe ser enmendada conforme a derecho.

El Contralor General de la República, omite y no registra en su dictamen las ilegalidades cometidas por la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, ello no tiene respaldo ni jurídico ni fáctico, solo tiene como objeto pretender hacer creer que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones, actuó en el marco de legalidad y adecuado a sus obligaciones técnicas.

Agrega que la Contraloría General, en el recurrido dictamen no cumple con lo dispuesto en la Ley y para ello solo apoya su decisión en el dictamen N° 3.390, de 2008, el cual tiene como origen en una consulta realizada por la comisión médica de Carabineros, que solicitaba que la Contraloría General de la República interpretara el artículo 98 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros.

Alega como garantías constitucionales conculcadas las contenidas en los numerales 3, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Vulneración del artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también aplicable en este caso.

Vulneración del artículo 19 Nº 2 de nuestro texto constitucional que garantiza la igualdad ante la ley. En el caso que nos convoca no se ha dado aplicación al artículo 77 del D.F.L. Nº 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Vulneración del artículo 19 Nº 9, que garantiza el derecho de protección de la salud. Al respecto cita el artículo 77 del decrete con fuerza de ley Nº 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Vulneración del artículo 19 Nº 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En el caso de autos sostiene que tiene derecho de propiedad sobre la totalidad de las prestaciones que le correspondían como consecuencia de su grave enfermedad, que en la actualidad lo mantiene con ceguera del ojo izquierdo.

En razón de lo expuesto, solista se acoja el presente recurso, ordenando al Contralor General de la República, dejar sin efecto el Dictamen Nº NUM002 de fecha 29 de abril de 2020, que rechazó de plano el recurso de reclamo e invalidación presentado en tiempo y forma; se ordene a quien corresponda se le otorga la invalidez de segunda clase por padecer de ceguera, en los términos del artículo 77 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional; se dicten las demás medidas que la Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente acción, con costas.

Segundo: Informando Contraloría General de la República, expone que mediante Resolución Exenta N° NUM005, de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, se aprobó el sumario administrativo N° NUM003, confirmándose el sobreseimiento de don nombre reservado, y declarándose además que según Informe Técnico (R) N° NUM006, de 10 de mayo de 2018, de la Comisión Medica institucional, aquel ex funcionario presenta como diagnóstico una corioretinopatía central serosa antigua ojo izquierdo, tonometría aplanética ojo derecho: 16mm Hg. Ojo izquierdo: 15mm Hg, concluyéndose que no presenta alteración aguda actual. Además, indica que su condición consiste en una patología común en la disminución de agudeza visual secular, y que no tiene indicación de tratamiento actual. Finalmente, señala que el señor nombre reservado, presenta patología de origen común, no profesional y no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales. Seguidamente se dedujo un reclamo, al no otorgarle derecho a una invalidez de segunda clase por la ceguera que padece, el cual fue desestimado mediante el oficio N° NUM007, de 2020, por cuanto corresponde a la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, pronunciarse sobre el estado de salud de sus funcionarios. Finalmente deduce la presente acción cautelar en contra del oficio N° NUM007, de 2020.

A continuación alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que la acción cautelar se dirige en contra del Oficio N° NUM007 de 29 de abril de 2020, el cual fue notificado por carta certificada a su apoderado Marcos Herrera Chirino.

Agrega que la notificación fue ingresada a Correos de Chile el 8 de mayo de 2020, siendo recibida el 12 de mayo, entendiéndose legalmente notificada el 15 de mayo y la presente acción cautelar fue presentada el 16 de junio de 2020, por lo que corresponde declarar la extemporaneidad de esta acción.

A continuación alega la falta de legitimidad pasiva toda vez que si bien formalmente la acción cautelar se dirige en contra del Oficio N° NUM007 de 2020, lo cierto es que la actuación que podría haber afectado las garantías constitucionales que invoca es la Resolución Exenta N° NUM005 de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sostiene que el recurso es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, toda vez que solicita se declare que tiene derecho a que se le otorgue una invalidez de segunda clase, conforme al artículo 77, del decreto ley N° 1, de 1980, situación que no corresponde ser dilucidada por medio de la acción de protección, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados; incluso solicita ser derivado al Servicio Médico Legal, que se requieran informes médicos y testimonios para complementar su diagnóstico, actuaciones equiparables a diligencias probatorias propias de un juicio de lato conocimiento, a fin de determinar la naturaleza, envergadura y gravedad de la enfermedad que padece el actor.

Alega una ausencia de ilegalidad y/o arbitrariedad ya que en virtud del acto recurrido, sólo se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas a la Entidad de Control en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; 1°, 5°, 6°, 9°, 10 y 16 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General; resoluciones N° s 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales y 102, de 2016, que crea las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y fija sus organizaciones internas; además de la orden de servicio N° 1 de 2017, de este Órgano de Fiscalización, que establece las coberturas de las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y de los Departamentos de Nivel Central.

Agrega que por otra parte, el oficio impugnado no constituye una acción u omisión que pueda ser calificada de arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, emitido a solicitud del propio actor, constituyendo un acto motivado en derecho.

Respecto al fondo del asunto el actor alega una errónea interpretación del artículo 77 del D.L. N° 1 de 1980, sin embargo dicha norma señala que el personal que sea eliminado por padecer, entre otras afecciones que indica, de ceguera, u otras enfermedades invalidantes de carácter permanente, será considerado como afectado de una invalidez de segunda clase para todos los efectos legales. En dicho contexto el pronunciamiento impugnado precisó - aplicando la jurisprudencia aplicable a la materia que se ha mantenido invariable desde el dictamen N° 23.656, de 1998-, que atendido que de conformidad con el artículo 73 del anotado decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, corresponde exclusivamente a la respectiva Comisión Médica el examen del personal de la institución, informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que lo imposibilita para desempeñarse en él, la sola circunstancia de que esa comisión médica estime que el funcionario o ex funcionario padece de alguna de las enfermedades enunciadas por el referido artículo 77, no significa necesariamente que aquel deba ser considerado como afectado por una invalidez de segunda clase. Ello, toda vez que para tal efecto se requiere, además, que ese cuerpo colegiado, en ejercicio de sus atribuciones, resuelva que tal patología constituye una "enfermedad invalidante de carácter permanente" -exigencia que expresamente contempla el citado artículo 77-, que impida al afectado el desempeño de sus labores y el desarrollo de una vida normal.

Agrega que la ceguera del recurrente no se encuentra diagnosticada por la Comisión de Sanidad de la Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que ésta, a través de sus informes técnicos Nº NUM008, de 2017 y Nº NUM006, de 2018, informó, en síntesis, que el afectado presenta una disminución de agudeza visual secular, patología de origen común, no profesional, por lo que la afirmación del actor de padecer tal enfermedad, emana de informes médicos no vinculantes para los efectos del otorgamiento de la invalidez pretendida.

Por otra parte, el recurrente objeta la legalidad del informe técnico N° NUM008, de 2017, de la Comisión de Sanidad, sin embargo no acompañó ningún antecedente que permitiera inferir o deducir la efectividad de su afirmación. Además el actor alegó que el Informe Técnico N° NUM008, no daría cumplimiento a las leyes, en los términos que señala el decreto ley N° 3.500 de 1980, en su capítulo IX, Sistema Visual, pero tampoco acompañó antecedentes al respecto. Señala que en lo relativo a que no se habría tomado declaración a todos los funcionarios que correspondía, prescindiendo incluso de la declaración de algunas personas citadas por el fiscal sumariante, se informó al requirente que ello no tuvo la virtud de invalidar el respectivo proceso, en atención a que la Comisión Médica de esa institución policial es la única entidad facultada para pronunciarse sobre la salud de sus funcionarios, sin que dicho parecer pueda ser modificado por deponentes, ni aun por la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones de Chile, la que en este contexto, únicamente debe emitir el acto que formalice esa opinión, como sucedió en la especie con la anotada Resolución Exenta N° NUM005, de 2018.

Por otra parte, en lo que concierne a la denuncia realizada por el actor por los ilícitos penales de falsificación de firmas que habrían tenido lugar en el sumario administrativo, el artículo 6° de la ley N° 10.336, dispone que no corresponde que la Contraloría General se pronuncie sobre dicha denuncia, relativa a la comisión de un ilícito penal, debido a que su verificación compete a la justicia ordinaria, haciendo presente que, en el caso que el requirente cuente con antecedentes al efecto, debe proceder a efectuar la correspondiente denuncia, tal como se ha resuelto en situaciones similares, entre otros, en el dictamen N° 29.435, de 2019.

A continuación se refiere a cada una de las garantías que se dicen conculcadas, rechazando cada una de ellas.

Tercero: Evacuando informe la Policía de Investigaciones de Chile, señala que la situación de salud del recurrente se encuentra resuelta toda vez que habiéndose determinado en el sumario administrativo ordenado instruir para tales efectos, esto es el N° NUM003, mediante Resolución Exenta N° NUM005, que la patología que sufre el ex servidor, es de origen común, no profesional y no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales. En dicho sentido, el ex servidor dejó de pertenecer a la Institución por declaración de salud incompatible, conforme a Resolución TRA N° NUM009, a partir de 17.ENE.0/18; posteriormente, el 31 de mayo de 2019, se recibió solicitud dirigida a la Comisión Médica Institucional con la finalidad de que se le concediera una Invalidez de segunda categoría al Asistente Policial (R) nombre reservado, lo que fue rechazado por la Comisión Médica, mediante Resolución (R) N° NUM010, de 7 de noviembre de 2019.

Fundamenta su actuar en el artículo 73 del D.F.L. N° 1 de 1980 y que el organismo competente para pronunciarse sobre el estado de salud de los servidores policiales es la Comisión Médica, no pudiendo la Contraloría General de la República revisar los antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirvieron de base a la decisión que dicha entidad médica adopta. Lo anterior se encuentra en concordancia con el artículo 4 del D.S. N° 36 de 1984.

Finalmente alega que la acción de protección no es una nueva instancia administrativa, tal como lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 83.672-2017.

Mediante presentación de 18 de diciembre de 2020 evacua el informe solicitado el 12 de noviembre pasado señalando lo siguiente: 1.- En cuanto a la identidad de los integrantes de la Comisión Médica: a) Informe Técnico (R) N° NUM011 de 23 de junio de 2016: Presidida por el Prefecto (S) nombre reservado; Integrada por el Cirujano Subprefecto (S)

nombre reservado, Médico Familiar (medicina interna) Comisario (S) nombre reservado, Traumatólogo Comisario (S) nombre reservado. b) Informe Técnico (R) N° NUM008 de 12 de enero de 2017: Presidida por el Prefecto (S) nombre reservado, Integrada por el Cirujano Subprefecto (S)

nombre reservado, Traumatólogo Comisario (S) nombre reservado. c) Informe Técnico (R) N° NUM006 de 10 de mayo de 2018: Presidida por el Subprefecto (S) nombre reservado, Integrada por el Cirujano Subprefecto (S) nombre reservado, Médico Familiar (medicina interna) Comisario (S)

nombre reservado, Traumatólogo Comisario (S) nombre reservado, Subcomisario (S) nombre reservado. 2.- en cuanto al cuestionamiento realizado por el recurrente, respecto de la opinión entregada por la oftalmóloga nombre reservado, recogida en el Informe Técnico (R) N° NUM008, de 12 de enero de 2017, de la Comisión Médica Institucional, hace referencia al Decreto N° 32 de 1976, por lo que la alegación de falta de miembros debe ser rechazada. Agrega que el artículo 3º autoriza a la Comisión Médica a solicitar asesoramiento de especialistas y fue en esa calidad que se requirió el informe de la Dra. nombre reservado. 3.- En cuanto a la desvinculación del actor, mediante Resolución Exenta (R)

N° NUM004 de 29 de junio de 2017 se declara su salud incompatible con el desempeño del cargo, la cual no corresponden a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Código del Trabajo. El recurrente interpuso recurso de reposición y jerárquico en subsidio, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta (R)N° NUM012 de 24 de agosto de 2017 y, finalmente, mediante la Resolución TRA N° NUM009 de 17 de octubre de 2017, tomada razón por la Contraloría General de la República el 22 de diciembre de 2017 se declaró vacante el cargo por salud incompatible.

Cuarto: Evacuando informe la Comisión Médica Institucional expone que la lesión sufrida por el actor fue investigada mediante Sumario Administrativo instruido por Orden (R) N° NUM003 de 22 de diciembre de 2015, en donde se sobresee al funcionario por no afectarle responsabilidad administrativa en los hechos investigados, declarándose que la lesión no constituye un accidente en acto de servicio, ni una enfermedad profesional, concluyendo que la patología es de origen común, no relacionada con sus funciones. Agrega que la Comisión Médica Institucional se pronunció tres veces sobre la patología del actor, a saber en los Informes Técnicos N° NUM011 de 23 de junio de 2016, N° NUM008 de 12 de enero de 2017 y N° NUM006 de 10 de mayo de 2018, concluyendo en esas oportunidades que presentaba una patología de origen común, no profesional y que no tenía derecho a impetrar beneficios previsionales.

Agrega que en la sesión que dio origen al Informe Técnico N° NUM006 se tuvo en vista la Ficha Clínica N° NUM013 en donde el Dr. nombre reservado manifestó que el paciente presentaba una predisposición genética para el desarrollo de su patología y la Dra. nombre reservado concluyo que no presentaba alteración aguda actual, siendo una patología común con disminución de agudeza visual secuelar.

En lo relativo a la integración del cuerpo colegiado institucional debe estarse a lo señalado en el D.S. N° 32 de 4 de febrero de 1976.

Agrega que, según lo dispuesto en el artículo 73 del D.F.L. N° 1 de 1980, el organismo competente para pronunciarse acerca del estado de salud de los servidores policiales es la Comisión Médica Institucional, no pudiendo Contraloría General de la República revisar antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirvieron de base a la decisión que dicha entidad médica adopta. Señala que considerando que la fecha de alejamiento del recurrente de la institución fue el 17 de enero de 2018 y que en su última evaluación por un médico institucional el 16 de octubre de 2017, no se logró acreditar que durante el año 2018 padeciera de una enfermedad de carácter invalidante, y ello ya que se negó a ser evaluado el 19 de marzo de 2018 por la Dra. nombre reservado como consecuencia, es que mediante Resolución (R) N° NUM010 de 7 de noviembre de 2019 la Comisión Médica Institucional rechaza la solicitud contenida en la presentación de 3 de junio de 2019 interpuesta por el recurrente, por no aportar nuevos antecedentes.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal y/o arbitraria que como consecuencia prive, perturbe o amenace un derecho, señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que esta acción cautelar supone asimismo que la titularidad del derecho del recurrente sea indiscutible. Es así que no puede quien recurre pretender la declaración de nulidad del acto cuestionado.

En cuanto a la extemporaneidad:

Séptimo: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida Contraloría General de la República, se puede advertir que es efectivo que la presente acción se dirige contra el Oficio Nº NUM007 de 29 de abril de 2020, y el recurso fue presentado el 16 de junio de 2020, por lo que correspondería declarar la extemporaneidad de la presente acción cautelar. No obstante ello esta Corte, entrará a conocer respecto del fondo del asunto controvertido.

En cuanto al fondo:

Octavo: Que Contraloría General de la República, al emitir el Dictamen Nº NUM002 de fecha 29 de abril de 2020, por el cual rechazó el recurso de reclamo e invalidación deducido por el recurrente, en contra de la Resolución Exenta Nº NUM004 de 29 de junio de 2017, de la Policía de Investigaciones, que declaró la salud irrecuperable del recurrente y que la patología que padecía no correspondía a una enfermedad profesional, por ende no le daba derecho a declarar la invalidez de segunda clase, se limitó a cumplir con su función fiscalizadora consagrada en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política y normativa contenida en la ley Nº 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, luego, mal podría calificarse de ilegal, una actuación de la administración que se encuentra amparada en el cuerpo de leyes antes referido, unido a que no es el recurso de protección, la vía por la cual pueda declararse ilegal, lo actuado por los organismos administrativos, que han obrado dentro de la esfera de sus competencias.

Noveno: Que tampoco la decisión de la autoridad recurrida, pronunciada a través del Dictamen cuestionado, ha sido arbitraria o contraria a la razón pues no ha sido adoptada por un mero capricho, sino que ha considerado lo obrado por la Comisión de Sanidad de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de sus informes médicos, a quienes corresponde evaluar la capacidad física de los funcionarios para determinar si continuaran o no en el servicio o la clase de invalidez que lo imposibilitaría para continuar desempeñándose en él.

Décimo: Que consecuentemente tanto lo obrado por Contraloría General de la República, como por la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones, lo ha sido dentro de la esfera de sus competencias y atribuciones, motivo por el que se rechazará la alegación de Contraloría General de la República, en orden a carecer de falta de legitimidad pasiva.

Undécimo: A mayor abundamiento, no se justifica en este caso, la interposición de una acción cautelar, toda vez que los hechos denunciados están entregados al control de los organismos de la Administración, lo que llevará al rechazo de la presente acción cautelar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra del Contralor General de la República, Sr.

Jorge Andrés Bermúdez Soto.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Sra. Gutiérrez A.

N° Protección-52744-2020.