nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL Y OTRO

Santiago, once de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 16 comparece el abogado don Gonzalo Vargas Rodríguez, quien deduce acción de protección a favor de don nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central representado por su director don nombre reservado, y en contra del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen de la comuna de Maipú, representado por su director don nombre reservado por haber puesto término anticipadamente a su contrata en forma arbitraria e ilegal.

Expone que su representado celebró contrato, según consta en Resolución N° 1131, a fin de que éste prestara servicios en su especialidad de médico neurólogo a contar del 1 de enero de 2014 y hasta al 31 de diciembre del mismo año, en su calidad de médico cirujano con especialidad en neurología debiendo prestar servicios 22 horas en horario diurno en la unidad centro de especialidades médicas del Hospital El Carmen, conforme a la citada Resolución N° 1131, que rola aparejada a fojas 46.Durante el mes de Julio de 2014, la Jefa de Especialidades Médicas le informó, a través de carta que acompaña, que por decisión de la Sub Dirección Médica del Hospital, se pone término a su contrata a partir del 31 de julio de 2014, sin dar ningún tipo de explicación o invocar alguna causa legal de expiración de funciones contempladas en el Estatuto Administrativo.

Agrega que ya desde que asumió el nuevo gobierno había sido objeto de diferentes presiones y persecuciones, las que incluso llegaron a que otra funcionaria, nombre reservado le indicara que producto de su desempeño profesional se encontraría una razón para desvincularlo, y que frente a la insistencia del actor de entender a qué se refería, nada se le explicó y finalmente se le entrega la carta a que se ha hecho referencia, la que no contiene fundamento alguno ni causa legal de expiración, pese a que en su hoja de vida no tiene ninguna anotación o calificación que sea reprochable y por el contrario, tiene una importante carrera y preparación profesional, la que detalla .

Expone que su representado, fue efectivamente objeto de discriminación ilegal y arbitraria, dado que su calificación profesional da cuenta que es una persona idónea para desempeñar el cargo y la decisión de ponerle término en forma unilateral, obedece al capricho de una funcionaria, sub directora médica del mismo hospital, quien pese a reconocer la calidad profesional, igualmente no era de su agrado por su tendencia política u origen judío, lo que constituye una discriminación arbitraria e ilegal, que vulnera además el derecho de todos los funcionarios públicos (plantas y contratas) a la función que consiste en que no pueden ser separados de sus empleos sino por una causa legal de expiración de funciones contempladas en el Estatuto Administrativo.

Los derechos conculcados serían los previstos en el artículo Art 19 N° 2 de la Constitución Política, por cuanto ha sido discriminado por sus tendencias políticas y su origen judío, en circunstancias que nunca ha incurrido en causa legal de expiración y sin que se explique por qué se le distingue de otros que permanecen en el servicio, teniendo en consideración, además, que las labores que prestaba eran permanentes y en efecto se siguen desarrollando por otras personas. Asimismo invoca el del N° 24 de la carta fundamental, en tanto se afecta la estabilidad en su cargo, mas no sobre el cargo, y cuya estabilidad se refleja en el nombramiento y que está dado por la fecha indicada en la misiva de término de los servicios.

Expone que el artículo 146 del Estatuto Administrativo establece las causales de expiración y en ninguna parte figura la invocada por la contraria, haciendo alusión a que los servicios ya no son necesarios, por lo que se vulnera el principio de legalidad.

Agrega que la contrata importa un vínculo estatutario y participa de la misma finalidad que el cargo de planta, por cuanto a través de ambos se realiza la función administrativa, y si bien la contrata es transitoria, lo es porque dura como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, y por ello que la causa legal de terminación de la contrata es el vencimiento del plazo, y por ende los funcionarios públicos no pueden ser separados de sus empleos, sino por una causa legal de expiración de funciones.

Solicita se ordene dejar sin efecto el término unilateral del contrato de la recurrente, reincorporándolo a sus funciones profesionales en el Hospital El Carmen en las mismas condiciones pactadas hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha de término de su contrato, con costas.

SEGUNDO: Informando a fojas 50 doña nombre reservado por la recurrida Hospital El Carmen, niega todas las imputaciones relativas a presiones o persecuciones como asimismo las discriminaciones por razones políticas o raciales. Indica que la resolución N° 1131 de 3 de febrero de 2014, no fue tomada de razón por parte de la Contraloría General de la República, por cuanto fue devuelta por no haberse acreditado que el actor tuviera salud compatible con el cargo y cuando fue llamado por la funcionaria del Hospital Andrea Cocio para informarle su hora al médico, se le informó por la secretaria del actor que éste se encontraba fuera de Chile hasta el 15 de septiembre del actual.

Agrega que doña nombre reservado entregó la carta por la que se le informa el término de la contrata, sin conocer las formalidades necesarias para ello, porque en definitiva esa resolución N° 1131, es jurídicamente inexistente, y ello porque no existe el trámite de Toma de Razón de parte de la Contraloría General de la República, dado que falta un requisito cual es la práctica del examen médico y por tanto mientras no asista a hacérselo, se mantiene la inexistencia del contrato y ello depende de su exclusiva voluntad, frente a lo cual, el recurrente tendría derecho sólo a las remuneraciones por el período efectivamente trabajado, dejando de asistir el 23 de julio de 2014.

De esta forma no puede existir por parte de su representado acto ilegal ni arbitrario, pues técnica y jurídicamente no existe la base o acto administrativo sobre el cual sustentar cualquier arbitrariedad o ilegalidad alguna. Precisa que la situación del recurrente es de hecho, por cuanto su contratación es inexistente y eventualmente sólo podría importar el pago de los servicios prestados, de lo contrario habría enriquecimiento sin causa.

TERCERO: A fojas 57 don nombre reservado, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Central, evacuando el informe solicitado y expone las circunstancias en que fue contratado el recurrente, y niega todo acto arbitrario o ilegal a su respecto, como asimismo las insinuaciones de discriminación denunciadas por ser éstas irreales, sosteniendo que las decisiones sobre contratación del médicos en el Hospital son adoptadas única y exclusivamente con parámetros de competencias e idoneidad. Agrega que efectivamente se dictó la resolución N° 1131 de fecha 3 de febrero de 2014 por parte del Director del S.S.M.C. mediante la cual se dispuso la contratación del recurrente, sin embargo, ésta fue representada por la Contraloría General de la República y devuelta al Hospital El Carmen en Julio de 2014, por no encontrarse acreditado que tuviere salud compatible con el cargo, exponiendo en síntesis a continuación los mismos argumentos expuestos por el Hospital El Carmen, razones que la llevan a concluir que en el presente caso no existe vulneración de Garantías Constitucionales, en ninguna de las hipótesis que invoca el recurrente por las razones que expone.

CONSIDERANDO CUARTO: Que, para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, el que ha sido objeto de perturbación o privación del legítimo ejercicio de dicho derecho, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado, sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho;

QUINTO: Que, en el presente caso el recurrente estima arbitrario o ilegal las actuaciones adoptadas a su respecto por las recurridas, las que vulnerarían las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2, esto es, la Igualdad ante la Ley, y en segundo término, la contenida el N° 24, esto es, derecho de propiedad sobre determinados bienes.

SEXTO: Que, según se dijo, constituye requisito indispensable de la misma, la existencia de un acto ilegal- esto es- contrario a la ley, según la definición contenida en el artículo 1° del Código Civil-o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- que provoque algunas de las situaciones y afecten a uno o más de las garantías constitucionales protegidas. Solo en caso de darse algunas de las dos exigencias mencionadas, que no son copulativas, según surge de la redacción del precepto constitucional que la consagra, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas, ya que de otro modo dicha tarea resulta estéril. En cuanto al concepto de arbitrariedad, las Cortes han ido desarrollando un concepto de arbitrariedad como requisito del recurso de protección, así recurriendo al Diccionario de la Real Academia Española, se establece que el concepto es definido como aquel acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho, entonces, para que exista arbitrariedad, debe haber carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea, una actuación carente de fundamentación.

SEPTIMO: Que, el asunto discutido en el caso en análisis, resulta ser si la resolución N° 1131 que rola aparejada a fojas 46, dictada por el Hospital El Carmen que dispuso la contratación del recurrente, en calidad jurídica de contrata lo que se desprende del tenor del mismo en cuanto señala como período de duración desde el 1° de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo año o mientras sean necesarios sus servicios, otorga al recurrente derechos indubitados en los términos que exige la presente acción de protección.

OCTAVO : Sobre ello cabe tener presente la documental acompañada a fojas 47 consistente en certificado del Hospital el Carmen que expone que la Resolución N° 1131, fue devuelta por el Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud Metropolitano Central con fecha 10 de Julio de 2014, mediante memorándum 334 que rola a fojas 49, el cual indica, citando oficios de la Contraloría General de la República, que el recurrente, y otras dos personas más, deben acreditar determinados requisitos, en el caso sub lite, el exigido en el artículo 12 letra c) de la Ley 18.834, esto es, la salud compatible con el cargo, circunstancia que le fue comunicada según consta en el mismo certificado aludido de fojas 47, sin que a la fecha se halla sometido a tal examen y con ello a la exigencia prevista en la ley para ocupar el cargo materia de la resolución impugnada.

NOVENO: Que, de lo anterior fluye que efectivamente la situación del recurrente es una de hecho, pues a su respecto la ya citada Resolución N° 1131 no ha podido producir sus efectos de tal, en términos de otorgarle, siquiera en forma transitoria, los derechos que emanan de la calidad jurídica en la cual se pretendía contratarlo, lo que no se concretó, además, por causa no imputable a los recurridos, existiendo a su respecto entonces sólo un germen o mera expectativa, que no ha podido otorgarle los derechos o garantías constitucionales que denuncia como vulneradas, razones que llevarán a rechazar la presente acción.

DECIMO: Que lo anterior, queda de manifiesto de los antecedentes tenidos a la vista, no resultando factible atribuir ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, ni es posible estimar vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, de propiedad, ni de igualdad ante la ley, pues, éstos, como todo órgano del Estado, han seguido el procedimiento establecido en la Ley 18.834, encontrándose el recurrente obligado a acreditar salud compatible con el cargo, para que recién allí surtiera efectos su designación “a contrata” en la Administración Pública, habiéndose puesto en su conocimiento la situación que obstaba a la toma de razón de su designación a contrata, sin que conste haberse subsanado dicho reparo, lo que era exclusivamente de su responsabilidad, requisito por demás exigido a todo funcionario público, que debió ser conocido por el recurrente, por haberse desempeñado con antelación en otros servicios públicos de salud, por lo que solo cabe concluir que no ha habido arbitrariedad, ilegalidad, ni falta de razonabilidad en el presente caso, máxime si consta que por los períodos que efectivamente se desempeñó, aunque de facto, como profesional de la salud en dicho recinto, le fueron pagadas sus remuneraciones, según consta de la documental acompañada por la propia recurrente de fojas 64 a 73.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 16, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central y Hospital Clínico Metropolitano El Carmen.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro suplente señora Toro.

Protección Nº 52.312-2014.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Viviana Toro Ojeda y el Abogado Integrante don Eugenio Benítez Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a once de noviembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.