Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 7 de enero de 2026, por medio de la cual se tiene por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada el 25 de noviembre de 2025 lo que vulneraría el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la ley.

Señala que el recurrente, ciudadano venezolano que se vio forzado a abandonar su país de origen el 9 de octubre de 2022, arribó a Chile el 19 del mismo mes y año, por paso no habilitado, debido a la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos imperantes en Venezuela.

Agrega que el 10 de diciembre de 2025 concurrió a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de la solicitud. No obstante, el 7 de enero de 2026, recibió la resolución impugnada, que tuvo por desistida su solicitud, fundándose en que esta habría excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430. Señala, además, que el recurrente realizó la correspondiente subsanación de su solicitud el 23 de diciembre de 2025.

Sostiene que la resolución impugnada es ilegal, por cuanto el artículo 52 del Decreto N°837 establece que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, condiciones que no concurren en la especie, toda vez que el recurrente jamás manifestó su voluntad de abandonar la pretensión que motivó su solicitud.

Asimismo, arguye que la autoridad migratoria recurrida vulneró el principio de proporcionalidad de los actos administrativos, al otorgar mayor relevancia al cumplimiento de un plazo formal que a la específica situación humanitaria del solicitante, desconociendo además que la calificación de los requisitos corresponde exclusivamente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme al artículo 27 de la Ley N°20.430, y no a los funcionarios de las Direcciones Regionales. Adicionalmente, sostiene que se ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente indica que el actuar de la recurrida importa una discriminación respecto del trato dispensado a otros extranjeros, afectando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 7 enero de 2026; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, por medio de los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y José Ignacio González Troncoso, solicitando el rechazo íntegro del recurso por los argumentos que expone.

Indica que el recurrente don nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra ingreso al país, de lo que se presume su ingreso por paso no habilitado para tales efectos, y que mediante Parte Policial N°NUM001 de fecha 17 de agosto de 2023 se denunció al extranjero por dicho ingreso clandestino.

Explica que, el 21 de junio de 2023, el recurrente se inscribe en el proceso de empadronamiento biométrico del año 2023, finalizando dicho proceso por lo cual queda debidamente empadronado mediante actuación de 4 de agosto de 2023, acreditando así su declaración de ingreso por paso no habilitado al territorio nacional. Añade que no existen registro en relación a que el actor hubiese manifestado, a la autoridad contralora de fronteras, su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el art. 36 del Decreto N°837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Sin perjuicio de lo anterior, el 25 de noviembre de 2025 el recurrente formalizó su petición de refugio conforme lo establece el artículo 26 de la Ley N°20.430 en relación al artículo 37 del Decreto N°837 que Aprueba Reglamento de la Ley N°20.430. De conformidad al procedimiento establecido para este tipo de solicitudes, se citó al extranjero para que concurriera a dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio con toda la documentación necesaria para dar inicio a su solicitud; oportunidad en la cual se le entregó el formulario respectivo, y realizó la entrevista personal, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6° de la Ley 20.430.

Precisa que del análisis de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 10 de diciembre de 2025, del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, notificó al extranjero, mediante correo electrónico aportado por él mismo, que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430, autoridad, específicamente por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430.

Lo anterior en virtud de que el mismo recurrente expresó en el formulario respectivo que ingresó de forma irregular al país el 19 de octubre de 2022, presentándose ante el Servicio recién el 25 de noviembre de 2025, es decir, tres años después. Conforme la normativa vigente, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitan subsanar tal situación, bajo apercibimiento legal de tenerlo por desistido de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis, de la Ley 20.430 y articulo 31 de la Ley 19.880; ante lo cual el recurrente acompañó carta explicativa, certificado de antecedentes penales del país de origen, certificado de acuerdo de unión civil, y tarjeta de identificación de extranjero, los que no desvirtuaron la causal por no cumplir con los requisitos formales de su solicitud de refugio.

Finalmente, tras el análisis de los antecedentes, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 17 diciembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se determinó decretar el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, conjuntamente con la reserva de los recursos judiciales y administrativos que fueran procedentes en contra de dicho acto administrativo. Aclara que no se ha dictado sanción migratoria contra el extranjero, ya sea medida de abandono o expulsión del país.

Sostiene que su actuación se ajustó íntegramente al marco normativo aplicable, integrado por la Ley N°20.430 —modificada por la Ley N°21.655, vigente desde el 20 de febrero de 2024—, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837, y la Ley N°21.325. Señala que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado fue rechazada por incumplimiento de requisitos formales y de oportunidad: el recurrente ingresó clandestinamente al país en julio de 2021, excedió el plazo fatal de 7 días hábiles para presentarse ante el Servicio, omitió comparecer ante la autoridad contralora de fronteras dentro de los 10 días exigidos por los artículos 6° de la Ley N°20.430 y 8° y 35° de su Reglamento, y no aportó antecedentes suficientes para subsanar tales deficiencias dentro del plazo de 15 días concedido al efecto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición. En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso. Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución recurrida, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones -como el incumplimiento del plazo contemplado en la ley para presentar la solicitud ante la autoridad migratoria-, notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles. El referido precepto establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que “…en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida”.

Octavo: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó a la recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de 10 de diciembre de 2025. Al no haber acompañado el extranjero los antecedentes requeridos - específicamente la acreditación de haber presentado la solicitud en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso al territorio nacional, según el artículo 26 de la Ley N°20.430-, la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio. Al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°5120-2026.