BANCO DEL ESTADO DE CHILE con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Recurso de Protección Rol I. C. 51981-2015.

“Banco del Estado de Chile con Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente”.

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, compareció a fs. 2, don Marcelo Davico Ramírez, abogado, en representación del Banco del Estado de Chile, empresa del giro bancario, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, representada para estos efectos por su Inspectora del Trabajo doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por estimar que se ha conculcado la garantía del artículo 19 Nº3, inciso 5º de la Constitución Política de la República. Solicita que en definitiva se acoja el recurso y se dejen sin efecto el acto ilegal contenido en las Resoluciones de multas administrativas N° 7738/15/43-1, 7738/15/43-2 y 7738/15/43-3, de 29 de abril de 2015, por privarlo de derechos y garantías constitucionales previstos en el artículo 19 n° , inciso 5° y 1º N° 24 de la Constitución Política del Estado, con expresa y ejemplar condenación en costas.

Funda su acción constitucional en el hecho que el fiscalizador de la Inspección comunal del Trabajo Santiago Oriente, señor nombre reservado, se constituyó en comisión especial al establecer la “…premisa (errada)…” que existía un vínculo laboral entre el Banco del Estado de Chile y las 15 personas que se individualizan en la Resolución de Multa N° 7738/15/436 – 1, 2 y 3, pues únicamente partiendo de esa premisa, podrían cursarse las sanciones mencionadas. En efecto, las supuestas infracciones constatadas por el Fiscalizador corresponden a las siguientes:

1. No escriturar el contrato de trabajo de las 15 personas individualizadas;

1. No contar con el respectivo registro de asistencia; y, 1. No entregar la respectiva liquidación de remuneraciones.

Indicó que todas estas cuestiones solo son exigibles cuando se está en presencia de un vínculo de naturaleza laboral, cuestión que se controvierte de plano, dado que las 15 personas respecto de las que se cursan las sanciones administrativas, no se encontraban bajo vínculo de subordinación y dependencia respecto del Banco del Estado de Chile.

Agrega que el fiscalizador y la institución fiscal recurrida, han sobrepasado sus atribuciones al dar por establecida la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, situación jurídica que solo compete a los Juzgados de Letras del Trabajo, ya que requiere el análisis y ponderación de prueba, respectando los principios del debido proceso.

Sostiene, además, que la recurrente se encuentra perturbada en su derecho constitucional de propiedad, pues los actos administrativos impugnados se traducen en la aplicación de 3 multas a beneficio fiscal por un monto de 225, 60 y 40 unidades tributarias mensuales, afectando directamente el patrimonio de la empresa.

Que en relación a las ilegalidades en la dictación de la resolución de multa administrativa, indicó que se ha lesionado la garantía constitucional de que es titular el recurrente y que se encuentra protegida en el artículo 19 Nº3, inciso 5º de la Constitución Política de la República, lo que hace procedente que dicho acto sea dejado sin efecto, ya que el ente administrativo sancionador carece de facultades para determinar la existencia de un vínculo de naturaleza laboral y precisamente, las multas cursadas parten de la premisa errada de la existencia de un vínculo de tal naturaleza. Sostiene que las personas objeto de la multa prestaron servicios para el Banco del Estado de Chile en virtud de un vínculo civil de prestación de servicios a honorarios, extendiendo las respectivas boletas de honorarios por los servicios prestados. Manifiesta que el fiscalizador de la Inspección del Trabajo no puede calificar una relación de naturaleza civil como laboral, al carecer de dicha facultad.

Indica que el artículo 7º de la Constitución Política de la República exige que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, órganos dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo y las diversas Inspecciones del Trabajo. Fortalece tal razonamiento lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política que establece la facultad jurisdiccional.

Indica que las facultades de la Dirección del Trabajo están establecida en su Ley Orgánica, la que establece que son: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral; b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo; c) La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral; d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen; y e) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo.

Agrega que solo puede sancionar la Dirección del Trabajo, cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción a las normas laborales, es decir, cuando sorprenda en sus labores de fiscalización ilegalidades claras, precisas y determinadas. Por tanto, no pueden interpretar cláusulas de carácter convencional, porque las mismas son exclusivas de los tribunales de justicia.

Finalmente, agrega que al aplicarse las multas de 225, 60 y 40 unidades tributarias mensuales, se ha afectado de manera directa el patrimonio de la recurrente y por ende su derecho constitucional de propiedad.

Pide se acoja la acción de protección dejando sin efecto el acto ilegal contenido en las resoluciones de multa administrativa Nº7738/15/43 1 – 2 – 3, todos de fechas 29 de abril de 2015, emanada del ente administrativo ya señalado, toda vez que priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales previstos en el artículo 19 Nº3, inciso 5º y 19 Nº 24 de la Constitución Política, con costas.

Segundo: Que a fs. 34 rola el informe de la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente. Solicita el rechazo de la acción constitucional fundado en que el recurso sería improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que dicha acción tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido, cuando ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

Agrega que la ley ha contemplado como recurso natural en contra de dicha resolución administrativa de multa, la reclamación judicial según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal. Sostiene que el propio recurrente presentó reclamo contra la multa administrativa el que se está tramitando ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT I-156-2015 caratulado “Banco del Estado con Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente”.

Manifiesta que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente, los derechos que se dicen conculcados.

Conforme a la jurisprudencia que invoca, sostiene que se ha ido formando un criterio para declarar inadmisibles los Recursos de Protección, no solo porque existan procedimientos especiales que permitan reclamar, sino porque lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger por esta vía.

Alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que no existe un acto que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, ha actuado dentro de las facultades expresamente conferidas por el artículo 505 del Código del Trabajo, de modo tal que no puede ser nominada de ilegal, en tanto no se actuó contra la ley y fuer razonada y fundada conforme a Derecho. Se ha recurrido en contra de una resolución dictada en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al Servicio, en virtud de un mandato expreso, el cual debe ser cumplido por la recurrida, so pena de incurrir en falta funcionaria.

Agrega que el acto recurrido es legal y que la recurrida ha actuado dentro de su competencia, por aplicación del artículo 505 del Código del Trabajo.

Asimismo, sostiene que hay una ausencia de arbitrariedad en la actuación recurrida, ya que la actuación no pugna contra la lógica y la recta razón y que ha actuado dentro de las atribuciones contenidas en la letra a) del artículo 1° del D.F.L. Nº 2 de 1967.

Alega la inexistencia de cualquier amenaza, privación o perturbación de las garantías constitucionales aludidas por la recurrente, ya que reitera, nuevamente, que la recurrida ha actuado dentro de la competencia que la ley claramente le atribuye.

Indica que la jurisdicción resuelve conflictos entre partes con carácter de cosa juzgada, en tanto que la resolución de multa, constituye un acto administrativo que solo verifica hechos concretos, los que constituyen infracción a la legislación laboral.

Señala que la resolución de multa tampoco viola la garantía de propiedad, ya que para ser afectado por dicho derecho, es porque no puede ser ejercido por vulneración a la ley. La multa aplicada se sustenta en los antecedentes de hecho recabados con motivo de la respectiva fiscalización y su dictación no se alejó de los parámetros razonables de la fiscalización administrativa.

En subsidio, informa que con fecha 24 de mayo de 2015 y a propósito de una denuncia realizada por un grupo de trabajadores en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, debido a que se encontraban en condición de informalidad laboral con la reclamante, el fiscalizador dependiente de dicha repartición se constituyó en visita inspectiva en dependencias de la empresa, se entrevistó con los trabajadores afectados y con la representante de la empresa, constatando que ingresaron los años 2007, 2008, 2012 y que emiten boletas de honorarios a la empresa desde esas fechas hasta ahora. Agrega que dichos funcionarios tienen la obligación de desempeñar la faena convenida en un espacio de tiempo significativo, como lo es la jornada de trabajo, realizan prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena contratada, lo que se expresa en un horario diario y semanal, que es obligatorio y continuo en el tiempo. Indica que deben asumir la carga de trabajo diaria que se pretende, sin que les sea lícito rechazar determinadas tareas o labores, realizan el trabajo según las pautas de dirección y organización que imparte el empleador y están sujeto a dependencia técnico y administrativa. Durante la jornada de trabajo, los trabajadores deben sujetarse a las normas de ordenamientos internos que fija la reclamante y tienen la obligación de rendir cuenta del trabajo, debido a que no obran por su cuenta, sino por disposición de su empleador. Las prestaciones de servicios se desarrollan en el establecimiento de la empresa y los implementos son de la recurrente. Indica que se constató que existen elementos de subordinación y dependencia que hacen presumir la existencia de un contrato de trabajo, por lo que solicita corregir dicha situación, a lo que el empleador se allana, reconociendo los hechos verificados por el fiscalizador, no existiendo error de hecho al constatar los mismos, firmándose el acta de constatación y quedó citado el empleador para el día 15 de abril de 215, con la finalidad de subsanar la infracción. En esa fecha, concurrió un representante de la empresa quien sostuvo que se encontraban corrigiendo caso a caso la situación de los trabajadores, pidiendo una ampliación de plazo, quedando citado para el 24 de abril del presente. Llegado el nuevo día concurrió un representante de la empresa presentando 6 contratos de trabajo quedando 15 de ellos aun en condición de informalidad laboral, lo que motivó la aplicación de la sanción.

Puntualiza que los hechos constatados por el Fiscalizador gozan de presunción de veracidad conforme lo dispuesto en el artículo 23 del D.F.L. Nº 2 de 1967 y que en su labor fiscalizadora no se ha arrogado facultades jurisdiccionales.

Por lo anterior, pide el rechazo del recurso con costas.

Tercero: Las partes no controvirtieron que la actuación de la recurrida consistió en una fiscalización sobre los servicios prestados por un grupo de personas a favor del recurrente, que reclamaban la existencia de una relación laboral que aparecía regulada formalmente como un contrato de prestación de servicios; y, que ante la verificación por parte de la recurrida y según su análisis, sobre la existencia de aquel vínculo laboral, se procedió a imponer la sanción de multa en contra de la primera, en atención a que la regularización de aquella relación laboral solo benefició a un grupo reducido de reclamantes.

Cuarto: Que la materia discutida en el Recurso, dice relación con la naturaleza y extensión de las facultades fiscalizadoras de la recurrida, que se encuentran reguladas por el artículo 505 del Código del Trabajo y por el D. F. L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, disponiendo el primero, que “… la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos…”; y, a su vez, la letra a) del artículo 1° del D. F. L. precedentemente citado dispone que “… le corresponderá particularmente … a) la fiscalización de la legislación laboral…”, esto es, la Dirección del Trabajo, en concepto de esta Corte, goza de competencia para la fiscalización y control de las leyes laborales, tratándose la alegación de la recurrente de un cuestionamiento que dice relación con la extensión de aquellas facultades de control, pero en ningún caso, de su desconocimiento de las atribuciones sobre la materia; mismas que son de aplicación y vigencia suficiente para conocer de la reclamación que se hizo por las personas que alegaron ser trabajadores amparados por la ley laboral, pero que contractualmente aparecían vinculadas a través de un contrato que constituía una informalidad laboral y por ende, de afectación de los derechos de aquellos.

La actividad fiscalizadora y protectora que el Estado ha asumido en esta actividad económica, disponiendo no solo de una judicatura especializada en ella, sino que además, organizando diversas instituciones administrativas para las tareas de fiscalización previa, dotadas de facultades suficientes al efecto, tales como en el caso de autos, la de imponer multas entre otras, deben ser analizadas y ponderadas al tenor del cumplimiento de sus funciones y empleo de las facultades que la ley les entrega, sin que aparezca como elemento decisorio para decidir sobre su competencia, la interpretación restrictiva que sobre esas materias hace valer la recurrente. La pretendida colisión de competencia entre la autoridad administrativa y judicial no solo no existe, ya que actúan dentro de momentos diversos en el control de la legislación laboral, sino que los efectos de sus decisiones se encuentran radicados de distinta manera en el orden patrimonial y procedimental, constituyendo la competencia judicial un control final sobre la primera. Si como sostiene la reclamante, debe hacerse un análisis restrictivo sobre las facultades de la autoridad administrativa, bastando la sola posibilidad de judicializar el tema, llevaría a concluir que las funciones de la autoridad administrativa serían sencillamente inoperantes, cuestión que se encuentra lejana a toda discusión.

Conforme a los razonamientos anteriores, la recurrida actuó en la materia que es de su competencia y conforme a sus facultades legales y cuya voluntad administrativa, fue expresada a través de las Resoluciones reclamadas, y que ellas, además, fueron objeto de un procedimiento que permitió su cuestionamiento judicial, como el que fue incoado ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad y cuya sentencia definitiva fue dictada el 22 de julio del presente año, cuya copia autorizada rola a fs. 59 y siguientes, en que se rechazó la reclamación de las multas impuestas por las mismas Resoluciones que motivan este Recurso.

Quinto: Que el Recurso de Protección constituye una acción constitucional cautelar que tiene por objeto adoptar prontas medidas en situaciones de hecho en que se han realizado actos o incurrido en omisiones, que con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, priven, perturben o amenacen de manera patente, manifiesta, grave y evidentemente anormal el debido ejercicio de un derecho exigido por el reclamante, que se encuentre amparado y garantizado en el texto constitucional. De tal forma, que la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) existencia de un acto u omisión en que se origina el recurso; 2) que ése sea ilegal o arbitrario; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

Según lo razonado en el motivo precedente, la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia, conforme a sus facultades y obligaciones legales, por lo que su actuar no puede ser calificado como arbitrario ni ilegal, así como tampoco es posible determinar la afectación de las garantías constitucionales invocadas en el libelo, de modo que no es exigible el restablecimiento del orden jurídico y la salvaguarda de las garantías fundamentales previstas en la carta primera.

Por lo anterior, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 2, por el Banco del Estado de Chile, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro (S) señor Carrillo González.

Rol I. C. 51981-2015.

No firma el Ministro señor Rivera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, conformada por el Ministro (S) señor Carlos Carrillo González y por el abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández. Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, diecinueve de agosto de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

1