nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Magdalena Strahovsky Villanueva, abogada, en representación de Adecco Recursos Humanos S.A., ejerce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, representada por la Jefa de la misma, doña nombre reservado, quien habría actuado de manera ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho de su representada a no ser juzgada por comisiones especiales, sino por el tribunal establecido previamente por la Ley -consagrado en el inciso cuarto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República- y el derecho de propiedad, garantido en el N° 24 de la norma citada.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario en la Resolución de Multa Nº 1742/17/19, de 9 de junio de 2017, por la que se le aplican cuatro multas, recurriendo contra dos de ellas por este acto, esto es, aquella de 60 unidades tributarias mensuales, por “exceder el máximo de 2 horas extras por día” respecto de los diez trabajadores que se individualizan en la respectiva Resolución y aquella por 40 unidades tributarias mensuales, impuesta por “no pactar por escrito las horas extraordinarias”, en relación con los mismos diez dependientes.

Señala la recurrente que su representada no estableció horas extraordinarias en la jornada de trabajo de los dependientes que originaron la multa, sin perjuicio de que al enterarse de su realización, concordó con ellas y las pagó oportunamente. Agrega que, conforme lo dispone el artículo 32 del Código del Trabajo, como horas extraordinarias se entienden, a falta de pacto escrito, todas aquellas que excedan la jornada pactada y se pagan de acuerdo a lo señalado por la ley, doctrina así asumida por la propia Dirección del Trabajo en sus dictámenes.

Continúa afirmando que, al cursar las multas, la Inspección del Trabajo se ha arrogado facultades que la ley no le concede, ya que la potestad de interpretación de los contratos y de sus cláusulas corresponde privativamente a los tribunales de justicia, de modo que ha excedido su marco legal.

Enseguida, desarrolla la vulneración de las garantías constitucionales que considera transgredidas, sosteniendo que la calificación jurídica del contrato es una materia eminentemente jurisdiccional y propia de los tribunales como se prevé en el artículo 420 del Código del Trabajo, por consiguiente, aceptar la facultad de la recurrida para dirimir la existencia de un derecho u obligación incumplida como consecuencia de la interpretación de una norma legal –artículos 30, 31 y 32 del Código del Trabajo- supone constituirla en una comisión juzgadora especial.

A propósito del derecho de propiedad vulnerado, la recurrente argumenta que, consecuencialmente, al obligarla a pagar una multa se afecta su patrimonio.

Cita y reproduce jurisprudencia y pide acoger el presente recurso y ordenar a la recurrida que deje sin efecto las multas referidas, restableciendo así el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que la recurrida informando, en primer lugar, alega la improcedencia de la vía utilizada para cuestionar la Resolución de Multa, la que está sometida a procedimientos específicos reglados en el Código del Trabajo, los que describe y que reconoce la recurrente en la medida que impugnó el numeral 4 de la Resolución de Multa, generándose el RIT I-335-2017 en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago y el numeral 3 por la vía de la reconsideración administrativa. Por consiguiente, se utiliza el presente recurso como sustituto procesal, lo que resulta, en su concepto, improcedente, afirmación que apoya, además, en la jurisprudencia que reproduce y cita.

En cuanto al fondo, alega que la Resolución de Multa no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, ya que se dictó de acuerdo a las facultades expresamente conferidas al Servicio por el artículo 505 del Código del Trabajo, por lo que no se actuó de modo contrario a la ley, según la definición que proporciona el artículo 1° del Código Civil, sino que se cumplió con el mandato legal que obliga a su parte a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral ante infracciones puestas en su conocimiento, incluso se cumplió con el imperativo previsto en el artículo 2°, inciso final, del Código del Trabajo.

Agrega que la resolución cuestionada fue razonada, argumentada y fundada conforme a derecho, como se aprecia claramente de su texto y redacción e, incluso, descarta la arbitrariedad la consideración de los antecedentes de la fiscalización en los que consta que se entrevistó a representantes de la empresa y se analizaron los documentos pertinentes. Por consiguiente, la acción deducida en autos carece de objeto y causa y debe desestimarse.

Invoca, además, el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, recogido en el mandato del artículo 505 del Código del Trabajo, al que la entidad que representa debe ceñirse y que le confiere la facultad de fiscalizar e interpretar la legislación laboral vigente, sin perjuicio del derecho de recurrir que le asiste al afectado.

Enseguida, expone acerca de la falta de arbitrariedad, insistiendo en la dictación de la Resolución por mandato legal y amparada en el artículo 1°, letra a), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, reiterando que se encuentra respaldada por el Informe de Fiscalización y que carecen de relevancia las afirmaciones de la recurrente en orden a desvirtuar las constataciones del fiscalizador, puesto que a los hechos verificados les asiste presunción de veracidad según lo dispone el artículo 23 del citado Decreto con Fuerza de Ley, no siendo esta sede la adecuada para entrar al conocimiento específico que pretende el recurrente, ya que carece de la contradictoriedad y bilateralidad necesarias.

A continuación, la recurrida se hace cargo de la transgresión de la garantía establecida en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, señalando que no es tal, desde que la dictación de la Resolución de Multa se ubica en la esfera de su competencia y conforme al procedimiento respectivo, ambos de naturaleza administrativa, susceptibles de revisión por los tribunales de justicia, de modo que no tienen el carácter de acto jurisdiccional, pudiendo ser revisadas por el juez competente, sin carácter de cosa juzgada, lo que hace improcedente la fundamentación invocada sobre la citada garantía constitucional.

A propósito del derecho de propiedad, expone que éste se encuentra garantizado en la medida que el uso, goce y disposición de los bienes se realice conforme a la ley, y que lo decidido se ajusta a derecho y a los parámetros razonables de la fiscalización administrativa, razón por la que ha sido vulnerado con la decisión de que se trata.

Luego, la informante narra lo acaecido y afirma que la fiscalizadora constató los hechos que sustentan las multas, sin hacer interpretación alguna ni exceder sus facultades.

Pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, al respecto, cabe señalar en primer lugar, que efectivamente, en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, se regulan los procedimientos para las reclamaciones de multas y demás resoluciones administrativas, instancias en que tanto reclamante como reclamada disponen de las oportunidades procesales necesarias para realizar no sólo las alegaciones correspondientes a los derechos que defienden, sino también rendir las pruebas pertinentes a sus argumentaciones. Sin embargo, conforme aparece de la parte final del primer inciso del artículo 20 de la Constitución Política de la República, que prevé: “… sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”, el presente arbitrio no resulta incompatible con aquellas otras vías previstas por la legislación, pudiendo utilizarse, por consiguiente, para los efectos de resguardar los derechos amagados y restablecer el imperio del derecho en los términos que se ha hecho por la empresa recurrente.

Cuarto: Que, en segundo lugar y en relación con la aplicación de multa por haberse infringido el artículo 31, inciso primero, del Código del Trabajo, al excederse el máximo de dos horas extraordinarias diarias laboradas por los trabajadores que se individualizan en la Resolución impugnada, nada específico se argumenta por la reclamante, según se desprende claramente de lo expuesto en el motivo primero que antecede. Ningún antecedente invoca que permita desvirtuar el hecho constatado por la fiscalizadora, de modo que habiéndose infringido la norma referida, la infractora se hizo acreedora de la sanción pecuniaria impuesta, desde que ninguna relación guardan con ese hecho las circunstancias relativas a la interpretación improcedente que se alega en el recurso. No se divisa la manera en que se ha establecido la existencia de un derecho u obligación incumplida como consecuencia de la interpretación de una norma legal, en la medida que la fiscalizadora constató el exceso de horas extraordinarias laboradas a diario por diez trabajadores conforme la documental examinada en su oportunidad, lo que, además, la recurrente no controvierte de manera precisa.

En consecuencia, ninguna transgresión de garantías se aprecia en dicha conducta.

Quinto: Que, distinto enfoque debe darse al pacto escrito de horas extraordinarias, cuya omisión se ha considerado como infracción a la legislación laboral y condujo a la aplicación de una de las multas que se atacan por esta vía cautelar, atribuyéndole ilegalidad y arbitrariedad en su génesis.

En este sentido, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 32 del Código del Trabajo: “Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. Dichos pactos deberán constar por escrito y tener una vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes.”

“No obstante la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador...”.

Del claro tenor literal de esta disposición aparece que las mentadas horas extraordinarias admiten pacto expreso y tácito, resultando esencial únicamente su pago en los términos allí señalados.

En tales condiciones la actuación de la Inspección del Trabajo, en orden a sancionar por la ausencia del pacto escrito, deviene en trasgresora de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, en la medida que por sí y ante sí ha juzgado y sancionado la conducta de la empresa recurrente, calificándola de vulneratoria de la legislación laboral sobre la base de su peculiar y específica interpretación de los contratos de trabajo habidos entre la empleadora y sus trabajadores, a los que exige contener escrituradas las horas extraordinarias a laborar por los dependientes, no obstante la posibilidad establecida por la propia ley en cuanto a que el pacto no conste por escrito.

Sexto: Que, en consecuencia y conforme a los objetivos del presente arbitrio, esto es, la tutela inmediata y efectiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, transgresión en que ha incurrido la Inspección del Trabajo recurrida, según se consignó en el basamento que precede, no cabe sino acoger la presente acción en los términos que se dirá en lo resolutivo a fin de restablecer el imperio del derecho, considerando que, además de la infracción del N° 3, del artículo 19 de la Carta citada, consecuencialmente, se ha afectado el patrimonio de la empresa recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el intentado en representación de Adecco Recursos Humanos S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, representada por la Jefa de la misma, doña nombre reservado, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Multa N° 1742/17/19, de 9 de junio de 2017, sólo en cuanto por su numeral 2, sanciona a la empresa recurrente Adecco Recursos Humanos S.A. con una multa equivalente a 40 unidades tributarias mensuales por la inconducta consistente en “no pactar por escrito las horas extraordinarias”. En lo demás recurrido, es decir, numeral 1 de la Resolución singularizada, se mantiene lo decidido.

Redacción de la Fiscal Judicial, señora nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 51.201-2017.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la Ministra (s) señora María Paula Merino Verdugo.