Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo a lo principal y segundo otrosí del escrito folio 18: téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes.

Proveyendo al escrito folio 19: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, Que comparecen doña nombre reservado

nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, quienes interponen recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber tenido por desistida la solicitud de formalización al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado, por supuestamente no cumplir con el artículo 8 del Decreto 837, acto ilegal y arbitrario que conculca las garantías consagrada en la Constitución Política de la República, y cautelado por la acción de protección establecida en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental, solicitando que esta acción sea acogida y que, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que dé curso a la solicitud de refugio, permitiéndole ingresar al procedimiento contemplado en la Ley de Refugio y en su Reglamento.

En cuanto a los antecedentes fácticos, sostiene que el protegido es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de su país de origen debido a que su libertad y seguridad fueron amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela.

Específicamente, señala que el amparado sufrió persecución y amenazas contra su vida de parte de agentes el estado, debido a las protestas en las que participó en el año 2024, luego de haber proclamado a Nicolás Maduro, nuevamente como presidente de la República.

Agrega que, debido a que fue identificada la motocicleta en la cual se desplazaba por agentes de la policía, comenzó una seguidilla de extorsiones y consecuentes amenazas, por lo que decidió salir de Venezuela con fecha 30 de septiembre de 2024, arribando a Chile el 5 de octubre de 2024, ingresando por pasos inhabilitados, autodenunciándose ante efectivos policiales, a los cuales les solicitó refugio.

Respecto al procedimiento administrativo cuestionado, expone que una vez en territorio nacional, acudió con fecha 10 de octubre de 2024 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fue atendido, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y posterior entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de su solicitud, siendo citado para el día 6 de febrero de 2025.

Que llegado el día en que había sido citado, acudió a la entrevista de inicio del procedimiento de refugio, entregando toda la información y mostrando la documentación necesaria que respaldara la solicitud de refugio.

Posteriormente a la entrevista, el mismo día, 6 de febrero del 2025, es notificado de Resolución Exenta N°NUM000 en donde señalan que no cumple con requisitos de: a. Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Debido a lo anterior, presentó carta explicativa señalando que sí cumplía con los requisitos, ya que al cuarto día hábil luego de su ingreso por paso no habilitado se presentó en la Oficina de Refugio para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, pero luego es notificado de Resolución Exenta N°NUM001 en fecha 21 de febrero del 2025, dando por desistida la solicitud por los mismos motivos, a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.

En relación a los fundamentos jurídicos del recurso, sostienen que no ha existido un efectivo desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto el recurrente no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión que lo motivó a realizar su solicitud.

En segundo lugar, denuncian que la autoridad migratoria no ha otorgado al recurrente la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430 y en el artículo 42 del Decreto N° 837. Argumentan que ambas normas son perentorias e imperativas, estableciendo que "una vez presentada la solicitud" o "una vez formalizada la solicitud", la autoridad competente "extenderá" al peticionario una visación de residente temporario. Sostienen que no existe discrecionalidad administrativa en esta materia, y que la dilación en la entrega de la visación constituye una vulneración de las garantías constitucionales del recurrente.

Por otra parte, invocan el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, argumentando que la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones es desproporcionada al fin perseguido, especialmente considerando la situación humanitaria del recurrente, quien fue víctima de persecución por parte de agentes del Estado de Venezuela.

Según los recurrentes, la actuación de la autoridad migratoria vulnera específicamente las garantías constitucionales del recurrente consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por cuanto la resolución impugnada importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que se encuentran en similar situación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales del recurrente, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N°NUM001 en fecha 21 de febrero del 2025, y disponer que se adopten las medidas necesarias para restablecer y resguardar el imperio del derecho, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que dé curso a la solicitud de refugio, permitiéndole ingresar al procedimiento contemplado en la Ley de Refugio y en su Reglamento.

SEGUNDO: Que, la abogada doña María Paz Fuenzalida García del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa informe requerido en autos, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional.

Sostiene que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para la interposición del recurso, debiendo ser considerado como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Que, en los hechos indica que con fecha 10 de octubre de 2024 el extranjero, nombre reservado, nacional de Venezuela, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado la que mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 06 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se notifica al extranjero que no ha sido posible dar curso a su solicitud, Que sin perjuicio de lo anterior, analizados nuevamente los antecedentes acompañados por el recurrente, esta autoridad procedió a emitir la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 17 de abril de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, que deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001, retrotrayéndose la solicitud de refugio de la parte recurrente a etapa de análisis de fondo. el acto administrativo impugnado por la presente acción constitucional de protección ha sido dejado sin efecto. En consecuencia, esta autoridad entiende que (i) no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y (ii) que la acción de protección ha perdido toda oportunidad y eficacia.

Tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por haber perdido la presente acción toda oportunidad y eficacia, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es la Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 13 de mayo de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, lo que se estima atentatorio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, al tenor de lo informado en autos, la presente acción ha perdido oportunidad, dado que el acto ilegal y arbitrario contra el cual se reclama, ha sido dejado sin efecto por parte de la recurrida, por lo que no existe por parte de esta Corte medida alguna que adoptar, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer la recurrente para impugnar el acto administrativo dictado con posterioridad por la autoridad.

SEXTO: Que, por lo expuesto, el recurso de protección interpuesto necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-5271-2025