nombre reservado con UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO ACUM. ING. CORTE 51779-2018.-

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 20 de julio de 2018, don nombre reservado interpone un recurso de protección a favor de nombre reservado y uno a favor de nombre reservado, estudiantes de tercer semestre de la carrera de Psicología, en contra de la Universidad Andrés Bello (UNAB) por el mismo acto que estima ilegal y arbitrario de cambio en las políticas de calificación académica, que provocó que disminuyeran sus notas de presentación al examen, con lo que mutaron sus condiciones académicas, de aprobadas a reprobadas, en la asignatura de Introducción a la Investigación I.

Estima que mediante tal actuación la recurrida ha vulnerado las garantías del artículo 19 Nos. 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se dejen sin efecto las medidas adoptadas a última hora y se mantengan las decisiones respecto de la calificación anterior a las presiones, que tenían por finalidad ayudar a los alumnos y disminuir las consecuencias de las pérdidas de tiempo y los retrasos en las actividades académicas, producto de una serie de movilizaciones, que imposibilitaron la realización de todas las actividades programadas, obligando a comprimir las clases, suspender ciertas tareas, trabajos y actividades, que implicaban calificaciones.

Expone que la universidad se marginó de la problemática que originaban las movilizaciones, dejándose arrastrar por las presiones, sin considerar que desde el año 2014, existe un fallo de la Corte Suprema que declara ilegales las tomas y las movilizaciones que vulneran el legítimo derecho de estudiar.

Indica que, considerando las anomalías y los recortes de tiempo, la Escuela de Psicología determinó ciertas políticas de calificación en función a esa realidad, lo que derivó en que se efectuaran trabajos y evaluaciones, que si bien no estaban consideradas en un principio, fueron incorporadas precisamente como una fórmula para reemplazar lo originalmente programado y ayudar a los alumnos.

Alega que, a menos de una semana del examen de esta asignatura, se enteraron que la Escuela de Psicología había cambiado las políticas de evaluación, en razón a presiones ejercidas por algunos alumnos, que en forma completamente arbitraria se atribuyeron la representación de todos los estudiantes de psicología.

Afirma que con este nuevo cambio, las alumnas por quienes se recurre fueron perjudicadas, ya que disminuyeron su nota de presentación al examen, con lo cual, cambió su condición académica, de aprobadas a reprobadas en la señalada asignatura.

Manifiesta que cuando las alumnas se dirigieron a la escuela para obtener una respuesta o solución a su situación, las autoridades, tanto el Secretario de Estudios como la profesora de la asignatura solo se limitaron a avalar la decisión justificando los cambios de políticas y no entregaron solución alguna a la alumna, incluso en los comunicados y correos queda claro el cambio e incluso se señalan las notas que fueron desechadas por la profesora.

Sostiene que, en cuanto a la integridad síquica de las recurrentes, la situación provocada por el acto impugnado, les resulta frustrante y produce graves consecuencias sicológicas tanto para las alumnas como para su grupo familiar, que en función a la decisión original de la escuela, se formaron legítimas expectativas en razón a haber aprobado todas sus asignaturas.

En cuanto a la igualdad ante la ley, del numeral 2 del artículo 19 constitucional, considera que la institución estaría vulnerando los principios del estado de derecho al dejarse llevar por las presiones, ya que el gobierno universitario se encontraría dirigido por los estudiantes que ejerzan mayor coacción, dejando de lado a los estudiantes que discrepen de estos grupos.

El recurso postula, en suma, que el acto impugnado sería “errático y arbitrario”.

La recurrida, informando el recurso, solicita se lo rechace, con costas Señala, en primer lugar, que el relato de las recurrentes omite hechos de vital importancia para la resolución del presente recurso de protección, exponiendo una serie que no se condicen con la realidad.

Refiere que con fecha 11 de diciembre de 2017, la universidad, las recurrentes y sus respectivos apoderados suscribieron un contrato de prestación de servicios educacionales, con el cual UNAB inscribió a las actoras como alumnas en la carrera de Psicología, en jornada diurna, para el periodo académico 2018.

En dicho contrato, tanto las recurrentes como sus apoderados declararon expresamente en la cláusula tercera “estar en conocimiento y se obligan a respetar los reglamentos, políticas, normas y procedimientos internos vigentes en la Universidad”.

Adicionalmente, en los contratos se dejó constancia en su cláusula cuarta que “el programa de la carrera se impartirá de acuerdo con lo establecido en el Decreto respectivo, en cuanto a asignaturas, prerrequisitos de avance curricular, horarios y requisitos de asistencia a clases, presenciales u online, plazos y demás exigencias que son propias del programa”.

Expone que el curso de “Introducción a la Investigación I” es un ramo que por malla se imparte el tercer semestre de la carrera y que está sujeto a las normas del Reglamento del Alumno de pregrado de UNAB (“Reglamento”), como también a las normas oficiales de la Carrera de Psicología.

Indica que los profesores de la asignatura en cuestión informaron al inicio del semestre que el sistema de evaluación del curso “Investigación I” consistiría en pruebas que serían ponderadas en un 50% y un trabajo de laboratorio que sería valorado en un 50%, con lo cual se obtendría la nota de presentación al examen. A su vez, se les habría informado que el trabajo de laboratorio estaba compuesto por: (i) 20% del “avance 1”; (ii) 30% “avance 2”; y (iii) 50% de la entrega final, conforme a un cronograma que detalla.

Finalmente, se les indicó que la nota de presentación al examen equivaldría a un 70% y la del examen a un 30% de la final del curso respectivamente, aprobándose el curso con una nota mínima total de un 4.0.

Refiere que producto de la movilización estudiantil ocurrida el primer semestre de este año, que se extendió por 3 semanas, terminando a finales del mes de mayo, que consistió específicamente en un “paro reflexivo”, no fue posible realizar la evaluación del “avance 2” del trabajo de laboratorio fijado para el día 17 de mayo de 2018, por lo que los profesores del curso, con el ánimo de no perjudicar a los alumnos, les propusieron disminuir la ponderación total del trabajo de laboratorio a un 30% y reemplazar la nota del “avance 2” (30% del total del trabajo de laboratorio) por notas de autoevaluación y notas grupales.

Sin embargo, indica que atendido que un grupo de alumnos del curso reclamaron ante la Secretaría Académica de la carrera por estos cambios de programa informados por los profesores, ésta no autorizó la modificación del porcentaje y la sustitución de las calificaciones indicadas precedentemente, instruyendo expresamente que se diera cumplimiento al programa del curso informado a los alumnos al inicio del semestre.

Precisa que no ocurrió entonces una modificación de políticas de evaluación impartidas por la autoridad universitaria ante la supuesta presión de un grupo de estudiantes, sino que estaríamos ante la no implementación de las modificaciones propuestas por los profesores al programa inicial del curso, manteniéndose las políticas de calificación originales.

Manifiesta que en consecuencia, los profesores informaron a los alumnos que las evaluaciones del ramo se mantendrían conforme lo comunicado en el programa original, esto es, con ponderación de un 50% de las pruebas y un 50% para el trabajo de laboratorio, todo lo cual da como resultado la nota de presentación al examen.

A su vez, informa que los porcentajes del trabajo de laboratorio se mantuvieron según el programa, compuesto por (i) 20% del “avance 1”; (ii) 30% “avance 2”; y (iii) 50% de la entrega final. Asimismo, se informó que para completar el 30% del “avance 2” del trabajo que no pudo realizarse por las movilizaciones, se supliría dicho porcentaje con un promedio aritmético simple de las notas del 20 y 50% respectivos del trabajo, evitándose con ello que dicho 30%, que no está asociado a entrega de trabajo alguna, fuera reemplazado por notas. Adicionalmente, respecto a la entrega final del trabajo de laboratorio, el día 04 de junio de 2018 se informó a los alumnos la eliminación de algunos puntos de la entrega final, disminución de contenidos que tuvo por objeto que los estudiantes pudiesen entregar un buen proyecto de investigación.

Asegura que el examen del ramo se realizó en la fecha originalmente programada, esto es, el 05 de julio de 2018. Dado lo anterior, expresa que la recurrente nombre reservado se presentó con nota 3,7 al examen, obteniendo en el mismo una nota igual, por lo que reprobó el ramo de “Investigación I” con dicha nota. Por su parte, la recurrente nombre reservado, se presentó con nota 3,8 al examen, obteniendo en el mismo una nota 3,5, por lo que reprobó el ramo de “Investigación I” con nota 3,68.

Hace presente que de un universo total de 241 alumnos que cursaron el ramo Investigación I en las distintas secciones abiertas al efecto el primer semestre de 2018, sólo 41 de ellos reprobaron el ramo, entre los cuales se encuentran las recurrentes. Respecto de la situación particular de la alumna nombre reservado, señalan que ella ni siquiera asistió a la instancia fijada por los profesores para la revisión de las notas del examen, instancia formal a la que los estudiantes tienen derecho a asistir para exponer sus discrepancias con la nota obtenida y que, de no asistir a la misma, tal como le fue informado a la alumna en su oportunidad, no existe otra instancia formal de revisión según las normas internas de la Universidad.

Por otro lado, alega que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas por las recurrentes, sino que la universidad simplemente habría actuado conforme las normas institucionales que regulan el sistema de evaluaciones y condiciones de la misma para el caso concreto, las que se habrían aplicado en igualdad de condiciones para todos los alumnos del curso de “Investigación I”.

Afirma que las recurrentes no han sido discriminadas en caso alguno, sino que simplemente se les aplicó a ellas y a todos los más de 200 alumnos del ramo en cuestión, en integridad e igualdad, los mismos criterios y porcentajes de evaluaciones, que fueron aquellos fijados e informados a comienzos del semestre.

Adicionalmente señala que el recurso en los términos formulados no puede prosperar, ya que no estaríamos en presencia de un derecho indubitado de las recurrentes que las habilite a recurrir por esta vía, requisito que nuestra jurisprudencia en forma reiterada ha exigido para que prosperen los recursos de protección.

Por último, alega que esta no es la vía idónea para plantear conflictos de relevancia jurídica que tienen vías ordinarias o especiales aptas para conocer los mismos, para efectos de resolver acerca de la licitud o ilicitud de los criterios y formas de evaluación del ramo en comento, indicando que las actoras tienen a su disposición las acciones contractuales ordinarias que le confiere el Código Civil, así como también las especiales que emanan del estatuto de protección al consumidor dispuesto en la Ley N°19.496.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, tal como se indica en la parte expositiva de esta sentencia, ha comparecido ante esta Corte con fecha 20 de julio de 2018, don nombre reservado interponiendo recurso de protección a favor de nombre reservado y de nombre reservado, estudiantes de tercer semestre de la carrera de Psicología, en contra de la Universidad Andrés Bello (UNAB), por el mismo acto que estima ilegal y arbitrario de modificación de las políticas de calificación académica, que provocó que las recurrentes disminuyeran sus notas de presentación al examen, con lo que mutaron sus condiciones académicas, de aprobadas a reprobadas, en la asignatura de Introducción a la Investigación I.

Estima que mediante tal actuación la recurrida ha vulnerado las garantías de las recurrentes del artículo 19 Nos. 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el informe respectivo se solicitó el rechazo del recurso, con costas, argumentando cuatro razones esenciales:

(1) En primer lugar, planteando una versión diversa de los hechos, sosteniendo que estaríamos solamente frente a la no implementación de las modificaciones propuestas por los profesores al programa inicial del curso, manteniéndose en consecuencia las políticas de calificación originales, conforme a las cuales las recurrentes resultaron reprobadas en la asignatura de Introducción a la Investigación I.

(2) En segundo lugar, alegando que no existe vulneración a los derechos constitucionales aludidos, puesto que las normas institucionales y condiciones de calificación se aplicaron por igual a todos los alumnos que se encontraban cursando el ramo antes señalado.

(3) En tercer lugar, manifestando que no existen derechos indubitados que habiliten a las recurrentes a reclamar por esta vía, atendido que la UNAB solamente se limitó a aplicar las políticas de calificación informadas al inicio del semestre a los alumnos, sin acceder que éstas fueran alteradas en función de la no aceptación de tales cambios por la totalidad de los involucrados.

(4) En cuarto lugar, indicando la improcedencia del presente recurso, atendida la disponibilidad de acciones y procedimientos idóneos, de lato conocimiento, que por la vía ordinaria del conflicto contractual o por la especial de la protección de los derechos del consumidor, cautelen los derechos de las partes con las garantías de un proceso legalmente tramitado.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el acto que se considera arbitrario e ilegal, consistente en la modificación de las políticas de calificación académica, que habría provocado que las recurrentes disminuyeran sus notas de presentación al examen, mutando sus condiciones académicas, de aprobadas a reprobadas, en la asignatura de Introducción a la Investigación I, considerando quien recurre en favor de las estudiantes que mediante tal actuación la recurrida ha vulnerado las garantías del artículo 19 Nos. 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear su presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, en relación a la vía cautelar escogida, tal como se advirtió en el considerando cuarto de esta sentencia, uno de sus requisitos básicos es que nos encontremos en presencia de un acto o una omisión respecto del cual exista consenso de su ocurrencia, que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, reuniéndose los demás que allí se indican.

En este caso, tales hechos no resultan pacíficos, pues se ha discutido por la UNAB que lo realmente ocurrido ha sido solamente que se terminó aplicando las ponderaciones originalmente informadas a los alumnos, de manera que no es que ellos hayan modificado unilateralmente los criterios de calificación académica para la asignatura antes señalada, discrepando de las recurrentes en este esencial aspecto fáctico, que impide avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos a los que se ha aludido.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, existiendo tal incertidumbre, resulta imprescindible un procedimiento de lato conocimiento, que otorgue a todas las partes que puedan resultar afectadas en este conflicto las garantías de un debido proceso, en el que se aporten todos los medios de prueba que se estimen pertinentes, con la finalidad de establecer una realidad procesal que permita la adjudicación del derecho que corresponda.

OCTAVO: Que, por las razones anotadas, imperioso es rechazar el presente recurso, sin costas, por estimar que la versión de las afectadas manifiesta un punto de vista que resulta plausible.

En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado a favor de nombre reservado y de nombre reservado, estudiantes de tercer semestre de la carrera de Psicología, en contra de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Decap.

N°Protección-51766-2018. (Acumulada N° 51779-2018).

No firma la ministra (s) señora Lausen, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministro señora Jéssica González Troncoso e integrada por la Ministro (s) señora María Inés Lausen Montt y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.