Protección contra sus progenitores

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Maureen Muruaga Azocar, abogada, en representación de la Dirección del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, quien interpone recurso de protección en favor del niño nombre reservado, en contra de sus progenitores, don nombre reservado y doña nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo a la inmunización definida por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondiente a la vacuna Hepatitis B pediátrica, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte se proceda a la administración de la vacuna contra la Hepatitis B respecto del actor, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.

Relata que el niño nació el NUM000 de 2026 en dependencias del Hospital del Camen, manifestando el mismo día sus padres su voluntad de rechazar la inmunización contra la Hepatitis B, dejando constancia de ello mediante la suscripción del formulario denominado "Registro de Respaldo a Rechazo de Vacunación". Lo anterior ocurre no obstante que el equipo de profesionales de salud entregó al progenitor información relevante sobre los beneficios de la inmunización, siendo las razones invocadas por este de carácter estrictamente personal, consistentes en "motivos de investigación propia y creencias filosóficas", sin sustento médico ni científico alguno.

Menciona que la vacunación contra la Hepatitis B integra el calendario de vacunación obligatoria establecido por el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud, siendo su cumplimiento exigible respecto de toda la población infantil, consistiendo en una dosis en el caso de los recién nacidos, así como un esquema primario a los 2, 4 y 6 meses, y un refuerzo a los 18 meses, lo que da cuenta de la obligatoriedad del esquema de inmunización establecido por la autoridad sanitaria, a fin de resguardar la salud pública e integridad de la comunidad.

Agrega que la autonomía de la voluntad reconocida en el artículo 14 de la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes encuentra un límite infranqueable en los derechos esenciales de los menores de edad, debiendo primar el interés superior del niño conforme al artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, así como su derecho a la vida garantizado por el artículo 6 del mismo instrumento internacional. Asimismo, enfatiza que el organismo técnico ACIP establece desde 2002 la administración de la primera dosis antes del alta hospitalaria como estándar preventivo, y que al no inmunizarse al protegido, se encuentra mucho más propenso a contraer la enfermedad y transformarse en portador del agente infeccioso, impidiendo alcanzar el efecto de inmunidad de grupo que busca el Programa Nacional de Inmunización, privando al lactante de una protección esencial contra enfermedades que pueden prevenirse, elevando injustificadamente el riesgo de secuelas graves, amenazando así directamente su derecho a la vida y a la integridad física consagrados en la Constitución.

Por estas consideraciones, solicita que la acción de protección deducida sea acogida, y con su mérito, se ordene por esta Corte proceder a la administración de la vacuna contra la Hepatitis B respecto del actor, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario;

SEGUNDO: Que, informan doña nombre reservado y don nombre reservado, padres del niño nombre reservado, quienes solicitan el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Sostienen que la decisión de no vacunar a su hijo recién nacido con la vacuna contra la Hepatitis B obedece a una evaluación razonada de información científica sobre los riesgos, incertidumbres y limitaciones de dicha inoculación, y no a una conducta negligente o arbitraria. En este sentido, mencionan que el niño se encuentra en perfectas condiciones de salud, recibiendo atención médica regular tanto en el Consultorio Clotario Blest de Maipú, en el sistema de atención primaria, como en la Clínica Indisa, a través de sus pediatras, quienes dan cuenta del estado de salud satisfactorio del niño.

Refieren que su preocupación se centra en la variedad y gravedad de las posibles reacciones adversas asociadas a la vacunación, tales como reacciones anafilácticas, síndromes neurológicos y autoinmunes, entre otras, máxime considerando que el hijo mayor de los recurridos, de once años, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista con posterioridad a la administración de sus vacunas de recién nacido, puntualizando además que la vacuna para la Hepatitis B administrada en la infancia carecería de sustento bajo criterios epidemiológicos e inmunológicos, considerando que un recién nacido cuya madre ha dado negativo en su examen de rutina tiene una probabilidad estadística no significativa de riesgo.

Argumentan que la vacunación sin consentimiento informado vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica, invocando asimismo la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, señalando que la autoridad sanitaria no ha dado cumplimiento a la obligación de informar veraz y oportunamente sobre los riesgos asociados a las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Del mismo modo, mencionan el artículo 19 N°6 de la Constitución, que garantiza la libertad de conciencia, así como el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki, instrumentos todos que reconocen el consentimiento informado como presupuesto ético y jurídico ineludible de toda intervención médica.

Adicionan que el artículo 33 del Código Sanitario contempla la posibilidad de eximir de la vacunación mediante certificado médico, y que, dado que el menor ha superado el primer mes de vida, la vacunación ya no revestiría el carácter de obligatoria ni urgente.

Finalmente, expresan que la presente acción no es el medio idóneo para la solución de la controversia de autos, en tanto no concurren los presupuestos de una acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el ejercicio de alguna garantía constitucional de las contempladas en el artículo 20 de la Constitución, al no existir arbitrariedad alguna, ni hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración de derechos del protegido, máxime al encontrarse vacunado en tiempo y forma con todas las vacunas exigidas por ley, salvo la Hepatitis B, por los motivos antes expresados.

Por estas consideraciones, solicitan el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado los padres del niño nombre reservado la inmunización definida por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondiente a la vacuna Hepatitis B pediátrica, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajustó o no a derecho;

QUINTO: Que, el artículo 32 del Código Sanitario dispone que: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

SEXTO: Que, en virtud de dicha facultad, se dictó el Decreto Exento N° 50, de 25 de septiembre de 2021, que “Dispone vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país”, y prescribe en su numeral 1° la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, que en el caso de la Hepatitis B, consigna como población objetivo, entre otras, “recién nacidos” con esquema de inmunización “una dosis de vacuna, según normativa” y “toda la población infantil” con esquema de inmunización “esquema primario de tres dosis de vacuna a los 2, 4 y 6 meses de vida. Un refuerzo a los 18 meses”;

SÉPTIMO: Que, lo expuesto permite establecer la procedencia de la acción constitucional incoada, toda vez que la normativa transcrita establece la obligatoriedad del proceso de inoculación por razones vinculadas a la salubridad pública, sin que pueda aceptarse la negativa injustificada de los padres del niño nombre reservado a que su hijo sea vacunado contra la Hepatitis B, negativa que, por cierto, afecta el derecho a la vida y la salud del niño protegido.

En este orden de ideas, resulta necesario precisar que las razones vinculadas a la salud pública como asimismo el interés superior del hijo de los recurridos prevalece por sobre las convicciones personales de los padres, las que, por lo demás, no se sustentan en antecedentes científicos concretos relevantes, más allá de sus propias creencias, sin que se justifiquen las razones por las que únicamente se niegan al proceso de vacunación respecto de la Hepatitis B y no del resto de vacunas del programa obligatorio, las que ya han sido inoculadas a nombre reservado.

OCTAVO: Que, en este sentido, la jurisprudencia ha dicho que la normativa que sustenta el “Plan Nacional de Inmunización” se orienta al resguardo del interés superior de los niños que integran la comunidad en que se desenvuelven, por lo que la vacunación de cada niño y niña no sólo permite proteger su vida, integridad y salud en tanto individuo, sino también a todos los niños y niñas en el ámbito social del que forman parte.

En efecto, la negativa a la inoculación es un acto arbitrario que vulnera el derecho a la vida y la salud del niño, sin perjuicio del evidente daño al bien común que se produciría al reconocer que los padres de forma arbitraria pudieran sustraer a sus hijos de la administración de vacunas obligatorias incorporadas en el plan previsto por el Estado para la prevención de enfermedades transmisibles.

NOVENO: Que, por otro lado, si bien es cierto el artículo 14 de la Ley N°20.584 reconoce que toda persona tiene el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, señalándose que respecto de niños sean los padres o su representante legal quienes presten el consentimiento, lo cierto es que aquello no cubre la decisión respecto del programa de vacunación obligatorio, toda vez que en esta materia no existe libertad para quienes el Estado estipula deben inocularse obligatoriamente, sin perjuicio que, respecto de los niños, se debe entender que la inclusión en el programa antes es una decisión que, ex ante, ha valorado que es lo que resulta más conveniente para la vida, salud y desarrollo de los niños y el bienestar de la comunidad.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, al encontrase acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los padres recurridos, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme el “Plan Nacional de Inmunización”, que afecta el derecho a la vida e integridad y el derecho a la salud del niño protegido, consagrado en el artículo 19 N° 1 y 9 de la Carta Fundamental, se acogerá el recurso en estudio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por el Hospital Dirección del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, en contra de sus progenitores, don nombre reservado y doña nombre reservado, autorizándose al nosocomio a proceder a la inoculación de la vacuna en contra de la Hepatitis B, en caso de permanecer hospitalizado en niño nombre reservado o, en caso de haber sido dado de alta, se le autoriza a realizar las gestiones para llevar a cabo la vacunación, ordenándose a los recurridos entregar las facilidades para la realización del procedimiento.

Redacción de la ministra señora Sandra Araya Naranjo.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-5229-2026.