nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 28 de octubre de 2020
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 51457-2020, sentencia de 28 de octubre de 2020
Resumen
Se rechaza el recurso de protección deducido contra la Superintendencia de Seguridad Social: el acto que confirmó el rechazo de las licencias médicas es una negativa fundamentada de la autoridad competente, sin arbitrariedad, y no se acredita afectación a los derechos invocados.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinte.
Al escrito folio 8: téngase presente.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, con fecha once de junio del presente, comparece la abogada doña Carolina Fuentes Peña, en representación de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de 5 licencias médicas consecutivas, por un total de 138 días a contar del día 15 de octubre de 2019, hasta el 12 de febrero del año 2020, lo que conculcaría sus garantías fundamentales consagradas en los N° 1 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la Republica.
Expone que, su representada de actuales 22 años de edad, de nacionalidad venezolana, luego de dar a luz desarrolló un cuadro depresivo post parto, caracterizado por Anhenodia Extrema, labilidad emocional Marcada, CEG, hiporexia, alteración de concentración, agorafobia y trastorno del sueño severo. Señala que además mantenía crisis de pánico auto limitadas de baja respuesta a ansiolíticos habituales. Agrega que como tratamiento medicamentoso se le recetaba Sertralina 100mg 1 al día y Clotiazepam 5mg cada 12 horas.
Acusa que sin embargo, con fecha seis de junio pasado, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-50843-2020, la recurrida confirmó el rechazo de la COMPIN a 5 licencias médicas, fundada en que el reposo no se encontraría justificado.
Detalla que, la SUSESO en su resolución consignó los siguientes fundamentos: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 344 días continuos, por el mismo diagnóstico y posterior al permiso Post Natal Parental, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (informe de tratante no protocolizado, ni ampliamente fundado, no de la especialidad, sin plan de tratamiento, sin detalle sobre psicoterapia).
Alega que, no existe un análisis ni una fundamentación para rechazar las 5 licencias médicas en cita, no se da ningún argumento de por qué dicho reposo no se encontraría justificado, ni se aportan antecedentes que permitan contradecir el criterio técnico del médico tratante. Agrega que cuando la COMPIN rechazó las licencia médicas, su representada solicitó que se le hiciera un peritaje, lo que se le denegó, contrariando de esta forma lo dispuesto por el artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984.
Sostiene que, así las cosas, al no tener la decisión del COMPIN y posteriormente la de la Superintendencia de Seguridad Social, fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo, según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
Arguye que, el actuar de la recurrida no se ajusta a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.
En consecuencia, asegura que lo expuesto constituye un actuar arbitrario e ilegal, que amenaza concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, desde que rechazar las licencias médicas de su representada vulnera su integridad psíquica, y por otra parte, la priva de su derecho de ingresar en su patrimonio los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden, al encontrarse amparada por sus licencias médicas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita para reestablecer el imperio del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social que tenga por aprobadas las licencias médicas N°s N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, así como ordenar el pago de cada una de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que se estimen del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección, con costas.
Segundo: Don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida, en primer lugar alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que la presente acción fue interpuesta con fecha 11 de junio de 2020, en circunstancias que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del rechazo de la licencia médica N° RUT reservado por parte de la COMPIN, con fecha 28 de octubre de 2019, lo que supera con creces el plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto que se estima arbitrario o ilegal, según lo dispuesto por el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.
Tercero: En subsidio de la alegación de extemporaneidad, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social.
Sostiene que la materia sobre la que realmente versa el presente recurso, dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En virtud de lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la presente acción, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente.
Cuarto: En subsidio de las alegaciones anteriores, la Superintendencia de Seguridad Social informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, solicitando su rechazo.
Sostiene que su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas de la actora no se encontraba justificado. Señala que dicha conclusión se basó en que el reposo ya autorizado de 344 días continuos, por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (informe de tratante no protocolizado, ni ampliamente fundado, no de la especialidad, sin plan de tratamiento, sin detalles sobre psicoterapia), dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-50843-2020, de fecha 06 de junio de 2020.
Expone que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de su representada informaron lo siguiente: “Dra. Barros. Ficha Médica R-47036-2020. nombre reservado. RUT:RUT reservado. FONASA 24 años. Trabaja en comercio. Reclamo ingresado el 1 de junio del 2020 por rechazo de licencias por reposo injustificado. Folios de licencias Nºs: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado extendidas por un total de 138 días a partir del 15-10-2019, Emitidas por Dr. nombre reservado, alto emisor, médico general, modalidad libre elección, con diagnóstico de F43.2. Expediente relacionado: R-23386-2020 (confirmó rechazo de 1 LM por 30 días a partir del 15-9-2019). Sin reintegrarse a sus labores desde febrero del 2018: 30 días de reposo por causa gineco obstétrica, se continúan con reposos maternales y por salud mental. Acumula un total de 512 días de reposo por causa psiquiátrica, continuado de reposos maternales, 344 días ya autorizados. 1 LM previa a las reclamadas ya está rechazada. Cuento con el siguiente antecedente relevante para el caso: Informe de médico tratante, con diagnósticos de trastorno adaptativo, trastorno ansioso, crisis de pánico, con síntomas ansiosos y anímicos inespecíficios como anhedonia, labilidad emocional, alteraciones en el sueño y el apetito, fallas de concentración, de 1 año de evolución. Con escasa red de apoyo en el país. Con indicación de Sertralina 100 mg, Clotiazepam 10 mg. No agrega mayores antecedentes. Ante el antecedente entregado que es escueto y vago, el cual no permite aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante (estresores y síntomas sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), no especifican el impacto funcional de los síntomas, su evolución o tan siquiera la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico, derivación y/o psicoterapia, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prolongados y sin claro fin terapéutico”.
Agrega que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN), y 2.- El cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
Por lo expuesto, arguye, no existe como pretende la recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.
En consecuencia, sostiene que, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en dicho organismo de control, razones por las que solicita el rechazo del presente recurso de protección, con costas.
Quinto: Doña nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, informa el recurso solicitando su rechazo, por cuanto sostiene que no ha existido de parte de su representada actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucional garantizado o siquiera su amenaza.
Expone que La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resolvió rechazar las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 138 días a contar del 15 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, fundada en que el reposo no se encontraba justificado.
Explica que dicha conclusión se basa en que el informe médico es insatisfactorio (sin escala de gravedad, sin FPA, sin recuperabilidad, sin derivar a psiquiatra), por lo que no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo, más allá del periodo que ya ha sido autorizado, y los antecedentes médicos tenidos a la vista (informe de médico tratante no protocolizado, ni ampliamente fundado, sin plan de tratamiento ni detalles sobre psicoterapias) los que son insuficientes.
Agrega que, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra debidamente fundado, ya que la recurrente, lisa y llanamente, no cumple con los criterios, puesto que no adjunta antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado, se acompaña informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, derivación a un especialista, ni a un plan terapéutico y no se objetiviza el rol clínico del reposo.
Hacer presente que, la normativa es clara al señalar que en relación a los reposos laborales de más de 60 días prorrogables hasta 180 días, necesariamente deben ser otorgados por un médico psiquiatra, circunstancia que en este caso en particular no se cumple, toda vez que, los profesionales que han emitido las licencias médicas de la recurrente son médicos generales.
En consecuencia, arguye que de lo anteriormente señalado, se colige que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, Dto. Nº 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la Ley 20.585, entre otras, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a la recurrida Sexto: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.
Séptimo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.
Son presupuestos de esta acción cautelar:
a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;
b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Octavo: Que, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.
Noveno: Que, en ese mismo orden de ideas, lo cierto es que tal como se advierte no aparece debidamente justificada dicha alegación de extemporaneidad de la presente acción cautelar.
En efecto, como consta de los antecedentes del presente recurso, la recurrente de la presente acción interpuesta lo hizo con fecha 11 de junio de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-50843-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 6 de junio pasado, que confirmó el rechazo de la COMPIN a 5 licencias médicas de la recurrente, en circunstancias que la extemporaneidad alegada se funda en que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, por parte de la COMPIN, con fecha 28 de octubre de 2019, por lo que dicha alegación será desestimada.
Décimo: Que, entrando ahora a resolver el fondo del asunto, debe advertirse, que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
Undécimo: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas Duodécimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas precisadas precedentemente, por la causal de reposo injustificado.
Décimo tercero: Que, para adoptar esa decisión se basó en que los informes médicos y antecedentes aportados fue posible concluir que el reposo prescrito por las licencias médicas de la recurrente no se encontraba justificado, siendo que ya autorizado por 344 días continuos, por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, fue suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral.
Particularmente esclarecedor es el informe que consignó: “Dra. Barros. Ficha Médica R-47036-2020. nombre reservado. RUT:RUT reservado. FONASA 24 años. Trabaja en comercio. Reclamo ingresado el 1 de junio del 2020 por rechazo de licencias por reposo injustificado. Folios de licencias Nºs: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado extendidas por un total de 138 días a partir del 15-10-2019, Emitidas por Dr. nombre reservado, alto emisor, médico general, modalidad libre elección, con diagnóstico de F43.2. Expediente relacionado: R-23386-2020 (confirmó rechazo de 1 LM por 30 días a partir del 15-9-2019). Sin reintegrarse a sus labores desde febrero del 2018: 30 días de reposo por causa gineco obstétrica, se continúan con reposos maternales y por salud mental.
Acumula un total de 512 días de reposo por causa psiquiátrica, continuado de reposos maternales, 344 días ya autorizados. 1 LM previa a las reclamadas ya está rechazada.
Cuento con el siguiente antecedente relevante para el caso: Informe de médico tratante, con diagnósticos de trastorno adaptativo, trastorno ansioso, crisis de pánico, con síntomas ansiosos y anímicos inespecíficios como anhedonia, labilidad emocional, alteraciones en el sueño y el apetito, fallas de concentración, de 1 año de evolución. Con escasa red de apoyo en el país. Con indicación de Sertralina 100 mg, Clotiazepam 10 mg. No agrega mayores antecedentes.
Décimo cuarto: Que, dada la vaguedad del antecedente entregado, que es escueto y vago, el cual no permite aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante (estresores y síntomas sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), no especifica el impacto funcional de los síntomas, su evolución o tan siquiera la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico, derivación y/o psicoterapia, es que los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro fin terapéutico.
En el caso de la COMPIN de la Región Metropolitana, la decisión de rechazar las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 138 días a contar del 15 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, fundada en que el reposo no se encontraba justificado.
Explica que dicha conclusión se basa en que el informe médico es insatisfactorio (sin escala de gravedad, sin FPA, sin recuperabilidad, sin derivar a psiquiatra), por lo que no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo, más allá del periodo que ya ha sido autorizado, y los antecedentes médicos tenidos a la vista (informe de médico tratante no protocolizado, ni ampliamente fundado, sin plan de tratamiento ni detalles sobre psicoterapias) los que son insuficientes, ya que no cumple con los criterios, puesto que no adjunta antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado, siendo el informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, derivación a un especialista, ni a un plan terapéutico y no se objetiviza el rol clínico del reposo.
Hacer presente que, la normativa es clara al señalar que en relación a los reposos laborales de más de 60 días prorrogables hasta 180 días, necesariamente deben ser otorgados por un médico psiquiatra, circunstancia que en este caso en particular tampoco se cumplió, toda vez que, los profesionales que han emitido las licencias médicas de la recurrente son médicos generales.
Décimo quinto: Que, a mayor abundamiento, respecto a lo anterior, cabe señalar que el mencionado Decreto N° 7 establece que cuando el menoscabo laboral de los impedimentos por los cuales fueron otorgadas las licencias médicas está determinado por el compromiso de funciones complejas del cerebro, como orientación temporal, espacial y autopsíquica, comprensión, memoria próxima y remota, juicio, decisiones, atención y concentración, instrospección, comportamiento social; y su reflejo en la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria no fueron suficientes de mitigar mediante un reposo médico de hasta 180 días, al paciente se le habla de una irrecuperabilidad laboral y en esos casos debiesen iniciar un trámite de declaración de invalidez.
Décimo sexto: Que, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.
En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.
Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.
Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.
Décimo séptimo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.
Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.
Décimo octavo: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:
“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”
“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”
En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”
En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico yadministrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”
Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.
Décimo noveno: Que, ccomo se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.
Vigésimo: Que, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho de propiedad, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.
Vigésimo primero: Que, en ese mismo sentido, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar cuatro licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.
Vigésimo segundo: Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:
Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, (SUSESO).
Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.
N°Protección-51457-2020.