nombre reservado con nombre reservado CON nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

Al escrito folio 16, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece con fecha 19 de julio de 2018 don Francisco Valenzuela Aránguiz, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar “18 de septiembre” y “Los Andes”, representadas legalmente por don nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, así como contra su actual empleador nombre reservado, por el acto que denuncia como ilegal y arbitrario, consistente en descontar y pretender seguir descontando parte de su remuneración sin causa legal justificada.

Relata el recurrente que trabaja en la empresa nombre reservado. desde el mes de noviembre de 2017 y en su liquidación de sueldo de junio último aparece un descuento bajo la nomenclatura “créditos personales CCAF” por la suma de $253.833.-, de dicha suma un total de $151.306 corresponde a descuentos en razón de crédito de caja 18 de septiembre según detalle elaborado por recursos humanos de su empresa que acompaña a su presentación.

Señala su empleador que en forma mensual recibe instrucciones por la Caja Los Andes por medio de una nómina de retenciones, a qué trabajadores debía efectuarse descuentos por préstamos de cajas de compensación.

Además, se le informó que a su vez el descuento era efectuado por instrucciones de la Caja 18 de Septiembre a la cual eran remesados los dineros en razón de créditos sociales.

Indica que el recurrente efectivamente solicitó a la recurrida “caja 18 de septiembre”:

a) En septiembre de 2008 solicitó un crédito por $1.000.000.-, pagó las 9 primeras cuotas entre octubre de 2008 y junio de 2009, fecha en que dejó de pagar.

b) En octubre de 2008 solicitó un crédito por $1.500.000.- pagó las 8 primeras cuotas entre noviembre y junio de 2009 en que dejó de pagar.

c) En noviembre de 2008 solicitó un crédito por $1.500.000.- pagó las 7 primeras cuotas entre diciembre 2008 y junio 2009 en que dejó de pagar d) En mayo de 2009 solicitó un crédito por $600.000.- pagó la primera cuota en junio 2009 y dejó de pagar Todos los anteriores mientras prestaba servicios en Envases Creativos su Bolsa nombre reservado. lo que ocurrió hasta octubre de 2008. En razón de los créditos suscribió 4 pagares que individualiza.

Refiere que todos los créditos y sus pagarés se hallan vencidos desde julio de 2009. Así las cosas 9 años después pretende cobrar extrajudicialmente la recurrida a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso ni notificación previa. Pretende con ello, corregir la desidia y negligencia en el ejercicio de sus acciones para el cobro del crédito. Hace presente que el primer descuento (marzo 2018) se practica más de 9 años después de vencida la deuda. Hasta la fecha la cifra total descontada alcanza la suma de $308.470.- Señala que la recurrida “Caja 18 de Septiembre” ha iniciado dos procedimientos prejudiciales -gestión preparatoria- de citación a confesar deuda en que se tuvo pro no presentada la solicitud, por lo que ha optado por actuar a su conveniencia.

En concepto del recurrente, tal acción vulneraría la igualdad ante la ley establecida en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; su derecho de propiedad reconocido en el numeral 24 del mismo precepto constitucional, privándole de su legítimo derecho a percibir remuneración completa resultado de su trabajo y finalmente su derecho a la libertad de trabajo del artículo 19 n°16 de la Carta Fundamental, íntimamente relacionado con el anterior.

La doctrina y jurisprudencia son contestes en señalar que el proceder de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, afectando el principio de certeza jurídica.

Pide que se acoja la acción adoptando todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y en especial ordenar 1) a la recurrida caja 18 de septiembre el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas ilegal y arbitrariamente por $308.470 sumados los realizados durante la secuela del recurso 2) abstenerse de realizar por si u ordenar que se realicen por terceros, especialmente caja los andes o cualquier emperador del recurrente, descuentos de sus remuneraciones 3) a caja los andes y empleadora abstenerse en lo sucesivo de efectuar descuentos de sus remuneraciones por encargo de la recurrida caja 18 de septiembre y 4) condene a la recurrida caja 18 de septiembre al pago de las costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 7 de agosto pasado, evacuando su informe, la recurrida Caja de Compensación Los Andes, pide el rechazo del recurso incoado.

Indica que no posee mayores antecedentes respecto de los créditos, los que deben ser aportados por la entidad acreedora.

Solicita, en primer lugar, se declare la extemporaneidad del recurso en virtud de lo dispuesto en el numeral uno del Auto Acordado sobre el recurso de protección, puesto que el primer descuento efectuado corresponde a marzo de 2018 y el recurso fue interpuesto, como se dijo, el 19 de julio de 2018, esto es, excedido el plazo de treinta días que tenía para hacerlo, sosteniendo que al efectuarse el descuento sobre la remuneración mensual, no podía menos que haber tomado conocimiento en esa fecha en que le fue pagada la remuneración de aquel mes.

Destaca además en su informe, el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación. Indica en efecto, que dichos organismos se rigen por la Ley N° 18.833, que en sus artículos 19 y 21 se refieren a su capacidad para efectuar préstamos de dinero a sus afiliados.

Señalan que esta actividad se encuentra unida al objeto genérico que la mencionada ley les ha determinado. Ello implica que el régimen de prestaciones que entrega la Caja se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, así como de otros recursos que establece la ley. En definitiva, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de los fines específicos establecidos en su ley.

Se extiende luego en argumentar respecto de que la prescripción requiere una declaración judicial, conforme con los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y que no opera de pleno derecho, como parece verlo quien recurre. De allí que mientras aquello no ocurra, estamos en presencia de una obligación plenamente exigible, por lo que las deudas pueden ser cobradas válidamente.

Por todo ello es que existen garantías para el cobro de los préstamos antes referidos, destacando lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley N° 18.833 que ordena que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, sea deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y señala que se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

En suma, indica que ha actuado con estricto apego a la ley, al cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la caja acreedora.

Por todo ello, considera que no existe ninguna vulneración al derecho de propiedad, por cuanto es la propia ley la que permite el descuento que ha regido en este caso. Agrega que cometería un acto ilegal y arbitrario sólo en caso de informar deducciones a partir de créditos sociales en que se haya declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, lo que no se ha intentado por el recurrente.

TERCERO: Que, con fecha 8 de agosto recién pasado, informa el empleador del recurrente a través de su representante legal, quien se allana a lo que se resuelva.

En primer lugar, detalla los montos y fechas de los descuentos realizados a las remuneraciones del recurrente, indicando que actuó como se debe por imperativo legal, por ende, no es efectivo que estos sean ilegales y extrajudiciales. Agrega que desconoce las condiciones de los créditos solicitados o si están prescritos o no.

En seguida, cita el marco normativo de las cajas de compensación y transcribe el artículo 58 incisos 1 a 4 del Código del Trabajo, de la cual se colige que el legislador ha establecido los descuentos pudiendo calificarse en obligatorios, permitidos y prohibidos. De acuerdo al artículo 22 de la ley N°18833 lo adeudado por el trabajador a una caja de compensación debe ser deducido de las remuneraciones, retenido y remesado a la caja acreedora, no procediendo considerarlos en el tope del 45% de la remuneración total del trabajador que rige únicamente para aquellos facultativos o permitidos de la disposición antes citada.

Finaliza señalando que queda demostrado que ha actuado conforme la normativa vigente, por lo que el recurso debe ser rechazado.

CUARTO: Que, informa la recurrente Caja de Compensación 18 de septiembre, solicitando el rechazo de la acción impetrada en su contra.

El recurrente en su condición de afiliado ha solicitado a esta corporación cuatro operaciones de crédito, sin haber pagado íntegramente ninguna de ellas al día de hoy.

Sin reconocer los fundamentos de la recurrente ha dispuesto el cese de los descuentos, excluyéndose de las planillas de crédito que se dirigen a su actual empleador. Asimismo, hace presente que la suma de $308.470 recaudada será restituida, encontrándose desde ya a su disposición en cualquiera de sus agencias.

QUINTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, el presente recurso de protección se fundamenta en la argumentación e impugnación que formula la recurrente, referido a la omisión que califica de arbitraria e ilegal consistente en haber efectuado descuentos a su remuneración por créditos sociales y pretender seguir haciéndolo.

Que de acuerdo a lo alegado por los abogados que concurrieron a estrados, la situación que alegó el recurrente, ya fue subsanada, pues las sumas descontadas fueron restituidas y cesaron los descuentos futuros.

En consecuencia, la acción u omisión imputada a los órganos recurridos, que sirve de fundamento a este recurso ya no se encuentra vigente. Así las cosas, el acto u omisión que se denunció como arbitrario e ilegal ha cesado, motivo por el cual el presente recurso ha perdido oportunidad, ya que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, debiendo, en consecuencia, ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 19 N°1 y 24 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, contra Caja de Compensación de Asignación Familiar “18 de septiembre” representada legalmente por don nombre reservado ; Caja de Compensación “Los Andes”, representadas legalmente por don nombre reservado nombre reservado. Representada por nombre reservado, sin condena en costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-51530-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro (I) señora Inelie Durán Madina y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.