nombre reservado con nombre reservado

Santiago, ocho de octubre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 14 de junio de 2020, comparece el abogado Gian Piero Di Nocera Iturrieta, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del hermano de su representado don nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la negativa injustificada del recurrido a mantener contacto con su madre, abusando de su calidad de curador provisorio y teniéndola incomunicada respecto al recurrente, lo que priva y/o perturba, los derechos que garantiza el artículo 19 N° 1 y N° 2, de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que la acción constitucional tiene por objeto que esta Corte enmiende en conformidad a derecho los actos ilegales y arbitrarios cometidos por el recurrido, quien en su calidad de curador provisorio de su madre doña nombre reservado, actualmente de 96 años de edad, ha privado a su representado de todo contacto con su madre, abusando de su calidad de curador provisorio, teniéndola actualmente incomunicada de su persona.

Indica, que en el presente recurso no se discute una relación directa y regular con su madre, ya que la legislación actual no la contempla, y no sería la sede para ello, lo que se solicita es el cese del acto arbitrario de su hermano mayor y recurrido de no permitir ver o saber sobre su madre.

Precisa que desde el 17 de mayo del año 2019, a la fecha, no ha logrado tener ningún contacto con su madre, de 96 años de edad, lo que es absolutamente cruel, ya que, durante más de 13 años fue su representado el único que se ocupó de su madre en todas sus necesidades.

Explica que se ha intentado por el recurrente, por todos los medios comunicarse con el recurrido, vía telefónica, correo electrónicos, sin respuesta alguna de su parte, para saber algo de su madre.

Agrega que, a su vez, ha debido deducir diversas acciones sin resultados favorables a sus pretensiones, debido en gran medida a que el Centro de Medidas Cautelares, se ha negado a conocer del caso en cuestión, por violencia intrafamiliar, basado en que los hechos ocurridos el día 17 de mayo 2019 en la cual sus hermanos mayores le arrebatan a su madre por la fuerza, el que tendría aristas penales, declarándose incompetente y remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Oriente, donde se está investigando el hecho puntual bajo el ruc 1900536031-8, lo que, en su estimación, no dice relación alguna con la privación arbitraria del recurrido, quien abusa de su cargo de curador provisorio para que el recurrente no pueda saber de su madre, y poder verla a lo menos telemáticamente.

Menciona, que la arbitrariedad del recurrido se mantiene en el tiempo, sin que exista ningún impedimento físico, legal o mental del recurrente, que valide la decisión del recurrido de mantener aislada a su madre de su representado. Añade que estamos frente a una discriminación entre iguales en el derecho que les compete.

Afirma, que el recurrido ha efectuado incluso una discriminación por edad en la vejez, entendiéndose por tal cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

Precisa que el recurrido ha abusado de su cargo de curador provisorio, ya que la interdicción provisoria de doña nombre reservado no es óbice para su negativa de permitir verla a lo menos telemáticamente, considerando su edad de 96 años y el grave estado de catástrofe sanitaria que vive actualmente el país, en especial la zona oriente de Santiago.

Expone que la conducta infundada del recurrido derivó en una serie de acciones mutuas ante el Centro de Medidas Cautelares, tales como F-8871- 2019; F-9280-2019; 11429-2019; 2618-2020; 4072-2020.

Sostiene que la causa F-8871-2019 fue una denuncia desestimada en contra de su mandante, dando cuenta de que no eran efectivos los hechos denunciados, pero en dicha causa se dictó la siguiente resolución: “Proveyendo derechamente solicitud de la parte demandada de fecha 29 de mayo de 2019: En mérito de los múltiples factores de riesgo señalados por las partes latamente en la presente causa para la presunta víctima, como el conflicto existente entre el curador de la adulta mayor de más de 90 años y su hermano que pueden provocar un mayor perjuicio para la adulta mayor, declarada interdicta, no ha lugar, a la solicitud de relación directa del demandado con la presunta víctima, sin perjuicio de otros derechos”.

Relata que es aquí donde se manifiesta el verdadero motivo por el cual el recurrido abusa de su cargo, es decir, los conflictos personales que tiene su hermano mayor con su representado.

Aduce, que a su vez, su representado dedujo un incidente a fin de acceder a un régimen comunicacional con su madre, el cual fue resuelto a fojas 350, en el siguiente tenor: “En relación a fijar un Régimen comunicacional, es un procedimiento no regulado en la ley respecto de los adultos mayores. Pero considerando que está en tramitación proceso para declarar interdicta a la supuesta víctima, habiéndose designado a un curador provisoria para la persona y bienes de la supuesta víctima de autos, se considera que cualquier solicitud deberá efectuarse a su representante legal(…)”. Agrega que, si bien es curador, se ha negado sin justificación valida, a que su madre pueda ver a su hijo menor.

Afirma que pese a las diversos esfuerzos para tener un contacto directo con el recurrido ha sido imposible, incluso las acciones F-11429; F-2618-2020; 4072-2010 (SIC), fueron desestimadas sin entrar a conocer el fondo de las acciones solicitadas, debido a que el Centro de Medidas Cautelares, señala que ya se estaría conociendo penalmente esta materia, lo cual no se ajusta a la realidad, debido a que lo que se investiga en sede penal es un hecho concreto ocurrido el día 17 de mayo de 2019 y que no dice relación alguna con el estado de incomunicación que tiene con su mandante. Por ello, se recurre al presente recurso extraordinario, tendiente a restablecer el imperio del derecho.

Sostiene que es de tal gravedad el estado de incomunicación que el recurrido ejerce sobre su representado respecto de su madre, que no pudo informar sobre su unión civil, sin asistir a su ceremonia, y sin poder presentar a su actual pareja de vida.

Relata que en Informe pericial psicológico voluntario practicado a su mandante, confeccionado por el profesional don nombre reservado, de profesión psicológico y perito judicial, de fecha 11 de julio de 2019, concluyó que: “(…) De acuerdo a los resultados de la evaluación el peritado podría presentar una estructura de personalidad que le permitiría funcionar en general de manera adecuada con su entorno inmediato.

Con respecto a lo anterior Álvaro tendría un adecuado manejo de sus impulsos lo que lo llevaría a vincularse con el medio con el que se desenvuelve de manera adecuada, aunque es tajante en manifestar su opinión cuando algo no le parece, lo que lo llevaría a expresarla sin temor alguno.

En relación a las redes de apoyo, Álvaro no cuenta con su familia de origen apoyándolo, por lo que tendría la sensación de sentirse solo, sin donde cobijarse emocionalmente, lo que lo llevaría a presentar una intensa angustia y síntomas depresivos.

En relación a lo anterior se podría hipotetizar que el peritado no presenta perfil de agresor en el contexto de violencia intrafamiliar psicológica, dado a que sus características de personalidad lo llevaría a ser una persona más bien controlada con un adecuado manejo de sus impulsos que lo llevarían a solucionar los conflictos mediante el dialogo de manera pacífica sin necesidad de mostrarse como una persona violenta.”

En cuanto a las garantías vulneradas, se refiere en primer término al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el inciso primero del artículo 19 N°1 de la Constitución Política, señalando que resultaría ilógico pensar, que el hecho de privar a un hermano de ver a su madre o saber de ella, no lo afecte emocional y psíquicamente.

En segundo lugar, se refiere a la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, afirmando que el recurrido, no se puede excusar en su calidad de curador provisorio, para esconder a su madre e impedir que la vea, ya que excede de sus facultades provisorias.

Precisa en cuanto al acto arbitrario e ilegal, que pese a la envestidura del recurrido en su calidad de curador provisorio, no es menos cierto que sus facultades no alcanzan al acto carente de fundamento, y por ende arbitrario, como es que en su calidad de hijo menor, que no tiene antecedentes penales, tiene trabajo, posee casa propia, conducta intachable, sin deudas y sin impedimentos mentales, se le prive sin justificación valida de tener el mínimo acceso con su madre, en especial con la avanzada edad de actuales 96 años, en los que incluso se le impide saludarla en día de su cumpleaños vía telefónica, ello es un acto cruel, ya que no tiene sustento, y el recurrido ha excedido sus facultades provisorias. A su vez, la curaduría provisoria, establece derechos y deberes, y ninguno de ellos lo habilitaría para actuar fuera de sus facultades, siendo ilegal su actuar.

En cuanto al remedio solicitado, requiere que se ordene el restablecimiento del imperio del derecho decretando la vulneración de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, y se ordene al recurrido establecer los medios necesarios para que pueda ver a su madre, aunque sea por video cámara, que incluso se le permita despedirse de su madre, ya que por su avanzada edad y riesgos de contagio, es sumamente probable que no pueda volver a verla con vida.

Termina pidiendo, previas citas legales y constitucionales, se acoja el recurso, ordenando al recurrido una comunicación, que permita saber el estado físico, y psíquico de su madre, o lo que esta Corte estime para el restablecimiento del derecho, con costas.

Segundo: Que con fecha 9 de julio de 2020, comparece el recurrido, don nombre reservado, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Relata que el recurrente por segunda vez, recurre de protección en contra de su persona, manifestando que “no se discute una relación directa y regular, ya que no es la sede para ello”, pese a que ese es precisamente el verdadero y único objeto del presente recurso, es decir, instrumentalizar este recurso de carácter extraordinario, para así poder obtener por esta vía excepcional y ajena a un juicio de lato conocimiento, y a través de un Juzgado, un régimen comunicacional con su madre, que ya le ha sido denegado en ocho oportunidades en primera instancia, y además, en un anterior recurso de protección similar y que le fue rechazado hace apenas 4 meses atrás.

Precisa que, en efecto, el recurrente ha interpuesto cinco denuncias con el mismo objetivo ante el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, con los mismos argumentos, siendo la última de ellas de hace apenas 40 días atrás, al margen del recurso de protección referido.

Expone que las denuncias por supuesta violencia intrafamiliar en que buscaba un régimen comunicacional fueron efectuadas ante el Centro de Medidas Cautelares por estos mismos hechos, y que en orden cronológico son: a) RIT F-6642-2019, de fecha 18 de junio de 2019, rechazada; b) RIT F-9280-2019, de fecha 29 de agosto de 2019, rechazada; c) RIT F-11429-2019, de fecha 2 de noviembre de 2019, rechazada; d) RIT F-2618-2020, de fecha 6 de marzo de 2020, rechazada en primera instancia y confirmada por esta Corte en la causa Rol Corte 971-2020, con fecha 15 de abril de 2020; e) RIT F-4072-2020, de fecha 5 de mayo de 2020, rechazada.

Señala además el recurso de protección, Rol Corte Nº 175.396-2019, que fuera rechazado mediante sentencia de fecha 13 de febrero de 2020, cuya copia acompaña.

Sostiene que mucho antes de todo esto, en la causa RIT Nº F-8871-2017, por violencia intrafamiliar seguida en contra del ahora recurrente, ante el Centro de Medidas Cautelares, el actor mediante presentación de fecha 29 de mayo de 2019, solicitó por primera vez lo que ahora pretende por esta vía extraordinaria, esto es un régimen comunicacional con su madre, el cual mediante resolución de fecha 13 de junio de 2019, fue rechazado señalando textualmente: “En mérito de los múltiples factores de riesgo señalados por las partes latamente en la presente causa para la presunta víctima, así como el conflicto existente entre el curador de la adulta mayor de más de 90 años y su hermano que pueden provocar un mayor perjuicio para la adulta mayor, declarada interdicta, no ha lugar, a la solicitud de relación directa del demandado con la presunta víctima, sin perjuicio de otros derechos”.

Agrega que no conforme con ello, en la audiencia de fecha 26 de julio de 2019, en la misma causa, volvió a solicitar un régimen comunicacional, el cual nuevamente y por segunda vez se le rechazó, señalándose textualmente por el tribunal que: “En relación a fijar un Régimen comunicacional, es un procedimiento no regulado en la ley respecto de los adultos mayores. Pero considerando que está en tramitación proceso para declarar interdicta a la supuesta víctima, habiéndose designado a un curador provisorio para la persona y bienes de la supuesta víctima de autos, se considera que cualquier solicitud deberá efectuarse a su representante legal. En todo caso se tiene presente que el denunciado ha sido rebelde en varias ocasiones a las órdenes del tribunal, evitando que el mismo se constituyera en el domicilio para constatar la situación de la adulta mayor, evitado que fuera evaluada por médicos psiquiatras, manteniendo el denunciado diversos procesos de violencia intrafamiliar con el curador de la adulta mayor, pareciéndole al tribunal una acción más protectora –para la supuesta víctima- no dar lugar a regular a algún tipo de régimen comunicacional puesto que no se encuentran dadas las condiciones para ello”.

De manera paralela, el mismo recurrente de autos con fecha 18 de junio de 2019, interpuso denuncia ante el Centro de Medidas Cautelares, dando origen a la causa RIT N° F-6642-2019, alegando en el fondo lo mismo que ahora pretende por esta vía, y que ya le había sido denegado en dos oportunidades, esto es un régimen comunicacional con su madre, saltándose por esa vía todo tipo de juicio e indagación psicológica de su persona, a lo cual el Centro de Medidas Cautelares resolvió con fecha 20 de Junio de 2019, rechazando por tercera vez lo mismo que ahora se pretende, indicando: “Que se demanda un conflicto familiar por bienes, situación que debe conocerse en sede civil, adulta mayor con causa por violencia familiar en tramitación, en dicha causa se puede solicitar la Relación Directa y regular respecto a la adulta mayor, a las pericias especializadas u otras evaluaciones, no es esta la causa o sede donde se deben ventilar dichas solicitudes, por lo anterior se sugiere rechazo, no constituyendo una pauta de Violencia Intrafamiliar establecida por ley, que no se vislumbran factores de riesgo que hagan presumir un peligro inminente, por lo que se sugiere rechazar la presente causa”

Refiere que sumando la totalidad de estas acciones ejercidas, el recurrente de autos ha solicitado lo mismo, que en anteriores ocasiones -ocho veces-, bajo distintos pretextos y procedimientos.

Hace presente que su madre, una persona hoy en día de 96 años de edad, adolece de un grave daño cognitivo, -Alzheimer-, lo que hace que desde al menos 6 años no tenga plena conciencia de sus actos, al punto de haber sido declarada interdicta por demencia en el mes de julio del año 2018 por el 10° Juzgado Civil, en causa Rol Nº 23.433-2016, precisamente para protegerla de los numerosos abusos de que fue objeto en el pasado por el hijo que vivía con ella y que ahora interpone este recurso, quien ya en ese entonces la hizo suscribir escrituras de traspaso de inmuebles en su propio beneficio, siendo la última de ellas incluso después de haber sido declarada interdicta, en que la hizo firmar una escritura pública de renuncia del usufructo que ella tiene sobre la casa que era su domicilio, para luego en abril de 2019, suscribir una escritura de promesa de compraventa sobre este inmueble, pretendiendo de esa manera dejarla en la calle.

Relata, que en dicho proceso previo escuchar a toda la familia, se le designó, aun cuando de manera provisoria, como curador general de su madre de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 del Código Civil, y por lo mismo, se le confirió su cuidado personal. Agrega, que paralelamente a ello, se instruyó ante el CMC de Santiago, la causa RIT Nº F-8871-2017, sobre violencia intrafamiliar respecto de su madre, seguida en contra del denunciante, en la cual en atención al notable abandono y despreocupación de que su madre era víctima del ahora recurrente, mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2019 se resolvió que “habiéndose invocado la existencia de riesgo para la supuesta víctima, adulta de más de 90 años de edad, que ha sido relatado y reconocido en los múltiples escritos presentado por ambas partes, ha lugar a lo solicitado, sólo en cuanto se ordena la entrega de la adulta mayor declarada interdicta a su curador general provisorio, don nombre reservado, el cual a partir de esta fecha deberá llevar a su madre a vivir al lugar que éste determine”

Luego, reitera las solicitudes del ahora recurrente en dicha causa RIT F-8871-2017, realizadas con fecha 29 de mayo de 2019 y 26 de julio de 2019, siendo rechazadas por el tribunal en los términos ya relatados, además de reiterar el proceso paralelo, en que con fecha 18 de junio de 2019, interpuso denuncia que dio origen a la causa RIT N° F-6642-2019, alegando en el fondo lo mismo que ahora pretende, siendo rechazado por resolución de 20 de Junio de 2019.

Agrega que con fecha 26 de septiembre de 2019 se dictó sentencia en la causa de violencia intrafamiliar RIT Nº F-8871-2017, confirmada por esta Corte en la causa Rol Corte Nº 3.550-2019. Fallo en el que se concluyó en su considerando 26, lo siguiente:

“c) que se acreditó que el demandado no registra condenas en su Extracto de Filiación y antecedentes pero si registra diversas denuncias en el SIAGJ ( sistema penal interconectado) por diversos delitos, registrando a los menos participación en 30 causas por diversos delitos (documental agregada al proceso emanada de la Fiscalía Local del Ministerio Público), así como también, registra múltiples causas en el SITFA, según lo acredita el PRINT de pantalla que a continuación se agrega en relación a hechos de violencia intrafamiliar:

i) que se acreditó en autos que la supuesta víctima permaneció aislada de sus familiares y amigos, por varios años, producto de las acciones realizadas por el demandado que la alejaban de sus hijos, nietos y amigos, careciendo la adulta mayor de medios de comunicación con el resto del mundo, tales, como teléfono y timbre en su casa (declaración de los testigos presentados en autos y copia de acta de audiencia de parientes presentada en el juicio de interdicción por demencia seguida ante el 10° Juzgado Civil de Santiago);

27.- Que, además, a través de la inmediación, se pudo establecer que el denunciado presenta algún grado de descontrol de impulsos, tanto es así que debió abandonar por momentos una de las audiencias sintiéndose colapsado, exigiendo se le atendiera, levantándose de su asiento e interrumpiendo por momentos el desarrollo de la audiencia”;

Reitera que paralelamente, el recurrente interpuso recurso de protección ante esta Corte en causa Rol N° 175.396-2019 aseverando que mediante “actos violentos e ilegítimos” se le había privado de ver a su madre, o que le fue “arrebatada de sus brazos” y finalmente que le preocupa de sobremanera que “se haya interrumpido todo tipo de tratamiento y ello provoque su grave deterioro, o peor aún, su muerte”.

Indica que tales aseveraciones que son total y absolutamente falsas, fueron desechadas por la Séptima Sala de esta Corte mediante sentencia de fecha 13 de febrero de 2020, transcribiendo los considerando Sexto y Séptimo. (“Sexto: Que, en sintonía con lo expuesto precedentemente, del examen de los documentos acompañados por el primer recurrido, especialmente la sentencia de 20 de julio de 2018 dictada en la causa Rol N° 23433-2016 del 10° Juzgado Civil y la resolución de 13 de mayo de 2019, dictada en la causa Rit F 8871-2017 por Violencia Intrafamiliar del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia, se advierte que doña nombre reservado se encuentra bajo la curaduría del recurrido nombre reservado, quien detenta el cargo de su Curador General debido a su declaración de interdicción y es, además, el encargado de otorgarle debida protección por así disponerlo una resolución judicial. Séptimo: Que, así las cosas no existe ningún atisbo de ilegalidad ni arbitrariedad en los hechos narrados en el recurso, pues no fue por un actuar violento e intempestivo que el día 17 de mayo de 2019 la madre del recurrente fue arrebatada de su lado alejándola de su hogar, sino que lo fue por mandato de una resolución judicial que ordenó la entrega del adulto mayor a nombre reservado.)

Precisa que, en efecto, mientras su madre estuvo al lado del ahora recurrente constantemente sufría caídas de graves consecuencias, toda vez que el actor no le brindaba el más mínimo cuidado, ya que pese a su avanzada edad la dejaba sola a su arbitrio sufriendo caídas de escalera y diversos golpes, siendo una de ellas la que da cuenta la fotografía acompaña, de una gravísima lesión sufrida en diciembre de 2018 y que el propio recurrente acompañó en el Juzgado de Familia exigiéndole a él como curador que le solucionara este “problema” que el mismo generó y que no era capaz de resolver.

Afirma, que de esta forma, a partir del día 17 de mayo del año 2019, su madre, de la cual es su Curador General provisorio, se encuentra bajo su cuidado por mandato expreso del referido Centro de Medidas Cautelares, precisamente por las malas condiciones de vida y riesgo en que se encontraba al lado de su hijo ahora recurrente.

Puntualiza, que hasta ese minuto ella estuvo impedida por años de relacionarse con toda su familia por el ahora recurrente nombre reservado, que como lo han explicado todos los médicos que la han evaluado, y se lee en la literatura especializada, uno de los principales elementos que agravaron y desencadenaron el avanzado estado de Alzheimer que hoy presenta su madre, fue este aislamiento por años de toda su familia de que fue víctima, y que el mismo denunciante se jactaba decidiendo las fechas y períodos en que se la llevaba fuera de Santiago, manteniéndola sin teléfono, ni timbre en su casa, no abriéndole la puerta ni a jueces, ni asistente social, médico legista, curador ad litem, ni Carabineros y menos a sus familiares, incluso en las ocasiones en que el Centro de Medidas Cautelares ordenó fueran a visitarla.

Agrega, que en contra de la resolución que dispuso la entrega de su madre, su hermano recurrente, interpuso recurso de apelación, siendo rechazada su solicitud de orden de no innovar y luego se confirmó la resolución apelada, por la unanimidad de los Ministros de la Primera Sala de esta Corte, dictada en la causa Rol Corte N° 1658-2019.

A continuación expone una serie de motivaciones patrimoniales, refiriendo que hace poco se ha evidenciado cual es la verdadera y única motivación del recurrente de su aparente interés por su madre, consistente en nuevamente hacerla suscribir documentos en su propio beneficio y de lo cual ella es absolutamente incapaz de entender y menos de aceptar.

Precisa, que el recurrente ha estado informado desde el primer momento de que su madre fue declarada interdicta con fecha 20 de julio de 2018, y que el recurrido fue declarado su Curador, como aparece de manifiesto en su escrito firmado personalmente por el compareciente con fecha 21 de agosto de 2018. Asimismo dicha resolución fue publicada en el diario El Mercurio de Santiago e inscrita en el Registro de Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha 3 de septiembre del año 2018.

Afirma, que no obstante ello, en abierta transgresión a lo resuelto por el 10ª Juzgado Civil de Santiago, y abusando una vez más de la frágil condición mental de su madre, aprovechándose que ella aún estaba a su lado, y a escondidas del Curador, con fecha 3 de septiembre de 2018, la llevó a la Notaría de don nombre reservado, donde la hizo suscribir la escritura pública de esa fecha Repertorio N° 27.811, de renuncia a su beneficio al derecho de usufructo vitalicio de la propiedad de domicilio reservado, el que había sido adquirido mediante escritura pública, de fecha 6 de junio del año 2017. Esta renuncia fue inscrita por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha 11 de septiembre de 2018, es decir 8 días después de inscrita la interdicción de su madre, a fojas 49.137 N° 54.514 del Registro de Hipoteca del año 2018.

Agrega, que confiado en la consolidación de esta ilegal maniobra efectuada, el recurrente suscribió el día 12 de abril de 2019, ante la Notario público de Santiago doña nombre reservado, contrato de escritura pública de promesa de compraventa, sobre el dominio pleno de dicho inmueble en la suma de $ 760.000.000, como consta de la escritura de promesa de compraventa inscrita a fojas 25.689 N° 41.499 del Registro de Prohibiciones del año 2019, cuya copia acompaña, donde asevera expresamente ser dueño del dominio pleno del referido inmueble, y en la que se hace mención a la aparente renuncia de mi madre.

Apenas se detectó este nuevo abuso en contra de su madre, ejerció las acciones legales que permitieron revertir esta simulación, como aparece de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que en causa Rol N° V-351-2019, cuya copia acompaña, ordenó cancelar la inscripción de dicha renuncia, por cuanto se había verificado en fecha posterior a la inscripción de la interdicción.

Indica que gracias a ello pudo revertir esta maniobra del ahora recurrente y de esa manera resguardar el patrimonio de su madre en el inmueble que constituye su domicilio, y del cual el recurrente se ha apropiado sin derecho alguno, lo que evidencia cuál es su única y real motivación en su búsqueda de acercarse a su madre, esto es, seguir abusando de su fragilidad en su beneficio.

Más adelante, expone que incluso el abogado del recurrente, don Gian Piero Di Nocera Iturrieta, para tratar de darle dramatismo a su presentación, falta a la verdad, cuando indica que “se ha intentado por el recurrente por todos los medios de comunicarse con el recurrido, vía telefónica, correos electrónicos, sin respuesta alguna de su parte para saber algo de su madre”

Precisa que dicha afirmación es falsa, por cuanto fue el mismo abogado, quien con fecha 29 de mayo del año en curso, esto es, apenas 15 días antes de la interposición del presente recurso, en que según indicó lo hacía por encargo de su mandante, le consultó vía whatsapp acerca del estado de salud de su madre, a lo que de inmediato le informó que estaba muy bien de salud y debidamente cuidada, ofreciéndole incluso el mantenerlo informado semanalmente de su estado, lo cual aceptó expresamente e incluso le agradeció como aparece de la transcripción y fotografía de la conversación que acompaña.

Agrega que, lamentablemente, el recurrente es una persona muy violenta, lo que hace imposible mantener un contacto directo con él, ya que cuando existió este contacto, él lo agredió y escupió como ocurrió el día 29 de marzo de 2019, hecho que fue denunciado tanto al tribunal de familia como al Juzgado Civil, que conoce del proceso de interdicción, como dan cuenta los escritos que se acompañan.

Este perfil violento de nombre reservado se confirma con la simple lectura de su Certificado de Antecedentes Penales de la Fiscalía Nacional de Chile, obtenido de la carpeta digital de un proceso seguido en su contra en la Fiscalía de Las Condes, que acompaña, y que está compuesto por 6 hojas, figurando entre otros, los delitos de lesiones y amenazas: a) Condenado como autor del delito de lesiones leves en contra de nombre reservado, condenado en la causa RUC Nº 1200778659-8, de la Fiscalía Las Condes, el día 14 de septiembre de 2012; b) Imputado por amenazas simples en la causa RUC Nº 0900575530-9 de la Fiscalía Las Condes, por hechos ocurrido el día 10 de Junio de 2009 en domicilio reservado, en que fue denunciado por don nombre reservado; c) imputado en la causa RUC Nº 1300628252-5, de la Fiscalía de Ñuñoa, en la que se querelló en su contra doña nombre reservado; d) y en la causa RUC Nº 600195675-0 de la Fiscalía las Condes, de fecha 22-4-2013.

Señala que el recurrente ocultando toda esta realidad, y en una torcida presentación, pretende una vez más eludir la investigación en un proceso de lato conocimiento, que permita indagar acerca del descontrol de impulsos que presenta, según lo constató personalmente la propia Magistrado del Centro de Medidas Cautelares que dictó la sentencia que acompaña, y de la inconveniencia de que su madre que se encuentra bajo su cuidado deba volver a enfrentarlo, más aún cuando ella personalmente le ha manifestado su deseo de no querer volver a verlo, debido a todo lo que le tocó vivir a su lado, por lo que no corresponde, que ahora, el recurrente en búsqueda de su propio interés, pretenda obligarla a hacerlo, ya que, ello transgrediría el derecho y garantías constitucionales de su madre, siendo su deber hacer respetar como hijo y como su curador general.

Concluye, señalando que en consecuencia, a su entender, el presente recurso debe ser rechazado de plano, por no existir ningún atisbo de ilegalidad ni arbitrariedad en los hechos narrados en el recurso, en especial:

1.- por cuanto es el curador general provisorio de su madre, nombrado por sentencia interlocutoria de fecha 20 de julio de 2018, dictada por el 10° Juzgado Civil en la causa Rol Nº 23.433-2016, y por lo mismo, detenta su cuidado personal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 342 del Código Civil;

2.- por habérsele ordenado mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2019, hacerse cargo de su madre, para evitar que siguiera sufriendo lesiones por el abandono en que se encontraba al lado del ahora recurrente, dictada por el CMC de los Juzgados de Familia de Santiago en la causa RIT Nº F-8.871-2017;

3.- por habérsele negado al recurrente en ocho procesos, y juicios distintos por el CMC de Santiago, una relación directa y regular con su madre, incluso confirmados por esta Corte de Apelaciones por “los múltiples factores de riesgo señalados por las partes latamente en la presente causa para la presunta víctima…. que pueden provocar un mayor perjuicio para la adulta mayor”, y que esta parte sólo se ha limitado a acatar.”;

4.- por cuanto siendo el presente recurso de naturaleza extraordinaria, lo es sólo para proteger y garantizar garantías constitucionales del recurrente contenidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política, las que como se ha informado no han sido vulneradas de manera alguna por el recurrido;

5.- que no es procedente el conocer por esta vía extraordinaria y sin forma de juicio, -como es el real objetivo del recurrente-, un régimen comunicacional con su madre, el que ya ha sido negado en ocho oportunidades por el Tribunal de Familia, ya que, para conocer de ello se debe exigir entre otros, pericias psicológicas al actor, problemas que a simple vista ha detectado la Magistrado del CMC, al señalar que es una persona que “presenta algún grado de descontrol de impulsos”, lo que tiene plena correspondencia con el número de procesos judiciales en que ha estado involucrado, y además por haber agredido físicamente al recurrido como se denunció en el Juzgado de Familia, y en el Juzgado Civil de Interdicción, y anteriormente, también lo había hecho con su otro hermano.

Tercero: Que mediante escrito de fecha de 12 de agosto de 2020, el recurrido hace presente a esta Corte, que el actor a través del mismo abogado compareciente en estos autos, interpuso denuncia de violencia intrafamiliar en su contra, por los mismos hechos y con la misma causa de pedir del presente recurso. Agrega, que dicha denuncia fue ingresada en el CMC, con fecha 20 de julio de 2020, esto es después de un mes de ingresar el presente recurso de protección, bajo el RIT F-5728-2020, la cual, se encuentra con diligencias pendientes previo a aceptarla a tramitación.

Menciona, que lo anterior evidencia que el actor de autos ha recurrido a la vía ordinaria, descartando con ello esta vía excepcional y extraordinaria para conocer de su pretensión.

Agrega, que a su entender, el ejercicio de esta acción del recurrente, importa un desistimiento tácito del presente recurso, y por lo mismo correspondería el rechazo de plano de este recurso y su posterior archivo, al encontrarse esta materia ya sometida al conocimiento de un tribunal de Familia.

Acompaña, denuncia ingresada en el CMC con fecha 20 de julio de 2020, bajo el RIT F-5728-2020, para ser tenida a la vista al conocer del presente recurso.

Asimismo, con fecha 28 de septiembre de 2020, acompaña informe suscrito por la Directora de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Las Condes, de fecha 16 de Septiembre de 2020, dirigido al Centro de Medidas Cautelares de Santiago en la causa RIT F-5728-2020, en el cual informa haber constatado que su madre se encuentra “en buenas condiciones, en un ambiente adecuado para ella y con una cuidadora permanente”. Agregando que “presenta un deterioro cognitivo evidente...no teniendo claridad sobre su composición familiar (se confunde con cuántos hijos tiene y sus nombres)”

Cuarto: Que con fecha 27 de julio de 2020, comparece don nombre reservado, quien en su condición de hijo de doña nombre reservado, manifiesta tener interés directo en el resultado del presente recurso por afectar directamente a su madre, y por ello, en definitiva también a él. Por lo anterior pide que se le tenga como tercero coadyuvante en el presente recurso. Por resolución de 27 de agosto pasado, se le tuvo como parte en esta causa, en calidad de tercero coadyuvante.

Quinto: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Sexto: Que el recurrente, ha recurrido a través de la presente vía constitucional, argumentando la vulneración de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, por los hechos que denuncia respecto del recurrido por impedirle ver a su madre, enunciando como remedio para restablecer el imperio del derecho, el que se ordene al recurrido establecer los medios necesarios para que pueda ver a su madre, aunque sea por video cámara, para terminar solicitando, en su petitorio, que sea acogido este recurso, ordenando al recurrido una comunicación, que permita saber el estado físico, y psíquico de su madre, o lo que esta Corte estime para el restablecimiento del derecho.

Séptimo: Que como se expuso en estrados, y de los antecedentes acompañados en autos, consta que los hechos expuestos y solicitados, que éstos ya han sido, y se siguen conociendo a través de las correspondientes acciones ante los Juzgados de Familia, Civiles, y de Garantía, de manera, que se encuentran suficientemente amparados bajo el imperio del derecho. Tanto es así, que en un recurso de protección, ya interpuesto ante esta misma Corte, por los mismos hechos y en el fondo bajo el mismo objetivo, esto es, el lograr el recurrente recuperar la relación con su madre, que le estaría siendo impedida por el recurrido, con fecha 13 de febrero de 2020, se resolvió en este sentido, rechazando el arbitrio.

Octavo: Que en la especie, es verificable, como se ha dicho, de las diversas causas que se han tramitado bajo el mismo contexto familiar, que el recurrido en su calidad de curador legítimo general provisorio de su madre, es el encargado de su cuidado, de tal manera, que bajo este mandato judicial, ha actuado resguardando la tranquilidad y protección de ésta, más aún, en el estado de salud en que se encuentra, a sus 96 años, padeciendo de alzheimer, y ante los hechos violentos en que ha participado el actor, los que conocidos por el Centro de Medidas Cautelares y Juzgado de Garantía, han resuelto negando sus pretensiones, como se ha expuesto detalladamente por el recurrido en su informe, acompañando los antecedentes, que avalan sus dichos.

De tal manera, resulta evidente que esta no es la vía para conocer nuevamente, de una reiteración de las peticiones que en el mismo sentido ya conocen los juzgados competentes, además que el mismo actor ha interpuesto una denuncia en causa de violencia intrafamiliar por los hechos que da cuenta en este arbitrio, ante el Centro de Medidas Cautelares, con fecha 20 de julio de 2020, bajo el RIT F-5728-2020, según documento que se ha tenido a la vista.

Noveno: Que no obstante, el propio recurrido ha dado cuenta de una conversación, vía whatsapp, sostenida con el abogado representante del recurrente, a quien se le dio cuenta del estado salud de su madre, y que se encontraba debidamente cuidada, y se le ofreció mantenerlo informado semanalmente.

Décimo: Que teniendo presente que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar, que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados, esto es, expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

Undécimo: Que consecuentemente, como se ha venido relacionando, no apareciendo de los hechos que han sido materia de este recurso, la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ni de un derecho indubitado, resulta innecesario pronunciarse sobre la vulneración de garantías constitucionales como se ha denunciado, por lo que habrá de desestimarse el presente recurso, sin perjuicio del ofrecimiento de información que ha hecho el recurrido.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Durán.

Ingreso Corte N° 52271-2020 Protección Pronunciada por la Primera Sala, de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor señor nombre reservado, e integrada por las Ministros señora Elsa Barrientos Guerrero, y señora Inelie Durán Madina. No firma el ministro señor Vázquez, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.