nombre reservado con nombre reservado

Santiago, uno de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, abogada, y otras en representación convencional de dona nombre reservado, licenciada en arte y estética y don nombre reservado, diseñador, todos domiciliados para estos efectos domicilio reservado, quienes interponen acción de protección en contra de (1) nombre reservado; (2) la sociedad URDILE UB-42 S.A., (3) GGS Producciones Limitada, representada legalmente nombre reservado; (4) Carabineros de Chile; (5) Policía de Investigaciones de Chile; (6) Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago; (7), Ministerio del Interior y Seguridad Pública y (8) el Jefe de Defensa Nacional de la Región Metropolitana General del Ejército don nombre reservado, por haber incurrido éstos en actos ilegales y arbitrarios al censurar el 19 de mayo de 2020 y días posteriores, la proyección lumínica que efectuaron en la fachada de la torre de Telefónica; por la omisión de no contar los primeros 3 con el salvoconducto respectivo; y además en el caso de la Intendencia por denunciarlos por su proyección y las policías por no cumplir con su deber de garantizar sus derechos y adoptar las medidas legales que correspondían, los que vulneran sus derechos constitucionales de los números 1 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja la presente acción y se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de esos actos y se adopten las medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho poniendo fin a los actos y omisiones; que se impartan instrucciones a los recurridos a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes; y que se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas, debiendo adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan dichos actos.

Fundando su recurso indican que el 15 de mayo de 2020 se decretó cuarentena para la comuna de Santiago por el COVID-19, por lo que desde el día 18 de ese mes y año se realizaron las primeras manifestaciones contra el gobierno en el contexto de la pandemia, durante todo ese día los medios de comunicación mostraron como los vecinos de la comuna de El Bosque se manifestaban por la falta de recursos económicos para sobrevivir, reiterándose la palabra hambre.

En razón de ello, afirman que en su calidad de integrantes del colectivo Delight Lab proyectaron la palabra “hambre” en una de las fachadas de la Torre Telefónica ubicada en la esquina de Avenida Providencia con calle General Bustamante, comuna de Providencia. Añaden, que el 19 de ese mes decidieron proyectar nuevamente en ese lugar las palabras “solidaridad” y “humanidad”, empero, entre las 19:30 y las 20:30 horas, un camión detenido y diseñado para ello proyectó con seis potentes focos de luz blanca un lienzo lumínico de color blanco con el único fin de impedir que se pudieran leer las palabras proyectadas, censurándolos, acto que fue ampliamente comentado en las noticias y opinión pública que cita, lo que además quedó registrado por las cámaras de la Galería CIMA.

Detallan que a las 20:55 de la noche de ese día, es posible ver por medio de la cámara y transmisión de Galería CIMA -disponible en su canal de YouTube- la llegada de una camioneta negra, la cual se estacionó junto a otros vehículos de Carabineros de Chile en plena Plaza Baquedano, apareciendo luego un tercer vehículo de Carabineros de Chile que comenzó a proyectar una potente luz blanca en dirección a los edificios.

Señala que el mismo día dada la cobertura en redes sociales circuló un video que muestra el momento exacto en que el camión proyectó una potente luz blanca para censurar el mensaje proyectado y a funcionarios de Carabineros de Chile en el lugar, quienes se muestran indiferentes a ello, permitiendo que un camión de grandes dimensiones con sendos focos lumínicos y con sus patentes cubiertas se detuviera en Avenida Providencia pese a la cuarentena total que regía ese día en la ciudad.

Añaden, que el miércoles 27 de mayo de 2020 el noticiario de televisión abierta “24 Horas”, dio a conocer la investigación realizada al efecto por la periodista nombre reservado, de la que se revela la participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, el productor don nombre reservado y la empresa GGS Producciones Limitada, estos dos últimos quienes habrían encargado a la empresa URDILE UB-42 SpA la proyección de los focos lumínicos por un periodo de 5 días.

Agregan que la periodista informó en el mismo reportaje que contactó a la recurrida empresa URDILE UB-42 SpA, la que se limitó a compartir un comunicado público emitido por su Gerente Comercial que indicaba que si bien era dueña de los focos, el encargo lo habría recibido del recurrido Sr. nombre reservado, quien se negó a dar su versión de los hechos. Finalmente, consultó a la Intendencia de la Región Metropolitana quienes respondieron que no habían otorgado ningún permiso relacionado a los hechos, añadiendo que frente a la proyección desde su institución se habría realizado “una denuncia oral ante el Ministerio Público a través de la PDI”.

Detallan que la investigación periodística añadió que se consultó a Policía de Investigaciones de Chile respecto de los hechos, quienes contestaron que habrían controlado a cuatro personas que se encontraban en el lugar ese día y que contaban con salvoconducto, respuesta insatisfactoria atendido el objetivo de dicho permiso.

Refieren que de los hechos es posible desprender que el día de la censura participaron todos los recurridos, entre ellas, autoridades e instituciones públicas que a la fecha de la acción no han iniciado sumarios, investigaciones ni han adoptado ninguna otra medida que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, conduzcan a la investigación de los hechos para efectos de hacer cumplir las normas infringidas de conformidad a la Constitución y las leyes En primer lugar alegan que esta es la vía idónea en el caso para restablecer el imperio del derecho y esclarecer los hechos que dieron lugar al acto de censura.

En segundo término argumentan que la acción se interpuso dentro del plazo del artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, pues los hechos sucedieron a partir del día 19 de mayo de 2020.

En tercer lugar, en cuanto al fondo alegan que se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción.

En cuanto URDILE UB-42 SpA, nombre reservado y la empresa GGS Producciones Limitada, indican que su actuar constituye un acto deliberado que buscó intervenir y censurar su proyección e impedir la exteriorización de sus ideas, y la concreción de la expresión artística, sin fundamento alguno, lo que se encuentra prohibido por el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política y, además, incumplieron los instructivos de desplazamiento al encontrarse la comuna en cuarentena sin el permiso respectivo ni haber sido autorizados a realizar dicha actividad o la de producir un evento.

En cuanto a la Intendencia de la Región Metropolitana señala que incurrió en una ilegalidad mediante la declaración de su Intendente el Sr. nombre reservado quien afirmó que los habría denunciado debido a sus proyecciones, lo que es ilegal y caprichoso pues ésta se hizo por una infracción o delito inexistente, ya que no dice relación con una causa de interés público, con el único objetivo de generar presiones indebidas para que dejen de expresarse.

Agrega que además como se deprende del Decreto Supremo Nº 104 que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile y de los artículos 39 y 43 de la Constitución Política, en dicho estado el Presidente de la República sólo puede restringir las libertades de locomoción y de reunión en estados de catástrofe, no así su derecho a la libertad de emitir opinión y de informar.

Añaden, que además incumplió con su deber de velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes conforme al artículo 2 letra b) y h) la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

Por otra parte, en cuanto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, refieren que las autoridades incurrieron en una omisión al no fiscalizar que se contara con el salvoconducto necesario y no garantizar el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales como el de libertad de expresión según lo indica el preámbulo de la Circular Nº 1832 de fecha 1 de marzo de 2019 denominada “Uso de la Fuerza”, pues por el Decreto Nº 347 de 13 de mayo de ese año emitido por el Ministerio de Salud, que dispuso la cuarentena en la comuna de Santiago que empezó a regir a las 22:00 horas del 15 de mayo de 2020, su parte debía fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las medidas sanitarias, según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, conforme su deber de garantizar el orden público y la seguridad publica al interior del Estado.

Afirma que las autoridades que sabían o debieron saber sino ex ante, ex post, sobre el tipo de salvoconducto o permiso de que disponían las personas que conducían el camión que los censuró, máxime si de acuerdo a la información periodística revelada este fue contratado por 5 días, resultando extraño que la Policía de Investigaciones haya señalado que las personas controladas contaban con “salvoconductos” para estar allí, pues supondría que dicha empresa disponía de permisos dados por la autoridad por ese lapso de tiempo para estacionarse en Avenida Providencia.

Añaden que, además, ni Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile cumplieron con su mandato del artículo 101 inciso segundo de la Constitución Polìtica y su Ley Nº 18961 Orgánica de Carabineros de Chile, pues pese a que los artículos 2 Nº 39 y 51 de la Ley de Tránsito prescriben que los vehículos que circulen sin patente deben ser retirados de la circulación por Carabineros o Inspectores Municipales, para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local que corresponda y que ello constituye además un ílicito penal del literal e) del artículo 196 B de la Ley citada, nada hicieron.

Añade que además existe una adicionalmente existe una omisión ilegal y arbitraria por parte de las autoridades competentes de supervisar a la fuerza pública, esto es, el General Director de Carabineros de Chile, toda vez que aplica el principio de responsabilidad frente a sus subalternos.

En el caso del Ministro del Interior y Seguridad Pública, tras citar la Ley Nº 20.502, indica que no ha cumplido con su función de velar por el orden público, pues no se estarían cumpliendo las medidas sanitarias ni tampoco garantizando los derechos fundamentales por los que debe velar, omitiendo tomar las decisiones políticas relativas a la prevención de conductas manifiestamente contrarias a la ley cometidas por Carabineros de Chile, como el acto de censura, quien depende de su Ministerio, no existiendo fundamento alguno para ello, y de velar por el adecuado funcionamiento de las instituciones a su cargo. el hecho.

En relación al Jefe de Seguridad Nacional de la Región Metropolitana General de Ejército nombre reservado, indica que en virtud del Decreto Supremo Nº 104 se le nombró y delegó facultades suficientes para cumplir su rol de Jefe de Seguridad Nacional para la Región Metropolitana, entre otras, la capacidad de asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional, lo que no ha cumplido, pues no ha velado adecuadamente por su mantención ni ha dado cumplimiento a su artículo 4 que dispone que deberá tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas por los actos administrativos del Ministerio de Salud para evitar la propagación del Covid-19 al tolerar el actuar arbitrario e ilegal de Carabineros de Chile y de Policía de Investigaciones.

En cuarto termino, afirman que las actuaciones y omisiones ilegales y arbitrarias cometidas por las autoridades públicas contraviene el principio de juridicidad o legalidad dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 2 de la ley N° 18.575, al incumplir su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior y desconocer que estas se encuentran limitadas por el respeto de las garantías constitucionales que la misma Carta Fundamental consagra, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio y derecho a la vida e integridad física y psíquica.

Finalmente en relación a sus garantías fundamentales, argumentan que se vulnera su derecho a la libertad de emitir opinión, sin censura previa, y su derecho a la vida e integridad física y psíquica, cita normativa nacional e internacional al efecto, toda vez que no existe ninguna regulación, legal ni reglamentaria que prohíba las tecnologías utilizadas para sus proyecciones lumínicas, afirmando que tienen derecho a expresarse libremente y difundir sus ideas por cualquier medio lo que no puede se restringido por abusos o controles oficiales o particulares encaminados a impedir la comunicación y la circulación de sus ideas, más en el contexto particular de protesta social vivido en el país.

Afirma que el acto deliberado de proyectar focos lumínicos con el fin de cubrir las palabras proyectadas implica un acto de censura directa, y en el caso de las demás autoridades públicas sus actos constituyen uno de censura indirecta, pues la misma ocurrió cuando las autoridades insinuaban que sus proyecciones ameritaban una denuncia penal y/o investigación por parte de la fiscalía; todo lo cual provoca un efecto intimidatorio.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Abogado, por la recurrida URDILE UB-42 SpA, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, solicita que el recurso sea rechazado por falta de oportunidad, ya que los hechos descritos no existen actualmente, circunscribiéndose a una acción de 17 minutos del día 19 de mayo de 2020, que jamás se repitió ni se repetirá, y que fue reclamada recién casi un mes después de haber cesado el supuesto acto.

En segundo término alega la falta de legitimidad activa, pues no existe ninguna claridad o certeza de que los actores como personas naturales hayan proyectado las palabras que indican o la sociedad Delight Lab Ltda. o un tercero distinto, lo que configura una falta de legitimación activa, máxime si se considera que la prensa se hizo público que sólo la proyección de la palabra HAMBRE la habría realizado la empresa Delight Lab Ltda., y no así de las palabras SOLIDARIDAD Y DIGNIDAD de autoría del director ejecutivo del Instituto Res Pública, nombre reservado.

En tercer lugar sostiene que lo pedido excede de la naturaleza de la presente acción, la que no tiene como finalidad obtener una sanción por la ocurrencia de un hecho puntual, existiendo otras vías legales para obtener ello, más cuando no existe certeza de que los hechos puedan ocurrir nuevamente, pues la situación no obedeció a una intencionalidad deliberada de censurar.

En cuanto al fondo, detalla que tal como se expresó en el comunicado público por su gerente comercial, fue contactado a título personal por el señor nombre reservado, quien tiene una productora, para efectuar una intervención urbana y teñir fachadas al costado de la Plaza Italia para lo que necesitaba focos de alta potencia y hacer unas pruebas o demostración luminarias, lo que su parte hizo. No obstante, precisa que cuando llegan al lugar y estaban haciendo la prueba luminaria, que duró aproximadamente 17 minutos, se dan cuenta de lo que realmente se trataba, decidiendo poner fin a la iluminación, comunicándose con el señor nombre reservado, manifestándole su malestar.

Atendido ello, indica que no tiene mayor participación en los hechos ya que no existió de su parte ningún acto deliberado de censurar, no siendo efectivo que se contrataron sus servicios por 5 días, pues no existió formalmente ningún contrato.

Finalmente sostiene que la acción debe ser rechazada por no haberse acreditado que su parte habría actuado deliberada y arbitrariamente con la finalidad de vulnerar los derechos en la forma denunciada TERCERO: Que comparece don nombre reservado, por sí y en representación de la empresa de GGS Producciones Ltda, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Indica que el 19 de mayo de 2020, en la mañana, se comunicó con él don nombre reservado, quien le dijo que quería realizar una intervención urbana y teñir fachadas de la referida torre por los próximos 5 días, comenzando ese mismo día en la tarde al costado de la Plaza Italia por lo que necesitaba focos de alta potencia.

Señala que como es productor audiovisual independiente y se encuentra viviendo fuera de Santiago y no tiene giro de iluminación ni equipamiento técnico se contactó con nombre reservado de la empresa URDILE UB42 para ofrecerle el trabajo, acordando hacer una prueba primero para ver la factibilidad técnica.

Agrega que en la tarde de ese día, se contactó con él nombre reservado indicándole que había hecho la prueba por el lado oriente de la torre tiñendo fachada y que otras personas estaban proyectando mensajes por ese mismo lado de la torre Telefónica (la palabra “Solidaridad”), por lo que cortaron inmediatamente los focos, señalando que ellos no continuaban con el encargo y que se retiraban del lugar, lo que su parte comunicó a su mandante, por lo que no hay ordenes de compra ni facturas ni boletas.

Manifiesta que la proyección de la empresa referida solo se extendió por breves minutos, por lo que nada impedía que con posterioridad se continuara realizando cualquier otra proyección y que, además, según informó en la prensa un tercero ajeno al recurso fue quien proyecto las palabras “solidaridad” y “humanidad” y no el recurrente.

Concluye que no ha incurrido en ningún acto ilegal ni arbitrario y que la proyección que le solicitaron recibe la misma protección del artículo 19 Nº 12 de la Constitución que aquella alegada por los recurrentes y que esta no impidió la proyección de ninguna otra persona ya que los focos fueron apagados terminada la prueba.

Finalmente alega que lo pedido por los actores es extemporáneo, ya que la actividad lumínica terminó el mismo día retirándose el equipo a las 20:30 del lugar.

CUARTO: Que informa Carabineros de Chile, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que el día 19 de mayo de 2020 fue la Policía de Investigaciones de Chile quien concurrió al lugar y fiscalizó a las personas a cargo de los vehículos, desde donde - según los recurrentes- se realizaban las supuestas proyecciones reclamadas, y si bien funcionarios de Carabineros de Chile llegó al lugar donde estaba estacionado el camión, como previamente se había constituido personal de la Policía referida su parte no efectuó registro alguno, ya que el procedimiento en cuestión fue adoptado en su totalidad por aquella.

Respecto de los nombres, cargos y versión de los hechos de los funcionarios de Carabineros de Chile que se encontraban el día de los hechos en el lugar, hace presente que ese día el Capitán de Carabineros nombre reservado se encontraba de servicio de Oficial de Semana en la 19° Comisaría de Providencia, quien fue alertado mientras cumplía sus funciones, que en Av. Providencia con Av. Condell se ubicaba un camión iluminando el edificio conocido como “La torre telefónica”, por lo que concurrió hasta ese lugar, percatándose que dicho móvil ya se encontraba siendo fiscalizado por personal de la Policía de Investigaciones de dotación de la BICR1M Oriente, entrevistándose con el Subcomisario de apellido Gutiérrez y personal a su cargo, manifestando éste que se encontraban fiscalizando los permisos y situación por Covid-19, por lo que no se solicitaron antecedentes de las personas allí presentes.

Afirma que su parte sólo se limitó a verificar si los vehículos que se encontraban en el lugar mantenían algún tipo de encargo, constatando a su llegada al lugar que los implementos que estaban en los vehículos estaban apagados, no percatándose la existencia de algún tipo de proyección.

Respecto a las acciones tomadas por Carabineros para investigar los hechos de la supuesta censura a los recurrentes y de eventuales infracciones a las normas sanitarias y de tránsito en periodo de cuarentena, reitera que no efectúo procedimiento alguno, salvo lo señalado, e indica que no cuenta con los medios logísticos para realizar acciones de las características referidas en el libelo y tampoco se han dispuesto investigaciones internas toda vez que el procedimiento fue adoptado íntegramente personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Concluye que no ha conculcado garantía fundamental alguna y que no existen argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar y sustentar la presente acción.

QUINTO: Que comparece don nombre reservado, Intendente de la Región Metropolitana, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Señala que su parte carece de competencia a la fecha de los hechos para pronunciarse sobre la consulta realizada, pues por Decreto N° 104 de 18 de marzo de 2020 se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional por calamidad pública, en que se designó a los Jefes de Defensa para todo el territorio nacional, otorgándoles la facultad de impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública y para implementar adecuadamente las medidas sanitarias adoptadas, por lo que es aquél quien asumió el mando de las fuerzas de Orden y Seguridad pública y el deber de velar por el orden público y de controlar el tránsito dentro de la zona declarada en estado de catástrofe.

Respecto del otorgamiento de permisos y salvoconductos, sostiene que ninguna de esas autorizaciones es otorgada por su parte, sino que quien se encuentra facultado para acceder a dichas solicitudes es Carabineros de Chile y aclara que su entidad no se encuentra habilitada para hacer fiscalizaciones a particulares en las calles, lo que es función de las policías debidamente señaladas en el Código Procesal Penal y en la actualidad (de forma excepcionalísima) a funcionarios del Ejército y funcionarios de la SEREMI de Salud.

Afirma que no cuenta con ningún tipo de documento o antecedentes de los hechos señalados, pues la conducta desplegada fue hecha por particulares ajenos a su Institución y tampoco adopto medidas para investigar los supuestos hechos de censura e infracciones a las normas sanitarias y de tránsito, ya que no cuenta con dichas atribuciones conforme se desprende del artículo 3º de DL 7.912 de 1927, que Organiza las Secretarías del Estado y en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional texto refundido por DFL Nº 19.175 de 2005, del Ministerio del Interior.

SEXTO: Que comparece don nombre reservado, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo, con costas.

En primer lugar, alega que la acción debe ser rechaza por exceder lo pedido de su naturaleza cautelar, ya que el recurrente busca declarar las mismas competencias y deberes que las autoridades administrativas ya poseen y utilizar la presente acción como una herramienta investigativa o indagatoria para el esclarecimiento de hechos que pudieran revestir naturaleza antijurídica.

En segundo lugar, alega que la acción perdió oportunidad, dado que el hecho descrito en el libelo fue de ejecución instantánea y no existe actualmente ninguna conducta que pudiera lesionar o amenazar los derechos constitucionales de los recurrentes.

Como tercera cuestión, esgrime que de la revisión de los antecedentes presentados por los recurrentes queda de manifiesto que la acción cautelar intentada en su contra es improcedente, pues su Secretaría de Estado ha ejercido sus facultades en lo relativo a la mantención del orden público, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, conforme lo dispone los artículos 1º y 3 de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en relación al Decreto Supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Afirma que no ha recibido información respecto de infracción a las medidas sanitarias o de desplazamiento por parte de los intervinientes, ya que la fiscalización y revisión de las distintas versiones del Instructivo de Desplazamiento corresponde a las unidades policiales o de la Fuerzas Armadas dispuestas en el territorio a cargo del respectivo Jefe de la Defensa, ni tampoco existen antecedentes que justifiquen el ejercicio de acciones penales en virtud del artículo 3° del D.F.L. 7.912, de 1927, que Organiza las Secretarías del Estado. Añade, que no registra resoluciones de permisos de desplazamiento colectivos dictados en favor de las personas y empresas recurridas, ni vínculos jurídicos de ninguna índole, actuales ni pasados, con dichas empresas ni con sus representantes.

En cuarto lugar, alega la falta de legitimación pasiva, pues los hechos descritos no contienen ningún antecedente concreto imputable a su parte o a alguno de sus funcionarios o autoridades, que signifique una privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales estimados como vulnerados por los recurrentes.

En cuanto a los supuestos actos de hostigamiento o amedrentamiento por parte de Carabineros de Chile, indica que ha cumplido cabalmente sus funciones, emitiendo instrucciones específicas a través del Decreto Supremo Nº 1.364 de 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público.

Finalmente, precisa que las contravenciones que puedan materializarse respecto de la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos, ninguna de las cuales corresponde iniciar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

SÉPTIMO: Que informa el Jefe de la Defensa Nacional de La Región Metropolitana solicitando el rechazo del recurso.

Indica que del tenor del recurso se evidencia que el mismo se refiere a decisiones sobre políticas públicas en cuanto a la forma de enfrentar la pandemia desde la óptica de salud y de seguridad pública y no sobre un hecho de vulneración ocurrido el 19 de mayo de 2020, tomando en consideración que no se allegaron indicios a su parte que dieran cuenta de alteración de orden público que permitiera adoptar medidas destinadas a restablecerlo.

En primer lugar alega la pérdida de oportunidad del recurso pues los hechos acaecieron el 19 de mayo de 2020, entre las 19:30 y 20:30 horas por un particular, los que se habrían terminado de ejecutar al retirarse de la cercanía de Plaza Baquedano.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción por exceder de su naturaleza cautelar, ya que no es la vía para pedir la adopción de determinadas medidas propias de políticas públicas y corresponden a aquellas que debiesen ser conocidas en un procedimiento de lato conocimiento, pues no está dentro de la competencia de esta autoridad inmiscuirse en relaciones que los particulares, y no es una herramienta investigativa o indagatoria que tenga por finalidad el esclarecimiento de hechos o el establecimiento de responsabilidades.

Añade que además se abarcan situaciones que involucran a particulares o privados que no se relacionan con su Jefatura de la Defensa Nacional, forzando su participación, pretendiendo vincular un hecho suscitado entre particulares, que duraron un momento y que tratan de extenderlo en el tiempo, con las acciones tendientes a dar cumplimiento a las atribuciones conferidas por el Presidente de la República para evitar la propagación del COVID-19.

En tercer término, respecto de una eventual censura que habrían sufrido, indica que no puede emitir pronunciamiento alguno respecto de tales hechos por cuanto escapan del ámbito de su acción y a las tareas de apoyo a la autoridad sanitaria dispuestas por el Gobierno de conformidad a la Ley N° 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, y del ejercicio de tales funciones en los términos del artículo 3º del D.S Nº 104 de 2020 y a las Resoluciones del Ministerio de Salud para afrontar el COVID-19 en la Región Metropolitana.

Tras citar el marco normativo aplicable, indica que el artículo 5° N° 1, 4 y 5 y el artículo 7º de la Ley N° 18.415, en concordancia con el Decreto Supremo N° 104 de 2020, implica que el Jefe de la Defensa Nacional tiene competencias y facultades para asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para efectos de velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a un Estado de Excepción Constitucional como lo es el generado por el COVID.19, por lo que no observa cómo el ejercicio de tales facultades y su actuación pudo haber afectado o vulnerado los derechos reclamados por los recurrentes.

Finalmente respecto de las medidas adoptadas afirma que no cuenta con antecedentes respecto a los hechos descritos, pero atendido que ellos involucrarían eventualmente a Carabineros de Chile solicitó un informe al Jefe de Zona de la Región Metropolitana de dicha Institución, cuya respuesta consta en el Oficio N° 16 de 05 de agosto de 2020, en los mismos términos ya informados por dicha institución.

Referente a la supuesta vulneración de las garantías fundamentales, esgrime que los actores no desarrollen ideas claras sobre ello, limitándose a efectuar una mera referencia nominativa y vaga, no observándose de qué forma la actuación de su parte pudo haber afectado ello.

OCTAVO: Que comparece don nombre reservado, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien señala que el día de ocurrencia de los hechos el personal de dotación de la Brigada de Investigación Criminal Providencia, mientras se encontraba efectuando servicios especiales preventivos en la vía pública, orientados a verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias producto de la pandemia COVID-19, fiscalizaron en las inmediaciones de Plaza Italia a cuatro personas vinculadas a un camión, quienes exhibieron los permisos respectivos, y cuyas identidades corresponden a las que indica.

Precisa que luego de la mencionada fiscalización, no se adoptó́ ningún procedimiento distinto al ya descrito y hace presente que el accionar de los funcionarios policiales en todo momento se ajustó́ a Derecho, no participando en ningún acto de censura.

NOVENO: Que los actores hacen presente que el 24 de septiembre de 2020, han sido nuevamente censurados, en esta ocasión a pocos metros de donde fueron censurados por primera vez, lo que fue presenciado por diversas personas, lo que daría cuenta que los autores de este acto de amedrentamiento y censura son funcionarios de Carabineros de Chile.

Indica que en las referidas imágenes es posible identificar el número del vehículo de carabineros, a saber, Z-8117, vehículo que junto con sus tripulantes participaron directamente en el hecho que se reclama, el que pertenece a la 21º Comisaría de Estación Central.

Agrega que de lo informado por Galería Cima y publicado por su parte, ese día a la una de la madrugada funcionarios de Carabineros de Chile se hicieron presente en las dependencias ubicadas en domicilio reservado, requiriendo al personal de administración del edificio información sobre la identidad de las personas que trabajan en dicho lugar, sin que hubiera existido indicio de la ocurrencia de algún delito que pudiera justificar dicha indagación.

Señala que en las imágenes captadas desde Galería Cima, dan cuenta que quienes realizaron el acto de censura de proyectar un foco de luz blanca hacia el lugar desde donde los recurrentes proyectaban, buscaban anular la proyección, incumpliendo la orden de no innovar que fue decretada.

Por otra parte, agrega que si bien el Jefe de la Policía de Investigaciones que fiscalizaron a cuatro personas vinculadas a un camión, quienes exhibieron los permisos respectivos, no informó sobre el tipo de permisos con que contaban las cuatro personas identificadas y, según lo informado, no adoptaron ningún procedimiento distinto al ya descrito.

DECIMO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República impone a la Corte de Apelaciones respectiva, la obligación de dar la debida protección al afectado y restablecer el imperio del derecho cuando se cumplen los presupuestos de esta disposición. Por ello, al acoger la acción de protección, se deben disponer inquisitivamente las medidas de protección que correspondan y que sean necesarias para cumplir debidamente con el deber constitucional.

UNDECIMO: Que, por consiguiente, para que la acción pueda ser acogida, es indispensable establecer por quien recurre un derecho claro, preexistente y no indubitado del que es titular y además, el menoscabo actual de tal derecho, pues, necesariamente, se deben disponer las medidas de protección que correspondan, en tanto éstas constituyen el verdadero sentido de cautela de la sentencia de protección, atendido que no se persigue un pronunciamiento meramente declarativo, sino la ejecución de medidas concretas en amparo del derecho fundamental que por medio de ella se protege.

DUODECIMO: Que, en concreto, los recurrentes señalan como hechos que vulneran el derecho a la libertad de expresión que han denunciado los siguientes:

Que el día 18 de mayo de 2020, en razón de las primeras manifestaciones contra el gobierno en el contexto de la pandemia, en su calidad de integrantes del colectivo “Delight Lab”, proyectaron la palabra luminiscente “Hambre” en una de las fachadas del edificio de "La Torre Telefónica", sito en la esquina de Avenida Providencia con calle General Bustamante, de la comuna de Providencia.

Que el día 19 de mayo, decidieron nuevamente proyectar en ese lugar las palabras “Solidaridad” y “Humanidad”, sin embargo, entre las 19.30 horas y 20.30 horas, un camión, especialmente diseñado para ello, proyectó con seis potentes focos un lienzo lumínico blanco, con el fin de que no se pudieran leer las palabras proyectadas; luego, a las 20.55 horas, por medio de la cámara y transmisión de galería CIMA, disponible en Youtube, pudieron ver la llegada al lugar de una camioneta de color negro que se estacionó en "Plaza Baquedano”, junto a otros vehículos de Carabineros y un tercer vehículo de esa institución policial, comenzó a proyectar una poderosa luz blanca en dirección a los edificios.

Que, con posterioridad, el 24 de septiembre de 2020, nuevamente se hizo una nueva proyección con el mismo fin, siendo censurados por funcionarios de Carabineros, los que proyectaron un foco en dirección al sitio desde donde se emitían las luces, con el objeto de impedir la difusión de la proyección; y que, de lo informado por Galería CIMA, se comprobó que ese día, a la 01.00 de la madrugada, funcionarios de esa institución, se hicieron presente en domicilio reservado, con el fin de obtener los datos de identidad de todas las personas que trabajan en ese lugar.

DECIMO TERCERO: Que, por consiguiente, se ha propuesto por medio del presente recurso de protección adoptar las medidas necesarias para garantizar la eliminación de cualquiera acción u omisión que haya significado la censura a la libertad de expresión de los recurrentes, consagrado en el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que reconoce la libertad de toda persona de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, y que se habría producido por medio de los hechos antes descritos.

En efecto, se trata de decidir si los derechos fundamentales reconocidos a los recurrentes en la disposición constitucional antes citada, se encuentran aún bajo privación, perturbación y/o amenaza, pues, el amparo al agravio al ejercicio de tales derechos por esta vía, es posible a condición que se constate la existencia de acto u omisiones vulneradores, sean éstos de personas o de los organismos del Estado y que, copultativamente, produzcan actualmente ya sea privación, perturbación y/o amenaza de ellos.

DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, resulta necesario considerar los momentos en que este recurso de protección puede operar, en tanto, según esa disposición, éstos están fijados por los conceptos de privación, perturbación y amenaza de los derechos fundamentales protegidos como garantías constitucionales; luego, estando claro que no se da en la especie la situación de actual privación, se debe tener presente los conceptos de perturbación y amenaza. En tal sentido, perturbación de los derechos sin duda es más que el peligro concreto que sobre ellos se cierne, pues, da la idea del trastorno de una situación pacífica o tranquila y cuyo goce satisface plenamente al derecho. En cambio, amenaza significa el peligro concreto e inminente de verse amagados los derechos fundamentales, incluida pero no necesaria la existencia de una privación o perturbación anterior por circunstancias similares.

DECIMO QUINTO: Que, enseguida, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que los requisitos de la amenaza -que es la forma en que operaría la conculcación de derechos fundamentales denunciados en el recurso- son que ella debe ser seria y no ilusoria, actual y no vaga, y concreta en sus resultados ( R. de D. y J., C.S. t. 85, sección 5ª, pág. 307,).

DECIMO SEXTO: Que, en consecuencia, atendida la naturaleza jurídica del recurso de protección, el que corresponde a una acción constitucional que pone en movimiento las facultades de la Corte de Apelaciones respectiva, frente a ilegalidades y arbitrariedades de los particulares o de organismos públicos, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho en un procedimiento sumarísimo, concentrado y no formal, debiendo adoptar el tribunal todos las providencias que estime conducentes a una reparación expedita, pronta y eficaz, lo que presupone que el o los actos conculcatorios de derechos constitucionales, continúan produciendo efectos y que las medidas pertinentes se deben encaminar a terminar con tal situación, lo que en la actualidad no se produce, en especial, si se razona que los hechos de que da cuenta el recurso se produjeron entre los días 17, 18 y 19 de mayo de 2020, y que el episodio relatado con posterioridad, del día 24 de septiembre de 2020, en su oportunidad ya fue objeto del recurso de amparo Rol N° 2034 - 2020, lo que, en definitiva, determina que la presente acción de protección deba ser rechazada.

Y, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Zepeda.

Rol Corte N° 52361-2020 Protección.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por el ministro señor Omar Astudillo Contreras y ministro (S) señor Enrique Durán Branchi.