nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 13, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, estudiante, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra de la Tesorería General de la República, representada Legalmente por el Tesorero General don nombre reservado, domiciliados ambos en domicilio reservado, en razón de los fundamentos que expone.

El 23 de marzo del año en curso, el gobierno anuncia por los medios la devolución anticipada de impuestos global complementario a modo de incluirlo en el paquete de medidas económicas en la crisis de la pandemia Covid-19, con el fin de inyectar caja a los ciudadanos. El Servicio de Impuestos Internos indica que dicha devolución se hará efectiva para quienes hayan cursado boletas de honorarios el día 21 de abril 2020 y para quienes pertenezcan al grupo de devolución de segunda categoría, se haría efectiva dicha devolución el día 13 de mayo del 2020, si la declaración se hacía entre el 1 y 10 de abril del presente año por medio de la página del Servicio.

Que la recurrente realiza su declaración de impuestos el día 1 de abril, indicando que se le hiciera el depósito en su cuenta vista del banco Santander, para cumplir con el plazo establecido ya que para esa fecha se encontraba sin trabajo y necesitaba cuanto antes una inyección de dinero para poder subsistir mientras pasa la pandemia.

Al terminar su declaración señala que el monto de solicitud de dicha devolución asciende a la suma de $1.472.314.- la que con fecha 15 de abril del 2020 fue autorizada por el Servicio de Impuestos Internos.

Una vez revisado y enterado de que su devolución iba a ser el día 13 de mayo, quedó a la espera de que llegase ese día, pero al revisar su cuenta notó que no había depósito alguno, por lo que decidió esperar hasta el otro día para volver a revisar y nuevamente no lo había. Es entonces cuando reviso la página web, el 14 de mayo del 2020, del Servicio de Impuestos Internos, arroja lo siguiente: “Su declaración no presenta diferencias con respecto a la información que el SII tiene en sus sistemas, por lo tanto, se autorizó a la Tesorería General de la República a que deposite o emita cheque por $1.472.314.

Posteriormente, la Tesorería efectuó una rebaja de $1.037.388 por concepto de compensación por lo que no se emitirá cheque o depósito. Para mayor información, consultó los eventos que se detallan más abajo en la sección "Historial", y constata el descuento de $457.011 por concepto de compensación por lo que no se emitió cheque o depósito. Para mayor información, se indica que consulte los eventos que se detallan más abajo en la sección "Historial".

Al revisar la página web de la TGR se entera que la retención se había hecho por concepto de deuda CAE-Crédito con Aval del Estado- y por deuda que mantenía con la Tesorería y a la fecha el monto actualizado era de $1.494.399 y por concepto CAE se retiene $1.037.388 y el saldo de $457.011 se retiene por concepto de monto compensado.

Que actualmente la actora se encuentra estudiando con el beneficio de gratuidad al estar dentro del 40% más vulnerable de la población, cuya matrícula fue en el año 2016, por lo que la actuación se contradice en el sentido de que si aún está estudiando, no debería serle cobrado el CAE, menos si goza del beneficio de pobreza y obtiene dicha garantía por parte del Estado.

Agrega que la retención o embargo de la devolución de impuesto por concepto CAE, se aparta del margen legal y justificable de ejercicio de sus competencias, por cuanto tal retención no figura amparada en alguna resolución judicial que la ordene u otra causa que la admita, con lo cual el Servicio incumple la obligación de pagar los compromisos fiscales -como lo es la devolución de impuestos que determina el Servicio de Impuestos Internos- que le asigna el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

Expresa que la mencionada privación constituye una afectación al derecho de propiedad que le corresponde sobre los dineros objeto de la retención que le asegura el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y constituye una afectación a la seguridad social amparada en el número 18 del artículo 19 de la Carta Magna, en virtud de que el gobierno adelantó dicha devolución con el fin único de poder ayudar a los ciudadanos en contexto de crisis económica por la pandemia, para quienes a esa fecha se encontraban sin trabajo, apuntando expresamente a la seguridad social y; constituye una afectación a la igualdad ante la ley contemplada como garantía en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que la posibilidad de reprogramar el crédito CAE, no fue posible por no encontrarse la comisión INGRESA con los datos necesarios de los acreedores para poder hacerla efectiva.

Finalmente solicita previos los trámites procesales se acoja el recurso de protección y en definitiva se ordene a Tesorería General de la República que deje sin efecto la retención de impuestos que ha practicado, respecto de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2020 por concepto CAE de $ 1.037.388, ordenando se le realice la correspondiente transferencia electrónica a la cuenta que he dispuesto para dicho trámite, y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuado informe por don nombre reservado, Abogado, de la Tesorería General de la República, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo de la acción de protección, en virtud de las consideraciones que expone.

En efecto, tal como se ha señalado, la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020, presentada por la recurrente, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 1.494.399.-, remanente que la Tesorería General debía restituir en el mes de abril del presente año.

Sin embargo, la devolución de impuestos no se verificó respecto de doña nombre reservado, por lo siguientes motivos:

i) En lo que dice relación con la cantidad de $1.037.388, esta fue retenida toda vez que la Institución Financiera solicitó a Tesorerías que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley N° 20.027, retuviera la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del Crédito con Aval del Estado.

ii) Respecto del monto de $457.011, este fue objeto de compensación en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

Que se hace es necesario precisar que la Ley N° 20.027 estableció un Sistema de Crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior.

Esta política pública, que facilita el financiamiento de la educación superior en nuestro país, es administrada por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (también denominada "Comisión Ingresa"), servicio público que forma parte de la Administración del Estado y que es el llamado por ley a administrar el Sistema de Financiamiento establecido en la Ley N° 20.027, consistente en la asignación de un beneficio que se materializa en el otorgamiento de un Crédito con Garantía Estatal, destinado a financiar los estudios de educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no pueden acceder al sistema financiero.

Que resulta necesario señalar que, de acuerdo con lo informado por la Comisión Ingresa, doña nombre reservado, es beneficiaria del Crédito con Garantía Estatal desde el año 2010, utilizando el financiamiento dicha anualidad para solventar sus estudios de Kinesiología en la Universidad de las Américas. Durante el año 2012, la deudora hizo efectivo su derecho a cambio de carrera y/o institución de educación superior, matriculándose en el CFT Santo Tomás en la carrera de nombre reservado.

La institución financiera encargada de la administración de su crédito fue Scotiabank Chile y la institución acreedora del mismo la Tesorería General de la República. Luego de dos períodos anuales consecutivos sin recibir información de matrícula vigente por alguna de las instituciones de educación superior que participan del sistema de financiamiento, y de conformidad con la normativa que rige el Sistema de Créditos para Estudios Superiores, fue declarada su deserción académica en el año 2014, iniciándose su cuadro de pago de cuotas al mes subsiguiente de declarada la deserción académica, es decir, con fecha 05 de noviembre de 2014. Debido al prolongado incumplimiento en el pago de sus cuotas, y tras la realización de las gestiones de cobranza prejudicial y judicial, el 30 de septiembre de 2015, fue aprobado el cobro de la garantía por deserción académica y certificado el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera respecto de los montos no cubiertos por la antes referida garantía. Cabe tener presente que en julio del 2016, fue cargada la deuda en la Cuenta Única Tributaria de la Tesorería General de la República.

Sobre este punto, es del caso añadir que el artículo 3 de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6 del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste.

El artículo 35 del Reglamento, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, cuatro cuotas consecutivas de su crédito. Para que proceda el pago de la Garantía Estatal, la institución financiera deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente: a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos ya señalados, y c) El inicio ante tribunal competente de las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito adeudado, correspondiendo a las Bases de Licitación de cada año precisar los trámites judiciales exigibles.

Enseguida, y considerando que la Comisión es el servicio público llamado por la normativa a verificar el incumplimiento del deudor, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda, se certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera.

Por ello, verificado entonces el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, en julio de 2016, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente dicha deuda.

En relación a dicha declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020, presentada por la recurrente, efectivamente, ésta arrojó remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 1.494.399.-, cantidad que la Tesorería General debía restituir en el mes de abril de este año. Sin embargo, tal devolución no se verificó puesto que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores solicitó al Servicio de Tesorerías que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 20.027, y del artículo 44 de su reglamento, contenido en el Decreto 266, del Ministerio de Educación, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del Crédito con Aval del Estado regulado por esa ley, entre los cuales se encontraba la recurrente, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, esto es, el Banco Scotiabank, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta de la recurrente del año tributario 2020, y remitió la cantidad de $1.037.388 al Banco Scotiabank, en su condición de entidad acreedora.

De lo expuesto, se colige claramente que Tesorería no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, por cuanto actuó en virtud de una habilitación legal, contemplada en el precitado artículo 17 de la ley N° 20.027.

Que para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de su derecho de propiedad.

Que el Servicio de Tesorería en cumplimiento de un deber legal procedió a retener la devolución de impuesto a la renta de la recurrente correspondiente al año tributario 2020, de acuerdo a lo ordenado por la Comisión Administradora de Créditos para Educación Superior, y ésta última de acuerdo a lo informado a ella por la aludida entidad bancaria, de lo cual se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable al recurrido, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

De acuerdo a lo expuesto, el recurso interpuesto respecto de esta Institución adolece del fundamental requisito de la legitimación pasiva y se hace jurídicamente imposible que esta Corte restablezca el imperio del derecho a través de la Tesorería General que no ha hecho más que atenerse al mismo.

En el caso que motiva el presente recurso de protección consta que cerificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión Ingresa remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando ésta en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente.

Esta obligación legal de pago de la acreencia fiscal nace cuando se certifica por parte del organismo girador (Comisión Ingresa) el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos.

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de los excedentes de pago de pagos provisionales que arrojen las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los contribuyentes.

En el caso de la recurrente, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco.

Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria de la recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 303881140, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, con la devolución que arrojó su declaración de impuesto a la renta ascendente a la suma de $457.011.

Que la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

En lo que respecta a la garantía constitucional eventualmente transgredida.

No ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago.

Es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido en estos autos, y en definitiva, no dar lugar al recurso, en primer término, por la inadmisibilidad invocada, y en subsidio de lo anterior, rechazarlo por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

QUINTO: Que constituyen hechos no indubitados los siguientes: a) de $1.494.399 y por concepto CAE se retiene $1.037.388 y el saldo de $457.011 se retiene por concepto de monto compensado; y b) Que la actora es deudora morosa del crédito solidario universitario.

SEXTO: Que el artículo 1 de la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, establece: “Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la Tesorería General de la República en cumplimiento de un mandato legal, y previamente informado por la entidad acreedora, --Fondo Solidario de Crédito Universitario--, que el recurrente era deudor del crédito universitario, procedió a retener su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2020.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige que la parte recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal, al practicar la retención singularizada en el motivo anterior, por lo que su actuar aparece justificado legalmente, y por lo tanto, la presente acción de protección no puede prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General don nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección-51970-2020.