Protección contra Instituto de Previsión Social

1 Santiago, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Claudio Vega Aguayo, abogado, en favor de las señoras nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, representado por su Director Nacional don Juan José Cárcamo Hemmelmann, por haber eliminado arbitrariamente la asignación de zona que percibían las recurrentes en sus remuneraciones. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que las funcionarias cumplen con todos los requisitos legales para percibir dicha asignación al desempeñarse laboralmente desde sus respectivos domicilios ubicados en zonas geográficas que dan derecho a tal beneficio, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la eliminación de la asignación de zona que afecta a las recurrentes.

Señala que, la recurrente nombre reservado se desempeña como funcionaria del Instituto de Previsión Social desde el 5 de junio de 1998, trabajando actualmente como ejecutiva de atención remota del subdepartamento Sucursal Virtual desde el 19 de mayo de 2022, realizando sus labores desde su domicilio ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío. Por concepto de asignación de zona percibe la suma de $178.114 mensuales, beneficio que ha recibido ininterrumpidamente desde su ingreso al servicio en 1998. Por su parte, la recurrente nombre reservado es funcionaria de la misma institución desde el 8 de junio de 2010, desempeñándose como supervisora de atención remota del mismo subdepartamento desde el 1 de agosto de 2021, ejecutando sus funciones desde su domicilio en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, percibiendo por asignación de zona la suma de $288.581 mensuales, beneficio que también ha recibido desde su ingreso al servicio.

Indica que, con fecha 26 de febrero de 2025, la señora nombre reservado fue informada vía Teams que a partir de marzo dejaría de percibir la asignación de zona, mientras que ambas recurrentes recibieron el 4 de marzo de 2025 una comunicación telemática en el mismo sentido. Posteriormente, mediante carta respuesta del 5 de marzo de 2025, suscrita por nombre reservado, Jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la institución recurrida, se fundamentó la decisión de eliminar la asignación, argumentando que los funcionarios que se desempeñan en la sucursal virtual no exigen presencialidad en las dependencias físicas del IPS para realizar el trabajo, por lo que no se cumplirían los requisitos para percibir tal asignación, concluyendo que "dado que el domicilio laboral de las y los funcionarios no se encuentra situado en una zona geográfica que reúna las características que permiten dicho pago, este no es ajustado a la norma recibir la comentada asignación". El descuento respectivo fue efectuado en las liquidaciones de sueldo del mes de marzo de 2025.

Sostienen que la interpretación realizada por la recurrida es arbitraria e ilegal, toda vez que la asignación de zona se encuentra regulada en el DL 249 de 1973, que la define como "un estipendio otorgado mensualmente a los funcionarios del sector público para el desempeño de un empleo en el que se ven obligados a residir en una provincia o territorio que reúne condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de vida". Argumentan que la norma solo exige el desempeño de un empleo y que los obligue a residir en una zona o territorio que reúna condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de vida, requisitos que las recurrentes cumplen cabalmente al laborar desde sus domicilios ubicados en territorios que dan derecho a dicha asignación.

Afirman que la recurrida incurre en una contradicción al establecer en la Resolución Exenta 336 de 17 de abril de 2023, que regula el sistema de teletrabajo, que "quien se desempeñe bajo la modalidad de teletrabajo le asistirán los mismos derechos y se encontrará sujeto a las mismas obligaciones que un trabajador que desempeñe sus labores de manera presencial", reconociendo expresamente el derecho de dichos trabajadores "a percibir sus remuneraciones y demás asignaciones pecuniarias que le fueren aplicables". Además, destacan que ambas funcionarias suscribieron convenios de aceptación y desempeño del teletrabajo donde se estableció expresamente que ejecutarían sus funciones en sus respectivos domicilios, los cuales están claramente identificados dentro del territorio nacional y corresponden a zonas geográficas que dan derecho a la asignación de zona.

Mencionan que, la actuación de la recurrida vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al brindar un trato discriminatorio a las funcionarias que laboran en modalidad de teletrabajo respecto de aquellas que trabajan de manera presencial en las mismas zonas geográficas, pese a cumplir con todos los requisitos legales para percibir la asignación. Igualmente, se vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, considerando que las remuneraciones y sus componentes, incluida la asignación de zona que las recurrentes han percibido por más de 26 años en el caso de nombre reservado y más de 14 años en el caso de nombre reservado, constituyen derechos adquiridos protegidos constitucionalmente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 y 19 N°24 de la Carta Fundamental, restableciendo el imperio del derecho y ordenando a la recurrida dejar sin efecto la eliminación de la asignación de zona que afecta a las recurrentes, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, el Instituto de Previsión Social, representado por la abogada Susana Ximena Roa Gutiérrez, evacuó el informe correspondiente solicitando el absoluto rechazo de la acción constitucional interpuesta, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Expone la situación particular de cada una de las recurrentes. Respecto de doña nombre reservado, señala que es funcionaria del Instituto desde el 5 de junio de 1998, desempeñándose actualmente como ejecutiva de atención remota del subdepartamento Sucursal Virtual desde el 19 de mayo de 2022, laborando desde su domicilio en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío, percibiendo por concepto de asignación de zona la suma de $178.114. Con fecha 5 de marzo de 2025, recibió comunicación de la jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, nombre reservado, fundamentando la eliminación de dicha asignación, medida que se concretó en la liquidación de sueldo del 19 de marzo de 2025. En cuanto a doña nombre reservado, indica que es funcionaria del Instituto desde el 8 de junio de 2010, desempeñándose como supervisora de atención remota del subdepartamento Sucursal Virtual desde el 1 de agosto de 2021, trabajando desde su domicilio en Calama, Región de Antofagasta, percibiendo por concepto de asignación de zona la suma de $288.581. Previamente, el 26 de febrero de 2025, fue informada vía Teams que a partir de marzo dejaría de percibir la asignación de zona.

El fundamento expuesto por el recurrido para la eliminación de la asignación de zona consistió en que las funcionarias se desempeñan en la sucursal virtual, dependientes de la Subdirección de Servicio al Cliente, que no exigen presencialidad en las dependencias físicas del Instituto para realizar el trabajo, por lo que no se cumplirían los requisitos para percibir tal asignación.

En primer término, el recurrido plantea la falta de idoneidad del medio y la inexistencia de un derecho indubitado. Argumenta que la acción constitucional deducida no constituye el medio idóneo para la solución del conflicto, ya que lo que realmente persiguen las recurrentes es un pronunciamiento de fondo respecto de los requisitos legales para percibir la Asignación de Zona y que se ordene al Instituto su pago, cuestión que excede el ámbito de aplicación de una acción cautelar. Sostiene que el recurso de protección constituye una acción cautelar de emergencia para asegurar el respeto de derechos fundamentales cuya protección debe ser inmediata, limitándose a casos donde por actos u omisiones arbitrarios o ilegales se esté frente a privación, perturbación o amenaza de derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución. Cita jurisprudencia de las nombre reservado, Valdivia y Valparaíso que han establecido que para proceder el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado, comprendiendo solamente situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación. Agrega que el cambio de funciones de las recurrentes, quienes fueron trasladadas voluntariamente a desempeñar otras funciones diferentes con nueva dependencia jerárquica, funcional y territorial, genera la necesidad de dilucidar si cumplen los requisitos para continuar percibiendo la asignación, debiendo resolverse por vías ordinarias.

En segundo lugar, respecto del fondo del asunto, el recurrido niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. Explica detalladamente la situación de cada recurrente: la señora nombre reservado prestó servicios como Jefa de la Sucursal de Coronel hasta ser trasladada en 2022 a la Sucursal Virtual, debiendo desempeñar funciones en su domicilio personal en forma telemática como ejecutiva de atención remota bajo la dependencia de la Sucursal Virtual con domicilio laboral en Santiago; la señora nombre reservado se desempeñó como Jefa de la Sucursal Capri Calama hasta julio de 2021, pasando posteriormente a desempeñarse como Ejecutiva de Atención Virtual en el Subdepartamento Sucursal Virtual dependiendo funcional y jerárquicamente de la nombre reservado con domicilio laboral en Santiago. Precisa que la asignación de zona está establecida en la letra b) del artículo 5 y el artículo 7° del Decreto Ley N° 249 de 1973, constituyendo un estipendio otorgado mensualmente a funcionarios del sector público para el desempeño de empleos donde se vean obligados a residir en una provincia o territorio que reúna condiciones especiales derivadas del aislamiento o costo de vida. Define el teletrabajo como la forma de realizar y organizar el trabajo mediante tecnologías de información en un lugar físico ajeno a las dependencias del Instituto, donde el trabajador presta servicios desde su domicilio. Argumenta que ambas recurrentes se desempeñan en la sucursal virtual que no exige presencialidad en las dependencias físicas del Instituto, y que el estipendio debió suspenderse una vez trasladadas a sus nuevos puestos laborales para un subdepartamento con domicilio en Santiago. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República N° E122745 de 2021, N° 15309 de 2000, N° 42106 de 2009 y N° 60269 de 2006, que establecen que para gozar del beneficio es necesario que el servidor esté obligado a residir en alguna localidad que otorga el estipendio por reunir condiciones especiales, devengándose mientras se desempeñe en dicho territorio, requisitos que deben cumplirse copulativamente. Agrega que si el funcionario titular de asignación de zona deja de cumplir la condición de desempeñarse de manera obligada y presencial en un territorio diferente al de origen, debe suspenderse el pago por dejar de cumplir los requisitos, siendo la única excepción los casos de estado de excepción constitucional por situación sanitaria, conforme al Dictamen N° E137146 de 2021.

En tercer término, respecto de la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, el recurrido niega haber vulnerado derecho fundamental alguno, sosteniendo haber actuado con apego a la normativa legal vigente ejerciendo sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada. En cuanto a la alegada vulneración de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, argumenta que en virtud de las normas que regulan el actuar del Instituto, específicamente el Estatuto Administrativo y los artículos 5 y 7° del Decreto Ley N° 249 de 1973, las recurrentes dejaron de cumplir un requisito obligatorio para percibir la asignación, por lo que se ha actuado conforme a derecho y dentro de las facultades conferidas por la ley. Respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, sostiene que al no existir un derecho indubitado y no cumplirse las condiciones para percibir la asignación de zona, no existe perpetuidad en su otorgamiento, operando la pérdida del derecho por falta de los requisitos exigidos por el legislador. Argumenta que la discusión del cumplimiento de los requisitos es una cuestión de fondo que debe ser discutida en un juicio de lato conocimiento, por lo que el derecho a percibir tal asignación requiere que no se encuentre cuestionado conforme a los parámetros legales.

Finalmente, respecto de la improcedencia de eventual condena en costas, el recurrido argumenta que la condena en costas es una sanción al litigante de mala fe, siendo manifiesta la buena fe de su defensa sin existir hecho alguno que la desvirtúe. Invoca el carácter de institución pública que le otorga motivo plausible para litigar, citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 10.113-2015. Además, sostiene que el Instituto goza de privilegio de pobreza conforme al artículo 183 del Decreto N° 615 de 1956 en relación con el Decreto Ley N° 3.502, como continuador del Servicio de Seguro Social, citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, del 1° Juzgado Laboral de Santiago y del 24° Juzgado Civil de Santiago que han reconocido este privilegio. Finalmente, invoca el artículo 63 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado que exime al Instituto de las cargas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Por estas razones, solicita que se rechace la acción constitucional en todas sus partes, teniendo por acompañados los dictámenes de la Contraloría General de la República citados y el mandato judicial correspondiente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es requisito indispensable entonces, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

No constituye una instancia por la que se promueva el debate sobre la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido porque lo que se cautela es la existencia de un derecho indubitado.

QUINTO: Que de acuerdo con las alegaciones formuladas por las partes, así como los antecedentes allegados a esta acción, se pueden establecer que respecto de nombre reservado., se ha denunciado como acto arbitrario e ilegal es la actuación del recurrido que a partir de marzo de 2025, la recurrida eliminó el pago de la asignación de zona.

Y respecto de nombre reservado., también fue informada que a partir de marzo del presente año, dejaría de percibir la asignación de zona.

En ambos casos la decisión fue remitida por correo electrónico por nombre reservado, Jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la institución.

Cuestión que sucede según esgrime la recurrida atendido el cambio de funciones que desempeñaba la actora cuando se le pagaba la referida asignación de zona.

Es del caso que la recurrente nombre reservado fue trasladada en mayo del año 2022 a la Sucursal Virtual, esto es canales de atención de público en forma telemática y realizando labores como ejecutiva de forma remota, situación que ocurre en idénticos términos respecto de la recurrente nombre reservado pero con fecha agosto de 2021.

SEXTO: Que, la asignación de zona está establecida en la letra b) del artículo 5 y en el artículo 7 del DL N° 249 de 1973, siendo un estipendio otorgado mensualmente a los funcionarios del Sector Público para el desempeño de un empleo en el que “se vea obligado a residir en una provincia o territorio que reúna las condiciones especiales derivadas de su aislamiento o del costo de la vida”. Y se debe calcular como un porcentaje sobre el sueldo base o remuneraciones, según sea el caso y de acuerdo con la Ley N° 19.354, los porcentajes de asignación de zona se calcularán sobre el sueldo base de la escala de remuneraciones aumentado el monto resultante en un 40%.

Así también la recurrida en su informe nos plantea el concepto de “teletrabajo”, y en el caso de marras, desempeña sus funciones de forma permanente en la Sucursal Virtual y en forma Telemática.

SÉPTIMO: Que es, desde este punto de vista, que se advierte que las recurrentes carecen de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y que pueda ser protegido por la presente vía; por el contrario, se detecta en forma clara y expresa, la existencia de un conflicto que se ha producido con motivo del cambio de funciones a una Sucursal de carácter virtual, que implica solo un trabajo vía remota y telemática, lo que excede el ámbito de esta acción cautelar.

OCTAVO: Que, en efecto, se constatan posiciones contrapuestas así como obligaciones pendientes, que las partes deben solucionar ante el Tribunal que corresponda, lo que es necesariamente de su perfecto conocimiento, por lo que no resulta procedente que pretendan resolverlo mediante esta acción cautelar que es de carácter excepcional.

NOVENO: Que de acuerdo con lo que se viene razonando, corresponde desestimar que el asunto pueda ser resuelto y dirimido por la presente vía, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de las garantías denunciadas.

DÉCIMO: Que, por lo antes expuesto, solo cabe concluir que la acción constitucional será rechazada.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Claudio Vega Aguayo a favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social, y de su representante legal don Juan José Cárcamo Hemmelmann.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

Protección N° 5149-2025.-