nombre reservado con EDICIONES INTERFERENCIA SPA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparecen los abogados don Christian Paulsen Garbarino y don Julián Carrasco Poblete, en favor de don nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de Ediciones Interferencia SpA en su calidad de propietaria del sitio web https://interferencia.cl/ (que se define como periódico digital) representado por don nombre reservado, denunciando la vulneración de las garantías fundamentales del artículo 19 N°1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el 24 de mayo de 2019 se publicó en el sitio web https://interferencia.cl/ un artículo titulado “Trabajadores de Teatro del Bío Bío acusan a directorio de irregularidades. Influencia de la derecha en la zona”, suscrito por una persona que se identifica como nombre reservado., artículo al que es posible acceder en el link: https://interferencia.cl/articulos/trabajadores-de-teatro-del-bio-bio-acusan-directorio-de-irregularidades Señalan que, en el citado artículo, luego de hacer una referencia a “una carta escrita por el Sindicato de Trabajadores Teatro Bío Bío (TRBB)”, se señala, en relación al recurrente que “nombre reservado está constantemente presente en la rutina del TRBB. Pero en concreto, denuncian que el 14 de febrero pasado, en medio de una reunión con la presidenta del Sindicato de Actores y Actrices del Bío Bío, nombre reservado, una funcionaria de aseo entró a la sala en que se realizaba el encuentro y nombre reservado le habría dicho ‘me encanta esta chiquilla, la cara de fresca que tiene’, hecho que motivó una constancia en la Inspección del Trabajo por acoso sexual”. Lo antes transcrito, además de mendaz en su origen y en su esencia, constituye una tergiversación y absoluto mal uso de la carta del Sindicato de Trabajadores, que efectivamente existió, pero que en caso alguno habla de una constancia en la Inspección del Trabajo por acoso sexual. Ni tampoco una conducta de acoso sexual.

Aseguran que, en primer lugar, don nombre reservado jamás dijo ni se refirió a funcionaria o trabajadora alguna del Teatro Regional del Bío Bío utilizando las expresiones que señala la publicación en cuestión, si bien en esta parte en la publicación de la recurrida se cita la mencionada carta del Sindicato, lo cierto y efectivo es que jamás se profirieron tales dichos, sino que emitió palabras reconociendo lo “solícita y presta” de la señorita en cuestión, situación que quizás motivó un equívoco por parte del Sindicato de Trabajadores, y que fuera recogido por la publicación que motiva la presente acción constitucional de protección en la que se agregó, gratuita y livianamente, una calificación agraviante e infundada de acoso sexual y, verbigracia, de “acosador sexual del recurrente”. Dicho hecho, ha inferido gran afectación psicológica en el señor nombre reservado como se acreditará oportunamente durante la tramitación de este recurso.

Agregan que la publicación del sitio Interferencia incurre en una manifiesta falsedad y hasta en presumible mala fe, constitutiva de una acción ilegal y arbitraria, cuando agrega una circunstancia o hecho que en parte alguna utiliza o se indica en la carta del Sindicato, cual es la existencia de una constancia en la Inspección del Trabajo por acoso sexual, ello, amén de falso, no tiene fundamento o respaldo alguno, constituyendo una imputación que sólo encuentra explicación en una intencionalidad dañosa y/o ejecutada con la única finalidad de generar un impacto mediático, sin atender al daño que se causaba con esta publicación.

Refiere que este actuar ha generado un enorme daño a la persona, prestigio y honorabilidad del señor nombre reservado, pues se le imputa un hecho que no se apega a la realidad, tergiversándolos y asignándole un comportamiento falso, pero reprochable, reprobable y perjudicial, provocándole además de un menoscabo público, una afectación y alteración de su salud física y psíquica, debiendo consultar al Psiquiatra doctor nombre reservado, quien le prescribió medicamento para aliviar su estado de salud, consistentes fundamentalmente en Escitalopram, un antidepresivo.

Manifiesta que lo señalado vulnera abiertamente las garantías constitucionales del derecho a la integridad psíquica, asegurada en el artículo 19 N°1 y la del Derecho a la honra, prevista en el artículo 19 N°4, ambas de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales, solicitó que se dicten por esta Corte todas las medidas del caso a fin de reestablecer el imperio del Derecho, en particular ordenando a la parte recurrida eliminar del sitio web https://interferencia.cl/ la publicación de fecha 24 de mayo de 2019 contenida en el link https://interferencia.cl/articulos/trabajadores-de-teatro-del-bio-bio-acusan- directorio-de-irregularidades, o, en subsidio, ordenando a la recurrida modificar o aclarar la citada publicación, eliminando cualquier referencia o vinculación de su representado con situaciones, denuncias o actuaciones que directa o indirectamente digan relación con acoso sexual o conceptos análogos, todo ello con la debida condenación costas de la recurrida.

Comparece la abogada doña Dolly Palacios Araneda, por Ediciones Interferencia SpA., en adelante también Interferencia, evacuando el informe y solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Señala que el recurrente, ex integrante del Directorio, no poseía a la fecha de los hechos cuestionados, el 14 de febrero de 2019, cargo alguno en la Corporación, pero sin embargo se encontraba presente en una reunión en el Teatro, la cual estaba conformada por el vicepresidente del Directorio, nombre reservado y doña nombre reservado, quien tenía el cargo de presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de la Región del Bíobío. En este contexto ingresa doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, asistente de aseo del Teatro por medio de la empresa externa Center Ltda., momento en el cual el recurrente detiene la conversación que mantenía para señalar “me encanta esta chiquilla, la cara de fresca que tiene”. Consecuencia de lo anterior, doña nombre reservado, integrante del Sindicato de Trabajadores del Teatro Biobío decide interponer una constancia en la Inspección del Trabajo por hechos que podrían constituir acoso sexual en contra de la afectada, y que a su vez darían cuenta de la veracidad de lo informado en el reportaje, esto es, que si existe constancia de los hechos denunciados.

Refiere que con posterioridad a estos hechos, y en razón de ciertas irregularidades y problemas al interior del Teatro Biobío, el Sindicato decidió confeccionar una Carta que fue enviada a los Directores, Intendencia, Consejeros Regionales y al Ministerio de Cultura, la que adjunta a su informe. Entre otros temas, en dicha Carta se hace mención a los hechos que motivaron la constancia en la Inspección del Trabajo, por acoso sexual del cual se ha dado cuenta en el reportaje emitido por Interferencia. Copia de dicha Carta fue recepcionada vía correo electrónico por Interferencia, tal y como se comprueba con copia de dicho email que también acompaña a su informe.

Expresa que, en ese contexto, su representada el 24 de mayo del presente publicó el reportaje señalado en el recurso, pero hace presente que no se informa sobre la veracidad de los dichos o no, sino que la Carta recibida contendría la denuncia e información de hechos que podrían ser constitutivos de acoso sexual.

Manifiesta que no se dan los presupuestos para la procedencia del recurso de protección, ya que, en primer lugar, no existe acto arbitrario o ilegal, ya que Interferencia ejerció lícitamente la libertad de informar sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, el Pacto de San nombre reservado Rica y la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. En segundo lugar, tampoco se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues la noticia publicada no denigra, ni injuria, ni difunde informaciones falsas, sólo se limita a informar hechos ciertos, veraces y de relevancia pública en ejercicio de la libertad de información, por lo que no existe afectación de la honra.

Añade que, el inciso 2° del N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ante una colisión de garantías entre el derecho al honor y la libertad de información, se inclina en favor de la libertad de información, de manera tal que aquella cede ante ésta, al señalar que sólo se afecta el derecho al honor en la medida que se impute un hecho falso o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona. En el caso de autos, no se ha imputado ningún hecho falso, sino que por el contrario se trata de hechos esencialmente veraces, y, en todo caso, existe plena justificación para cualquier daño o descrédito que el reportaje pudiere haber acarreado al recurrente, toda vez que con esta información se muestran actos de carácter ilícito que el recurrente realiza, lo que reviste a la información de un contenido de alto interés público que justifica su difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía.

Señala que la ley consagra otros medios para conseguir el objetivo que solicita la parte recurrente, como el artículo 16 y 18 de la ley 19.733 y el artículo 29 de la ley señalada con relación al artículo 416 del Código Penal.

Finalmente expuso que de la lectura del reportaje emitido se puede observar que en ninguna parte se asevera la veracidad de los hechos relatados, sino que justamente el reportaje se basa en la carta emitida por el sindicato que da cuenta de una constancia en la Inspección del Trabajo por hechos que podrían ser constitutivos de acoso sexual. Es decir, el reportaje emitido informa legítimamente lo que el sindicato estaría denunciando como irregularidades.

Terminó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como constantemente se viene señalando por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar, con prontitud y urgencia, adoptando las providencias necesarias para ello, a quien es objeto de actos ilegales y arbitrarios que afectan el legítimo ejercicio de garantías y derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Escapa, en consecuencia, al fin de esta acción constitucional obtener pronunciamientos declarativos que, por su especial naturaleza, requieran de un procedimiento de lato conocimiento donde los derechos en discusión se transformen en derechos indubitados.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el acto que se le reprocha a las recurridas consiste básicamente en haber publicado un artículo en el sitio web https://interferencia.cl/ titulado “Trabajadores de Teatro del Bío Bío acusan a directorio de irregularidades. Influencia de la derecha en la zona”, en el que se alude a una carta del Sindicato de Trabajadores Teatro Bío Bío que le reprocha una conducta de acoso sexual, haciendo referencia a una constancia dejada por ese hecho en la Inspección del Trabajo, lo que no sería efectivo.

Tercero: Que, no se ha discutido en autos la existencia de la publicación del artículo señalado y el hecho que éste refiere a la carta del Sindicato referido. Lo que censura, como se señaló, es que la información sobre el acto que se le imputa de acoso sexual, así como la denuncia ante la Inspección del Trabajo no serían efectivas, como lo demuestra, en lo último, el Ord. 2350, de 27 de agosto de 2019, de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción. La recurrida por su parte argumenta que en el artículo publicado no informa sobre la veracidad o no de los dichos, sino sobre que la Carta recibida contendría la denuncia e información de acontecimientos que podrían ser constitutivos de acoso sexual.

Cuarto: Que revisados los antecedentes aparece que el artículo de la publicación de autos se limita a dar cuenta de los hechos del recurso, citando como fuente y haciendo referencia en todo momento a la carta del Sindicato, sin afirmar ni negar la veracidad de los hechos denunciados. También se consigna, a párrafo seguido, la respuesta a la consulta que se le formula al recurrente por la recurrida sobre ese punto: “No es mi estilo, no es efectivo lo que puedan decir de mí respecto de este tipo de cosas”, lo que demuestra que solicitó la versión de ellos de quien aparecía señalado como autor de los hechos denunciados.

Quinto: Que, sabido es que en un Estado de Derecho son los jueces los encargados por la sociedad de conocer, juzgar y en su caso, condenar a los sujetos que puedan haber incurrido en alguna conducta constitutiva de una infracción denunciada, a fin de hacer respetar el orden social establecido. La prensa y los medios de comunicación en general, por su parte, son los encargados de difundir las informaciones que sobre los hechos noticiosos y de relevancia pública puedan interesar a la comunidad. De ahí que no resulte, desde un punto de vista estrictamente conceptual, ni socialmente aceptable ni defendible, por un lado, atribuirle a la prensa la misma tarea de juzgar, como tampoco, por el otro, imponerle las mismas limitaciones a que se ve enfrentado el juez con relación a la información que maneja sobre los asuntos de que conoce. La prensa debe mostrarse atenta de requerir la versión de la persona que pueda ser sindicada por otro como autor de alguna conducta sancionable, lo que se ha verificado en este caso, pero ello no le impide difundir información objetiva, con ambas versiones, respecto a los hechos noticiosos que se han puesto en su conocimiento, lo contrario constituiría una censura previa que no está permitida por la Carta Fundamental según lo señala su artículo 19 N°12, que precisamente asegura a todas las personas, entre ellos naturalmente los medios de comunicación, "....la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado".

Sexto: Que, en ese contexto, no puede calificarse el actuar de la recurrida como ilegal o arbitrario pues, como se dijo, ésta se limitó objetivamente a informar de un hecho que se había puesto en su conocimiento, contando con la fuente y el sustento material de ello, sin juzgar dicha conducta, requiriendo, además, la versión del denunciado la que fue reproducida en el mismo medio inmediatamente a continuación del hecho en cuestión.

Séptimo: Que, así las cosas, al no haberse comprobado la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal por la recurrida, exigencia necesaria y previa para que un recurso como el autos pueda prosperar, resulta inconducente entrar al análisis de si las garantías fundamentales que se dicen afectadas por el recurrente han sido en efecto vulneradas, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no ha podido configurarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de Ediciones Interferencia SpA, sin costas, y sin perjuicio de los demás derechos y acciones que, en la sede y en los procedimientos correspondientes, pueda hacer valer el recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

N°Protección-52098-2019.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Lilian Leyton Varela, señor Juan Carlos Silva Opazo, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por haber cesado en sus funciones y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga.

En Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.