ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA con nombre reservado

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

Primero: Que, a fojas 40 y siguientes, comparece don Luis Cordero Vega, Abogado, en representación convencional de Zañartu Ingenieros Consultores SpA, también conocida como Zañartu Consultores, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Director General de nombre reservado (DGOP), don Juan Manuel Sánchez Medioli, con domicilio en domicilio reservado, quien mediante la Resolución DGOP N° 65, dictada con fecha 21 de abril de 2016, debidamente notificada el 26 de mayo del mismo año, ha aplicado según el recurrente de forma ilegal y arbitraria a Zañartu Consultores la sanción de suspensión por un año del Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas, también llamado “Registro de Consultores”.

Estima el recurrente que al dictar la Resolución antes indicada, el DGOP ha privado a su representada del “legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos -particularmente en lo que concierne al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, en relación con la garantía de un procedimiento racional y justo- y a desarrollar cualquiera actividad económica legítima, consagradas, en cada caso, en el artículo 19 Nos. 2, 3 inciso 5° y 21 de la Constitución Política de la República”, solicitando que se disponga el restablecimiento del imperio del derecho.

Se indica que mediante la Resolución antes señalada, notificada con la fecha más arriba referida, a partir de la cual dicho acto fue dotado de eficacia jurídica, se sancionó a Zañartu Consultores con la medida de suspensión por un año del Registro de Consultores, considerando la autoridad que emitió el acto que esa parte incurrió en una “falta grave” conforme a lo dispuesto en el artículo 97 letra f) del Decreto Supremo N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, en adelante denominado “Reglamento”. Califica la aplicación de la sanción como el “resultado de un procedimiento administrativo (…) completamente irregular y arbitrario.”

Sostiene el recurrente que las labores de Zañartu Consultores radicaban “en asesorar en el ámbito de la construcción la ejecución de la obra pública entregada a la empresa Azvi Chile S.A.”. Asume que su representada “estudió y conoció íntegramente el proyecto de ingeniería y su documentación (…) con el objeto de que con ello pudiese llevar a cabo (…) el control de la obra, evitando posibles errores en su ejecución.” Agrega que su representada debió, además, “velar por los procesos de control de calidad , aspectos financieros, cálculo de multas,y otras materias afines al control de la obra en ejecución, asesorando en todo ello al Inspector Fiscal (…) entregando su apoyo a la Inspección Fiscal respecto de los problemas que se presentaron en la ejecución del contrato.”

Afirma que su representada “dio cuenta en reiteradas y diversas oportunidad (sic) a la autoridad de faltas y fallas constructivas ocurridas en la ejecución de la obra.” Cita, a continuación, el ensamble erróneo de los tableros o brazos basculantes, que Azvi habría instalado en una ubicación incorrecta y que su representada habría detectado en la inspección de la faena efectuada con fecha 12 de diciembre de 2013. También refiere que su representada dio cuenta de diversos errores, los que habrían desencadenado la “rotura de uno de los émbolos del brazo sur del puente”, que habría impedido el levante del puente el día 24 de febrero de 2015.

No obstante el cumplimiento de su representada, el recurrente indica que el Ministro de nombre reservado habría convocado a la Comisión de Registro de Contratistas y Consultores del MOP, en adelante Comisión de Registro, para evaluar la aplicación respecto de ella de “alguna de las medidas establecidas en el artículo 97 del Reglamento.” Dentro de los antecedentes examinados se encontraría una Minuta Técnica elaborada por el Inspector Fiscal del contrato respectivo, así como un oficio en donde la Dirección de Vialidad (DV) habría señalado a la Comisión de Registro cuáles eran, a su juicio, “los hechos que ameritaban aplicar a Zañartu Consultores la sanción de suspensión de 6 meses de la inscripción del Registro de Consultores.”

Entiende el recurrente que, con ello, el Ministro de nombre reservado habría contrariado el “debido proceso y la imparcialidad que debía detentar al ser él quien debió resolver el recurso jerárquico (…) instruyendo a la Comisión de Registro adoptar a más tardar dos días después una sanción en contra de Zañartu Consultores.”

La Comisión de Registro, en su sesión de 3 de junio de 2015, formuló en contra de su representada, los siguientes cargos:

1° No haber advertido oportunamente los errores producidos en los trabajos de confección e instalación de tableros del tramo móvil.

2° No haber advertido anticipadamente a la inspección fiscal un mayor trabajo de control, “respecto al comportamiento del funcionamiento de los equipos oleohidráulicos que significó, entre otros, la rotura del émbolo de uno de los cilindros del sector sur”.”

3° “No haber contemplado en su análisis técnico una solución integral respecto del funcionamiento del sistema de rótulas final que fuera instalado producto de los elementos adicionados como obras extraordinarias a las contratadas, el que en sus pruebas de implementación ocasionaron roturas de pernos en las tapas de los pasadores”.

Tales cargos serían calificados por la misma Comisión como “faltas graves”, acordando aplicar a su representada la sanción de suspensión del Registro de Consultores por el plazo de un año, medida materializada por la DGOP a través de su Resolución Exenta N° 5.564, de fecha 28 de diciembre de 2015, en la que se precisó, entre otras cosas, que “el Consultor ha incurrido en una falta grave consistente en omitir observaciones de tal envergadura que han hecho imposible advertir y evitar los graves perjuicios que se han producido a la obra lo que se traduce en daños de gran consideración al patrimonio fiscal y a la comunidad”. En contra de esta resolución, la representada del recurrente interpuso recurso de reposición y recurso jerárquico en subsidio. A través de Resolución Exenta DGOP N°1.412, de fecha 20 de abril de 2016, se resolvió rechazar el recurso de reposición, reiterando en buena medida lo resuelto por la referida resolución, pero teniendo además a la vista nuevos antecedentes, remitidos por la DV, los que el recurrente estima que dan cuenta de la ilegalidad y vulneración al debido proceso con que la autoridad ha actuado en contra de esa parte.

Finalmente, se señala en el recurso que el Ministro de nombre reservado, sólo un día después de haber recibido el recurso jerárquico y los antecedentes que Io fundaban, rechazó dicha acción mediante la Resolución Exenta MOP N°843, disponiendo la aplicación de la sanción de suspensión por un año del Registro de Consultores a Zañartu Consultores, aplicada mediante la Resolución DGOP N°65, de fecha 21 de abril de 2016, tomada razón por la Contraloría General de la República el 26 de mayo del mismo año.

En cuanto a la oportunidad de la interposición del recurso:

El recurrente entiende que la acción constitucional es absolutamente oportuna, por cuanto se dirige en contra de la última de las resoluciones antes anotadas, aquella que se dicta una vez concluido el procedimiento administrativo sancionatorio, que corresponde a la resolución administrativa que aplica, luego de vencidos todos los trámites y recursos administrativos, como se dijo, de reposición y jerárquico, la suspensión del Registro de Consultores a Zañartu Ingenieros Consultores S.p.A. por el término de un año contado desde la fecha en que el acto administrativo que lo ordene “quede totalmente tramitado”. Estima el recurrente que la toma de razón es un trámite de eficacia del acto administrativo, que forma parte de su elaboración, por lo que asume que no existe espacio para estimar que la Resolución DGOP 65 pudo haber surtido efectos jurídicos de forma previa al día 26 de mayo de 2016, oportunidad en que el Contralor General de la República tomó razón de la misma y se notificó de ella a esta parte.

Agrega que es a partir de esta última fecha que su representada tuvo “conocimiento cierto” del acto recurrido, y que sólo desde entonces debía computarse el plazo para recurrir de protección a su respecto.

El recurrente refiere que fue sólo a instancias de su total tramitación que se comunicó legítimamente a Zañartu Consultores la Resolución DGOP 65, ya señalada y pudo ejecutarse o cumplirse dicho acto administrativo sancionatorio.

El abogado afirma, de manera arriesgada, que dicha resolución habría sido representada por Contraloría y que solamente en la mañana del día 26 de mayo ese criterio habría sido revertido y tomada de razón por el Contralor General de la República.

La afectación que invoca el recurrente considera que es susceptible de conocerse y resolverse en esta sede cautelar.

La actuación administrativa en virtud de la cual se recurre en la especie, según lo plantea el recurrente, es completamente susceptible de conocerse y resolverse en la presente sede de protección, en atención a que se estaría impugnando “una actuación unilateral de las autoridades públicas que intervinieron en un procedimiento administrativo sancionatorio” que se habría instruido “en grave inobservancia de las normas sustantivas y procedimentales del mismo, vulnerando de forma flagrante la regla de imparcialidad subyacente”.

Se trata, sostiene, de una actuación administrativa que constituye una “vía de hecho” que considera el recurrente que deja a su representada obligada a “deducir el presente recurso, en virtud del cual se requiere a este Iltmo. Tribunal que resuelva y restablezca con urgencia el imperio del derecho afectado por la ilegítima (inválida) actuación del DGOP”. Comprende la actora que la finalidad del recurso de protección es tutelar derechos frente a determinados actos u omisiones que priven, perturben o amenacen los mismos y “no dar tutela abstracta de derechos ni propiciar la revisión y ajuste formal a la legalidad de un organismo público como un medio o sustituto jurisdiccional -ya que por su intermedio no se puede declarar o constituir derechos ni resolver cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica.”

A ello adiciona, “que habiendo antecedentes que demuestren una infracción patente de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución -dentro de las cuales se encuentra cada una de aquellas que se reclaman en esta presentación-, no cabe sino concluir que el presente recurso de protección debe ser admitido a trámite por S.S. Iltma., para pronunciarse, en definitiva, sobre el mérito del mismo.”

Ilegalidad manifiesta por ausencia de una debida motivación que da lugar a una desviación de fin.

Conforme plantea el recurrente, en cuanto al fondo de la acción deducida, en la especie, la autoridad habría “incumplido de forma manifiesta y grave la exigencia legal de dar debida motivación de sus actos administrativos”, apoyándose para efectuar tan categórica afirmación, en dos afirmaciones esenciales:

1° Porque “ha incluido nuevos antecedentes que no formaron parte de la prueba de cargos del procedimiento administrativo sancionatorio”, y 2° Porque “ha concluido de forma contraria al mérito de la prueba existente en el mismo.”

Esto el recurrente lo estima particularmente relevante, pues se trata de actos de gravamen que restringen, reducen o limitan el patrimonio jurídico del administrado y le imponen una carga, pretendiendo darle más fuerza a su argumento, recurriendo a una cita de un texto propio (Lecciones de Derecho Administrativo, LegalPublishing, segunda edición, Santiago, 2015, pág. 173), según el cual ellos "(...) están sujetos a mayores exigencias desde el principio de legalidad (la incidencia negativa en la esfera del particular debe tener suficiente cobertura en norma con rango legal formal) que el de los actos favorables", lo que supone que "(...) forman parte del grupo respecto de los cuales la LBPA exige especial motivación.”

La referencia a la ley N°19.880 ("LBPA") se efectúa por el recurrente en cuanto el inciso segundo de su artículo 11 dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos"; y, a su vez, la primera parte del inciso cuarto (no primero como incorrectamente cita) de su artículo 41, plantea que "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

Y cuando la Administración, según se indica en el recurso, “no expresa las razones que tuvo para actuar en un determinado sentido, resulta evidente la ilegalidad del acto administrativo.” Luego, aludiendo a esta conclusión, recurre a jurisprudencia de la Corte Suprema para los efectos de indicar el sentido y alcance del citado artículo 11 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos y su relación con la afirmación de que se incurre en una ilegalidad cuando se ejerce la potestad sancionadora confundiendo la discrecionalidad con la arbitrariedad, al punto que considera que ello redunda en una “infracción a la regla de motivación del acto administrativo”.

Sostiene que es la Administración quien tiene la carga de señalar las razones por las cuales adopta una determinada decisión y que la “motivación debe realizarse mediante una referencia fidedigna a los hechos, los fundamentos de derecho y las razones de fondo que demuestren que la decisión no se funda en el solo capricho de quien la adopta.” Dichos fundamentos de fondo deben señalarse en la motivación formal, la que “puede y debe contemplar razones técnicas, políticas, económicas y/o de cualquier otra índole que lleven a la Administración a tomar una determinada decisión”. Eso es lo que el recurrente sostiene que el acto administrativo finalmente impugnado no hace, indicando que si bien es cierto que la Resolución DGOP N° 65, ya señalada, dispone de motivos, no es menos cierto que “ellos no se condicen con los antecedentes considerativos del procedimiento administrativo en el cual se enmarca; cuestión que es equivalente a asegurar que tal resolución carece de fundamentos o que, en cualquier caso (de estimar que ellos existen y son pertinentes), no satisfacen el estándar de razonabilidad que debe cumplir la Administración en tal tarea.”

A continuación indica que “el acto recurrido en autos es impropio e ilegítimo, por cuanto no guarda un debido correlato entre sus razonamientos justificantes y el alcance de sus conclusiones.” Concluyendo, entonces, con apoyo de lo escrito sobre el particular “que el deber de motivación, que resulta inexcusable cuando la autoridad se aparta de los antecedentes que deben servirle de fundamento, es una exigencia básica del principio de legalidad”.

Más adelante relaciona la circunstancia de referirse las resoluciones administrativas que rechazan los recursos de reposición y jerárquico a la existencia de “nuevos antecedentes”, desconocidos para su representada, con la ausencia de una “adecuada fundamentación de su decisión.” Adiciona que la resolución impugnada “expone a la Administración a incurrir en el vicio de desviación de poder, a través de cuyas figuras sintomáticas (irracionalidad, contradicción, motivación ilógica, etc.) se expresa la falta de congruencia”.

Se explaya luego explicando en qué consiste la desviación de poder, señalando:“La desviación de poder o de fin se presenta cuando un órgano de la Administración ejerce sus potestades de una forma y para fines distintos de aquellos de interés público para las cuales fueron concebidas” Agregando, después, algunas reflexiones acerca del fin relacionado con la causa del acto administrativo, indicando: “El fin, cual aspecto objetivo de la actuación del DGOP, es la causa de la misma, la necesidad pública que debe (o, al menos, debería) atenderse, el motivo que le induce (u obliga) a actuar. Así, tales motivos -las razones remotas o inmediatas, de derecho o de hecho, que han de impulsar la voluntad de la autoridad de esa cartera- son la condición última de legitimidad del acto, puesto que deben coincidir con su causa”.

Entiende, en suma, que los móviles que han llevado a la DGOP a “producir” un acto administrativo que no se encuentra, en opinión del recurrente, en consonancia con el cumplimiento del fin público de la normativa que le concede competencia, que lo lleva a sancionar a una entidad respecto de la cual no hay antecedente alguno, para él, que lo vuelva responsable por las infracciones graves que se invocan en su contra y, al así asumir que ha sido dictado sin causa, lo considera viciado con la llamada “desviación de poder”.

“La ilegalidad se manifiesta en este caso de forma clara, entonces, en razón de la falta de motivación del acto administrativo.” El Director General de nombre reservado habría actuado de forma abiertamente arbitraria al dictar la resolución impugnada.

Asume que esta abierta arbitrariedad se produciría porque a su juicio existe una antonomia entre los hechos establecidos en la prueba de cargo y las conclusiones que se expresan en la Resolución DGOP N° 65.

Así, respecto de lo que denomina “la hipotética falta de oportunidad en las alertas”, señala que la Minuta Técnica del Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad, don Walter Wilson Rojas, acompañada al Oficio Ord. N° 3.499, plantearía que su representada “dio una respuesta oportuna, clara y asertiva a los requerimientos técnicos de la inspección fiscal”, lo que sería corroborado por el Oficio Ord. N° 5.301, de 19 de mayo de 2015, del Director de Vialidad, quien habría expresado que “se dio aviso de las fallas al Inspector Fiscal”. Sin embargo, la Comisión de Registro y la Resolución DGOP N° 65, concluyen en forma contraria, indicando la falta de oportunidad en las alertas del Consultor.

Respecto de la responsabilidad en el control que tendría su representada, afirma que en el mismo Oficio Ord. N° 3.499, ya indicado, se diría que su representada “a través de múltiples especialistas, levantó observaciones, no conformidades y rechazo de acciones de la empresa contratista, realizando estudios y análisis que incluso excedían de lo que contractualmente le correspondía”, pero, a su juicio, en dirección completamente contraria a lo que los antecedentes señalaban, la Comisión de Registro “adujo que esta parte se habría limitado a ejercer una función de mero observador que únicamente se limitó a dejar constancia testimonial de lo ocurrido” y, por su parte, la Resolución impugnada dispone que “la labor del Asesor de Inspección Fiscal 'no se agota en listar todos los errores que va cometiendo la empresa contratista, sino que también en advertir expresamente que no se realicen determinadas operaciones que impliquen un daño irreparable al proyecto''.

Con los ejemplos abordados, el recurrente pretende demostrar que el acto recurrido “no se fundó en las pruebas de cargo que constan en tales autos administrativos”, sosteniendo que la autoridad recurrida llegó a conclusiones contrarias a lo que expresaban esos antecedentes, sin “sustento alguno” en los mismos, lo que estima, por cierto, arbitrario y completamente ilegal.

Concluye enfático que tal antinomia constituye además una infracción al principio de congruencia o correspondencia, lo que sería funcional al deber de motivación de una sanción, indicando que la autoridad sancionadora“se ha apartado abiertamente del mérito del proceso y a la necesaria congruencia que debe existir entre los antecedentes recabados en el procedimiento, la formulación de cargos y la decisión que se pronuncie sobre la sanción”.

Liga esta desatención de las pruebas de cargo con la infracción que también plantea a las reglas de la sana crítica, sistema al que debería traducirse la obligación legal de apreciar las pruebas en conciencia, que establece el articulo 35 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, interpretado conforme a los artículos 11 y 41 de la misma ley.

La exigencia de motivación de los actos administrativos, hace que finalmente “el ente público debe justificar y explicar por qué es posible deducir determinada conclusión jurídica de alguna prueba rendida o, en su caso, estimar como innecesario o improcedente un determinado hecho o medio de prueba (y excluirlo a efectos de que, en definitiva, no formen parte de los antecedentes o consideraciones en los cuales funde su decisión)”. Cita dictámentes de la Contraloría General de la República en los que dicho órgano entiende que los actos administrativos decisorios deben consignar “los antecedentes o razonamientos que han conducido a la autoridad a dar por establecidos los hechos respectivos, toda vez que de lo contrario importaría confundir la discrecionalidad que concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad.”

En virtud de las consideraciones antes expresadas, el recurrente afirma que la Resolución DGOP N°65, impugnada, adolece de “senda arbitrariedad”. Agrega que “la falta de correlato fáctico de un caso con lo resuelto en el mismo, expresado habitualmente en la consecuente falta de motivación de este último acto, lleva a confundir la discrecionalidad con que cuenta la autoridad con arbitrariedad”.

Explayándose sobre el punto, efectúa el recurrente una serie de imputaciones que dicen relación con la misma resolución impugnada, en términos que lo llevan a sostener que “adolece de arbitrariedad en razón de su irracionalidad, su falta de fundamento, su carácter caprichoso y su evidente desproporción”. Lo arbitrario, sostiene, se define esencialmente por su coherencia, o más bien la falta de ella, de modo que estaremos en presencia de un actuar de esta naturaleza cuando carezca de razonabilidad, no esté debidamente fundado, no tenga un motivo suficiente, se trate de un “actuar desprovisto de fundamento, irracional, caprichoso, o basado en el simple antojo de su titular.”

“Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la resolución recurrida es susceptible de ser calificada de arbitraria sólo en cuanto ella adolezca de alguna de las siguientes características -distintas expresiones de un mismo concepto-: (i) que sea irracional (o no razonable); (ii) que no se encuentre debidamente fundamentada, (ii) que obedezca a un capricho; o, (iv) que resulte desproporcionada en su fin.”

Estas cuatro características alternativas de la arbitrariedad, entiende el recurrente que se presentan en este caso, al punto que incluso especula con un “afán doloso” de parte de la autoridad, sosteniendo que el acto recurrido es “caprichoso o antojadizo”, se trata de una resolución“desproporcionada”, considera “falta de prudencia y temeridad del actuar del DGOP al dictar la resolución recurrida.”

A continuación, el recurrente desarrolla lo que a su juicio constituye una evidente afectación del principio de imparcialidad por parte del Ministro de nombre reservado, básicamente expresado en la conducta que éste desplegaría en relación a este caso público, contrastando la definición del principio contenida en el artículo 11 inciso primero de la LBPA y el contenido de un correo electrónico del mismo dirigido a altos funcionarios del Ministerio en donde aquel expresamente se refiere a su representada y señala, de forma interrogativa, “por qué no hay sanción aún? y luego instruye que el miércoles se debe definir la sanción a aplicar, lo que en términos concretos se tradujo en que ese de día, miércoles 3 de junio de 2015, se reunió la Comisión de Registro y a través del Oficio Ord. DRCC N° 99, de esa fecha, comunicó a su representada del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, formulando cargos en su contra y señalándole que se le sancionaría con suspensión del Registro de Consultores por el término de un año, lo que derivó en la Resolución DGOP 5564, en que le aplica la sanción ya indicada, la que luego sería refrendada por la resolución recurrida.

En función de lo anterior, colige que el Ministro de nombre reservado ordenó a la Comisión de Registro la imposición de una sanción en contra de su representada, lo que según el recurrente estima no solo un actuar sin competencia para ello, sino que además aprovecharse de su calidad de superior jerárquico, “intervenir y derechamente incidir en el resultado de la decisión”.

Lo que vincula con la resolución al día siguiente de presentado el recurso jerárquico que dedujo su representada.

Amén de lo anterior, en opinión del recurrente la Comisión de Registro no es el órgano jurídicamente habilitado para “calificar la existencia o no de ‘posibles fallas’; cuestión que (…) forma parte de la esfera de atribuciones de la Comisión Calificadora, actuando de este modo como una verdadera comisión especial”.

Incorpora, asimismo, el recurrente una peligrosa afirmación sobre una conducta de la Contraloría General de la República, por cuanto sostiene que la resolución sujeta al trámite de toma de razón “habría sido enviada a la Oficina de Partes del ente contralor a primera hora del día 26 de mayo de 2016 con el timbre de su representación; no obstante, sólo un par de horas más tarde, durante la mañana del mismo día, habría sido devuelta al Gabinete del Contralor, quien la habría remitido nuevamente a la referida Oficina de Partes, aunque esta vez tomada de razón.”

Vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley.

Como se sabe, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, prescribiendo que ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. El recurrente se explaya en la significación que resulta posible efectuar a esta garantía, con el apoyo dogmático y jurisprudencial pertinente, para luego referir que los cargos formulados a su representada versan sobre hechos y conductas análogas a aquellas que integran los cargos que se formularon a AZVI (la ejecutora del contrato de obras), por lo que entiende que correspondía “que el DGOP sancionase a Zañartu Consultores por cargos que sí tuviesen relación con las actividades que a ésta le correspondía realizar -de haber mérito para ello, cuestión que mi representada una vez más refuta-; resultando del todo irrazonable sostener que es posible imputar los mismos incumplimientos a entes con roles diversos”. De allí que pone énfasis en la explicación dogmática de esta garantía, en que la igualdad significa, además de lo obvio, “la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición”.

Vulneración de la garantía del debido proceso.

El recurrente plantea que la resolución impugnada vulnera la garantía del debido proceso, al ser sancionada su representada por una comisión especial.

El inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental establece que nadie “puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” Entiende que el “juzgamiento” de la conducta reprochada a su representada, debía haberse calificado de manera previa por la comisión respectiva, antes de ser sancionada si dicha calificación así lo permitía. Ello le lleva a señalar que la Comisión de Registro efectúa “una calificación del trabajo de consultoría desarrollado (…) ejerció una atribución que no le es reconocida por la ley. Muy por el contrario, (…) la calificación del trabajo ejecutado es de competencia de un órgano diverso: la Comisión de Calificación.”

El argumento del recurrente se basa en que, a su juicio, la disposición invocada para sancionar, el artículo 97 letra f) del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, Decreto Supremo N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, solamente autoriza a la Comisión de Registro para juzgar por sí la “verificación de faltas graves e incumplimientos reiterados, (…) respecto del propio Reglamento y no del contrato de ejecución; de modo que malamente puede dicha norma conceder una facultad de suspensión como la ejercida en el presente caso.”

Luego desarrolla lo que resultaría una consecuencia de la transgresión anterior, que sería la vulneración del derecho al recurso, debido a que la resolución de la Comisión de Calificación, que entiende el recurrente que debió operar en el caso concreto, puede ser apelada dentro de un plazo de 15 días siguientes a su notificación, ante la Comisión de Registro. Y al no haberse reunido de manera previa la señalada comisión, se incurriría en esta infracción que denuncia.

Pero también entiende vulnerado el debido proceso, al haberse incluído en la valoración previa a la sanción, nuevos antecedentes, que no figuraron dentro de aquellos que su representada conoció y pudo contradecir con sus presentaciones, al punto que sostiene que ello constituye una abierta infracción en cuanto dice relación con la transgresión de los principios de contradictoriedad y transparencia que deben gobernar todo procedimiento administativo.

Plantea que se ha contrariado el deber de sustanciar un justo y racional procedimiento, en cuanto los hechos por los cuales se le ha castigado “no formaron parte de los cargos que se le formularon mediante el Ord. DRCC 99, de modo tal que se ha cometido una ilegalidad susceptible de sancionarse con la ineficacia de lo resuelto por la autoridad ministerial.”

Ligado a la infracción al debido proceso que denuncia, sostiene que se ha cometido una infracción al principio de congruencia, pues entiende que la resolución impugnada resolvió sancionar a su representada luego de admitir nuevos antecedentes probatorios, que incorporaron hechos nuevos, que impiden establecer una debida correspondencia lógica entre los cargos formulados y la sanción aplicada. Y ello lo sitúa en torno a los “nuevos antecedentes” que invocó la autoridad para sancionar, los que no le fueron comunicados a Zañartu Consultores, “ni, mucho menos, sometidos a su contradictorio”. Lo que relaciona con la infracción al derecho de defensa jurídica de su representada.

Vulneración de la garantía a desarrollar cualquier actividad económica legítima.

Esta garantía, como es sabido, se encuentra establecida en el N° 21 inciso primero del artículo 19 de nuestra Constitución, la que se encarga de asegurar a todas las personas el derecho “a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.” Como es natural, conecta la sanción aplicada, de suspensión por un año del Registro de Consultores, con la imposibilidad para su representada de ejercer libremente su actividad económica lícita, en el ámbito de las consultorías para los distintos organismos del Ministerio de Obras Públicas, que es el lugar donde por 30 años ha ejercido su actividad de construcción y de servicios de ingeniería orientada a la inspección técnica de obras y desarrollo de estudios de ingeniería de infraestructura.

Por todos los argumentos que expone en su recurso, de los cuales, en forma sintética, se ha dado cuenta en esta parte expositiva, solicita otorgar a su representada la protección consagrada en el artículo 20 del texto constitucional, declarando que la Resolución DGOP N° 65, de 21 de abril de 2016, dictada por el Director General de nombre reservado, es ilegal y arbitraria y que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento de las garantías vulneradas indicadas en el cuerpo de su presentación o las que sean establecidas por esta Corte, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, a fojas 85 y siguientes, evacúa informe el señor nombre reservado General de nombre reservado, el señor Juan Manuel Sánchez Medioli, con fecha 15 de julio de 2016, y en su mérito, solicita rechazar el recurso de protección, con costas.

En su informe, el primer planteamiento que efectúa, de manera previa a entrar en el fondo, es el relativo a la extemporaneidad que, en su concepto, adolece la acción de la impugnante, interpretando el número 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de fecha 24 de junio de 1992, que señala: "el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos".

Efectúa un razonamiento según el cual Zañartu Consultores habría “tomado conocimiento cierto y efectivo de los hechos o actos que supuestamente le privan o le perturban el ejercicio de sus derechos constitucionales (…) el 5 de enero de 2016, con la notificación de la resolución DGOP N° 5.564 de fecha 28 de Diciembre de 2015 que le aplica la sanción primigenia de suspensión del Registro de Consultores”, con lo que la interposición del recurso de protección se encontraría absolutamente excedido en el plazo de 30 días para deducirlo.

Luego, se va poniendo en las diversas hipótesis de hecho que habrían permitido extender los plazos, de modo que lo primero que analiza es si acaso el plazo pudiera contarse desde el momento en que se resolvió el recurso de reposición, esto es, el 20 de abril de este año, cuando se dicta la Resolución DGOP N° 1.412, la que le fue notificada el 22 del mismo mes y año. También estaría excedido el plazo para la interposición del recurso.

A continuación aborda lo que considera como “el mejor de los casos para la recurrente”, en que se refiere al día 25 de abril de 2016, en que le fue notificada la Resolución N° 843, de 21 de abril de 2016, donde el Ministro de nombre reservado rechaza el recurso jerárquico interpuesto en contra de la citada Resolución DGOP N° 5.564, de fecha 28 de diciembre de 2015, el que también concluye se encuentra excedido.

Finalmente, se refiere a la situación de la Resolución recurrida, en que se asila en una serie de sentencias de la Corte Suprema que razonan sobre la base que lo que correspondía en la especie era entablar, paralelamente a la reposición o reconsideración, la acción de cautela de los derechos fundamentales, puesto que la interposición de los recursos administrativos no se consideraban con la virtud suficiente para interrumpir el plazo para deducir el recurso de protección.

El Informe alude después, analizando derechamente la situación de la resolución recurrida, a la cuestión relativa a los efectos del trámite de toma de razón a su respecto, dado que según lo señala el recurrente el cómputo se debe contar desde esa fecha. Sostiene la autoridad informante, sin embargo, que no podría tener dicho trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República la virtud de crear una nueva situación jurídica “que podría eventualmente generar una amenaza, peturbación o privación de derechos constitucionales” toda vez que éste “sólo cumple la misión de reafirmar la legalidad de la Resolución DGOP N° 65 de fecha 21 de abril de 2016.”, ya que se trataría de un "control jurídico previo, general y obligatorio, de la legalidad y constitucionalidad de los Decretos, Decretos con Fuerza de Ley (DFL) y Resoluciones, que realiza la Contraloría General de la República".

Indica que si bien es cierto que en cuanto a los efectos que produce la toma de razón en los actos administrativos hay quienes afirman que corresponde a una fase de su elaboración y otros que sostienen que constituye sólo un trámite necesario para su eficacia, de modo que deteniéndose en estos últimos, “el acto administrativo previo a la toma de razón sería un acto existente. En ese sentido, la Resolución DGOP N° 65 de fecha 21 de abril de 2016, notificada con fecha 26 de mayo de 2016, tendría existencia previa al trámite de toma de razón, lo que conlleva a concluir inequívocamente, que su dictación por parte del DGOP, y previo a la toma de razón, provoca los efectos que sustentarían la amenaza, perturbación o privación a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” De allí que estima el informante que la resolución impugnada tendría existencia desde su dictación y no desde el trámite de toma de razón.

Enfatiza que la representada del recurrente tomó conocimiento previo de los hechos alegados en el recurso a través de distintos actos o hechos de pública notoriedad, además de los actos del procedimiento administrativo sancionatorio, todos los cuales superan con creces el plazo de 30 días contados hacia atrás desde que se interpuso el recurso de autos. Se refiere, en este sentido, a las diversas notas de prensa divulgadas en distintos medios de comunicación, donde la recurrente manifiesta expresamente tener conocimiento de los hechos que supuestamente le agravian, manifestación expresa de la recurrente, en orden a formularlos como fundamentos de una querella criminal deducida en contra del Ministro de nombre reservado con fecha 4 de mayo de 2016, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT N° 7650-2016, RUC 1610015690-7, por el delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 228 del Código Penal. “De modo que si consideramos la fecha de la querella criminal -4 de mayo 2016- y la fecha de interposición del recurso de protección -24 de junio de 2016-, han transcurrido exactamente 52 días, superando con creces el plazo legal prescrito en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.”

Respecto del fondo del asunto, manifiesta la autoridad recurrida que la presente acción no sería el procedimiento adecuado para conocer la materia debatida en autos ni éste sería el tribunal competente para resolver este asunto, atendido que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos básicos, pero no sería una vía idónea para entrar a conocer asuntos de lato conocimiento, ni para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, como entiende ocurriría en la especie.

Como ya se ha dicho, estos hechos que fueron fundamento fáctico de la acción cautelar invocada son actualmente conocidos por un juez penal, por lo que aparece de manifiesto que “ya están bajo el amparo del derecho, pues están siendo conocidos por juez natural y competente”.

Entiende la autoridad que esta acción constitucional no puede ser tergiversada, de manera que mediante ella se pretenda obtener “la declaración o constitución de derechos”.

Indica el Informe que Zañartu Ingenieros Consultores SpA, concurrió libremente a inscribirse en el Registro de Consultores, con la finalidad pública de obtener la habilitación para presentarse en los procesos de licitación de contratos de estudios, proyectos y asesoría de inspección fiscal que realice el Ministerio de Obras Públicas, quedando sujeto además a todas las normas del Reglamento respectivo, el ya citado Decreto Supremo N° 48, de 1994, del MOP, en conformidad a lo dispuesto en su artículo 1°, normas que el Consultor declaró conocer y aceptar en todas sus partes al momento de solicitar su inscripción (Art. 7° RCTC), y que además, pasaron a formar parte del propio contrato de asesoría, dentro de las cuales está el artículo 97 del RCTC, que establece las sanciones que la Comisión del Registro podrá aplicar a los Consultores que incurran en alguna de sus causales.

Transcribe lo establecido en este artículo 97 del RCTC, el que dispone: “La Comisión de Registro podrá aplicar las sanciones que se establecen a continuación, cuando el Consultor se encuentre en alguno de los siguientes casos:

a) El Consultor inscrito en cualquier categoría, que en un contrato obtenga una calificación igual o inferior a 4,5 será rebajado automáticamente de categoría en la especialidad que hubiere sido exigida para el contrato en que obtuvo tal calificación.

b) El Consultor que obtenga dos calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas iguales o inferiores a 4,5 en cada caso, en contratos que pertenezcan a una misma especialidad, será eliminado automáticamente de esa especialidad.

c) El Consultor que obtenga tres calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas iguales o inferiores de 4,5 en cada caso, será eliminado del Registro de Consultores.

d) El Consultor que tenga promedio de notas inferiores de 5,5 no podrá incluirse en los Registros Especiales a que se convoque. El promedio se obtendrá entre las notas de todos los trabajos realizados en los dos últimos años anteriores a la fecha del llamado a inscripción en el Registro Especial.

Tampoco podrán inscribirse en los Registros Especiales que se convoque, aquellos Consultores que hubieren incurrido en alguna de las sanciones de los casos a), b), o c) de este artículo.

e) Los Consultores que hayan sido eliminados de los Registros de Consultores de Servicios, Instituciones y Empresas del Estado, dentro del plazo de vigencia de esa eliminación, podrán ser eliminados del Registro de Consultores. 1 El Consultor podrá ser suspendido de una o más de las especialidades en que se encuentre inscrito, o del Registro, si la Comisión del Registro establece que ha cometido falta grave o le acredita infracciones reiteradas a lo dispuesto en este Reglamento.

f) El Consultor podrá ser suspendido o eliminado si mantuviere documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos por más de 60 días y que le hubieren sido protestados.

g) El Consultor podrá ser eliminado del Registro a propuesta de la Dirección afectada si no diere cumplimiento a su contrato.

h) El Consultor será eliminado del Registro en caso que hubiere cometido errores graves que comprometiesen la seriedad y /o la veracidad de las informaciones proporcionadas, o la seguridad de las obras cuando se refieran a estudios o proyectos realizados para el Ministerio o terceros, previa comprobación de los hechos por parte de la Comisión del Registro.”

Señala el informante, a modo de contexto, que “durante el año 2011 el Ministerio de Obras Públicas, licita y adjudica la construcción del puente sobre el Río Cau-Cau y sus accesos a la empresa AZVI Chile S.A., mediante Res. DGOP N° 208 de 2011, por un monto de $15.767.932.483, obra que tiene la característica de ser el primer puente basculante en Chile, cuya ejecución era especialmente compleja, por su singularidad, puesto que conllevaba una estructura móvil mediante un sistema oleo hidráulico, que requería conocimientos técnicos muy específicos”.

Agrega que, “mediante Resolución DV N°885 de fecha 14 de octubre de 2011, se adjudicó a la empresa Zañartu Ingenieros Consultores SpA ("Zañartu Consultores"), el contrato para la Asesoría a la Inspección Fiscal del proyecto "CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, PROVINCIA DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS", por la suma de $784.030.000, cifra que en virtud de modificaciones de contrato llegó a una suma aproximada de $1.000.000.000 (mil millones de pesos)”.

Explica el informante que subyace a la labor contratada la protección al patrimonio público, en este caso, de más de quince mil millones de pesos y la finalidad pública que persiguen las obras, siendo este tipo de consultorías, en definitiva, coadyuvantes en la función del Inspector Fiscal, o como se expresó en estrados de modo por lo demás muy elocuente, es el MOP en la ejecución de la obra.

Son Asesorías a la Inspección Fiscal, tienen como función aconsejar, orientar y advertir al Inspector Fiscal respecto a la correcta ejecución de los trabajos contratados. Para ello, señala que dichas asesorías cuentan con un staff de profesionales de diversas áreas atingentes al contrato de obra, quienes deben estar presente permanentemente en las faenas, “observando directamente su desarrollo, debiendo traspasar toda la información al Inspector Fiscal y advertir cualquier dificultad que observe en la ejecución del contrato, para efectos que el Servicio mandante pueda tomar las decisiones pertinentes con el objeto de llevar a buen término el contrato e invertir eficiente y eficazmente los recursos públicos”.

En función de lo señalado, la autoridad informante explica que, atendida la naturaleza de las obras en análisis, las tareas de la AIF “iban desde revisar en profundidad el proyecto de ingeniería, debiendo advertir de cualquier anomalía que pudieran encontrar en esa revisión, controlar que se desarrollaran las obras con sujeción a las normas técnicas de la ingeniería especializada, así como también velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales del contrato de construcción y en caso de incumplimiento, proponer su corrección a la Inspección Fiscal, aprobando cualquier modificación que se efectuara del proyecto, dentro de otras exigencias señaladas en las bases de licitación”.

Los errores constructivos del puente y la responsabilidad de Zañartu Consultores.

Señala de manera enfática la autoridad informante que el estado actual de la obra, de público conocimiento, demuestra que “las funciones de fiscalización y control que debía efectuar Zañartu Consultores no se desarrollaron a cabalidad”. Cabe señalar que los principales problemas que todavía se puede encontrar en esta obra son las siguientes:

a) la incorrecta ubicación del viaducto norte;

b) retraso en obras de fundaciones por falta de verificación de trazado de las estructuras;

c) deficiente estudio y análisis de los planos del proyecto;

d) insuficiencia del sistema oleo hidráulico y vástago.

Indica el informante que la “serie de falencias descritas anteriormente, no fueron advertidas con la debida oportunidad por Zañartu Consultores al Inspector Fiscal del contrato, evidencia de ello es que con fecha 24 de febrero de 2015 se produce la falla de levante que ocurre en la unión entre la horquilla de rotación (denominada oreja de vástago) y el vástago del cilindro hidráulico oriente de levante del tablero sur. Este hecho, deja en evidencia las graves fallas constructivas y de materialidad del Puente”.

Se encarga de precisar el informe que habría tenido incidencia directa en esta última falla “las modificaciones que se hicieron a la estructura del puente para corregir los problemas de ensamblaje de las partes que componían los tableros de los brazos basculantes, a través de la intervención de dichas estructuras con la finalidad de restablecer la configuración geométrica de las superficies de servicio, soluciones revisadas y aprobadas por Zañartu Consultores”.

Se aclara en el Informe que es un hecho indiscutible que la obra no se realizó y que la Direccción de Vialidad debía buscar las razones de los errores constructivos evidenciados en la obra y las soluciones de las deficiencias, con la finalidad de llevar la obra a buen término, contando para ello con la debida colaboración, en lo que aquí interesa, de la Asesoría de Inspección Fiscal, lo que no ocurrió.

El procedimiento administrativo incoado a Zañartu Consultores.

A propósito de la serie de fallas estructurales ocurridas durante la construcción del puente Cau-Cau, el Ministro de nombre reservado, señala el informe, solicitó a la Comisión de Registros de la DGOP que analizara los antecedentes del contrato de Asesoría de Inspección Fiscal del Puente Cau-Cau, para que arbitrara las medidas tendientes a hacer efectivas, si correspondía, las responsabilidades reglamentarias de la empresa consultora.

Es así como el Director General de nombre reservado, solicita a la Dirección de Vialidad “un informe con todos los antecedentes relacionados con la AIF llevada a cabo por Zañartu Consultores en relación con la ejecución de la obra "Construcción Puente Cau Cau y accesos, Valdivia, Región de Los Ríos", para efectos de que los integrantes de la Comisión de Registro evaluaran si correspondía aplicar alguna de las medidas contempladas en el artículo 97 del RCTC ”.

Sostiene el informe que la Dirección de Vialidad, remitió a la Comisión de Registro el informe solicitado adjuntando con dicho documento una minuta técnica elaborada por el Inspector Fiscal de los contratos de construcción del Puente Cau Cau y de la AIF, y que la Comisión de Registro luego de revisar la minuta “acordó solicitar mayores antecedentes a la Dirección de Vialidad que complementaran la información señalada”.

En ese contexto, la Dirección de Vialidad solicitó la aplicación de sanción a Zañartu Consultores por los siguientes hechos:

"No haber advertido oportunamente los errores producidos en los trabajos de confección e instalación de tableros del tramo móvil, conforme a lo dispuesto en el ART. N° 2, punto 2.1 de los Términos de Referencia de las Bases de Concurso de Asesoría, situación que podría haber evitado los contratiempos constructivos producidos en esta parte de la estructura. Similar situación ocurre con la rotura del émbolo de uno de los cilindros del sector sur, lo que debió haberse advertido anticipadamente a la inspección fiscal con mayor trabajo de control, respecto al comportamiento del funcionamiento de los equipos oleo-hidráulico.

No haber contemplado en su análisis técnico una solución integral respecto al funcionamiento del sistema mecánico de rótulas final que fuera instalado producto de los elementos adicionados como obras extraordinarias a las contratadas, el que en sus pruebas de implementación ocasionaron roturas de pernos en las tapas de los pasadores. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el ART. N° 2, punto 2.2 de los Términos de Referencia de las Bases del Concurso de Asesoría." Teniendo a la vista esos hechos concretos que se le imputaron a la consultora, la Comisión de Registro inició el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la empresa Zañartu Ingenieros Consultores, con fecha 3 de junio de 2015, en razón de los siguientes cargos:

I.- No haber advertido oportunamente los errores producidos en los trabajos de confección e instalación de tableros del tramo móvil.

II.- No haber advertido anticipadamente a la Inspección Fiscal con mayor trabajo de control, respecto al comportamiento del funcionamiento de los equipos oleo-hidráulicos, que significó entre otros, la rotura del émbolo de uno de los cilindros del sector Sur.

III.- No haber contemplado en su análisis técnico una solución integral respecto del funcionamiento del sistema mecánico de rótulas final que fuera instalado producto de los elementos adicionados como obras extraordinarias a las contratadas, el que en sus pruebas de implementación ocasionaron roturas de pernos en las tapas de los pasadores.

La Comisión de Registro sostuvo que los cargos formulados eran constitutivos de "falta grave", por lo que “correspondía aplicar la medida de suspensión del Registro de Consultores por el plazo de un año a la empresa Zañartu Ingenieros Consultores SpA, por aplicación del art. 97 letra f) del RCTC”.

Tales cargos, manifestó el informante, fueron comunicados a la consultora, se recibieron los respectivos descargos que ella presentó, se abrió un término probatorio, se recepcionaron las pruebas y se valoraron los antecedentes que obraban en el expediente, para adoptar el acuerdo de la Comisión de Registro de aplicar la sanción de suspensión del Registro de Consultores por un año al recurrente.

Este acuerdo de la Comisión se aplicó mediante Resolución Exenta DGOP N° 5564 de 28 de diciembre de 2015, “acto que fue impugnado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, los cuales fueron rechazados, ratificando la decisión tomada por la Comisión, en virtud de lo cual, el Presidente de la Comisión, en conformidad al artículo 3 inciso 7 de Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración Del Estado (en adelante Ley N° 19.880, procedió a dictar la resolución DGOP N° 65 de 21 de abril de 2016 que aplicaba la sanción de suspensión ya mencionada, afecta al trámite de toma de razón”.

En opinión del informante, en la “instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio incoado en contra de Zañartu Consultores” se han respetado plenamente “los principios de contradictoriedad, conclusivo, imparcialidad, de la no formalización, impugnabilidad, transparencia y publicidad” y por tanto, en su concepto “no existe tal vicio de validez alegado por el recurrente así como tampoco se han vulnerado las garantías constitucionales que nuestra carta fundamental establece”.

La impugnación de falta de motivación de la resolución sancionatoria.

Señala el Informe que el acto administrativo impugnado se encuentra suficientemente motivado, habiéndose dictado conforme al principio de legalidad, para lo cual efectúa una revisión de los elementos que a su juicio conforman el acto administrativo, citando doctrina que sustenta su análisis, distinguiendo entre los elementos Subjetivo, Objetivo, Causal y Formal.

En cuanto al elemento subjetivo, señala que la Resolución DGOP 65 emana de la Autoridad competente, conforme al artículo 2 de la Ley N° 19.880, enmarcando su actuar dentro del ámbito de la legalidad y de la esfera de su competencia.

Designa, a continuación, los principales textos legales que rigen dicha actuación, deteniéndose en el análisis del principio de imparcialidad que liga, en correspondencia con el artículo 11 de la ley citada, con la objetividad de su actuación y con el respeto del principio de probidad consagrado en la legislación, “tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

Refiere que el MOP tiene un “poder-deber de construir y reparar las nombre reservado”, lo que ”está orientado a un fin superior, debiendo asegurar la satisfacción de una necesidad pública de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, contribuyendo en el desarrollo económico, social y cultural del país”.

Destaca, a continuación, “la asociación público privada en pos de la satisfacción de la necesidad de interés general”, hablando de la conveniencia de “aunar los esfuerzos públicos-privados”, dentro de lo que inserta “la colaboración de Contratistas y Consultores como coadyuvantes en el desarrollo de la función pública, con los cuales celebra contratos públicos para el diseño, la construcción y la asesoría de inspección fiscal de las obras.”

En ese contexto, cita el artículo 12 inciso final del D.F.L. N° 850, que le entrega al Director General de nombre reservado, “la función de llevar un registro general de contratistas y consultores, en la forma que establezca el reglamento respectivo”.

En la administración del Registro de Consultores y teniendo presente que se trata de particulares que contribuyen en la ejecución de la función pública de esa Secretaria de Estado, le corresponde, según señala el informante, a “la Comisión de Registros revisar la idoneidad técnica de los Consultores para aprobar sus inscripciones, encontrándose revestidas de las facultades y medidas coercitivas para asegurar que dicha idoneidad se mantenga durante la inscripción, pudiendo en conformidad con el artículo 97 del RCTC, suspender o eliminar las inscripciones que ha autorizado, cuando verifique que se dan los presupuestos legales para ello, en el resguardo de contar con empresas que efectivamente colaboren con la función pública”.

Es precisamente en uso de esta atribución de la Comisión de Registro, que el DGOP en su calidad de Presidente de la misma aplica la sanción, encontrándose dotado según el Informe de plenas potestades para ello.

En cuanto al elemento objetivo, este lo relaciona con la “declaración que emite la autoridad a través del acto, cuyo contenido debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”, indicando que el acto impugndo “tuvo por objeto inhabilitar temporalmente al Consultor, para contratar con este Ministerio, luego de haberse instruido un procedimiento administrativo sancionatorio en los términos establecidos en la Ley N° 19.880, en virtud del cual, se concluyó la negligencia inexcusable del Consultor, cuya manifestación última, son las obras del puente Cau Cau inconclusas y paralizadas.”

En cuanto al elemento causal, es posible, conforme a lo que indica el informante, distinguir “el fin, la causa y el motivo del acto administrativo”.

En lo referido al fin, definido como el “objetivo que la potestad persigue o asigna al órgano de la Administración, el acto administrativo en análisis ha cumplido a cabalidad con la finalidad pública que se le ha asignado”.

Para llegar a esa conclusión, la autoridad informante se apoya en consideraciones dogmáticas sostenidas en textos administrativistas por el autor Luis Cordero Vega, quien señala que dentro de los requisitos del acto se encuentra precisamente el fin, respecto del cual expresa que “la Administración es un complejo orgánico sujeto al principio de servicialidad, lo que implica que son organizaciones que ejercen poderes fiduciarios, en el sentido de que no actúan en provecho propio, sino en beneficio de las necesidades e intereses de terceros. Por esta razón, todas las potestades administrativas son atribuidas por las normas para que los órganos competentes las utilicen para la obtención de fines determinados.

De este modo, (…), cuando la autoridad administrativa utiliza potestades para fines distintos a los previstos en la norma se constituye desviación de fin o de poder, afectando de ese modo la validez del acto administrativo " En atención a sus principios de servicialidad y a la función pública que ejerce el MOP, “en cuanto a proveer infraestructura pública de calidad al país en aras de promover el bien común de las personas, mediante la satisfacción de la necesidad de conectividad del territorio nacional y su consecuente desarrollo económico, la aplicación de sanción a la empresa Zañartu Consultores, tiene por fin resguardar la calidad de la obra pública y la eficiente y eficaz inversión de los recursos fiscales, mediante la verificación de su idoneidad técnica”.

Por su parte, la causa está referida, según el Informe, “a las circunstancias de hecho, concretas que mueven a la autoridad pública a actuar, que la motivaron a tomar la decisión, en este sentido, cabe señalar que la Comisión de Registro determinó la sanción de suspensión en atención a que tratándose de la construcción de una obra inédita en su estilo en nuestro país y que la Asesoría de Inspección Fiscal contratada para dicha obra, debía prestar todos los servicios necesarios para que el Inspector Fiscal llevara un adecuado control técnico y administrativo del contrato de obra, Zañartu Consultores omitió una serie de avisos y advertencias oportunas ante diversas situaciones ocurridas en la ejecución de las mismas y efectuó escasas diligencias para colaborar en la búsqueda de soluciones, lo que impidió que el Inspector Fiscal contara con todos los antecedentes, advertencias y opiniones técnicas posibles para llevar el adecuado control de las obras”.

Insiste que hay de parte de Zañartu Consultores en la ejecución del contrato de asesoría un actuar negligente, “teniendo en consideración para la decisión, el eventual perjuicio económico que le podría causar la sanción de suspensión versus el daño provocado al patrimonio fiscal, a la comunidad, a la credibilidad de las instituciones del Estado y a la imagen nacional e internacional del Ministerio de Obras Públicas”.

En cuanto a los elementos formales del acto administrativo, cabe señalar, indica el Informe, que el procedimiento sancionatorio dirigido contra Zañartu Consultores se efectuó con respeto íntegro de los principios que establece la Ley N° 19.880, procediéndose en todo según sus directrices, conforme ya se ha relatado.

En lo que se refiere al principio de contradictoriedad, cita lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley N° 19.880, para concluir que el actuar de esa autoridad se apegó completamente a la norma.

A su turno, transcribe lo dispuesto en el artículo 46 de la misma ley, en cuanto al procedimiento, para referir que también a ese respecto se dio fiel cumplimiento a lo que en ella se establece.

En relación con la prueba, manifiesta que durante el procedimiento administrativo sancionatorio se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la mencionada ley que establece las bases de los procedimientos administrativos, ponderando los antecedentes y pruebas aportadas en conciencia, decidiendo fundadamente la sanción.

Manifiesta el Informe que luego de la fase probatoria del procedimiento, en la fase recursiva, a propósito del recurso de reposición o reconsideración interpuesto por Zañartu Consultores, se solicitó a la Dirección de Vialidad remitir un informe sobre los hechos que tuvo en cuenta para considerar que la sanción a aplicar, en su concepto, era de suspensión por el plazo de seis meses.

La Dirección de Vialidad informó que en atención a los primeros antecedentes recopilados, optó por estimar que eso era lo que correspondía, pero que luego, a propósito de todos los incumplimientos graves sobre los cuales se debatió y acompañó prueba durante el procedimiento sancionatorio, que pusieron de manifiesto la falta de diligencia de Zañartu Consultores, llegó a la conclusión que la sanción de suspensión de 1 año era completamente idónea y ajustada a las responsabilidades involucradas.

De lo expuesto en el Informe, la autoridad llega a la conclusión que ha actuado “conforme al ordenamiento jurídico, respetando el principio de legalidad y las garantías constitucionales de un racional y justo procedimiento, emitiendo un acto administrativo suficientemente fundado y razonable, aplicando una medida sancionatoria cuyos efectos tienen un impacto menor que el daño social y económico causado por la negligencia”.

La ponderación de la prueba y la razonabilidad de la resolución impugnada.

Como ya se ha manifestado, la ponderación de la prueba en el procedimiento administrativo, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley N° 19.880, es en conciencia, pero atendido que las resoluciones sancionatorias, en particular, deben fundarse conforme lo consigna el artículo 11 de la ley antes citada, en definitiva se estima que “rige el principio de libertad en la apreciación de la prueba con sujeción a las reglas de la sana crítica".

Apoyándose en un texto sin publicar de nombre reservado, el Informe sostiene que en materia de sanciones administrativas se “debe cumplir de manera general con el estándar de prueba preponderante, es decir, debe ser capaz de generar una probabilidad simplemente mayor de que los hechos de la infracción ocurrieron".

Entiende a partir del sistema de valoración de la prueba aludido que la Comisión de Registro “ha revisado y ponderado la totalidad de los antecedentes del expediente, esto es, informes de la Dirección de Vialidad, informes mensuales de la asesoría, informes de no conformidades, informes de estudios posteriores a la falla, prueba testimonial de la parte interesada, diligencias solicitadas por ésta última y en consideración a las máximas de la ciencia o profesión que desempeñan sus integrantes, ha entendido que la globalidad de los antecedentes demuestran la negligencia inexcusable de la empresa asesora, en su rol de fiscalización, dando su conformidad a una serie de modificaciones a las obras sin efectuar las advertencias necesarias que permitieran evitar las deficiencias detectadas, faltando gravemente a sus obligaciones”.

Precisa el informe que no corresponde aplicar dentro del procedimiento administrativo estándares propios de la actividad jurisdiccional.

La presunta vulneración del principio de imparcialidad.

El Informe nos recuerda que el Ministro de nombre reservado es un colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el gobierno y la Administración del Estado (Artículo 33 CPR), teniendo dentro de sus funciones la responsabilidad de conducir esa Secretaría de Estado, en conformidad con las políticas públicas e instrucciones que el Presidente de la República le imparta.

Es así, sostiene, que “de acuerdo al DFL N°850 Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, incumbe al Ministro, en su calidad de autoridad superior de esta cartera, la supervigilancia de los organismos que de él dependen y de aquellos que, por su intermedio se relacionen con el Gobierno, (artículo 4 DFL 850), por lo tanto tiene el deber de ejercer el control jerárquico de sus servicios dependientes, efectuando un control permanente de los contratos y actividades que ellos desarrollen”.

En el caso de que se trata, el Ministro de nombre reservado, en uso de sus potestades de control y atendida la complejidad de la construcción del Puente Cau-Cau y las repercusiones sociales que ha tenido esta obra, “además de buscar los mecanismos para resolver el desarrollo y término de las mismas, solicitó que se evaluaran las eventuales responsabilidades administrativas y contractuales derivadas de la ejecución fallida del contrato, tanto de los funcionarios públicos a cargo del control y administración de éstos, así como también las responsabilidades de las empresas involucradas”.

En ese contexto el Ministro de nombre reservado, “solicitó a la Comisión de Registro que requiriera los antecedentes necesarios a la Dirección de Vialidad, para evaluar las eventuales responsabilidades de Zañartu Consultores”.

Y es precisamente esa Dirección, “como mandante del contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal, quien decide durante el mes de mayo de 2015, someter a consideración de la Comisión la aplicación de una sanción, por haber entendido, que la Consultora incurrió en un actuar negligente durante la ejecución del contrato”.

A su vez, la autoridad informante plantea que el Ministro de nombre reservado en términos formales habría resuelto el recurso jerárquico en un día, pero que materialmente dicho recurso se interpuso en el mismo momento que el de reposición, en subsidio del mismo, con fecha 11 de enero de 2016, “por lo cual el señor Ministro de nombre reservado estuvo en conocimiento de los antecedentes desde aquélla fecha. Asimismo, demás está mencionar que un Ministro de Estado cuenta con un equipo de asesores encargado de estudiar y realizar propuestas sobre las materias que se someten a su consideración como el caso en análisis”.

Menciona el Informe como antecedentes que se deben tener en cuenta para entender la rápida resolución al recurso jerárquico, que Zañartu Consultores, “solicitó una audiencia con el señor Ministro de nombre reservado, para manifestarle sus alegaciones y defensas respecto de la sanción acordada por la Comisión de Registro, con la finalidad de que se reconsiderara la medida, audiencia que se llevó a cabo el día 4 de enero de 2016”.

Adicionalmente sostiene que la tantas veces indicada Ley N° 19.880 no fija un plazo mínimo para resolver las materias que son entregadas al conocimiento de las autoridades ministeriales, por lo que concluye que “no se ha vulnerado el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880”.

La resolución impugnada fue tomada razón por Contraloría General de la República y goza de una presunción de legalidad.

Como es sabido, la Contraloría General de la República es el órgano constitucional en nuestro país, encargado, fundamentalmente, del control de legalidad de los decretos y resoluciones que emita la Administración, que ejerce a través de la toma de razón, que se plantea como un control preventivo de legalidad de los actos de la administración.

De este modo, entiende la autoridad informante, “cuando un acto pasa este examen, quiere decir que un órgano técnico e independiente de la administración, diseñado por la Constitución para realizar este control, no ha detectado vicios”.

Entiende que el recurso de protección estaría cuestionando la toma de razón, “pues para que éste pueda prosperar, hay que destruirla”.

Manifiesta el Informe que ello no es posible, puesto que la presunción de legalidad del acto administrativo es una cuestión de lato conocimiento. “La propia Contraloría se ha encargado de aclarar la naturaleza del recurso de protección y cuál debe ser su relación con la impugnación de una resolución. En el Dictamen 22.143 de fecha 12 de mayo de 2006 se señala que la impugnación de la toma de razón es un asunto que es de lato conocimiento y, por ende, absolutamente ajeno al fin del recurso de protección, que es atinente a situaciones de emergencia con manifiesta violación de derechos básicos. Además, por mandato de la Constitución, la potestad de tomar razón de decretos y resoluciones está radicada, en forma exclusiva y excluyente en el Contralor General y en su contra cabe únicamente la insistencia del Presidente de la República o la revisión del Tribunal Constitucional, facultad de especial relevancia considerando que Contraloría goza de autonomía de rango constitucional conforme al artículo 98 de la Constitución, atributo esencial que le garantiza la mas absoluta independencia respecto de los demás órganos del Estado".

No se habría vulnerado la garantía del debido proceso.

Aborda en este tópico, el Informe, la cuestión relativa a las competencias de la Comisión de Registro y de la Comisión Calificadora, atendido que el recurrente cuestiona la circunstancia que la primera no podría haber adoptado sanciones sin que la segunda haya calificado previamente el desempeño de la consultora.

En el sentido señalado, entiende el Informe que “la Comisión de Registro no se ha apartado en forma alguna del principio de legalidad, puesto que ha actuado dentro de su esfera de competencia, entendiendo que las atribuciones para determinar el mérito y calidad de las obras no es una facultad exclusiva y excluyente de la Comisión Calificadora, tal como lo ha establecido expresamente el inciso final del artículo 92 del Reglamento precitado, referido a la Comisión Calificadora (…)”, de modo que “los procedimientos administrativos de calificación y de sanción, llevados por comisiones distintas, pueden efectuarse paralelamente, sin que la calificación sea un elemento determinante y vinculante en la decisión de aplicar una sanción, sino más bien se trata de un antecedente más que puede ser ponderado por la Comisión de Registro para tomar la decisión final”.

Del modo que se sostiene por la autoridad informante, no ha existido juzgamiento por Comisiones Especiales, que es lo resguardado por esta acción cautelar, señalando que ese “Ministerio no cuenta con facultades jurisdiccionales y la resolución impugnada fue adoptada mediante un procedimiento previo, tramitado conforme a la Ley N° 19.880”.

Respecto de los “nuevos antecedentes”.

Insiste el Informe que esta cuestión deriva de la petición efectuada por la consultora y para resguardar el debido proceso y su derecho a defensa, por lo que se “solicitó a la Dirección de Vialidad que informara la ponderación de los hechos y antecedentes que tuvo en consideración para proponer a la Comisión de Registro una solicitud de sanción por el plazo de seis meses” y no de un año.

La Dirección de Vialidad, sostiene el Informe, concluyó que “la sanción propuesta de seis meses parece insuficiente para los incumplimientos detectados", por lo que comparte la apreciación de sus pares en torno a que hubo una “negligencia inexcusable del Consultor reafirmando los cargos ya discutidos latamente en el procedimiento administrativo”, no aportando “nuevos antecedentes que permitieran modificar la decisión en el sentido de rebajar el plazo de la suspensión ni tampoco relevó nuevos puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que permitieran abrir una nueva etapa procesal”.

Señala que a Zañartu Consultores le fueron notificados los cargos, presentó sus descargos, se fijó un término probatorio e incluso se tomaron declaraciones de testigos a solicitud del interesado, es decir, entiende el informante que se dio cumplimiento a todas las garantías de un racional y justo procedimiento.

Precisa que, según ella entiende, “la Ley N°19.880 no establece que deba la Administración conferir traslado al interesado cada vez que se está en presencia de un informe en que no se discuten nuevas cuestiones a las ya conocidas en el procedimiento y que por lo tanto no causan indefensión o perjuicio a la situación jurídica del interesado, pues ello sería contrario al principio de la no formalización, el cual estipula que el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares”.

Razonabilidad de la decisión adoptada por la Comisión de Registro.

Sobre la fundamentación de la sanción aplicada, entiende la autoridad informante que al respecto se debe tener presente que la razonabilidad “es el límite a la actuación administrativa que procura un fin, permitido constitucionalmente, de forma de no afectar el contenido esencial de los derechos de los particulares”.

Y que tal razonabilidad debe ser analizada según si acaso satisface el triple test de control, “a través de la revisión de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la decisión”.

Entiende que la “idoneidad implica que la decisión adoptada debe ser adecuada para conseguir el fin constitucionalmente legítimo de este Ministerio, existiendo una relación de causalidad lógica entre medios y fines, relación que tal como hemos indicado en la revisión de los elementos del acto administrativo discutido, ha existido”. Con la sanción aplicada, conforme a la autoridad informente, se ha dado cumplimiento al mandato legal de ese Ministerio en cuanto a resguardar la calidad técnica de los Consultores, como socios y colaboradores en el quehacer de ese organismo público y en la satisfacción de la necesidad de infraestructura de calidad, “persuadiendo al infractor de los estándares que debe observar en el desarrollo de sus servicios y recordándole el fin superior que subyace en los contratos de nombre reservado”.

En cuanto a la necesidad, apoyándose en un autor que cita, “entiende que toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido entre todas aquéllas que revisten por lo menos una idoneidad equivalente para contribuir a alcanzar el objetivo buscado”. La sanción aplicada, entiende la autoridad, “no afecta los derechos de Zañartu Consultores, sino que regula la relación que dicha empresa tiene con este Ministerio para efectos de lograr que los servicios de esa empresa sean de la calidad que se requiere en la contratación pública y que mejore sus procedimientos antes de seguir adjudicándose nuevos contratos con este Ministerio, sin que se afecten los contratos que a la época de la aplicación de la medida, se encuentre ejecutando Zañartu Consultores, los cuales seguirán su desarrollo reglamentario habitual”.

En lo referente a la proporcionalidad, asume que la medida no restrinje los derechos del particular de forma desproporcionada, en relación a los beneficios que se pretende alcanzar, situación que se salvaguarda en la decisión en comento, puesto que “no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales” “y el bien jurídico protegido con la suspensión de la inscripción, es la Servicialidad del Estado y la función pública que desarrolla este organismo, que sin duda alguna, tiene una relevancia superior en comparación con una medida de carácter temporal que debe soportar el consultor por su falta de diligencia en la ejecución del contrato de Asesoría”.

No se vulnera la igualdad ante la ley.

Como se conoce, el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental estipula que "(...) en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. (...) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias." Y es sabido por todos que ello implica que las “normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares”. No es, por lo mismo, una igualdad absoluta, sino que “ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias específicas”.

Sostiene que “las actividades de las empresas contratistas y consultoras que contratan con este Ministerio se encuentran reguladas en distintos reglamentos, teniendo cada uno de ellos, en lo que interesa, un sistema propio de sanciones”, por lo que no se trataría de la misma situación fáctica ni la misma regulación.

En dicho sentido, “respecto a la empresa a cargo de la construcción del puente Cau-Cau, Azvi Chile S.A., la Comisión de Registro instruyó un procedimiento sancionatorio en su contra, durante el mes de febrero de 2015, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del DS MOP N°75/2004 Reglamento para Contratos de nombre reservado (…), formulándole cargos, que tienen relación directa con los errores cometidos durante la construcción de la obra”, por lo que la Comisión de Registro “acordó aplicar a la empresa contratista la medida de suspensión del Registro de Contratistas por el plazo de dos años, de acuerdo a lo señalado en la artículo 44 del RCOP, por haber cometido faltas o infracciones graves o reiteradas a lo establecido en el mencionado reglamento, acuerdo que fue ejecutado mediante Resolución DGOP exenta N° 2936 de 08 de julio de 2015”.

Y, como ya se ha manifestado, contra Zañartu Consultores se inició un procedimiento sancionatorio atendido cargos específicos que decían relación con las actuaciones consideradas negligentes de esa consultora.

Expresa el Informe que “los cargos formulados a Zañartu Consultores, estaban absolutamente relacionados con las actividades que le correspondía realizar, por este motivo no se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la CPR, puesto que se aplicaron procedimientos administrativos sancionadores a ambas empresas, de acuerdo a la normativa vigente que regula a cada contrato en consideración a sus especiales características, por la responsabilidad que le correspondía a cada empresa en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y que se encuentran relacionadas con las fallas en la construcción en el caso de Azvi Chile S.A. y en el caso del recurrente, por la falta de oportunidad en los avisos y propuestas de solución al Inspector Fiscal del contrato, que permitieran advertir y corregir los errores en que estaba incurriendo la constructora durante la ejecución de las obras y por lo tanto, no han existido distinciones arbitrarias, de mero capricho o carentes de motivación”.

No se ha vulnerado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica legítima.

Como lo ha señalado la jurisprudencia, el contenido de esta garantía “comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquiera actividad económica, sea productiva, comercial, de intercambio o de servicio, habiendo sido introducida por el constituyente de 1980 con especial énfasis y estudio, según consta de la historia fidedigna del precepto".

Asume la autoridad informante que no ha podido vulnerarse el derecho actual, presente, de Zañartu Consultores en el caso analizado a desarrollar el giro de su empresa, “puesto que la suspensión temporal de su inscripción sólo tiene efectos para el futuro”.

Aclara que la suspensión de inscripción no afecta en modo alguno “los contratos adjudicados previamente a la sanción a Zañartu Consultores, los que seguirá desarrollando conforme a lo pactado, así como tampoco le imposibilita contratar con otros mandantes públicos o privados”.

En esa virtud, considera que no se le ha impedido a Zañartu Consultores, de forma alguna, “ejercer su derecho a desarrollar la actividad económica de su giro, sino que se le ha aplicado la reglamentación que regula la contratación de trabajos de consultorías públicas, establecida en el D.S N° 48 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, ya que al haber incurrido en una de las causales del artículo 97 de ese cuerpo reglamentario, ha perdido la idoneidad técnica que requiere para mantener la inscripción, por lo que la Comisión de Registro la ha suspendido con el objeto de persuadir a la empresa para que mejore sus procedimientos y estándares en la prestación de los servicios de supervisión de contratos de nombre reservado, en atención a la necesidad general a la cual atienden”.

En razón de los argumentos esgrimidos en el Informe, la autoridad entiende que la Resolución DGOP N° 65, “es un acto administrativo legal y razonado, producto de un procedimiento sancionatorio apegado a los principios y las normas de la Ley N° 19.880”, por lo que concluye que la Comisión de Registro solo ha ejercido sus facultades propias al suspender las inscripciones que autoriza, en conformidad al artículo 97 ya señalado, lo que, a su juicio, no priva, perturba o amenaza ninguna de las garantías constitucionales alegadas.

Finaliza su Informe pidiendo tenerlo por evacuado y en su mérito, rechazar el recurso de protección de autos, con costas.

TERCERO: Que, como queda claro de la lata parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con la sanción aplicada a Zañartu Consultores de suspensión en el Registro de Consultores por el periodo de un año contado desde que el acto administrativo quede totalmente tramitado, mediante la Resolución DGOP N° 65, de fecha 21 de abril de 2016, tomada razón con fecha 26 de mayo de este año, dictada por el Director General de nombre reservado.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

QUINTO: Que, en consecuencia, la misión de esta Corte se debe ceñir al análisis de la ilegalidad y/o arbitrariedad que se le atribuye por la recurrente al indicado acto administrativo sancionador, que se estima por el recurrente que vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a desarrollar cualquier actividad económica legítima de su representada.

SEXTO: Que, antes de entrar de lleno al análisis de la ilegalidad y arbitrariedad sostenidas por el recurrente, debemos avocarnos a resolver la extemporaneidad alegada por la recurrida.

Este asunto puede resumirse señalando que lo discutido es si acaso el recurso interpuesto lo fue dentro de los plazos establecidos en el número uno del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, esto es, como expresamente señala la regla: “el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos".

Cabe expresar que lo que primero salta a la vista es que si se lee el acto administrativo recurrido, éste dice expresamente que el periodo de un año de suspensión, se cuenta “de la fecha en que el acto administrativo que lo ordene quede totalmente tramitado”, señalando de modo expreso que la resolución sancionatoria debe notificarse a Zañartu Consultores. Ello, a juicio de esta Corte, resulta esclarecedor respecto a las diversas posturas doctrinarias afirmadas por la recurrida, que vendrían a sostener que existe alguna posibilidad de entender que la resolución pudiera tener vida jurídica anterior a dichos eventos, por cuanto es la propia resolución que clarifica que producirá sus efectos desde que sea tramitada por Contraloría General de la República y una vez notificada al sancionado, lo que por lo demás es de suyo lo que se contiene en la Ley N° 19.880. De esta manera, la propia resolución impugnada se encarga de precisar que “la ejecución del acto” será posterior a su trámite de toma de razón.

Es verdad que desde antes existía la amenaza de la afectación de los derechos por los cuales se recurre, en tanto la posibilidad de aplicarse la sanción existía desde el inicio del procedimiento sancionatorio, pero lo que no puede sostenerse con fundamento racional es que los derechos presuntamente vulnerados hayan sido concretamente afectados con anterioridad al 26 de mayo de 2016.

Una cuestión distinta, pero relacionada con la extemporaneidad alegada, es la resolución que correspondía atacar, si acaso lo era la primera de carácter conclusivo, esto es, aquella que decide aplicar la suspensión del Registro de Consultores por el periodo de un año contado desde la fecha en que el acto administrativo que lo ordene quede totalmente tramitado, contenida en la Resolucióin DGOP N° 5.564, de fecha 28 de diciembre de 2015, o lo es la que finalmente aplica la sanción señalada contenida en la Resolución DGOP N° 65, de 21 de abril de 2016. Sobre este tópico, si bien es cierto la jurisprudencia de la Corte Suprema se pronunció en alguna época por la alternativa que los ciudadanos debían optar entre recurrir administrativa o jurisdiccionalmente, bajo sanción de que si recurrían en sede administrativa, con posteriordad se les declaraba extemporáneo el recurso de protección, no es menos cierto que se ha ido consolidando la postura completamente opuesta, que esta Corte comparte, en cuanto a que no resulta admisible que el ciudadano se vea restringido en el ejercicio de acciones constitucionales. En cualquier caso, el artículo 54 de la Ley N° 19.880, ya citada, se encarga de señalar en su inciso segundo, que planteada la reclamación administrativa “se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional”. De este modo, no cabe duda que la extemporaneidad alegada por la recurrida debe ser desechada. Como ha señalado el profesor Alejandro Vergara en su artículo “Agotamiento de la vía administrativa e interrupción del plazo para interponer recursos jurisdiccionales”, publicado en El Mercurio Legal de 29 de febrero de 2016, el “art.54 inc.2° de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (LBPA) regula la situación señalando que dicho plazo "volverá a contarse" cuando se produzca el efectivo agotamiento de la vía administrativa. De ahí que esa interrupción del cómputo del plazo judicial es un verdadero derecho público subjetivo del justiciable. La CS, casi sin excepción, le ha dado protección a ese derecho.”

La circunstancia de existir un proceso penal por un hecho del cual se ha querellado la consultora afectada, involucra que en esa sede se está en presencia de una investigación acerca de la concurrencia de los presupuestos fácticos no de una infracción administrativa, sino que de una de tipo penal, resultando aplicables en dicho proceso todos los principios y derechos vinculados al Código Procesal Penal.

En virtud de ello, pese a la relación evidente que es posible encontrar entre los hechos por los cuales Zañartu Consultores se ha querellado, desde luego ellos no son idénticos a los que se plantean en el presente recurso de protección y más bien dicen relación con el establecimiento de hechos diversos, unos de carácter administrativo y otros de naturaleza penal, que permiten que se adopten resoluciones paralelas, sin posibilidad jurídica de colisión.

Finalmente, en cuanto a que lo que se plantea en el presente recurso pretendería obtener la declaración de derechos o la constitución de una situación jurídica, por tanto, de lato conocimiento, cabe señalar que estamos en presencia de un procedimiento administrativo sancionador, en el cual se sostiene por el recurrente que se han vulnerado derechos fundamentales, por lo que el carácter cautelar de la acción ejercida resulta ostensible y no puede cuestionarse fundadamente.

En virtud de los razonamientos anteriores, se desecha la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida.

SEPTIMO: Que, en virtud de lo considerado precedentemente, debemos entrar a analizar el fondo de la impugnación efectuada.

De los motivos anteriores, es posible colegir que estamos frente a un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, originado en el hecho público y notorio de las fallas producidas en el llamado puente Cau-Cau, que involucran no a la empresa constructora, sino a Zañartu Ingenieros Consultores SpA, que es la empresa de asesoría a la inspección fiscal a cargo de controlar la ejecución de la obra ya señalada.

Es este procedimiento administrativo sancionatorio que el recurrente impugna en su legalidad y tilda de arbitraria su decisión, sosteniendo en apretada síntesis que el acto administrativo no sería fundado, que se daría una desviación de fin, que se vulneraría el debido proceso en cuanto sostiene que Zañartu Consultores fue juzgada por una Comisión Especial, que se habría infringido su derecho al recurso y que se habrían utilizado nuevos antecedentes para resolver, sin contradictoridad, transgrediendo su derecho a defensa.

Que en cuanto a la falta de fundamentación que se arguye por el recurrente, cabe señalar que la resolución impugnada tiene dieciséis considerandos, en los cuales va haciéndose cargo de relatar el devenir del procedimiento administrativo, desde el inicio, detallando la intervención que le cupo al Ministro de nombre reservado, a la Comisión de Registro, a la Dirección de Vialidad, a la consultora, los cargos formulados, las notificaciones practicadas, los descargos presentados, los documentos acompañados por la consultora, el término probatorio respecto del que se fijaron hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, oportunamente repuestos por la afectada, para los efectos de que se acompañaran las pruebas que se estimaran pertinentes, fijándose fecha y hora para audiencia testimonial, indicándose los testigos que prestaron declaración, las actas que dan cuenta que se revisaron en la Comisión de Registro los descargos formulados, las pruebas rendidas por la empresa, así como todos los antecedentes presentados por la Dirección de Vialidad; luego de lo cual se decidió la sanción de suspensión del Registro de Consultores de la representada del recurrente por el periodo de un año en virtud de establecer que se había cometido por ésta una falta grave, en conformidad al artículo 97 letra f) del Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría. La falta grave la estimó la Comisión de Registro en atención a que se había incluído expresamente en el contrato de asesoría la necesidad de que la empresa “estudiara el proyecto en forma permanente y constante para conocerlo íntegramente y evitar de esa manera posibles errores y llevar un adecuado control de la ejecución de las obras, lo que permitiría advertir cualquier anomalía que se presentara en el desarrollo del contrato.” Además, en los términos de referencia se indicaba “expresamente la obligación de visitas de especialistas a faenas cuando las necesidades del trabajo lo requirieran apoyando directamente al Inspector Fiscal en la solución de los problemas que se suscitaran en el contrato.” Y dentro de las conclusiones fácticas que la Comisión de Registro estableció de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, se encuentra “la falta de oportunidad en las alertas del Consultor ante diversas situaciones ocurridas en la ejecución de las obras y las escasas diligencias efectuadas para colaborar en la búsqueda de soluciones” y que de la propia prueba testimonial rendida por la empresa, quedó de manifiesto que ella “tenía la convicción de requerir otros especialistas para orientar de mejor manera la inspección de las obras”, pese a lo cual “omitieron comunicar dicha necesidad al Inspector Fiscal”. Luego da cuenta que la Comisión de Registro decidió aplicar la sanción ya indicada, dictándose la Resolución DGOP N° 5.564, de fecha 28 de diciembre de 2015, por el Director General de nombre reservado, resolución que fuere recurrida de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, explayándose la resolución recurrida en los razonamientos efectuados por los rechazos a dichos recursos administrativos, señalándose por la resolución impugnada que, adicionalmente, “se tuvo a la vista nuevos antecedentes aportados por la Dirección de Vialidad, relativos a la “Consultoría para la Puesta en Servicio del Puente Cau-Cau, Región de los Ríos”, pudiendo observarse una serie de conclusiones que ponen de manifiesto el actuar negligente de la recurrente en el desarrollo del contrato de Asesoría de Inspección Fiscal”. Concluye la resolución con la decisión mediante la cual aplica a la consultora la medida de suspensión del Registro de Consultores por el periodo de un año a contar, como se dijo, de la fecha en que el acto administrativo que lo ordene quede totalmente tramitado.

Que, como queda meridianamente claro del largo párrafo que pretende resumir los fundados razonamientos expresados en la resolución impugnada, ella se encuentra debidamente motivada, pudiéndose encontrar de manera nítida en la misma los cargos formulados a la empresa consultora, los descargos planteados por ella, los antecedentes probatorios acompañados y las pruebas rendidas, así como la decisión adoptada. En otro lugar nos haremos cargo de la impugnación referida a los “nuevos antecedentes” que habrían sido tenidos en cuenta por el Director General de nombre reservado para adoptar su decisión, atendida su especialidad, pero ahora digamos que la revisión y lectura de la Resolución DGOP N° 65, impugnada, muestra de manera nítida que ella se encuentra debidamente fundada, por lo que debe rechazarse dicha impugnación.

Ahora, en lo relativo a la desviación de fin, esto es, cuando se ejercen potestades administrativas de una forma y para fines distintos de aquellos de interés público para los cuales el órgano administrativo fue concebido, la relación entre los cargos formulados, las pruebas rendidas y la decisión adoptada, claramente nos indica que las potestades sancionadoras de la Comisión de Registro fueron ejercidas dentro del contexto del control que cabe realizar en la ejecución de una obra, a propósito de un contrato de asesoría fiscal y busca un fin directamente vinculado con la calidad de la labor que prestan estos coadyuvantes privados de la función pública a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Por esas consideraciones, corresponde desechar también dicha argumentación del recurrente.

Respecto de la supuesta vulneración del debido proceso, cabe considerar en primer lugar que el artículo 20 constitucional solo cautela el N° 3 inciso 5° del artículo 19, esto es, aquella garantía que se encuentra expresada en el citado inciso del modo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecida por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” De manera que esa es la garantía protegida constitucionalmente.

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que resulta pacífico sostener que dicha garantía constitucional es plenamente aplicable en los procedimientos administrativos, por lo que al margen de la limitación antes indicada, igualmente nos referiremos a todas las impugnaciones efectuadas respecto de este derecho fundamental. Así, en relación al tema específico relativo a la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, cabe señalar que la mirada del recurrente equivoca, a juicio de esta Corte, su análisis, en cuanto establece una limitación respecto de las potestades sancionadoras de la Comisión de Registro, que no se divisa por nuestra parte. En efecto, el artículo 97 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, contenido en el Decreto Supremo N° 48, de 1994, del MOP, señala:

“La Comisión de Registro podrá aplicar las sanciones que se establecen a continuación, cuando el Consultor se encuentre en alguno de los siguientes casos:

a) El Consultor inscrito en cualquier categoría, que en un contrato obtenga una calificación igual o inferior a 4,5 será rebajado automáticamente de categoría en la especialidad que hubiere sido exigida para el contrato en que obtuvo tal calificación.

b) El Consultor que obtenga dos calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas iguales o inferiores a 4,5 en cada caso, en contratos que pertenezcan a una misma especialidad, será eliminado automáticamente de esa especialidad.

c) El Consultor que obtenga tres calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas iguales o inferiores de 4,5 en cada caso, será eliminado del Registro de Consultores.

d) El Consultor que tenga promedio de notas inferiores de 5,5 no podrá incluirse en los Registros Especiales a que se convoque. El promedio se obtendrá entre las notas de todos los trabajos realizados en los dos últimos años anteriores a la fecha del llamado a inscripción en el Registro Especial.

Tampoco podrán inscribirse en los Registros Especiales que se convoque, aquellos Consultores que hubieren incurrido en alguna de las sanciones de los casos a), b), o c) de este artículo.

e) Los Consultores que hayan sido eliminados de los Registros de Consultores de Servicios, Instituciones y Empresas del Estado, dentro del plazo de vigencia de esa eliminación, podrán ser eliminados del Registro de Consultores.

f) El Consultor podrá ser suspendido de una o más de las especialidades en que se encuentre inscrito, o del Registro, si la Comisión del Registro establece que ha cometido falta grave o le acredita infracciones reiteradas a lo dispuesto en este Reglamento.

g) El Consultor podrá ser suspendido o eliminado si mantuviere documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos por más de 60 días y que le hubieren sido protestados.

h) El Consultor podrá ser eliminado del Registro a propuesta de la Dirección afectada si no diere cumplimiento a su contrato.

i) El Consultor será eliminado del Registro en caso que hubiere cometido errores graves que comprometiesen la seriedad y /o la veracidad de las informaciones proporcionadas, o la seguridad de las obras cuando se refieran a estudios o proyectos realizados para el Ministerio o terceros, previa comprobación de los hechos por parte de la Comisión del Registro.”

Como puede leerse, la Comisión de Registro está dotada de potestades específicas tendientes a establecer, según señala su letra f), que la consultora ha cometido una “falta grave”, por lo que la impugnación efectuada carece de sustento. No resulta necesario, de acuerdo a este texto reglamentario, que primero se reúna la Comisión de Calificación, para que evalúe el trabajo del consultor y luego de encontrarse firme dicha calificación, pueda reunirse la Comisión de Registro y adoptar una sanción.

El argumento antes mencionado basta para desechar también la alegación efectuada por el recurrente en relación a que no se habría respetado el derecho al recurso de la consultora, por cuanto dicha alegación supone que correspondía que se reuniera de forma previa la Comisión de Calificación, lo que como se ha dicho, resulta incorrecto.

En relación a los “nuevos antecedentes” que habría tenido en cuenta la resolución recurrida, como se dijo a propósito de su fundamentación, es efectivo que, adicionalmente, como señala en términos literales la misma, tuvo a la vista esos nuevos antecedentes aportados por la Dirección de Vialidad, pero como se deja expresa constancia, ellos no se encuentran referidos a hechos novedosos, respecto a los cuales ameritara ponerlos en conocimiento a la consultora, por cuanto no se trataría de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos diversos a aquellos que se consideraron en los cargos formulados y al fijar el término probatorio, sino que se trata solamente de conclusiones distintas a las efectuadas con anterioridad por ese mismo órgano administrativo. No hay, en consecuencia, afectación de su derecho a defensa, profusamente utilizado durante todo el procedimiento administrativo sancionatorio, ni se afecta el principio de contradicción referido a la prueba, por lo que debe rechazarse el recurso también por esta consideración.

Debe indicarse que si bien es cierto se encuentra doctrinaria y jurisprudencialmente admitido que las sanciones administrativas son una expresión del ius puniendi estatal, junto a las sanciones penales y que, en esa condición, comparten, con matices, los mismos principios propios del derecho penal, no es menos cierto que existe una especificidad del derecho administrativo sancionador que no puede dejarse abandonado a su propia suerte. En este sentido, resulta sustancial la sentencia de la Corte Suprema dictada, en la causa Rol 1079-2014, en la que ha señalado en su considerando noveno: “Por otra parte, como bien es sabido, nuestro país carece de una normativa general sobre el ámbito sancionatorio administrativo, respondiendo la legislación, más bien, a un carácter sectorial.

Además, existe cierto consenso jurídico en cuanto a que la sanción penal y la sanción administrativa constituyen manifestaciones del ejercicio de un único poder estatal sancionatorio, el denominado ius puniendi estatal.

Sin embargo, dicha carencia legislativa y el común origen de ambas sanciones no autorizan para aplicar de manera automática las normas y principios propios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, sino que tal aplicación debe efectuarse dentro de los márgenes del procedimiento administrativo en general y del sancionatorio en particular, sin perder de vista el contexto que tuvo en vista el legislador para optar por una u otra sanción, tal como lo reconoce el propio Tribunal Constitucional: “Aun cuando las sanciones administrativas y las penas difieren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una misma actividad sancionatoria del Estado -el llamado ius puniendi- y están, con matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral tercero del artículo 19” (Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 480, de 27 de julio de 2006).

En efecto, no son pocos los casos y los ámbitos en los que el legislador recurre a la potestad sancionadora de la Administración para garantizar, de un modo más eficaz, los intereses sociales que en dichos ámbitos se encuentran en juego, lo que en caso alguno implica afirmar que, por ello, la Administración queda libre del control jurisdiccional en su obrar material y jurídico.

Por tanto, el recurso a los principios del derecho penal no debe llevar a la desnaturalización de la potestad administrativa sancionatoria, de tal manera que con ello se desconozca la intención y fines que el legislador tuvo en consideración al momento de recurrir a ella para dotar de eficacia a las instituciones jurídicas que establece con ocasión de la regulación de las distintas materias.

El matiz que se debe efectuar en la aplicación de los principios del derecho penal a la sanción administrativa -y al que se aludió anteriormente- y que, en definitiva, deriva en una diferenciación entre ambos tipos de sanciones, también ha sido destacado por esta Corte, en sentencia de 25 de abril de 2010 dictada en autos Rol N° 2.968-2010”.

La extensa consideración aquí reproducida, debe traducirse necesariamente en que el Derecho Administrativo Sancionador debe procurar el establecimiento de sus principios propios, en donde la Constitución sin duda juega un rol fundamental, y en que las finalidades perseguidas con la actividad administrativa que traduce los actos administrativos en represión de las conductas que se distancian de las finalidades de bien común, tengan en cuenta tal como lo señala la Corte Suprema en la causa antes reseñada, “que el legislador recurre a la potestad sancionadora de la Administración para garantizar, de un modo más eficaz, los intereses sociales que en dichos ámbitos se encuentran en juego, lo que en caso alguno implica afirmar que, por ello, la Administración queda libre del control jurisdiccional en su obrar material y jurídico” Y ello tiene consecuencias también cuando se trata del principio de imparcialidad de la Administración, puesto que en este caso no se puede entender como un tercero árbitro, que no se involucra en el conflicto, sino en el sentido de objetividad y probidad, tal como lo entiende el artículo 11 de la Ley N° 19.880.

Finalmente, debemos señalar, asimismo, que el principio de congruencia o correspondencia, al que se ha aludido como vulnerado, no debe confundirse con la discusión relativa a la ponderación de la prueba. El primero, dice relación con la directa vinculación que es posible efectuar entre los cargos formulados y la sanción aplicada, de modo que los primeros establecen una suerte de núcleo fáctico que debe ser respetado por la resolución respectiva. Pero no es posible extender dicho principio a la necesidad de establecer una correspondencia entre los antecedentes probatorios aportados y la resolución. En este sentido, hemos indicado que el artículo 35 de la Ley N° 19.880, fija como sistema de valoración de la prueba la apreciación en conciencia. Pero ha sido planteado que atendido el deber de fundamentar la decisión, ello se traduce en que el sistema de valoración de la prueba que en verdad se establece es el de la sana crítica. Lo primero que debe señalarse es que resulta necesario efectuar algunas distinciones: son diferentes los hechos formulados en los cargos, de los antecedentes, elementos o datos probatorios que se alleguen al procedimiento. Luego, también son diversos los momentos en que se establecen los hechos que se dan por acreditados. Para ello, resulta esencial el sistema de apreciación que la ley establece. En este caso, apreciación de la prueba en conciencia. Es decir, para fijar los hechos que se estiman acreditados, probados, la ley establece la apreciación en conciencia del decidor, de quien adopta la decisión. Y quien adopta la decisión debe hacerlo conforme al recto sentido del pensamiento humano, de allí que se diga que en definitiva el sistema de valoración hoy no pueda ser entendido como sinónimo de íntima convicción, de arbitrariedad, de capricho, sino que de sana crítica o valoración racional.

OCTAVO: Que, en cuanto a la vulneración alegada en el recurso de protección, entendiendo que no estamos, conforme con los argumentos indicados precedentemente, en presencia de una resolución ni ilegal ni arbitraria, mal pueden haberse transgredido derechos fundamentales como los esgrimidos en esta acción. De allí que se estime innecesario analizar las garantías denunciadas como vulneradas, pues ellas suponen la acción u omisión ilegal y/o arbitraria, que ha sido aquí descartada.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose determinado que la resolución impugnada no es ilegal y/o arbitraria, y que por lo mismo no existen derechos vulnerados que exijan protección constitucional, se rechazará el presente recurso de protección deducido.

DECIMO: Que, estimando que el ejercicio de la acción constitucional contiene un motivo plausible para litigar, no se le condenará en costas.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, de 1992, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 40 y siguientes, por don Luis Cordero Vega, Abogado, en representación convencional de Zañartu Ingenieros Consultores SpA, también conocida como Zañartu Consultores, en contra del Director General de nombre reservado (DGOP), don Juan Manuel Sánchez Medioli, quien mediante la Resolución DGOP N° 65, dictada con fecha 21 de abril de 2016, debidamente notificada el 26 de mayo del mismo año, ha aplicado a Zañartu Consultores la sanción de suspensión por un año del Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas, también llamado “Registro de Consultores”, sin costas.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección-51352-2016.

No firma la Ministra (S) señora Rosati, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado, e integrada por LA Ministra (s) señora Nora Rosati Jerez y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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