Protección contra AFP Habitat

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, a folio 1 comparece mediante formulario, nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de AFP Habitat, señalando que en un tiempo trabajaba muy enferma y tuvo que ir al médico por lo cual le dieron licencia médica que fueron rechazadas, que apeló sin respuesta de la Superintendencia de Salud y que tuvo que renunciar a su trabajo.

Agrega que en el año 2023 realizó el trámite de invalidez, el que le fue otorgado, recibiendo una suma de $175.536, señala que atendida la insuficiencia de la jubilación, postuló a un bono del Estado, por $166.647 y en atención a ello la AFP le rebajó la pensión a $58.154, lo que vulnera su derecho a la integridad física y psíquica y en consecuencia lo que solicita es que se le devuelva el dinero que le descontaron de invalidez, dado que tiene una enfermedad terminal y deterioro físico.

Solicita que además se le paguen sus fondos previsionales.

Adjunta fotografías de documentos médicos.

Luego, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, a folio 5 la actora precisa que el acto impugnado es la devolución del monto de pago de la pensión acaecido en febrero de 2025, e indica que lo que pide es que se le devuelva lo descontado y todo el dinero que se encuentra en sus fondos previsionales.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso AFP Habitat S.A, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, refiere que la actora en diciembre de 2023 presentó una solicitud de pensión de invalidez definitiva total, no cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y que conforme a la situación previsional, se determinó que no tiene derecho a bono de reconocimiento.

Posteriormente, el 10 de enero de 2024 se envió el informe de cobertura a la Comisión Médica Regional Metropolitana Sur y se ratificó que la afiliada no se encuentra cubierta por el Seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS). El proceso continuó y en septiembre del mismo año se recibió el Dictamen ejecutoriado de la Comisión Médica, que declara la Invalidez Total Definitiva de la Sra. nombre reservado, con una incapacidad del 73%.

En relación al cálculo de la pensión, explica que en octubre pasado, se emitió la ficha de cálculo y dado que el saldo de la cuenta individual es bajo (223,31 cuotas del fondo D), no se generó - de acuerdo a la normativa previsional - certificado de saldo, sino que ficha de cálculo. La pensión que se determinó asciende a 1,73 UF mensuales por la primera anualidad bajo la modalidad de retiro programado pagado por la AFP. La afiliada inicialmente se ajustó a la pensión mínima.

Respecto de los pagos efectuados, detalla que el primer pago de pensión de invalidez se efectuó el 21 de noviembre de 2024 por un bruto de $190.696.- (líquido de $ 175.535.-). Lo mismo se pagó en diciembre de 2024 y en enero 2025. Este monto líquido es el que el recurso refiere como monto de la pensión. Los únicos descuentos efectuados a la pensión bruta son para cobertura de salud - Fonasa- y la comisión AFP por $1.812.-, este último financiado desde la cuenta individual.

En cuanto al aporte previsional solidario de invalidez (APSI), informa que la afiliada en enero de 2025 postuló al beneficio estatal de pensión solidaria de invalidez - APSI - y se le concedió el beneficio desde enero 2025 con inicio de pago el mes de febrero 2025 por un monto mensual de $156.261.- En cuanto al funcionamiento del beneficio APSI, refiere que este implica un monto de pensión final (máximo) igual para todas las personas beneficiarias, equivalente a enero 2025 a $214.296.

Explica que la evolución de los pagos de pensión de invalidez ha seguido un proceso gradual y conforme a la normativa vigente.

Inicialmente, desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, la afiliada recibió mensualmente la suma líquida de $175.535, correspondiente a su pensión ajustada al monto mínimo vigente, sin contar aún con el beneficio del Aporte Previsional Solidario de Invalidez.

Sin embargo, el panorama cambió sustancialmente a partir de febrero de 2025, cuando comenzó a operar el beneficio estatal APSI que había sido solicitado en enero. Dado que este beneficio se aplicó retroactivamente desde enero, en la liquidación de febrero se generó una situación particular: además del pago correspondiente al mes de febrero, fue necesario abonar la diferencia pendiente del mes de enero, equivalente a $23.600, que representaba el monto faltante para completar el beneficio que correspondía haber recibido en ese período.

Consecuentemente, el pago de febrero ascendió a $247.249, cifra que resulta significativamente superior a los pagos anteriores debido a que incluía tanto la pensión del mes corriente con el beneficio APSI completo ($224.201) como el ajuste retroactivo del mes anterior. Esta situación excepcional se normalizó a partir de marzo de 2025, cuando ya en régimen regular de pago con APSI, la pensión se estabilizó en $223.705 líquidos mensuales.

De esta manera, indica que la aparente variación en los montos de pago responde únicamente a la aplicación correcta de la normativa previsional y a los ajustes necesarios para implementar el beneficio estatal solicitado por la propia afiliada, sin que exista irregularidad alguna en el proceso.

En relación a los fundamentos de derecho, sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. En este contexto, argumenta que la acción interpuesta resulta inaplicable al caso de autos.

Fundamenta lo anterior señalando que si bien pueden ser muy atendibles las razones de salud que invoca la recurrente para solicitar una explicación en el monto y/o descuentos aplicados a su pensión de invalidez o para solicitar la devolución de sus fondos previsionales, lo cierto es que no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho - de parte de AFP Habitat- que le impida, moleste o amague su ejercicio.

Por el contrario, alega que la recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características están claramente definidos en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que solicita.

Consecuentemente, estima que es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud de entrega total de sus fondos previsionales, la que estima en todo caso contraria a derecho, requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el sistema de pensiones vigente en nuestro país.

En relación a la normativa aplicable, cita extensamente el Decreto Ley 3.500 de 1980. En particular, invoca el artículo 23 del DL 3.500, que establece que las Administradoras, sus Directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo.

Respecto de los fundamentos constitucionales, invoca el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República que establece: "El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social." En cuanto al Aporte Previsional Solidario de Invalidez, cita el artículo 21 de la Ley 20255 que establece: "El aporte previsional solidario de invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de invalidez." Concluye que no hay en la tramitación, pago de la pensión de invalidez de la recurrente, ni en los beneficios fiscales concedidos a esta, ni en los descuentos aplicados a la pensión (comisión AFP), arbitrariedad u omisión alguna que afecte su vida o integridad física y/o Psíquica, ni que afecte el monto de la pensión ni el derecho de propiedad de la Sra. nombre reservado sobre sus fondos previsionales, no procediendo en ningún caso la entrega total de los fondos previsionales de la cuenta individual de la afiliada como se pretende por impedimento legal y constitucional.

En consecuencia, solicita el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario corresponde, por un lado, a los descuentos que supuestamente habría realizado la AFP Habitat S.A. los cuales habrían reducido indebidamente el monto de su pensión de invalidez.

Además, la recurrente solicita que se le entregue la totalidad de sus fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, fundando dicha petición en su estado de salud terminal y en la necesidad de financiar sus gastos médicos, invocando como garantías vulneradas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrados en el artículo 19 números 1° y 2° de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, respecto a la solicitud de devolución de la totalidad de los fondos previsionales, debe tenerse presente que el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 establece de manera categórica que las Administradoras de Fondos de Pensiones "no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley", disposición que encuentra su fundamento en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, que en materia de seguridad social permite al legislador establecer cotizaciones obligatorias con un destino específico. Asimismo, el artículo 34 del mismo cuerpo legal dispone que los fondos de pensiones "estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley", mientras que el artículo 61 establece que los afiliados solo pueden disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual "con el objeto de constituir una pensión".

SEXTO: Que, en cuanto a los supuestos descuentos arbitrarios denunciados por la recurrente, debe precisarse que tales descuentos no han existido, toda vez que lo ocurrido corresponde al normal funcionamiento del sistema previsional con Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). En efecto, según consta en el informe de la recurrida y en las liquidaciones de pensión de noviembre de 2024, diciembre de 2024, enero de 2025, febrero de 2025 y marzo de 2025 acompañadas a los autos, la pensionaria recibía inicialmente $175.535 líquidos mensuales por concepto de pensión de invalidez ajustada al monto mínimo, monto que se mantuvo constante durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025. Al postular y obtener el beneficio estatal APSI en enero de 2025, su pensión se complementó para alcanzar el monto máximo establecido por ley. Así, en febrero de 2025 recibió $247.249 líquidos (que incluían la diferencia de APSI de enero por $23.600), y en marzo de 2025 recibió $223.705 líquidos, ya en régimen normal con APSI. El aparente "descuento" al que alude la recurrente corresponde, en realidad, a la diferencia necesaria para completar el monto total de la pensión con APSI, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley N° 20.255, que establece que el aporte previsional solidario "ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la pensión que perciba la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de invalidez". Las liquidaciones evidencian claramente que no hubo descuentos arbitrarios, sino la correcta aplicación del sistema APSI, donde la pensión autofinanciada se reduce proporcionalmente al complemento estatal recibido, manteniendo el monto total de la prestación en los niveles legalmente establecidos. Por tanto, no se advierte arbitrariedad alguna en el cálculo y pago de la pensión de invalidez de la recurrente.

SÉPTIMO: Que en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en la petición principal de la presentación en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Habitat S.A.

N°Protección-5263-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Elsa Barrientos Guerrero y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.

En Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.