nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

Al folio N° 304522: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en contra del nombre reservado “nombre reservado & Cía. Abogados” cuyo representante legal es doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haberlo acosado a través de reiteradas cartas lo que considera constituye infracción a la garantía constitucional del n° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que desde septiembre de 2017, ha sido intimidado a través de reiteradas cartas por el departamento extrajudicial del estudio recurrido, quien sostiene un interés en conversar con el recurrente por un accidente de tránsito ocurrido el 25 de octubre de 2016 en la comuna de Estación Central, en la intersección de General Velásquez con Alameda. Le indican que el vehículo de su representado resultó con daños que le son imputables, en calidad de conductor del vehículo PP CSCJ67.

Manifiesta que las cartas expresan que dicha conversación le será beneficiosa ya que así podrá “evitarse inconvenientes judiciales y patrimoniales” y que esto se atribuye a la “causa que se tramita en el primer Juzgado de Policía Local de Estación Central Rol 32910 – 2016”. Le invitan a concurrir a sus oficinas en la comuna de Providencia “a fin de estudiar las posibilidades de un arreglo extrajudicial respecto de los daños causados al vehículo asegurado. De no asistir dentro de 10° día contado desde la presente carta haya sido despachada por correo, entenderemos que su intención es someter este asunto al conocimiento de tribunales de justicia.” Y finaliza diciendo que “si al momento del accidente su vehículo tenía seguro para cubrir daños a terceros, indíquenos el nombre de la compañía en que está asegurado y el número de siniestro que se le aseguró y nosotros nos entenderemos directamente con su compañía aseguradora.”

Prosigue indicando que las cartas se presentan en forma reiterativa en su domicilio particular domicilio reservado; la primera en septiembre 2017, con copia de sentencia de Segundo Juzgado de Policía Local de Estación central, la segunda en noviembre de 2017, la tercera en enero de 2018 y la última en junio del año en curso.

Plantea que las cartas que le han remitido constituyen acoso constante toda vez que han afectado su salud síquica, afectando la garantía establecida en el artículo 19 número 1° de la Constitución Política de la República por lo reiterativo y confuso de su tenor. No se entienden los términos y ello ha producido miedo y confusión en su persona. En ellas se mencionan dos tribunales distintos, se habla de dos estados procesales distintos, se hace referencia al recurrente en su calidad de conductor de un vehículo en circunstancias que es el dueño del mismo.

Indica que al comunicarse con el estudio, la abogada del recurrente, señala que no le plantean una situación clara, que no saben cuál es el tribunal que conoció el asunto y que debía pagar la suma de $ 3.000.000.- para terminar todo conflicto.

Menciona que se trata de una actuación ilegal ya que contraviene como norma vulnerada lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.496 que en materia de cobranza extrajudicial señala “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales (…) y en general conductas que afecten la privacidad del hogar, la conveniencia normal de sus miembros.” También es arbitrario, puesto que la actuación de doña nombre reservado afecta la garantía de integridad síquica del recurrente y debe cesar, ya que su acoso es insistente, excede los límites de lo permitido y tolerable y no tiene justificación racional o razonable.

Por todo lo anterior pide ordenar a la recurrida que cese de modo inmediato todo envío de cartas que afecten las garantías constitucionales del afectado, con costas.

Segundo: Que en su informe el estudio de “nombre reservado Y ASOCIADOS ABOGADOS”, representada legalmente por don nombre reservado, es un estudio que presta servicios a distintas compañías de seguros, con la finalidad de atender casos de responsabilidad civil extracontractual, producida por accidentes de tránsito, ya sean judiciales o extrajudiciales, respecto los daños sufridos a los vehículos asegurados por las Compañía del mercado, para las cuales prestamos servicios.

Hace presente que, orgánicamente, tiene entre sus integrantes, ejecutivos y administrativos encargados de ofrecer alternativas de negociación extrajudicial, doña nombre reservado, era una de las ejecutivas encargadas de tomar contacto con los responsables de los accidentes de tránsito, a fin de ofrecer la posibilidad cierta de negociación, cargo que desempeñó en este Estudio hasta el mes de junio de 2018.

Expresa que dentro de los protocolos de trabajo del Estudio y con el fin de ubicar a las partes involucradas en los hechos denunciados en las Compañías de Seguros, se realiza contacto telefónico y envío de cartas por correo. Es necesario hacer presente que las cartas enviadas por este nombre reservado tienen por finalidad única y exclusiva invitar ya sea al conductor y/o propietario del vehículo involucrado en accidente de tránsito, a acercarse a nuestra oficina con el fin de arribar a una salida extrajudicial, particularmente por el camino de la transacción en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil, es decir con la finalidad de precaver un litigio eventual, o bien terminar con un litigio en tramitación.

Sostiene que dichas cartas, a su vez tienen una función meramente informativa, que busca poner en conocimiento de los hechos a los involucrados con el objeto de ofrecer una solución, para evitar un conflicto judicial.

Asimismo, señala en este acto que don nombre reservado, participó activamente en el proceso infraccional seguido ante el 2° Juzgado de Policía Local de Estación Central bajo el rol: 32910-FR-2016, por lo tanto siempre estuvo en pleno conocimiento, tanto del accidente, de su dinámica y del tribunal que conoció los hechos, como para endosar o atribuirle a esta parte una supuesta inducción a confusión o acoso de nuestra oficina de abogados por el envío de 4 cartas en un período de 10 meses aproximadamente. Inclusive la recurrente señala un cobro supuestamente realizado por doña nombre reservado, ascendiente a $3.000.000.- en circunstancias que ninguna de las 4 cartas enviadas por nuestra oficina, acompañadas por la contraria, aparece algún monto que se pretenda cobrar, sino que constituye una invitación expresa a negociar extrajudicialmente, en las que a su vez se señala información precisa, tal como la fecha del accidente, los vehículos involucrados y el lugar y tribunal competente, dejando claro que ningún documento pretende cobrar el monto señalado, por lo que es inexistente la circunstancia de cobro que alega la recurrente.

Cita lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.496, la que regula la protección de los derechos del consumidor, señala “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales (…), y en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros”.

Manifiesta que no ha infringido disposición alguna de la ley 19.496, toda vez que para que exista “cobranza” propiamente tal, debe existir un título que otorgue acción de cobro, lo que no se da en la especie, y asimismo, como consta en los documentos acompañados por la recurrente, ninguno de ellos “simula” ser un escrito judicial, sino que tiene un fin informativo y de invitación a buscar una salida alternativa evitando un juicio y desembolso de recursos para ambas partes, no constituyendo “acoso” ni “intimidación” propiamente tal como señala la recurrente, toda vez que la Real Academia Española, señala y define como Acoso e Intimidación respectivamente como; “Práctica ejercida en las relaciones personales, consistentes en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente” y “acción de infundir miedo”.

Por lo anterior, no existe vulneración al art 19 número 1° de la Continuación y a ninguna otra garantía constitucional que motive a la contraria a recurrir de protección, en atención a que con dicho envío de cartas no constituye bajo ningún punto de vista, algún trato vejatorio o descalificador a ninguna persona, mucho menos con la finalidad de desestabilizarla psíquicamente ni tampoco con el objeto de infundir miedo, ya que como se señaló anteriormente, dichas cartas tienen una función meramente informativa.

Asimismo, es necesario señalar que el artículo 170 de la Ley 18.290, establece la responsabilidad solidaria respecto del conductor y propietario del vehículo involucrado, y al ser el Registro de Vehículos Motorizados un registro público de información, es que dirigimos nuestras cartas hacia el propietario del vehículo involucrado, cosa que en la especie son la misma persona, esto es don nombre reservado, es conductor y propietario del vehículo placa patente CSCJ-67, por lo que resulta irrelevante dicha referencia en las cartas, ya que el recurrente de protección reúne ambas calidades, en el proceso seguido ante el 2° Juzgado de Policía Local de Estación Central bajo el rol; 32910-FR-2016, en el cual dicho conductor fue condenado infraccionalmente a una multa de 1.5 UTM por su infracción a lo dispuesto en el artículo 108 y 126 de la ley 18.290, en su sentencia definitiva, la que dice textual; “”Que ha lugar al denuncio de fojas 1, en cuanto se condena a don nombre reservado, al pago de una multa de 1.5 unidades tributarias mensuales, como autor de conducción culpable y descuidada, ocasionando daños en choque...”. El propio tribunal condena y establece la responsabilidad del recurrente, y conjuntamente queda establecida su obligación de tener que indemnizar los perjuicios causados, en conformidad a lo establecido en el artículo 2314 del Código Civil, el cual señala expresamente “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”

A su vez, el artículo 9 de la Ley 18.287, señala; “Si no se hubiere deducido demanda civil o ésta fuere extemporánea o si habiéndose presentado no hubiere sido notificada dentro de plazo, podrá interponerse ante el juez ordinario que corresponda, después que se encuentre ejecutoriada la sentencia que condena al infractor, suspendiéndose la prescripción de la acción civil de indemnización durante el tiempo de sustanciación del proceso infraccional. Esta demanda se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil”, motivo por el cual esta parte invitó formalmente a don nombre reservado, mediante el envío de cartas a su domicilio, a una negociación de carácter extrajudicial, a fin de evitar el proceso en la vía civil correspondiente. Situación que no rindió frutos, por lo que esta parte, en cumplimiento de lo ordenado por el cliente, interpusimos una demanda, la cual se encuentra radicada en el 4° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-17389-2018, a fin de someter al conocimiento del juez civil correspondiente, la indemnización respectiva que le compete a mi mandante, en conformidad lo dispone el artículo 2314 del Código Civil, en concordancia con el artículo 9 de la ley 18.287 y artículo 534 del código de Comercio.

Pide rechazar el presente recurso de protección, con costas.

Tercero: Que el tenor de las cartas que fueron enviadas por el nombre reservado recurrido de fecha 21 de agosto, 2 y 18 de octubre todas del año 2017 y la del 17 de abril de 2018, en ningún caso contravienen lo establecido en el artículo 37 de la Ley 19.496, que regula la protección de los derechos del consumidor, señala “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales (…), y en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros”, toda vez que en ellas solo se da cuenta de la existencia de un juicio en materia infraccional seguido ante Juzgado de Policía Local de Estación Central, donde más aún, de la copia acompañada consta que el recurrente compareció con abogada y resultó condenado por sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Que asimismo esta Corte estima que no hay amenaza real ni velada hacia la persona o bienes del recurrente, puesto que la única conducta reprochable al nombre reservado recurrido constituye la reiteración de las cartas enviadas al domicilio del recurrente, pero que, sin embargo no son suficientes para hacer lugar al arbitrio impetrado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra del nombre reservado & Cía.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-51282-2018.