nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Claudio Ibáñez Sanhueza, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Los Andes, por haber procedido a descontar desde su remuneración la suma de $156.951.- producto de un crédito social contraído en noviembre de 2009, sin previo aviso y luego de transcurridos más de catorce años desde que se dejó de pagar el crédito y más de ocho años desde el vencimiento de la última cuota. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que constituye un uso abusivo y caprichoso de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, especialmente considerando el extenso lapso transcurrido sin que la recurrida hubiere manifestado interés alguno en el cobro de la deuda, vulnerando con ello el derecho de propiedad sobre la remuneración que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°24, por lo que solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido y se ordene cesar los descuentos y reembolsar las sumas descontadas.

Expone que contrajo un crédito social con la Caja de Compensación de Los Andes en noviembre de 2009 por un monto de $3.700.000.-, pactándose su pago en 48 cuotas conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. Durante los primeros meses cumplió íntegramente con su pago, sin embargo, ese mismo año fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos. Ante esta situación, su empleador le indicó que la deuda quedaría saldada con los descuentos que se le harían de su finiquito.

Posteriormente, la señora nombre reservado trabajó de manera independiente y esporádica en diferentes emprendimientos hasta febrero de 2019, cuando comenzó en un trabajo estable. Durante este período transcurrieron más de 14 años desde que se dejó de pagar el crédito y más de ocho años desde el vencimiento de la última cuota, sin que existiera título ejecutivo cuyas acciones de cobro no estuvieren prescritas.

Reclama que no obstante lo anterior, el 28 de febrero de 2025, la recurrente tomó conocimiento que el área de recursos humanos de su empleador, Comercial Sudamericana SpA, les informó que a requerimiento de la Caja de Compensación de Los Andes se había procedido a descontar desde su remuneración la suma de $156.951.-, haciéndosele ver que en las próximas mensualidades se descontaría el saldo hasta completar el monto total de la deuda, correspondiente a cuarenta y dos mensualidades según certificado emitido por la referida caja.

Argumenta que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar descuentos por planilla directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, dicha entidad no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

Además, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente la causa Rol 23.258-2018, que estableció que las Cajas de Compensación están obligadas a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado tras el transcurso de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Cita también las causas Rol 68.700-2016 y Rol 2895-2018, que declararon arbitrario el actuar de cajas de compensación en situaciones similares por revivir y forzar de manera unilateral un beneficio legal destinado al cobro oportuno de créditos sociales.

Según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente toda vez que la recurrida ha privado arbitrariamente a la trabajadora de parte de su remuneración mensual y de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, transgrediendo el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental que garantiza el derecho de propiedad, mediante un uso caprichoso del ordenamiento jurídico que constituye un ejercicio abusivo de los derechos que la ley le confiere, especialmente considerando el extenso período transcurrido sin manifestar interés en el cobro de la deuda.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el acto recurrido, ordenándose que la Caja de Compensación de Los Andes se abstenga de continuar requiriendo descuentos de la remuneración de la recurrente para el pago del crédito contraído en noviembre de 2009, que reembolse los montos indebidamente descontados en un plazo de cinco días hábiles y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Segundo: Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuó oportunamente el informe solicitado por esta Corte, exponiendo lo siguiente.

En cuanto a los antecedentes del crédito social, informa que con fecha 19 de noviembre de 2009 otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código N° RUT reservado, por un capital inicial de $3.728.910.-, a una tasa de interés mensual de 1,99%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $150.968, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de diciembre de 2009. Las cuotas de los meses de diciembre de 2009 a marzo de 2011 fueron pagadas entre el 10 de enero de 2010 y el 10 de diciembre de 2016.

Posteriormente, debido a la morosidad existente en las cuotas de los meses de abril de 2011 a noviembre de 2012, la señora nombre reservado efectuó con fecha 29 de diciembre de 2016 una reprogramación de la deuda por la suma de $1.653.316.-, con una tasa de interés de 1,99%, pagadero en un plazo de 12 meses, con una cuota de $157.266, cuyo primer vencimiento correspondió al 28 de febrero de 2017. Las cuotas de los meses de febrero a julio de 2017 fueron pagadas entre el 10 de marzo de 2017 y el 24 de marzo de 2025, encontrándose actualmente la operación de crédito en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de agosto de 2017 a enero de 2018.

Respecto a la inexistencia de actuación ilegal o arbitraria, la recurrida sostiene que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Asimismo, argumenta que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, invocando los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. En consecuencia, sostiene que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la recurrente existe y es plenamente exigible. Adicionalmente, plantea que procesalmente la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

En tal sentido, rechaza que la recurrente pueda pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene para con la Caja a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

No obstante lo anterior, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime la recurrente, la Caja de Compensación de Los Andes informa que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Precisa que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, pero que dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

En virtud de estas circunstancias, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Por tanto, solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechace por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, como se desprende del informe evacuado por la recurrida cesó voluntariamente el acto que motivó la interposición del recurso, por lo que éste ha perdido oportunidad.

En efecto, la acción de protección requiere de una amenaza, privación o perturbación actual de los derechos constitucionales invocados, cuestión que no ocurre en la especie al haber finalizado el procedimiento administrativo respectivo.

Quinto: Que, atendido lo expuesto, no existiendo en la actualidad un acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales de la recurrente, el presente recurso no podrá prosperar y deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°5147-2025.-