nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

CERTIFICO: Que, se anunció para alegar contra el recurso, el abogado del Servicio de Impuestos Internos don nombre reservado, pero una vez efectuada la relación de la presente causa, se estimó innecesario oír alegatos. Santiago, 23 de octubre de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 20: A lo principal y otrosí: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, empresaria, en representación convencional de Val Servicios Integrales en Seguridad SpA, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Santiago Oriente, representada por su Director Regional Christian Soto Torres, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado.

Pide se autorice la emisión de documentación electrónica a la empresa Val Servicios Integrales en Seguridad SpA, con costas.

Funda su pretensión citando una sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol 19.030-2016, señalado que es un caso similar al que propone.

Indica que Val Servicios Integrales en Seguridad SpA, es una empresa dedicada al rubro de servicios de seguridad, que cuenta con más de 7 años de funcionamiento y con un gran prestigio y posicionamiento dentro del rubro. Actualmente cuenta con 40 trabajadores, quienes dependen de su sustento y del funcionamiento y continuidad.

Señala que el 16 de abril de 2020, envió un correo electrónico a correo reservado, señalando que se encontraba bloqueada para emitir facturas por la no declaración de Formularios 29 de unos períodos, concurriendo a la oficina de Ñuñoa, dependiente de la Dirección Regional Santiago Oriente, con el objeto de regularizar la situación en cuanto a los formularios y efectuar un posterior convenio de pago con la Tesorería.

Refiere que, lo anterior, no fue posible ya que se encontraba cerrada y en el mismo correo, pidió que se le autoricen los folios para poder facturar a sus clientes y conseguir los flujos económicos, para con ello, seguir con su actividad y poder efectuar los respectivos pagos para los convenios.

Expone que, el 17 de abril de 2020, mediante correo electrónico enviado por don nombre reservado, Jefe de Grupo 2 de Atención y Asistencia, Unidad Ñuñoa del SII, expone: “Estimada Le comunico que registra situaciones pendientes. No ha presentado ni declarado formularios 29, periodos de 08/09/10/11/12 del 2019, 01 y 02 del 2020, Deuda tributaria de $ 276.648.223 Debe acreditar Actividades, Pendiente De Acreditación Con Documentos Debe acreditar domicilio Los puntos señalados debe regularizar Debido a lo anterior es que su autorización es restringida, por lo cual se autorizan 2 Folios de factura electrónica”.

Resalta que, se le solicita la declaración de los Formularios 29 y regularizar la deuda tributaria, situaciones imposibles de efectuar debido a que la unidad se encuentra cerrada y solo atiende trámites urgentes y vía internet. Lo mismo para efectuar convenio de pago por la deuda tributaria pendiente, que debe ser efectuada presencialmente y contar con los fondos necesarios para provisionar el primer pago, razón por la cual, al autorizarse 2 folios de facturas, resulta irrisorio y perjudicial para el desarrollo de su actividad económica, lesionándolos grave e injustamente.

Sostiene que, el 20 de mayo de 2020, envió un correo electrónico al Servicio dando respuesta a los puntos cuestionados, para lograr la obtención de más folios de facturas y poder dar continuidad a su actividad económica, adjuntando: 1) Estatutos actualizados, que dan cuenta de las actividades que realizan, 2) Contrato de arrendamiento, que da cuenta del domicilio de la empresa, 3) Contrato de prestación de servicios con el BCI.

En cuanto a los formularios 29, hizo presente que había resultado imposible regularizar dicha situación, ya que, al presentarse a la unidad respectiva, esta no estaba recibiendo este tipo de trámites. Y en lo que respecta al convenio de pago con Tesorería, debido al alto monto de la deuda que se acumuló, producto de la baja en la actividad desde los acontecimientos del 18 de octubre y la posterior pandemia, deben hacer dicho convenio de forma presencial, aunado al hecho que se les exige un pie inicial de $20.000.000, agravado por el hecho de no poder facturar y estar bloqueados.

Indica que el 20 de mayo de 2020, recibió la respuesta al correo enviado sin haberse decidido nada sobre la solicitud de folios de facturas, encontrándose al borde de la cesación de pagos, tanto de sus acreedores, como de sus trabajadores, viéndose forzados a quebrar, puesto que, al no poder facturar no pueden conseguir los flujos necesarios para afrontar sus obligaciones.

Requiere que se les habiliten al menos 40 folios de facturas, para con ello poder contar con flujos suficientes para su operación.

Añade que ante la nula respuesta del Servicio, pidió ayuda a la Presidencia de la República, la que fue respondida el 8 de junio de 2020, al ser declarada admisible y actualmente en trámite.

Agrega que el 11 de junio del 2020 nuevamente solicitó al Servicio el desbloqueo, recibiendo una respuesta tipo, dejándolos en la indefensión.

Destaca que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que éste determine (artículo 8° ter, inciso primero de Código Tributario) y las normas que permiten al Servicio privar o limitar este derecho deben ser interpretadas en forma restrictiva, cumpliéndose los procedimientos que se establezcan para ello.

Puntualiza que, el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica o su restricción, es arbitrario e ilegal porque no se ha dictado el correspondiente acto administrativo que, debidamente notificado, dé cuenta del ejercicio de dicha potestad. Resalta que las normas generales sobre actos administrativos contenidas en la Ley N°19.880, implican que la realización de una actuación por un órgano de la administración supone los siguientes requisitos que no se cumplen: - La existencia de una resolución administrativa que la ordene. - Que dicha resolución sea escrita (arts. 3° y 5° Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos) - Que dicha resolución sea notificada válidamente al afectado (arts. 45 y siguientes de la misma ley).

Explica que, el artículo 8 ter del Código Tributario señala que “las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo (v.gr., referidas a la emisión de documentación electrónica) podrán ser diferidas, revocadas o restringidas por la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución fundada...”; en el mismo sentido, el artículo 8 quater señala que “lo anterior (es decir, autorización de facturas de inicio) se entenderá sin perjuicio de la facultad del Servicio de diferir por resolución fundada el timbraje.

Afirma que, desconocen la existencia de un acto administrativo debidamente fundado que impida emitir documentación electrónica, razón por la cual la actuación del Servicio en ese sentido se vuelve antijurídica y/o arbitraria.

Adiciona que la medida de bloqueo de timbraje o restricción ha sido cuestionada por la jurisprudencia, citando una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa rol N°374-92, confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 20-1993).

Hace hincapié que aun cuando se pruebe la existencia de una resolución administrativa que restrinja o prohíba la emisión, el contribuyente no se encuentra en ninguna de las situaciones indicadas en el artículo 8 ter del Código Tributario que le impidan otorgar facturas y otros instrumentos tributarios en forma electrónica.

Reclama que la conducta señalada afecta el derecho de desarrollar cualquiera actividad económica y a no ser discriminado por los órganos estatales en general, y en materia económica en particular, asegurados en el artículo 19 N°s 21, 2 y 22 del Código Político. En efecto, se vulnera el derecho reconocido en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, ya que al restringir o prohibir, total o parcialmente, el timbraje de sus documentos tributarios electrónicos, significa la imposición de una sanción que no se ha aplicado en forma legal, siendo esenciales para el desarrollo normal de sus actividades económicas.

Añade que, además, se infringen los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución, ya que, sin respetar los procedimientos ni presupuestos legales establecidos al efecto, el Servicio niega la posibilidad de acceder a la documentación tributaria necesaria para el desarrollo de su giro económico, discriminándole respecto a aquellos contribuyentes que se encuentran en su misma posición jurídica, cosa que le está proscrita a toda persona y órgano estatal.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Impresiones de la página web del Servicio, dando cuenta de la imposibilidad de realizar la emisión de facturas electrónicas; 2. Correo electrónico remitido al Servicio solicitando timbraje; 3. Correo electrónico de 11 de junio del 2020 y su respuesta; 4. Correo electrónico enviado a correo reservado, en el cual se adjuntan los F29 respectivos; 5. Copia de sentencia dictada en causa rol 2839-2016, de la Excma. Corte Suprema; 6. Copia Recurso de Protección, interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 19030-2016; 7. Estatutos Actualizados Val Servicios Integrales en seguridad.

Tercero: Que, evacua el informe requerido el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos do nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que, de acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, la recurrente registra inicio de actividades desde el 25.11.2013, con diversos giros, afectos a Impuesto a la Renta de Primera Categoría y en su mayoría, afectos también al Impuesto al Valor Agregado, a saber: Actividades de consultoría de gestión; Limpieza general de edificios; Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.; y Servicios de seguridad privada prestados por empresas.

Reconoce que el 16 de abril pasado la recurrente solicitó el timbraje de facturas por la cantidad que se estime conveniente y al día siguiente el Jefe Grupo N°2 de Atención y Asistencia de la Unidad de Ñuñoa, le comunicó, vía correo electrónico que, previamente debía regularizar las situaciones tributarias que registraba pendientes, respecto de las cuales se ingresaron las anotaciones respectivas en el sistema a saber: - Omisión de la presentación de las haber Declaraciones Mensuales y Pago Simultáneo de Impuestos, mediante los Formulario 29 respectivos, de los periodos de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y para los meses de enero y febrero de 2020, (seis anotaciones 4310 por “Período sin declaración F29). - Existencia de una deuda tributaria ascendente a $276.648.223. - Efectuar verificación de sus actividades, de manera presencial, adjuntando la documentación respectiva (anotaciones 1101 y 1006). - Acreditar su domicilio (anotación 1014).

Precisa que, mientras regularice las observaciones indicadas, se le autorizaron 2 folios para la emisión de facturas electrónicas.

Añade que, el 20 de mayo de 2020, la recurrente, vía correo electrónico, dirigido al Jefe Grupo Nº2, refirió que se estaba trabajando en una pronta solución respecto de la presentación de los Formularios 29 pendientes y de la deuda tributaria ante Tesorería General de la República y para el caso de acreditación de actividades y domicilio, acompañó la documentación requerida. En virtud de lo anterior, el 22.05.2020, se procedió a tener por acreditadas las actividades y el domicilio de la sociedad, eliminándose las anotaciones respectivas e indicándosele los pasos a seguir para presentar las declaraciones de impuestos, pendientes. Asimismo, se sumó la aprobación de 3 nuevos folios para la emisión de facturas electrónicas.

Adiciona que, el 11 de junio de 2020, la recurrente presentó a través de la página web del Servicio, los Formularios 29, sobre declaración y pago simultáneo de Impuesto al Valor Agregado omitidos en su oportunidad, por lo que, la Jefa de Grupo N°3 de Fiscalización, le remitió un correo electrónico, adjuntando los comprobantes de ingreso de dichos formularios. Además, el equipo de apoyo de la Unidad de Ñuñoa, le comunicó, en otro correo, que se estaba procesando y validando dicha información, autorizándosele 2 nuevos folios, para que pudiera emitir facturas electrónicas.

Expone que, el 15 de junio de 2020, se tomó contacto telefónico con la recurrente, informándosele que su situación tributaria se encontraba solucionada y el 30 de junio pasado, la Subdirectora de Asistencia al Contribuyente, mediante Oficio Ordinario N°1224, notificado en igual fecha, dio respuesta a una presentación efectuada por la actora a la Presidencia de la República, mediante la cual, se le informó lo mismo indicado previamente.

Resalta que, actualmente, la recurrente cuenta con 144 folios disponibles para la emisión de documentos tributarios electrónicos.

Conforme a lo anterior, alega la falta de oportunidad de la presente acción constitucional, por cuanto a la fecha de la interposición del recurso y a la de petición y presentación del informe, la situación de la recurrente, se encontraba solucionada, pudiendo obtener folio y emitir, sin ningún problema, documentos tributarios electrónicos; lo cual fue informado el 15 de junio pasado; como asimismo por Oficio Ordinario N°1224, de 30 de junio de 2020, emitido por la Subdirectora de Asistencia al Contribuyente del organismo fiscal.

Alega la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal por parte del Servicio de Impuestos Internos, citando los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, a propósito del principio de juridicidad, el artículo 2 de la Ley N°18.575; artículo 1° y 6° del Código Tributario en relación con el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio, señalando que el Director, a través de diversos Oficios, ha dispuesto que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas, que requieren una revisión más profunda. Al efecto, cabe agregar que, estas anotaciones (en realidad, códigos), son registradas en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), aplicación informática de este organismo, cuyo principal objetivo es apoyar las tareas de fiscalización que deben realizar sus funcionarios.

Alega la inexistencia de afectación de las garantías constitucionales denunciadas por cuanto la situación tributaria de la recurrente se encontraba solucionada, no existiendo impedimento alguno para que pudiera solicitar autorización de folios para la emisión de facturas electrónicas, por medio de la página web del Servicio de Impuestos Internos.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución Ex. N° 7496 de 14 de mayo de 2018; 2. Copia de Ordinario N°1244 de 30 de junio de 2020 de la Subdirectora de Asistencia al Contribuyente.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, del análisis de la prueba aportada y no objetada de contrario, se advierte que, el acto recurrido consistente en impedir a la recurrente contar con los folios respectivos para la emisión de sus facturas y, aunque dichas circunstancias fueron explicadas por el Servicio recurrido, lo cierto es que dicho acto cesó a partir del 15 de junio pasado, desde que se tuvieron por subsanadas las observaciones efectuadas a la contribuyente, autorizándose 400 folios para la emisión de las facturas requeridas, motivo por el cual, tanto a la fecha de pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso, ya no existía ninguna medida de carácter cautelar que esta Corte pudiera adoptar al haberse restablecido el imperio del derecho de manera voluntaria por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de Val Servicios Integrales En Seguridad SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Santiago Centro.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-52.307-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y señor Fernando Ignacio Carreño Ortega. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.