nombre reservado con CAJA DE COMP. 18 DE SEPTIEMBRE
- Fecha
- 7 de septiembre de 2017
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 51597-2017, sentencia de 7 de septiembre de 2017
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra ambas cajas de compensación, porque la existencia y origen de la deuda intercaja es un hecho discutido que exige prueba y debate propios de un juicio de lato conocimiento, no de esta vía cautelar.
Texto íntegro
Santiago, siete de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
eis go, ………te.as 157 y 158: e pide a la suspensisS PRIMERO: Que con fecha 28 de julio del año en curso, doña Jeanette Villagra Rivas, abogada, en representación de nombre reservado deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado; y en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, representada por don nombre reservado, a fin de que cesen los descuentos que se le efectúan y se proceda a la devolución de los dineros que ya le fueron rebajados por la segunda recurrida a través de la primera de las entidades citadas, por constituir ello una privación, perturbación y amenaza al derecho consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, con costas.
Funda su acción en que con fecha 30 de junio del año 2016, al recibir la liquidación de sueldo correspondiente, la recurrente tomó conocimiento de que se le había realizado un descuento por la suma de $70.784, de un supuesto préstamo que Caja Los Andes le habría efectuado y que niega haber solicitado. Luego, haciendo las indagaciones en el mencionado organismo -que mantiene convenio con la empresa para la que trabaja-, supo que el cobro corresponde a una deuda “intercaja” con la Caja de Compensación 18 de Septiembre, la que, a su vez, el día 6 de julio pasado, le entregó un certificado que contenía la liquidación de una deuda por un monto total de $3.678.908, sin que se indicara el origen de la misma, ni la fecha de mora, sólo el monto del capital, intereses, costas procesales y gastos de cobranza.
Agregó que en el año 2000, aproximadamente, su representada viajó a Estados Unidos donde estuvo radicada durante varios años, debiendo renunciar al empleo que tenía en la empresa Dictox Limitada, la que le descontó del total de su finiquito el monto adeudado. Posteriormente, a su regreso al país, durante mas de trece años, prestó servicios a diversos empleadores que se encontraban afiliados a dicha Caja, sin que en ninguno de ellos se le haya efectuado cobro o descuento alguno por un supuesto crédito impago hasta esta fecha.
Relata que en razón del pago o transcurso del tiempo mencionados, revisó el portal del Poder Judicial, constatando que en el año 2005 la Caja de Compensación 18 de Septiembre presentó una demanda ante el Undécimo Juzgado Civil de esta ciudad, Rol 14124-2005, la cual ha estado abandonada por mas de doce años, sin que la recurrida haya efectuado gestión útil alguna en el proceso.
Alega que, en atención a lo expuesto, si existiera una deuda con Caja de Compensación 18 de septiembre, ella ha dejado de ser exigible por encontrarse prescrita la acción, debiendo la recurrida devolver los montos que por dicho concepto se le han cobrado y los que se le deduzcan durante la tramitación de este recurso, sin que se pueda justificar su actuar arbitrario en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 15 de abril de 2013 y el contrato de mandato y prestación de servicios en cuya virtud celebraron las Cajas de Compensación.
Finalmente, destaca que el descuento realizado por la recurrida afecta su patrimonio y derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos.
SEGUNDO: Que, informando la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitó el rechazo del recurso por no existir un acto ilegal o arbitrario de su parte.
Sostiene que a través de un proceso integrado de recaudación de deudas pendientes o vigente denominado "Descuento Intercajas" de crédito social, la Caja de Compensación 18 de Septiembre le solicitó se gestionaran los descuentos a nombre de la recurrente quien presta servicios para la empresa All Nutrition Comercial Ltda., por lo que en el mes de junio de 2017 efectuó la cobranza por la suma de $70.784, monto que fue recaudado con fecha 10 de julio, y a su vez remesado a la aludida entidad acreedora el día 25 del mismo mes, no existiendo remesas pendientes de ser enviadas a nombre de la actora.
Luego de una contextualización histórica y normativa de las Cajas de Compensación y los créditos de naturaleza social, agregó que a requerimiento de la Caja 18 de Septiembre y como diputada para recibir el pago crédito social de nombre reservado, informó al empleador de la recurrente la existencia de esta deuda y requirió el descuento en su remuneración de acuerdo con lo que dispone el artículo 22 de la ley Nº18.833.
Por otra parte, en cuanto a la alegación relativa a la prescripción extintiva, manifestó que ella no opera de pleno derecho como sostiene la recurrente, toda vez que requiere de alegación previa y declaración judicial, no siendo esta la vía idónea para obtenerla.
Asimismo, la supuesta extinción de la deuda mediante la rebaja de un finiquito, debe ser acreditada.
TERCERO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, evacuando el informe requerido, pidió que la acción sea desestimada en razón de que la recurrente, en su calidad de dependiente de la empresa Distribuidora Comercial Textil Ltda., solicitó a su parte un crédito por $2.000.000, el que le fue otorgado por $2.038.169, a una tasa de 1.85%, pagadero en 42 cuotas de $70.784 cada una, siendo registrada dicha operación bajo el folio 1310778468, y de la que sólo han sido pagadas 22 parcialidades, restando 20 en mora. Refiere que la recurrente ha efectuado pagos parciales a través del mecanismo establecido en el artículo 22 de la ley Nº18.833, esto es, mediante la deducción del valor de la cuota por el empleador del trabajador y su posterior remesa a la Caja acreedora. En razón de ello, controvierte la satisfacción del crédito, además de no haber sido comprobado.
Por otra parte, de acuerdo a los artículos 2492 y 2493 del Código Civil, sostiene que la prescripción liberatoria debe ser alegada y cumplirse con una serie de exigencias para que sea establecida.
En ese sentido, asevera que de acuerdo a la norma del cuerpo legal citado y su artículo 1º, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social y, como tales, según lo prevenido en el artículo 58 del Código del Trabajo, los créditos sociales revisten para los efectos de cobro y pago, la naturaleza de las cotizaciones previsionales, usándose el mismo mecanismo de descuento. A modo ilustrativo, explica que a través del sistema intercajas se busca dar aplicación a la normativa que regula la forma de pago del crédito social, procediéndose a la recaudación de las cuotas correspondientes a operaciones de crédito cuyos deudores se encuentran afiliados a una Caja distinta a la Caja acreedora.
Respecto a la negativa a entregar información que le atribuye la actora, sostiene que jamás se le ha negado acceso a ella.
CUARTO: Que el recurso de protección interpuesto lo ha sido sobre la base de lo que dispone la Carta Fundamental en el artículo 21, que estatuye un mecanismo de cautela cuyo objetivo es amparar el legítimo ejercicio de un derecho preexistente de quien acciona, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que impiden, amaguen o perturben aquél. Ello presupone, sin duda, que la acción incoada lo sea por quien ostenta indubitadamente la garantía o prerrogativa en que se funda, y cuya determinación corresponde al primer paso del análisis; que, corroborada la titularidad anterior, se verifique luego la existencia de la perturbación, privación o amenaza de la garantía en cuestión; y que determinado ello, posteriormente, se estudie la irregularidad normativa o arbitrariedad de las actuaciones que generan la restricción o desplazamiento acusado por el recurrente, en tanto éstas pudieran encontrarse dentro del marco regulado por el legislador para el desarrollo de la actividad de particulares o el Estado, la necesaria tolerancia o la razonabilidad que implica la coexistencia de éstos y el desarrollo de la tareas del último por el bien común.
Asimismo, es menester anotar, siguiendo en ello a los profesores nombre reservado y nombre reservado, que la propia naturaleza de este recurso propende, especialmente entre particulares, más que a un examen y resolución de fondo del asunto, a la colocación de las partes en condiciones de solucionar su controversia por medios jurídicamente idóneos, por los procedimientos legales correspondientes, en tanto la presente sólo tiene por finalidad remediar las posibles vías de hecho.
QUINTO: Que en lo que atañe al primer punto del análisis, la actora ha invocado para sostener su pretensión cautelar la garantía constitucional reconocida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que es su derecho de propiedad sobre la remuneración que le debe el empleador la que considera directamente afectada por el descuento efectuado que detalla y los futuros que teme con ocasión de igual motivo, en tanto niega la deuda respectiva, que considera pagada hace años y por último, prescrita, atendido el tiempo transcurrido.
Alegaciones, las indicadas y descritas con detalle más arriba, que conducen a cuestionar el asunto primigenio a dilucidar según ya se comentó, esto es, la titularidad que el recurrente tiene respecto de dineros que asevera ilegal y arbitrariamente rebajados de sus estipendios mensuales, desde que en la especie, tal conculcación al amparo de su dominio pende de la inexistencia de la deuda en que se sustentan tales cobros y, por tanto, la falta de asidero del mecanismo de descuento de las cuotas de la misma por encargo de las Cajas recurridas. Es decir, la innegable prerrogativa que se invoca se torna dubitada, en lo puntual, a partir de las mismas aseveraciones de la accionante y, más aún, de las entidades previsionales emplazadas, por cuanto la imputación de haber éstas infringido aquéllas implica la certeza de estar la denunciada satisfaciendo un interés o derecho que no es tal, por medios irregulares, lo que lejos de aparecer de manifiesto surge del todo controvertido en un escenario que impide a esta Corte avanzar en el examen que importa la acción que se estudia, dada la incerteza del primer presupuesto básico de la misma.
SEXTO: Que dada la naturaleza de la acción cautelar impetrada, aparece del todo claro que ésta no es una vía que permita zanjar la controversia anterior, tanto desde la perspectiva de lo ya comentado, esto es, que el amparo que se exige debe serlo sobre un derecho indiscutido, cuanto a partir de las limitaciones que la tramitación del recurso de protección presenta para debatir y probar los puntos en que cada parte apoya sus peticiones, precisamente como consecuencia de la necesaria certeza de la garantía, la sustanciación sumaria de la discusión y la finalidad propia de esta herramienta, cual es, el restablecimiento de la observancia a la normativa constitucional, retrotrayendo al afectado a una instancia previa y ajena a las acciones vulneratorias arbitrarias e ilegales. Ello, con independencia a los juicios de lato conocimiento que se requieran para resolver el fondo del asunto, como ocurre para la declaración de un derecho.
En ese sentido, si bien la verificación de tal arbitrariedad e ilegalidad nos coloca también en un ámbito probatorio, éste emerge una vez ciertos del fundamento de la acción, y en un grado posible, razonable, en un contexto de discusión y despliegue que no lleve a una desatención de derechos aún más grave, como lo sería la concentración en demasía del debate íntegro del asunto o la proscripción de la presentación de los elementos de prueba necesarios y su observación, consustanciales a los procesos de aplicación general en las distintas materias.
Al respecto, la documentación allegada no es sino muestra de lo explicado, de la necesaria discusión en la sede respectiva y la improcedencia de esta vía con dicho fin.
En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el deducido por Jeanette Villagra Rivas, en representación de nombre reservado, contra la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes y la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre.
Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.
Redacción de la Ministra Suplente, doña Nora Rosati Jerez.
Protección Nº51.597-2017 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Croharé e integrada por la Ministra (S) señora Nora Rosati Jerez y el abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.