ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA con nombre reservado CHILE S.A

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Lo Barnechea, en representación de la misma, Corporación de Derecho Público, en contra de la empresa nombre reservado CHILE S.A., representada por su gerente general don nombre reservado, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en exigir un pago para el retiro de medidores del campamento donde se construirán viviendas sociales, y además el pago de cualquier saldo adeudado por los clientes de la propia recurrida a quienes presta servicio de electricidad impidiendo con ello el desarrollo del proyecto.

Funda su solicitud en que en principio el Fisco de Chile era dueño del inmueble ubicado en domicilio reservado de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, el Ministerio de Bienes Nacionales dispuso la transferencia gratuita del inmueble antes mencionado, fundado en que la Municipalidad requiere el inmueble fiscal con el objetivo de beneficiar un total de 380 familias del Campamento Juan Pablo II, quienes cuentan con un subsidio Serviu insuficiente para la adquisición del presente inmueble, atendido el aumento del avalúo fiscal y las necesarias obras de tratamiento del suelo, considerando además que se trata de un inmueble con una ocupación histórica por parte de las familias del Campamento, motivo por el cual el Ministerio de Bienes Nacionales con fecha 17 de octubre del año 2014 autoriza desde ya a la Municipalidad para enajenar el inmueble transferido a las familias beneficiarias del proyecto habitacional.

Añade que mediante Oficio SECPLA enviado con fecha 15 de febrero de 2018 por el Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación don nombre reservado al Gerente General de nombre reservado, don nombre reservado y al Ejecutivo de negocios don nombre reservado, se informa el inicio de la faenas de traslado de familias y despeje de las construcciones existentes en el contexto del Proyecto Habitacional que se ejecutará en el mismo terreno y donde se indica la necesidad del retiro de las conexiones existentes por parte de la empresa.

Con fecha 21 de junio de 2018, ingresó en la oficina de partes de esta Municipalidad, una carta de la empresa nombre reservado CHILE S.A, dando respuesta a la solicitud efectuada por el propio municipio respecto al retiro de 207 monofásicos aéreos ubicados en el campamento Juan Pablo II, informando que el costo del retiro para el municipio sería de 325,611 UF. Además, la empresa señala que para proceder al retiro de los monofásicos aéreos es necesario que “…Al momento del retiro, los clientes no deben tener deudas por concepto de consumo eléctrico, en caso contrario no se podrá retirar…”.

En consecuencia nombre reservado efectúa dos exigencias para efectuar el retiro de los medidores, una que se pague el costo del retiro y la segunda que se pague cualquier saldo adeudado por los clientes de la propia recurrida a quienes presta servicio de electricidad, queriendo hacer responsable a la Municipalidad de Lo Barnechea de deudas de terceros, impidiendo de esta manera en forma ilegal y arbitraria el desarrollo del proyecto de construcción de estas viviendas sociales. nombre reservado, realiza una exigencia improcedente, en el sentido de que no existan deudas pendientes de sus clientes, lo que es totalmente impropio, atendido que de existir deuda, es de los usuarios de nombre reservado, a quienes dicha empresa presta servicios, a quién debe y puede cobrarles ya sea por vía extrajudicial o por vía judicial si sus clientes no le efectúan el pago correspondiente, pero que en ningún caso tiene porqué imponérsele al Municipio la obligación de responder por eventuales deudas de terceros de los que el ente edilicio no es responsable ni codeudor o aval.

Agrega que la exigencia efectuada por nombre reservado al municipio afecta y vulnera las facultades del derecho de dominio que tiene el recurrente sobre este predio en cuestión, consagrado por el numeral 24º del artículo 19º de la Constitución Política de la República, impidiendo al municipio seguir adelante con su plan de erradicación de campamentos, en terrenos donde justamente se van a construir las viviendas sociales que serán traspasadas a los propios beneficiarios de los comités de viviendas que obtuvieron acceso al subsidio, es decir, junto con impedir el desarrollo propio de la Municipalidad en cuanto obtener un beneficio social como es el de la vivienda propia y digna para sus comités de allegados, le impide efectivamente usar, gozar y disponer de un inmueble de la cual es dueña, lo que naturalmente debe ser rechazado, dejado sin efecto la exigencia hecha al municipio en cuanto estar al día los clientes de nombre reservado previo al retiro de los medidores, caso contrario, se estaría poniendo una restricción al derecho de propiedad no contemplado ni en la Constitución ni en las Leyes, lo que es repudiable desde todo punto de vista legal.

Esta exigencia ilegal y arbitraria, limita arbitraria e ilegalmente, los atributos de uso, goce y disposición del dominio del inmueble de la Municipalidad en términos, de impedirle el inicio de la construcción ya señalada. El artículo 19 N°24 señala que “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social…”

De conformidad al Decreto Ley N°1939 de 10 de noviembre de 1977, el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, podrá transferir inmuebles fiscales en forma gratuita a las entidades señaladas en el artículo 61 de este decreto ley, entre las cuales figuran las Municipalidades y conforme a esta normativa el Ministerio de Bienes Nacionales con fecha 26 de junio del año 2014 procedió a transferir el dominio del inmueble en comento a la Municipalidad de Lo Barnechea, inscribiéndolo a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.

Solicita en consecuencia acoger esta acción cautelar, declarando ilegal y arbitrario el actuar de la empresa recurrida, nombre reservado, restableciendo el imperio del derecho, ordenando las medidas necesarias y conducentes para el total respeto del derecho de propiedad que tiene la recurrente sobre su inmueble, especialmente ordenar a la recurrida proceder al retiro de los empalmes de sus usuarios y postes del alumbrado público en el plazo de 15 días desde notificado el fallo con miras a la construcción de las viviendas sociales y cualquier otra medida que se estime oportuna para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que la empresa eléctrica recurrida, solicita en primer lugar se declare inadmisible el recurso y en subsidio, solicita su rechazo, fundado en que mediante e-mail de fecha 3 de mayo de 2018, suscrito por don nombre reservado de la Municipalidad de Lo Barnechea y cuya copia se acompaña, se señala: ”Estimado nombre reservado: De acuerdo a lo conversado en terreno y vía telefónica te vuelvo a solicitar presupuesto y las deudas por servicio en el sector del campamento Juan Pablo II”.

En respuesta a dicho e-mail y mediante carta de fecha 19 de junio de 2018 suscrita por don nombre reservado, se le informó al señor nombre reservado que los costos asociados al retiro de 207 medidores monofásicos aéreos ubicados en el campamento Juan Pablo II, calle San nombre reservado de Balaguer al oriente de San Francisco de Asís, de la comuna de Lo Barnechea, ascienden en total a la suma de 325,611 Unidades de Fomento.

En el Anexo N° 1, intitulado Condiciones Generales del Proyecto, se señala que “Al momento del retiro, los clientes no deben tener deuda por concepto de consumo eléctrico, en caso contrario no se podrá retirar el cliente”.

Agrega que en suma, dicha Municipalidad ha solicitado un trabajo, ante lo cual se le ha indicado a cuánto asciende el mismo y las condiciones para ejecutar el trabajo. La “Instalación o Retiro de Medidores” constituye uno de los servicios asociados al suministro de energía eléctrica cuya tarifa está expresamente regulada en el Decreto N° 8T del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de marzo de 2014. Además, esta tarifa de los servicios asociados al suministro de energía eléctrica está publicada en la página web de nombre reservado Chile, la cual, a la fecha de la carta enviada, asciende a 1,573 Unidades de Fomento por cada retiro de medidor, según se informó en dicha misiva enviada al municipio. En consecuencia el cobro formulado a la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea se encuentra estrictamente ajustado a la normativa vigente.

Añade que todo lo relacionado con los cobros y facturación que puede efectuar nombre reservado, le corresponde fiscalizarlos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuyo artículo 2 de la Ley N.° 18.410 señala que “El objetivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas”.

Concluye señalando que nombre reservado Chile S.A. no ha cometido ningún acto ni incurrido en ninguna omisión arbitraria o ilegal que pudiera causar una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la garantía que el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, y en consecuencia, no concurren en la especie los requisitos que la Carta Fundamental establece en el artículo 20 para que pueda prosperar la acción cautelar de protección de las garantías constitucionales y, por ende, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible. En subsidio, basado en los mismos fundamentos, solicita el rechazo de este recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

Quinto: Que el acto que se estima ilegal y/o arbitrario es la carta de fecha 19 de junio de 2018, firmada por don nombre reservado, Ejecutivo de Negocios Area Clientes Institucionales de la empresa eléctrica nombre reservado S.A, dirigida al señor nombre reservado, de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, la cual responde los diversos mails dirigidos con el objeto de plantear los costos sobre retiro de 207 medidores monofásicos aéreos ubicados en el campamento Juan Pablo II, calle Jo nombre reservado de Balaguer, al oriente de San Francisco de Asís, en la comuna de Lo Barnechea, manifestando que el costo neto total asciende a 325,611 Unidades de Fomento.

En el Anexo N°1, de dicha carta, titulado “Condiciones Generales del Proyecto”, se señala lo que se estima ilegal y/o arbitrario, toda vez que condiciona el retiro de los empalmes a que “los clientes no deben tener deuda por concepto de consumo eléctrico, en caso contrario no se podrá retirar el cliente”.

Sexto: Que se estima que la acción desplegada por la empresa recurrida nombre reservado, al condicionar el retiro de los medidores solicitados por la Municipalidad al pago de la deuda que tengan los clientes de la misma, es ilegal, pues si bien las deudas derivadas del servicio para con la empresa suministradora se radican en el usuario o cliente, quien conforme lo dispuesto en el artículo 225, literal q) del D.F.L. Nº 4/20.018, de 12 de mayo de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos, “es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico”, agregando que “en este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora”, no es menos cierto que, el inciso 2º del artículo 146, del D.S. N° 327/97, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, consignando la misma regla, sin embargo, agrega que se excluyen de esta radicación las excepciones contempladas en el artículo siguiente, las que suponen, primero, un incumplimiento en el pago del servicio por el cliente y, segundo, que la concesionaria no ejerza la suspensión del suministro por este hecho, en cuyo caso la norma dispone que resulta necesario requerir para que opere la radicación la autorización escrita del propietario, lo que no se ha demostrado en autos que haya ocurrido.

En ese escenario, resulta contrario precisamente a las normas recién señaladas, condicionar el retiro de los señalados medidores al pago de una obligación que no se encuentra radicada en la recurrente.

Es necesario tener en consideración, además, que la empresa recurrida tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica en la comuna, por lo cual en caso de que la Municipalidad no acate la condición, no puede solicitar a otra empresa eléctrica el traslado de los empalmes, no pudiendo en consecuencia realizar el proyecto social mencionado.

Séptimo: Que el referido actuar resulta, además, arbitrario o carente de razonabilidad, toda vez que contando con las atribuciones y medios legales para cobrar las deudas impagas de sus clientes, sea judicial o extrajudicialmente, trata de condicionar la ejecución de la obra de la recurrente, al pago de una deuda por consumo de energía eléctrica que, como ha quedado dicho, no puede radicar en la persona del recurrente, en tanto propietario del inmueble, sin demostrar que haya autorizado ese hecho, o que se haya obligado como codeudor o avalista, situación que es conocida por la recurrente.

Octavo: Que la parte recurrente acreditó el dominio del inmueble donde se pretende realizar viviendas sociales, requiriendo el retiro de los empalmes eléctricos, con la escritura pública de Transferencia Gratuita del Fisco de Chile a la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, de fecha 17 de octubre de 2014, fundado en que el Municipio requiere el inmueble fiscal con el objetivo de beneficiar a un total de 380 familias del campamento Juan Pablo II, quienes cuentan con un subsidio Serviu, el cual es insuficiente para la adquisición del inmueble; y la inscripción conservatoria del título de fecha 08 de junio de 2015, a fojas 39565 N°58618 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2015, a nombre de la Municipalidad recurrente. Igualmente se acreditó el proyecto de construcción de viviendas sociales por parte de la recurrente en el terreno en cuestión, que beneficia a familias de escasos recursos, que vivían en el campamento Juan Pablo II de dicho Municipio.

Noveno: Que el derecho de propiedad sobre una cosa corporal o incorporal posee las atribuciones de usar, gozar y disponer que tiene su dueño sobre la cosa y sólo la Ley puede establecer el modo condicionar estos atributos y las limitaciones al dominio, atento lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de Chile, de tal forma que el actuar ilegal y arbitrario de la empresa nombre reservado, al condicionar el retiro de los empalmes eléctricos para dar curso al proyecto de construcción de viviendas sociales en un terreno que es de propiedad de la recurrente, al pago previo de los consumos de sus clientes, afecta a las atribuciones que tiene todo dueño sobre su propiedad, en particular el derecho de usar de él, que consiste en la facultad que tiene de servirse de la cosa tal cual es, conforme a su naturaleza y destino, atributo que ve el recurrente privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio al impedirle cumplir el objetivo para lo cual ha destinado estos terrenos.

Décimo: Que, conforme a todo lo que vienes de ser señalado, esta Corte acogerá el recurso de protección deducido en la forma que se expresa en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección del año 2015, se acoge, con costas, el recurso de protección, deducido por don nombre reservado, en representación de la Municipalidad de Lo Barnechea, en contra de la empresa nombre reservado CHILE S.A., representada por su gerente general don nombre reservado, solo en cuanto declara que resulta arbitrario e ilegal condicionar el retiro de los 207 monofásicos aéreos ubicados en el campamento Juan Pablo II a la existencia de deudas por concepto de consumo eléctrico de los clientes o usuarios de dichos suministros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (s) don Juan Manuel Escobar Salas, quien no firma por ausencia.

Protección N°51969-2018