Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, siete de mayo de dos mil veinticuatro.

A los folios 35 y 36; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, mexicano, abogado, por sí, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, el “Departamento de Migraciones” de la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación, por incurrir en una conducta ilegal o arbitraria consistente en la revocación tácita de su residencia definitiva en Chile, vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 N° 2, 3 inciso quinto, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, a fin de que se ordene que se renueve con indicación de permanencia definitiva vigente su cédula de identidad para extranjeros.

Expone que tras un viaje por trabajo al exterior, el 25 de diciembre de 2023 regresó a Chile a celebrar la navidad con su pareja chilena y su familia. Esa vez, a diferencia de las anteriores, la PDI no admitió su cédula de identidad para extranjeros, con indicación de definitiva, como documento de ingreso al país y, le indicaron que se permitía su ingreso en calidad de turista, y que si deseaba mayor información o reclamar, que concurriera a las oficinas de la PDI.

Con fecha 27 de diciembre de 2023, se apersonó en el Departamento de Migraciones de la Policía, donde se le notificó que su residencia definitiva había quedado tácitamente revocada, supuestamente por haberse ausentado del país por un plazo continuo superior a 2 años. Es ese acto contra el que recurre.

Estima que la revocación podría explicarse por un grave e inexcusable error de hecho en el cómputo o en los registros de entradas y salidas de país de parte de la PDI, atendido que su salida anterior fue el 4 de enero de 2023, es decir, 11 meses y 20 días antes, como lo demuestran sus estampaos en su pasaporte.

Señala que del registro de sus entradas y salidas, en todas las ocasiones que salió del país fue por un tiempo inferior a los dos años ininterrumpidos, y todas sus salidas se justifican estrictamente en el desarrollo de su trabajo como funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ONU-ACNUR); siendo la última salida del país por el período entre el 4 de enero y el 25 de diciembre de 2023, un total de 11 meses y 21 días.

Estima que la revocación tácita cuestionada es ilegal, por falsa o errónea del artículo 83 de la Ley N° 21.325, por la razón ya indicada, es decir, no concurrir el presupuesto de haberse ausentado del país por un plazo continuo superior a dos años, no siendo aplicable tampoco el artículo 69 inciso final de su Reglamento.

Lo califica, además, de arbitrario, por tener que soportar el efecto de una disposición legal sin que se cumpla sus presupuestos de hecho; porque se invoca una motivación legal y reglamentaria improcedente, por lo que carece de motivación; no se indicó fundamento de hecho que justifique las fechas que justifiquen el cómputo, dejándolo en la total indefensión; y además, porque en caso de que se hubiera computado desde alguna época anterior al 4 de enero de 2023, es arbitrario al abarcar en forma injusta períodos de la pandemia producto del COVID-19, que provocó el cierre de fronteras en Chile por un extenso período de tiempo -entre el 18 de marzo de 2020 y el 1 de mayo de 2022-, en que estuvo impedido de retornar al país.

Argumenta, en ese sentido, que el cierre de fronteras fue un hecho de autoridad imposible de resistir, que se extendió sucesivamente en el tiempo, imposible de prever para el actor que le impidió volver a Chile; y, además, existió una modificación legal que aumentó el lapso de ausencia, favoreciéndolo y avalando su convicción de que su situación migratoria en Chile estaba segura.

Igualmente es arbitraria, porque si se considerare el tiempo de cierre de fronteras por la pandemia, se le debió notificar al siguiente ingreso, el 19 de diciembre de 2022, la revocación tácita, lo que no ocurrió.

Indica que tiene arraigo en Chile, donde vive desde el año 2015. Tiene domicilio conocido, pareja chilena, familia, amigos y redes de apoyo social y de interés en el país.

Señala que, además, durante el año 2023 el Servicio de Registro Civil se negó a renovar su cédula de identidad, demorando las respuestas, exigiéndole concurrir presencialmente para saber el motivo del posterior rechazo, lo que unido a la negativa de la PDI de entregarle un certificado de sus movimientos migratorios, confirman la arbitrariedad del acto impugnado.

Cita lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, 3 inciso quinto, 16 y 21 de la Constitución Política de la República para desarrollar las garantías constitucionales que se han infringido, por las razones que detalla.

Solicita que se deje sin efecto la revocación tácita de su residencia definitiva, manteniendo su estatus migratorio; que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dejar sin efecto, si existiere, todo registro de la revocación tácita; que se ordene a la PDI emitir de inmediato el certificado de vigencia de residencia definitiva, en formato nuevo, con el correspondiente código QR y comunicar ese hecho al Servicio de Registro Civil; que se ordene a ese Servicio renovar de inmediato y sin más trámite la cédula de identidad para extranjeros del actor, con indicación en el dorso de su residencia definitiva; y condenar en costas a los recurridos.

Segundo: Que informando el Servicio de Registro Civil e Identificación, señala que revisada su base de datos, el actor no registra en la actualidad ninguna solicitud de cédula de identidad para extranjeros pendiente ante ese Servicio.

Hace presente que la última solicitud realizada fue presentada el 28 de diciembre de 2022, en la Oficina de Coltauco, rechazada el 8 de febrero de 2023, ya que el actor debía acompañar un certificado de la PDI con vigencia de permanencia definitiva.

Indica que si bien consta en el sistema que se le otorgó al recurrente visa de permanencia definitiva, esta venció el 11 de mayo de 2021.

Afirma que ese Servicio carece de legitimación pasiva, en tanto su función se limita a la emisión de la cédula de identidad, en el supuesto que sea el Servicio Nacional de Migraciones quien en forma previa haya concedido o reconocido el respectivo permiso de residencia.

Agrega que la acción no se sustenta en la infracción de un derecho indubitado, por lo que no puede ser conocida y resuelta a través de esta vía.

Descarta que exista una actuación ilegal o arbitraria de su parte, por lo que solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informando el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.

Señala que el actor, por Resolución Exenta de 8 de junio de 2015, se le otorgó el beneficio de permanencia definitiva.

Destaca que del propio relato del actor se desprende que permaneció fuera de Chile por más de 2 años, sin realizar la debida solicitud de prórroga de la permanencia definitiva, siendo carga exclusiva del extranjero concurrir al consulado chileno del país respectivo antes de la expiración del permiso.

Cuestiona que el actor alude a las condiciones sanitarias del momento que le impidieron realizar las gestiones correspondientes, sin demostrar a través de ningún documento o carta enviada a esa autoridad que haya concurrido al consulado respectivo, o que haya intentado llevar a cabo la gestión requerida.

Indica que consta en el acta de notificación de la revocación tácita, de 4 de marzo de 2024, que el extranjero registra una ausencia del país entre el 1 de enero de 2019 y el 19 de diciembre de 2022, manteniendo así una ausencia por un plazo continuo superior a 2 años, quedando revocada tácitamente el beneficio el 19 de diciembre de 2022.

En ese sentido, continúa, se dictó Resolución Exenta N° 9565, de 8 de marzo de 2024, de esa autoridad, en que se constató la revocación tácita de la permanencia definitiva desde el 19 de diciembre de 2022.

Igualmente, resalta, esa autoridad no ha emitido orden de abandono, expulsión u otra medida que limite o prohíba a salida o ingreso de recurrente al territorio nacional.

Cita el artículo 83 de la Ley N° 21.325, que además de regular la revocación tácita, le otorga al extranjero que estén en esa hipótesis, la posibilidad de prorrogar el permiso de residencia ante el consulado respectivo, pudiendo extender por dos años más el beneficio, lo que repite, no ocurrió.

Hace presente, luego, que de conformidad con el Decreto N° 102 del Ministerio del Interior, que dispuso el cierre temporal de las fronteras por el COVID-19, en su artículo segundo dispuso una regla especial para los extranjeros residentes que estuvieran fuera del país, indicando expresamente que no los afectaría, no existiendo durante ese período en consecuencia alguna prohibición de ingreso en su contra, al haber tenido permiso de residencia definitiva que acreditaba su residencia regular en Chile.

Entiende que ha actuado con estricto apego a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, sin que exista un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto a sus garantías constitucionales.

Cuarto: La Policía de Investigaciones informó que, revisados lo antecedentes del actor en su sistema, registra como último movimiento migratorio una salida el 2 de enero de 2024, con destino a México, por el Aeropuerto nombre reservado.

Confirma que el 27 de diciembre de 2023, se presentó en sus dependencias, donde se constató que se ausentó por más de dos años del territorio nacional, citando el ya referido artículo 83 de la Ley N° 21.325, como consta en Certificado de Viajes de 6 de marzo de 2024, donde registra una salida el 1 de enero de 2019 y posterior entrada el 19 de diciembre de 2022, por lo que se efectuó la respectiva acta de revocación tácita, debidamente informada al Servicio Nacional de Migraciones.

Quinto: Que por presentación de 22 de abril de 2024, ordenada tener presente en la vista de la causa, el recurrente hace presente que ese mismo día fue notificado de la Resolución Exenta de 8 de marzo de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que quiere llamar la atención sobre la fecha de expedición y total tramitación de la Resolución, la misma en que el Servicio informó luego de haber sido apercibido dos veces; y que por primera vez esa parte tomó conocimiento de ese documento y su contenido, luego de casi tres meses de haber presentado la acción.

Observa que con la dictación de la Resolución y su notificación se ha actualizado la amenaza a sus garantías constitucionales, y se ha consumado el daño ilegal y arbitrario que pidió conjurar al deducir la acción y requerir orden de no innovar.

Pide tener presente que de acogerse este recurso, las medidas de restablecimiento del derecho incluyan, además, el dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 9565 del Servicio Nacional de Migraciones; ordenar su inclusión en el Registro Nacional y su exclusión del Registro Nacional de Extranjeros, junto con remitir copia de la sentencia a la PDI-Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Electoral para su información, registro y fines pertinentes.

Sexto: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que la disposición que se señala ilegalmente infringida es el artículo 83 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años.”, lo que implica analizar, a la luz de los hechos denunciados en el recurso, el cumplimiento de los dos elementos esenciales que ella contempla, a saber: si la ausencia del titular del país se verificó por un plazo superior a dos años; y si el interesado solicitó antes del término de dicho plazo, la prórroga de la residencia ante el consulado chileno respectivo.

Octavo: Que el recurrente reconoce dos periodos en que ha permanecido fuera del país; el primero, entre el 4 de enero de 2023 y el 25 de diciembre del mismo año y alega a su respecto un error de hecho en el cómputo o en los registros de entradas y salidas de país de parte de la PDI, atendido que su salida se extendió por 11 meses y 20 días antes, como lo demuestran los estampados en su pasaporte. Y el segundo, entre el 18 de marzo de 2020 y el 1 de mayo de 2022, en que señala estuvo impedido de retornar al país, estimando arbitrario abarcar en forma injusta períodos de la pandemia producto del COVID-19, que provocó el cierre de fronteras en Chile.

Por su parte, los antecedentes acompañados por Policía de Investigaciones y el Servicio de Migraciones, dan cuenta que el interesado presenta una ausencia del país entre el 1 de enero de 2019 y el 19 de diciembre de 2022, información que coincide en parte respecto del segundo término reconocido por el recurrente, ambos prolongados por más de dos años.

Noveno: Acreditado que el reclamante ha reconocido en su libelo su permanencia fuera del país por más de dos años, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad de la autoridad en la aplicación de la revocación tácita de la permanencia definitiva del interesado conforme dispone el artículo 83 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, toda vez que este tampoco solicitó la prórroga en los términos allí regulados.

No obsta a lo anterior, las restricciones de ingreso al país con razón de la pandemia Covid 19, toda vez que dichas restricciones no aplicaban ni a los nacionales chilenos ni a los extranjeros con permanencia definitiva como lo era el recurrente en esa época; ni tampoco era impedimento para solicitar la prórroga ante el consulado respectivo.

Décimo: Que además, debe tenerse presente que la revocación tácita de permanencia definitiva conforme el artículo 83 citado, como su propia denominación y naturaleza lo indica, tiene lugar una vez cumplidos los supuestos allí establecidos, esto es, el transcurso del plazo y la falta de una solicitud de prórroga, de manera que la resolución exenta posterior notificada al interesado, sólo tiene efectos de constatar la revocación tácita producida de pleno derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-514-2024.