nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 17, 18 y 19, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, empleada, con domicilio en domicilio reservado, interponen acción constitucional de protección en contra de Comisión Ingresa, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en adelante la Comisión, del Banco de Crédito e Inversiones, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y de la Tesorería General de la República, RUT: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, , por infracción a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº2, Nº 3 inciso 6 y Nº 24, inciso 1 y 2, a fin que sea acogido en todas sus partes, ordenando que se restituyan a la recurrente los montos indebidamente descontados con ocasión de la retención efectuada en la devolución de impuestos de la operación renta 2020, por supuesta deuda estudiantil, con expresa condena en costas, de conformidad a los fundamentos que expone.

Con fecha 17 de julio del año 2009, la actora suscribio un contrato de línea de crédito para estudiantes de educación superior con garantía estatal con el Banco BCI, para financiar sus estudios de Técnico Jurídico en el Centro de Formación Técnica Santo nombre reservado. Carrera fue cursada durante los años 2009 al 2011 y que concluyó sin interrupciones.

Que con fecha 16 de abril del 2018, fue demandada en procedimiento ejecutivo por el Banco de Crédito e Inversiones, en causa RIT C-11362-2018 del 8° Juzgado Civil de Santiago, invocando como fundamentos para aquello que era acreedor de tres pagares, dos de fecha 16 de febrero de 2018 y el tercero de fecha 19 de febrero de 2018.

Que se opuso la excepción de prescripción, de pago y de falta de los requisitos que la ley prescribe para que el título tenga fuerza ejecutiva. En dicha oportunidad la parte ejecutante se allano a la excepción de prescripción, dictándose sentencia en favor de la recurrente, la cual se encuentra firme y ejecutoriada.

Agrega en el recurso que en el mes de abril del año 2020, la actora realizo su declaración de impuesto a la renta, y en el mes de mayo tomo conocimiento de que no se encontraban depositados en su cuenta corriente los dineros correspondientes a la devolución de impuestos de la operación renta 2020, esto a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos aceptó su declaración anual. Siendo informada que la Tesorería General de La Republica había retenido su devolución y al consultar a dicha entidad vía telefónica se le comunica que efectivamente se había verificado esa retención por la suma de $100.234 (cien mil doscientos treinta y cuatro pesos), que corresponde a la devolución total del periodo tributario 2020, manifestando que esa retención fue informada por la Comisión Ingresa debido a una deuda estudiantil, impaga, y que en consecuencia, habría operado la compensación.

Atendido lo anterior, la recurrente estima vulneradas sus garantías constitucionales, toda vez que pese a que un Tribunal de la República, con facultad de imperio, mediante un procedimiento previo y legalmente tramitado, declaró la prescripción de la acción ejecutiva que pretendía el cobro de los pagarés ya referidos, de igual modo fueron retenidos sus impuestos, invocando la compensación de una cuestión ya discutida en juicio, en cuyo litigio resulto vencedora.

Señala además que previo al ejercicio de la acción realizo reclamos extrajudiciales en cada una de las instituciones a saber, el Banco BCI, la TGR y Comisión Ingresa y de cuyas respuestas deviene el recurso de protección que se impetra.

Desarrollo de la acción y omisión, arbitrario e ilegal del Banco BCI.

Respecto del Banco BCI, indica que con fecha 28 de abril del 2020 remitió correo electrónico respecto de la situación originada por su crédito y la retención de los dineros de la operación renta, de lo cual se le dio la siguiente respuesta “En relación a su requerimiento respecto a la devolución de impuestos, como primer tema, es necesario aclarar que las retenciones de impuestos son ordenadas por la comisión Ingresa, en base al contrato de Línea CAE, puesto que cada alumno le otorga mandato tanto a los acreedores como a la misma comisión. Por otra parte, la prescripción declarada por el Tribunal se vincula a la acción ejecutiva, mas no a la obligación del crédito. Por último, la garantía de este crédito ya se encuentra cobrada, por lo tanto, nuestra institución carece de legitimidad pasiva, puesto que la obligación se transformó en una deuda fiscal, cuyo acreedor se identifica en la TGR (Tesorería General de la República)”

Indica la recurrente que el Banco BCI afirma que carece de legitimidad pasiva para hacer devolución de los impuestos indebidamente retenidos a esta recurrente, lo cual es del todo errado, pues aun cuando ellos argumentan que la supuesta acreencia se ha traspasado al Fisco, y en el particular, a la Comisión Ingresa y a la TGR, en virtud del cobro que ha realizado el Banco al Fisco, de la Garantía con Aval del Estado, ello se realizó en virtud de una normativa de carácter reglamentario, que corresponde al decreto 182 de fecha 24 de mayo del 2011 que aprueba reglamento de la ley Nº 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, en el particular el artículo 35 de dicha norma, pues dicho artículo faculta al las instituciones bancarias a hacer cobro anticipado de la garantía estatal al Fisco, pese a no mediar sentencia en sede civil, en juicio ejecutivo, que declare como deudor a un estudiante, vulnerándose las normas de un racional y justo procedimiento, de igualdad ante la ley, , instituciones estas últimas cuya jerarquía normativa es superior al del reglamento antes aludido.

Estima la recurrente que atendido que la norma que autoriza al Banco al cobro anticipado de la Garantía Estatal, es de rango reglamentario, y vulnera las garantías constitucionales y los principios rectores del derecho, debe declararse que se retrotraiga todo lo obrado por el Banco BCI hasta el momento antes de que dicha entidad bancaria hiciera cobro de la garantía estatal al Estado de Chile, ordenando en consecuencia al Banco BCI, restituir la garantía cobrada al Fisco indebidamente, pues perdió el juicio ejecutivo y atendido que el convenio que suscribió con la comisión ingresa, para llevar adelante las acciones de cobro, de conformidad al artículo 35 inciso 4 del decreto que aprueba el reglamento; y su proceder negligente en llevar adelante el juicio ejecutivo, pues no me notificó, no buscó nuevos domicilios respecto de mi paradero, pese a que eran de público conocimiento, y se allanó íntegramente a las excepciones opuestas por esta recurrente en dicho procedimiento, debe soportar íntegramente las perdidas del juicio, debiendo restituírseme los montos por concepto de devolución de impuestos descontados indebidamente. Dichas consecuencias no las debe soportarlas la recurrente, debe soportarlas el Banco BCI, legitimo contradictor y principal llamado por ley a llevar adelante las acciones de cobranza para créditos de esta naturaleza.

Desarrollo acto arbitrario e ilegal de la Comisión Ingresa.

Que con fecha 11 de mayo del 2020 la recurrente presento un reclamo por medio del portal electrónico de dicha institución, la que fue respondida el 3 de junio de 2020, al tenor siguiente “Según confirmación de nuestra área legal, no resulta posible solicitar la devolución de los montos retenidos a la Tesorería General de la República por cuanto los efectos de la declaración de la prescripción no pueden hacerse extensivos a la acreencia de dicho servicio.

Aprovecho de informar que, tu deuda fue informada en su totalidad en Tesorería, tras solicitud realizada por Banco BCI en septiembre de 2019. Esta situación causó la retención (compensación) de tus impuestos, debido a que no existe un convenio de pago vigente con dicha institución, bajo esta situación, estos fondos no serán liberados, ya se encuentran aplicados a tu deuda”.

Que la respuesta otorgada por la Comisión Ingresa carece de toda fundamentación legal, y desconoce una institución tan importante como la prescripción, y la cosa juzgada.

La circunstancia de afirmar la Comisión Ingresa, que por cuanto los efectos de la declaración de la prescripción no pueden hacerse extensivos a la acreencia de dicho servicio, no se explican bajo ningún sustento legal. Si dicha comisión quiso hacer referencia a que los créditos por garantía estatal son imprescriptibles, debió haberlo hecho valer en el juicio destinado al efecto, que por ley, y de conformidad al artículo 35 del reglamento, le correspondía llevar adelante al Banco BCI y cuya defensa no se argumentó en la etapa procesal que correspondía, toda vez que dicha institución se allanó integramente a la excepción de prescripción opuesta por esta recurrente, sin alusión alguna a señalar que la declaración de prescripción declarada por un Tribunal de justicia no se hace extensible a dicha Comisión o que los créditos de naturaleza estudiantil fuera imprescriptibles.

No es menor destacar el efecto relativo de la sentencia. Podrá la parte recurrida, Comisión ingresa y TGR indicar que, al no haber sido parte en el juicio, la sentencia no les afecta, pero entonces, para haber retenido mis impuestos, también debieron haber demandado o llevado adelante un procedimiento, y notificarme para hacer válida mi defensa, cuestión que jamás sucedio.

Desarrollo del acto ilegal de la Tesorería General de la República:

Que la actora realizo, con fecha 06 de mayo del 2020 reclamo ante la Tesorería General de la República, la cual fue contestada con fecha 10 de junio del corriente. Al tenor siguiente, “Que las medidas anunciadas por el Presidente General de la República en conjunto con el Ministerio de Hacienda, no contemplan la suspensión de cobro o de retención para las devoluciones de Renta por lo que, nuestro servicio de Tesorería tiene la obligación legal (art. 34 DL 1263 y art. 6 DFL 1 del año 1994), de efectuar la compensación de todas las deudas que se encuentren vigentes.

Ante lo mencionado y revisados los antecedentes a nivel central, respecto a su devolución de Renta año tributario 2020, efectivamente figura que fue compensada, debido a su deuda por el Crédito con Aval del Estado (CAE) que fue informada a Tesorería General de la República con fecha 28 de noviembre del año 2019 y que no se encontraba en ningún convenio activo al momento de su devolución. Cabe indicar que, una vez compensados los dineros son ingresados en arcas fiscales, por lo que, ya no es posible solicitar la devolución de estos montos.

Ante esto, una vez que la entidad Bancaria hace uso de la garantía estatal correspondiente al 90% de su deuda, el crédito es traspasado a Tesorería General de la República por la Comisión Ingresa a través del formulario 34, quedando el 10% restante de la deuda en el banco que debe ser regularizada por usted con ese organismo”.

Los fundamentos invocados por la institución para negar lugar a la solicitud son de profunda gravedad al indicar que una vez compensados los dineros son ingresados en arcas fiscales, por lo que, ya no es posible solicitar la devolución de estos montos, es de una irresponsabilidad tremenda, que termina ya por que estas tres instituciones en conjunto, mediante toda su operativa, dejen en la más absoluta indefensión a una persona, dándole luces de que ya nada puede hacer para hacer valer derecho alguno.

Agrega sobre el punto la recurrente, que no hay una causa legal de retención ya que han sido los propios tribunales de justicia, los que han determinado otros efectos , no existe una obligación legítimamente contraída, si así se quiere decir, porque la acción mediante la cual se quiso hacer cobro de ella, ha sido declarada prescrita, no existe mora, porque no ha sido así declarado como ya se ha señalado, es decir no hay fundamento que legitime a la TGR para la retención de impuestos que invoca producto de la compensación.

Señala el recurso que los actos ante indicados han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 24 incisos 1 y 2, derecho de propiedad, el del 9 Nº 3 inciso 6, relativo al procedimiento previo y legalmente tramitado, junto con todo lo que ello implica, en el particular el efecto de la sentencia y el Nº 2, la igualdad ante la ley.

Finalmente, previos los trámites procesales se solicita se sirva acoger el recurso de protección ordenando dejar sin efecto la retención de impuestos indebida practicada a la devolución de impuestos que correspondía percibir a esta recurrente, la cual fue practicada por la TGR por orden de Comisión Ingresa, como consecuencia del traspaso de la acreencia del Banco BCI a dicha institución, ordenar la devolución de los montos indebidamente retenidos a esta recurrente por la suma de $100.234, así como disponer desde ya que no ocurra lo mismo con las operaciones rentas sucesivas, debiendo quedar indemne de todo perjuicio a la recurrente, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuado el informe por don nombre reservado, , Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien informa solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en virtud de los argumentos que expone.

Que doña nombre reservado obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2009, para financiar sus estudios de Técnico Jurídico en el Centro de Formación Técnica Santo nombre reservado, siendo la institución financiera Banco de Crédito e Inversiones (BCI), la encargada de otorgarle financiamiento. Durante los años posteriores y hasta el 2011, la beneficiaria renovó su financiamiento en la misma carrera e institución de educación superior ya referida.

Luego, en el proceso correspondiente al año 2012, la casa de estudios informó el egreso de la estudiante, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este Sistema de Crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del decimonoveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios de la beneficiaria. En este contexto, con fecha 07 de octubre de 2013, se inició el calendario de pagos de 180 cuotas del Crédito con Garantía Estatal.

Revisados los registros de la Comisión, y de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, la deudora entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago, a partir de la cuota con vencimiento el día 05 de julio de 2017.

Se señala en el informe que, la Comisión ha podido constatar que la deudora no registró postulaciones a los beneficios de pago del Crédito, tales como la suspensión de pago de cuotas por causa de cesantía o desempleo, o el pago de cuotas contingente a la renta.

Que el artículo 3 de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6 del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago del mismo, en la forma que determine el Reglamento.

El artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 20.027, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, cuatro cuotas consecutivas de su crédito. Para que proceda el pago de la Garantía Estatal, la institución financiera deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente:

a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos ya señalados, y c) El inicio ante tribunal competente de las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito adeudado, correspondiendo a las Bases de Licitación de cada año precisa los trámites judiciales exigibles.

Que en relación a lo anterior las Bases de Licitación del año 2009, aprobadas por Resolución N° 1/2009, de la Comisión, de fecha 29 de enero de 2009, que fueron tomadas de razón por parte de la Contraloría General de la República, agregan un requisito adicional en su numeral 3.3.2. letra d), cual es, la notificación judicial personal del deudor, o bien, haber realizado al menos dos búsquedas con resultados negativos con un intervalo no inferior a una semana, debidamente certificadas con el estampado del receptor judicial; o mediante copia autorizada de las piezas procesales respectivas emitidas por el Secretario del Tribunal, previa resolución del juez.

El espíritu de la normativa en comento subyace la intención del legislador de que el pago de la Garantía Estatal se efectúe con prescindencia del resultado del juicio ejecutivo incoado por la institución financiera, ya que el inicio de las acciones judiciales constituye uno de los requisitos para configurar el incumplimiento de pago del deudor, y forma parte de las gestiones que le corresponden al banco adjudicatario como administrador del financiamiento, cuyo titular es el Fisco de Chile.

En el caso de autos, habiendo incumplido la deudora y recurrente de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias extra judiciales para obtener el pago del crédito, Banco BCI, presentó con fecha 16 de abril de 2018, demanda ejecutiva ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago en causa ROL C-11.362-2018, acompañando 2 pagarés suscritos conforme lo establecen las Bases de Licitación Pública, y en ejecución de los mandatos otorgados por el deudor a la institución financiera, al momento de suscribir su Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Estudios Superiores, dando cumplimiento a sus obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal, cedidos a la Tesorería General de la República, en representación del Fisco de Chile, en virtud de la Ley N° 20.027 y de su Reglamento. La demanda ejecutiva intentó ser notificada en 2 oportunidades, sin éxito.

Enseguida, y considerando que la Comisión es el servicio público llamado por la normativa a verificar el incumplimiento del deudor, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda, a través de Resolución Exenta N°182, de fecha 04 de noviembre de 2019, se certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera, es decir, con anterioridad a la fecha en la cual la deudora compareció al juicio iniciado por la institución financiera BCI, y más aún, con anterioridad a la fecha en que se dictó sentencia en la causa.

Habiéndose configurado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, de acuerdo con las definiciones contempladas en la normativa del Sistema, la Comisión remitió los antecedentes del crédito impago de la beneficiaria a la Tesorería General de la República, registrando en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, una deuda por 20,61 UTM (equivalente a $1.014.610). Lo anterior, aconteció con fecha 28 de noviembre de 2019, vale decir, con anterioridad a la fecha de dictación de la sentencia de prescripción de acción cambiaria (30 de diciembre de 2019).

Se indica además que de los antecedentes del recurso presentado por doña nombre reservado, que en la causa iniciada por BCI, la deudora con fecha 21 de noviembre de 2019 se notificó expresamente de la demanda y presentó la excepción de prescripción de la acción cambiaria, toda vez que a la fecha de notificación habría transcurrido más de un año, conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley N° 18.092, la cual fue acogida por sentencia firme de fecha 20 de diciembre de 2019.

De expuesto en el párrafo precedente, se desprende que lo que ha prescrito es únicamente la acción cambiaria emanada de los pagarés, pero no la deuda que la beneficiaria del Sistema de Créditos para Estudios Superiores mantiene con la Tesorería General de la República, con ocasión del otorgamiento de su Crédito con Garantía Estatal, no existiendo constancia de la declaración de prescripción de este último financiamiento.

Es del caso señalar que la Comisión al certificar el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera correspondiente y verificar el incumplimiento de pago del deudor a través de un acto administrativo, el cual es posteriormente comunicado a la Tesorería General de la República, actúa como un ente girador de un crédito fiscal moroso, de naturaleza jurídica diferente a la obligación de pago de las cuotas originales del crédito, por lo que la deuda debe ser cobrada a través de los procedimientos de recaudación propios del Servicio de Tesorerías. En particular, el origen de la obligación de pago de cuotas del Crédito con Garantía Estatal es de carácter convencional, mientras que el origen de la obligación de pago generada a partir del pago de la Garantía Estatal, o de la certificación del cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos adquiridos por el Fisco, posee un carácter legal.

A mayor abundamiento, la obligación legal de pago del crédito surge sólo cuando ha sido certificado el incumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos cuyo titular es el Fisco de Chile, que en el caso de autos, ocurrió con la dictación de la Resolución Exenta N°182, de fecha 04 de noviembre de 2019, vale decir, con anterioridad a la declaración de prescripción de la acción ejecutiva, lo cual aconteció por sentencia de fecha 30 de diciembre de 2019.

Quela facultad para retener la devolución del impuesto a la renta respecto de auellos créditos otorgados en virtud de la Ley N° 20.027, cuyo acreedor es el Fisco es Chile, ha sido conferida al Servicio de Tesorerías de Chile, quien una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera, procede a la retención de estos fondos. En relación al cobro de tales acreencias el artículo 35 del D.L. N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, dispone que el Servicio de Tesorerías tiene a su cargo la cobranza judicial o administrativa de los créditos del sector público, calidad de la cual se encuentran revestidos los créditos con Garantía Estatal adquiridos por el Fisco de Chile, toda vez que es deber del Estado de Chile velar por la integridad del patrimonio público, lo que le impone la obligación de recuperar aquellos recursos que ha invertido, comprometiendo con ello, su responsabilidad financiera.

Por su parte, el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, establece que la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo con la normativa Que respecto de la eventual vulneración de las garantías constitucionales se señala La deudora y recurrente de autos deduce el presente recurso atendido que se habría vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al ser privada de su devolución de impuestos.

Al respecto, cabe precisar que la sentencia de prescripción que pretende hacer valer la deudora dictada por un Tribunal de la República, únicamente ha declarado la prescripción de la acción ejecutiva, y no de la deuda, cuyo cumplimiento se ha logrado a través de otra modalidad contemplada en la legislación para el pago de obligaciones fiscales.

Adicionalmente, se debe destacar que la devolución de la retención de impuestos debe ser considerado un derecho de carácter eventual, ya que la misma sólo podría existir en aquellos casos donde la ley permite su concreción. Es decir, es un derecho que se materializa cuando no existe causa legal que habilite al Servicio de Tesorerías para efectuar su retención.

Que la recurrente alega la vulneración del derecho contemplado en el artículo 19 N° 3, inciso 6 de la Constitución Política de la República, el cual dispone que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”; se habría vulnerado.

Como cuestión previa, cabe tener presente que el tenor literal del artículo 20 de la Carta Fundamental, excluye la procedencia de esta garantía constitucional como fundamento de la acción constitucional de protección. Sin perjuicio de lo anterior, la parte recurrida se hace cargo de los argumentos vertidos, respecto de la eventual contravención a esta norma.

En primer término, cabe señalar que tanto la Ley N° 20.027 como su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo del Ministerio de Educación N° 182, de 2005, modificado por los Decretos Supremos N° 266 y N° 47, de 2009 y de 2013, respectivamente, ambos del Ministerio de Educación, contienen una regulación que resguarda adecuadamente la racionalidad y justicia del procedimiento para el cobro de las obligaciones derivadas de créditos otorgados para el financiamiento de estudios de educación superior.

Que tampoco es efectivo que se hayan vulnerado las garantías del debido proceso al efectuarse la compensación de la devolución de impuestos de la deudora, obviándose la normativa procesal y civil vigente, toda vez que únicamente se declaró la prescripción de la acción ejecutiva que emana del pagaré, subsistiendo la obligación de pago del Crédito.

Que respecto del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, asegura a todas las personas “La igualdad ante la ley. Es del caso que, la recurrente esgrime los mismos argumentos para fundamentar la eventual vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, y al derecho al debido proceso, sin indicar mayores argumentos que justifiquen sus dichos.

Sobre el particular, resulta necesario destacar que el precepto constitucional expresa dos aspectos a tener en consideración:

a) Se prohíbe que la ley establezca diferencias arbitrarias.

b) Se prohíbe que la autoridad establezca diferencias arbitrarias.

En relación con la letra a), es menester tener presente que el Sistema de Créditos para Estudios Superiores, promueve la efectiva igualdad ante la ley, toda vez que la normativa que lo regula no contempla diferencias arbitrarias.

Con respecto al literal b), la actuación de Comisión Ingresa ha sido en todo momento fundada, no siendo posible calificar sus actos como arbitrarios o caprichosos.

Se señala que en atención a lo expuesto, corresponde en definitiva rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente, por cuanto no existe vulneración alguna a la garantía contenida en el Artículo 19 N° 24, N°3 inciso sexto, y N° 2, por un accionar imputable a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.

Solicito finalmente tener por evacuado informe solicitado y conforme su tenor rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, por cuanto la Comisión y su Secretaría Administrativa han actuado con estricto apego a la normativa vigente.

TERCERO: Que evacuado informe don nombre reservado, abogado, por el Banco de Crédito e Inversiones, quien solicita desde ya el rechazo de la acción, en lo que respecta al BCI, en base a lo siguiente argumentos.

Que de conformidad a la Ley Nº 20.027, el Bci se adjudicó el proceso de licitación pública para el servicio de financia-miento y administración de créditos para estudios de educación, correspondiente al período en que la recurrente solicitó su financiamiento. El 17 de julio de 2009, el Bci puso a disposición de la deudora una línea de crédito, cuyos desembolsos se realizaron mediante créditos, documentados en dos pagarés suscritos a la orden del banco recurrido por doña nombre reservado. El 16 de abril de 2018, ante el incumplimiento en el pago de las cuotas convenidas, por parte de la actora de autos, el Bci presentó en su contra la correspondiente demanda ejecutiva en el 8º Juzgado Civil de Santiago, en causa rol C-11362-2018. En ese procedimiento, receptores judiciales hicieron las búsquedas de la deu-dora, sin ser hallada. Con posterioridad a esas búsquedas, doña nombre reservado se notificó libre, espontánea y expresamente de la demanda ejecutiva; interpuso, entre otras, la excepción de prescripción cambiaria, sosteniendo que “la acción ejecutiva se encontraría prescrita, al tenor de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Nº 18.092”; en esos términos, el Bci se allanó, y el tribunal, en su sentencia de 30 de diciembre de 2019, acogió la excepción de prescripción deducida por la ejecutada, dando por concluida la ejecución sustanciada en esos autos.

Que tanto el contrato, los pagarés y las presentaciones en el procedimiento ejecutivo a los que nos hemos referido, son exhaustivamente regulados por la Comisión Ingresa, en las bases de licitación y otros documentos. En cada una de esas actuaciones, el Bci debe seguir al pie de la letra lo que dicho servicio público dispone. En suma, estamos en presencia de lo que la doctrina denomina contratación dirigida: la relación entre Bci y la deudora debe ajustarse a las bases de licitación y las distintas instrucciones de la Comisión Ingresa.

La obligación cobrada en los autos ejecutivos, pervive con sus acciones civiles, solo se declaró prescrita la acción cambiaria. La deuda de la actora es ahora fiscal. El primer error en el planteamiento de doña nombre reservado es que desconoce totalmente que las acciones de cobro del crédito que ella efectivamente debe, se encuentran plenamente vigentes. Lo único que el 8º Juzgado Civil de Santiago declaró prescrito, fue la acción cambiaria de los pagarés indicados en ese procedimiento, conforme lo prescriben los arts. 98 y siguientes de la Ley Nº 18.092. La acción ordinaria e incluso la ejecutiva no fueron declaradas prescritas por el tribunal, por lo que, visto lo dispuesto en el art. 2515 del Código Civil, dichas acciones permanecen vigentes.

Que teniendo en cuenta que la deudora no cumplió integra y oportunamente con lo acordado mediante el contrato adjunto, se agotaron las instancias extra-judiciales y judiciales para obtener el pago de lo debido por la actora de protección, se hizo efectiva la garantía estatal y, lo que ocurre ahora, por disposición de los arts. 3º y 6º de la Ley Nº 20.027 y el art. 35 del Reglamento de dicha ley, la Resolución Nº 1/2009, de la Comisión Ingresa de fecha 29 de enero de 2009, es que la deuda de la actora de protección pasó a ser una deuda fiscal. La Comisión Ingresa, en su informe, expresamente reconoció que remitió los antecedentes del crédito impago de la beneficiaria a la Tesorería General de la República, registrando en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, una deuda por 20,61 UTM.2 La deuda, entonces, pervive, pero en manos del Fisco de Chile, por lo que todas las alegaciones de la contraria, respecto al fenecimiento del crédito, no hallan ningún asidero, incluso, en lo que ella misma firmó.

Que la actora sostiene que la devolución de impuestos, se llevó a cabo “en virtud de una normativa de carácter reglamentario, que corresponde al decreto 182 de fecha 24 de mayo del 2011 que aprueba reglamento de la ley Nº 20.027. Lo que es un error. En primer lugar, la retención de impuestos se halla establecida en el art. 16 de la Ley Nº 20.027 y en lo que a la deudora respecta, la retención se llevó a cabo porque ella no pagó el crédito convenido en las épocas pactadas y la garantía se hizo efectiva, además, porque ella misma lo autorizó en el contrato.

Que por otra parte la retención de impuestos fue ordenada por Comisión Ingresa, lo que fue reconocido por la propia recurrente.

Que la acción de protección es un remedio cautelar que genera un procedimiento de emergencia, tendiente a asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales conculcados. Con todo, la jurisprudencia reiterativa de los Tribunales Superiores de Justicia ha concluido que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, fueron amenazados o perturbados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Conforme lo informado, la protección solicitada por doña nombre reservado no tiene lugar contra Banco de Crédito e Inversiones, al no existir un derecho indubitado respecto de la indicada institución financiera.

Que en la actual situación de morosidad que se encuentra la actora, no existe ningún remedio de urgencia que la Corte pudiere adoptar, sin con ello violar la Ley Nº 20.027, su Reglamento y el contrato derivado del mismo, de los cuales sí emanan derechos preexistentes y que sí se encuentran protegidos por la Constitución.

Finalmente se solicita tener por evacuado el informe requerido y teniendo presente lo expuesto, rechazar la acción de protección interpuesta en autos por doña nombre reservado, con costas.- CUARTO: Que evacuado informe por don nombre reservado, Abogado de la Tesorería General de la República, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo de la acción de protección, en virtud de las consideraciones que expone.

Que Tesorería no ha retenido la devolución la devolución de impuesto a la renta de la recurrente.

En efecto, tal como se ha señalado, la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020, presentada por la recurrente el 1 de abril de 2020, contribuyente que en dicho caso tiene un conocimiento real del resultado de su operación el 21 de abril pasado, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 100.234.-, remanente que la Tesorería General debía restituir en el mes de abril del presente año. Sin embargo, tal devolución no se verificó por cuanto esos excedentes fueron compensados, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

Que luego de realizar una breve explicación respecto del sistema de financiamiento de educación superior establecido en la Ley 20.027, la recurrida señala que es necesario indicar que de acuerdo con lo informado por la Comisión Ingresa, doña nombre reservado, obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2009, para financiar sus estudios de técnico Jurídico en el Centro de Formación Técnica Santo nombre reservado, siendo la institución financiera el Banco BCI la encargada de otorgarle financiamiento. Durante los años posteriores y hasta el 2011, la beneficiaria renovó su financiamiento en la misma carrera e institución de educación superior ya referida, no registrando matrícula en el año 2012. E informado informó el egreso de la estudiante, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este Sistema de Crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del décimo noveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios de la beneficiaria. En este contexto, con fecha 07 de octubre de 2013, se inició el calendario de pagos de cuotas del Crédito con Garantía Estatal.

Que revisados los registros de la Comisión, y de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, la deudora entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago, a partir de la cuota con vencimiento el día 05 de julio de 2017.

Que el artículo 3 de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6 del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que la beneficiaria del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste.

Agrega que verificado el cumplimiento de las formalidades legales que acrediten el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, con fecha 28 de noviembre de 2019, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 20.61 UTM (equivalente a $ 1.014.610).

Se refiere además que en el caso de la recurrente, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco.

Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria de la recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 175116, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, con la devolución que arrojó su declaración de impuesto a la renta ascendente a la suma de $ 100.234.-, lo que consta en certificado de compensación.

Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

En lo que respecta a las garantías constitucionales eventualmente transgredidas.

Que respecto del articulo 19 N° 24 se indica que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de Tesorería, no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención Que, para la procedencia del Recurso de Protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Pudiendo apreciarse claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

En cuanto a la garantía del 19 N° 3, efectivamente se trata de una garantía no considerada en el catálogo de protección del artículo 20 razón por la cual solicitamos su rechazo, ya que, además existe un procedimiento contenido en la Ley N° 20027, y reglamento que se ha seguido al pie de la letra. En lo que respecta a la igualdad ante la ley, el Servicio de Tesorerías somete su actuar a un estatuto legal determinado no solo por su estatuto orgánico o la ley de administración financiera del estado sino también la especial regulación de la Ley N°20.027, y su reglamento, a la que se sujetan todos los estudiantes que han usado este sistema para financiar sus estudios, razón por la cual no se concreta un amago a la garantía que devenga de un tratamiento diferenciado de la contribuyente recurrente.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe ordenado y en definitiva, se rechace el recurso por cuanto la Tesorería General de la República no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente.

QUINTO: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

En la especie, el acto que la recurrente considera como causa de las garantías constitucionales conculcadas, consiste en la retención y posterior compensación de una deuda originada en crédito proveniente del Fondo Solidario de Educación Superior, cobro que resulta arbitrario e ilegal, lo que le está produciendo una grave vulneración a las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que constituyen hechos indubitados los siguientes:

A.- Que la Comisión Ingresa a través de Resolución Exenta N°182, de fecha 04 de noviembre de 2019, certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera y el incumplimiento de la obligación de pago por parte del recurrente, por lo que con fecha 28 de noviembre de 2019, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 20.61 UTM (equivalente a $ 1.014.610) haciendo efectiva la garantía estatal.

B.- Que, mediante sentencia judicial pronunciada por el 8º Juzgado Civil de Santiago, con fecha 30 de diciembre de 2019, en causa RIT C-11362-2018, se declaró prescrita la acción que emana de los pagarés con fecha de vencimiento cada uno de ellos el día 19 de febrero de 2018, en que fue documentado el crédito otorgado al recurrente por parte del Banco de Crédito e Inversiones.

C.- Que la Tesorería General de la República habría compensado los dineros correspondiente a los excedentes de pagos provisionales mensuales que arrojó la declaración de impuesto a la renta del recurrente, correspondiente al año tributario 2020, ascendentes a la suma de $100.234 (cien mil doscientos treinta y cuatro pesos).

SÉPTIMO: Que, de los hechos asentados, ha quedado establecido que la prescripción de la acción cambiaria de los pagarés ha sido declarada por el tribunal letrado correspondiente, con posterioridad a la fecha en que se hizo efectiva la garantía estatal, razón por la cual dicho crédito fue debidamente subrogado en favor del Fisco, sin que a la fecha se haya acreditado la extinción de su acción de cobro respecto del ente estatal.

Se debe tener presente para el caso en concreto lo dispuesto en el artículo 2377 del Código Civil, el cual al regular la fianza refiere que si el fiador ha pagado sin haber avisado al deudor, podrá éste último oponerle todas las excepciones de las que hubiera podido servirse en contra el acreedor al tiempo del pago, por lo que, a contrario sensu, habiendo operado dicho pago con anterioridad a la declaración de prescripción en favor del deudor, y con anterioridad al transcurso del plazo de un año desde el vencimiento de dichos títulos cambiarios, por lo que no es posible oponer dicha excepción al Fisco.

OCTAVO: Que el artículo 17 de la Ley N°20.027 dispone en sus primeros tres incisos: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.”

NOVENO: Que, en consecuencia, la Tesorería General de la República, a raíz de la existencia de un crédito en favor del Fisco, procedió a retener su devolución de renta por concepto de pagos provisionales mensuales correspondiente al año tributario 2020.

DECIMO: Que de lo anterior se colige que la Tesorería General de la República recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal, al practicar la retención singularizada en el motivo anterior, por lo que su actuar aparece justificado legalmente, por lo que la presente acción de protección a su respecto no puede prosperar.

UNDECIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, tratándose de la prescripción de una deuda que para el Fisco de Chile es excepcionalmente imprescriptible, lo resuelto en el juicio ejecutivo a favor de la recurrente y que afecta al Banco recurrido, solo deja de manifiesto que este último carece de legitimación pasiva en este recurso.

DUODECIMO: Que, por consiguiente, de lo analizado y concluido, tampoco resulta que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores haya realizado algún acto o incurrido en una omisión que vulnere las garantías constitucionales a que se hace referencia la recurrente, ya que ella solo se limitó a informar que ésta incurrió en mora en el pago de su deuda universitaria.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza sin costas, la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado, en contra del Banco de Crédito e Inversiones, Tesorería General de la República y de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.

Se previene que concurre al rechazo del recurso de protección, el Ministro Sr. Jorge Zepeda porque en los hechos se discute una cuestión sobre determinados puntos de interpretación jurídica que no pueden ser resueltos mediante el presente recurso destinado a evitar vulneraciones evidentes a la Garantías Constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. En efecto a juicio del previniente las objeciones planteadas por la recurrente deben ser resueltas en un pleito de lato conocimiento en el que se puede entrar a analizar las pruebas necesarias, lo que no es posible hacer ene sta materia, ni aun por vía cautelar, atendido a que la confrontación en definitiva guarda relación con una situación excepcional de imprescriptibilidad de la deuda en favor del Estado y la prescripción de la misma para el mutuante civil.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección-52650-2020.