Protección contra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Santiago, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°. Que, comparece don Sebastián Bahamonde López, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, ingeniero civil, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en adelante, SUPERIR, denunciando la vulneración de las garantías fundamentales de los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como consecuencia de haber emitido la recurrida el acto administrativo contenido en Oficio SUPERIR Nº 6455, de 13 de junio de 2018, notificado a su representado el 18 de junio de 2018, en el que se incurre en una ilegal y arbitraria interpretación del plazo para rendir cuenta final de administración dentro del procedimiento concursal de liquidación sujeto a normas de realización simplificada o sumaria, y se omite tomar las medidas conducentes a que la liquidadora Sra. nombre reservado se ajuste a dicho plazo en el procedimiento de liquidación forzosa de la sociedad “Comercializadora Ebuyin Limitada en Procedimiento Concursal de Liquidación”.

Expone que, el 18 de abril de 2018, el Sr. nombre reservado realizó una presentación ante la SUPERIR solicitando que en ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Ley 20.720 otorga a dicho organismo sobre los liquidadores concursales, fiscalizara la actuación de doña nombre reservado, liquidadora titular definitiva en el procedimiento de liquidación forzosa de la sociedad “Comercializadora Ebuyin Limitada en Procedimiento Concursal de Liquidación”, en adelante también “EBUYIN”, seguido ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-23.614-2016, sociedad de la cual el recurrente es socio y tiene, por tanto, interés.

Expresa que el procedimiento concursal de la referida sociedad está sometido a las reglas previstas por los artículos 203 a 206 de la Ley 20.720, ubicados en el título 2 del capítulo IV de dicha ley, que trata “De la realización simplificada o sumaria” de bienes, lo que resulta importante puesto que el cumplimiento o incumplimiento de los deberes del liquidador debe ser evaluado a la luz de las normas legales que rigen el procedimiento antes indicado, con irrestricta sujeción al principio de juridicidad; hallándose la SUPERIR obligada a fiscalizar el cumplimiento de tales normas por parte de los liquidadores, y a aplicar las medidas correctivas y sanciones que se deriven de su incumplimiento.

Detalla que, pese a haberse denunciado ante la recurrida que la liquidadora ha infringido una serie de plazos y deberes legales en la liquidación, hallándose vencido desde hace meses el plazo para rendir su cuenta final de administración (debió rendirla, a más tardar, el día 15 de septiembre de 2017, según el artículo 204, letra h, en relación con el artículo 50, ambos de la Ley 20.720) poniendo así término a la liquidación con las consecuencias legales que ello supone, sin embargo, la recurrida ha cohonestado el accionar de la liquidadora, mediante la emisión del Oficio SUPERIR Nº6455, realizando una interpretación ilegal y arbitraria de la ley, sin ningún sustento en las normas positivas que rigen la liquidación sujeta a las reglas de realización simplificada o sumaria, omitiendo de esta manera el ejercicio de las funciones de fiscalización que la ley pone de su cargo, y vulnerando con ello sus derechos fundamentales.

Refiere que la última incautación de bienes se realizó en el procedimiento concursal –según consta de los autos de la liquidación forzosa y de la certificación de fecha 5 de octubre de 2017, practicada por la señora Ministro de Fe de dicho Tribunal– con fecha 10 de abril de 2017, con lo cual el plazo máximo de 4 meses para vender esos bienes venció con fecha 10 de agosto de 2018, debiendo la liquidadora rendir cuenta final de administración dentro de los 30 días hábiles siguientes a esa fecha, con lo que el plazo máximo para presentar su cuenta final venció el día 15 de septiembre de 2017. Agrega que, desde hace un año no hay ningún bien o activo que realizar en el procedimiento, sin perjuicio de lo cual la liquidadora se ha negado a presentar cuenta final de administración, argumentando para ello dos órdenes de razones:

En primer lugar, la existencia de dos acciones revocatorias concursales de las cuales podrían resultar bienes que se incorporarían a la masa; y, en segundo término, la existencia de una solicitud de devolución de impuestos que se tramita ante el ante el Servicio de Impuestos Internos y que podría significar también allegar bienes a la masa. Sin embargo, no existe ninguna disposición legal que permita mantener abierto de manera indefinida un concurso de esta clase, a raíz de que el liquidador tenga la “expectativa” o el deseo de agregar nuevos bienes a la masa.

Hace presente que la primera revocatoria concursal fue interpuesta ante el tribunal de la liquidación el 25 de enero 2017, (Rol C-1732-2017), y fue rechazada por sentencia definitiva de 2 de octubre de 2017, habiendo apelado la liquidadora, se haya actualmente pendiente su vista ante esta Iltma. Corte, bajo el ingreso Civil-13.595-2017. La segunda revocatoria (Rol C-31.723-2017), se encuentra en estado de fallo, aunque fue interpuesta de manera notoriamente infundada el 31 de octubre de 2017, cuando el plazo para presentar la cuenta se encontraba ya vencido desde hacía más de un mes, y dos días antes de que transcurriera el plazo de un año contado desde la fecha de la resolución de liquidación. Tratándose de la devolución de impuestos que, a juicio de la liquidadora, podría fluctuar entre los 200 y 300 millones de pesos y cuya existencia conoce ésta desde el mes de diciembre de 2016, la Tesorería General de la República, ha verificado créditos en el concurso y tiene reconocido uno ascendente a $357.867.238, que goza de privilegio de primera clase, preferencia N°9 del artículo 2.472 del Código Civil.

Reclama que no se ha considerado que, conforme lo dispuesto por el artículo 255, inciso 2º, de la Ley 20.720, nada obsta a que la rehabilitación de la deudora no incluya los bienes respecto de los cuales la liquidadora dice esperar un eventual recupero, ya que dicha disposición deja abierta la posibilidad de establecer determinado tipo de modalidades para la rehabilitación del fallido, como podría ser, por ejemplo, excluir de la misma las acciones y solicitudes a que se ha referido la liquidadora.

Afirma que, mediante el Oficio SUPERIR Nº6455, de 13 de junio de 2018, la recurrida ha declarado que no existe ilegalidad alguna en que dicha liquidadora no haya presentado su cuenta final de administración, realizando una interpretación del plazo para hacerlo que resulta flagrantemente ilegal y arbitraria, omitiendo así cualquiera medida destinada a que la liquidadora se ajuste a dicho plazo, ya que desatiende lo establecido en los artículos 50 N°1 y 2; 204, letra h), y 205 de la Ley 20.720, sin invocar norma legal alguna que autorice a desatender esas disposiciones legales. Además, añade que esta interpretación resulta arbitraria, pues sin existir fundamento racional alguno para ello, transforma un procedimiento concebido por la ley como de realización sumaria de los bienes del concurso, en otro que no se encuentra sujeto a plazo alguno y que puede prolongarse indeterminadamente en el tiempo. No existiendo, entonces, bienes que realizar en el concurso desde hace más de un año, resulta totalmente contrario a la letra y al espíritu de la ley, que se obstaculice y, en último término, se niegue la rehabilitación a la sociedad de la cual el recurrente es socio.

Dice que se afecta el ejercicio de la garantía del artículo 19 Nº21 de la Constitución Política al decidir el acto administrativo recurrido que la liquidadora puede mantener indefinidamente abierto el concurso de EBUYIN, sin el deber de ajustarse a los plazos previstos por la Ley 20.720, con lo cual se priva a dicha sociedad del derecho a obtener su rehabilitación en los términos previstos por la ley y poder así reemprender las actividades propias de su giro, para las cuales fue creada por los socios que la formaron, uno de los cuales es el recurrente. La misma privación se extiende al propio recurrente quien se ve impedido de ejercer lícitas actividades comerciales a través de dicha sociedad, pese a hallarse cumplidos todos los requisitos necesarios para que –una vez aprobada la cuenta final– la misma quede rehabilitada, además, de verse sometido a las dificultades comerciales propias que, como es sabido, afectan a las personas relacionadas con esta clase de procedimientos concursales.

Concluye que se viola el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política, porque la rehabilitación de EBUYIN, que será consecuencia necesaria de la aprobación de la cuenta final de administración, hará que el recurrente señor recupere la plena administración de dicha sociedad, como asimismo la posibilidad de enajenar sus derechos sociales en la misma y/o perseguir con ella sus fines comerciales propios, recuperando la plenitud del dominio y administración de sus derechos sociales y de la sociedad, respectivamente. En consecuencia, la mantención del estado de liquidación indefinido a que lo somete la resolución recurrida significa una clara perturbación de su dominio sobre los derechos sociales que tiene en EBUYIN.

Terminó solicitando, que se declarara que con la emisión del acto administrativo contenido en Oficio SUPERIR Nº 6455, de fecha 13 de junio de 2018, la referida autoridad incurrió en un acto ilegal y arbitrario al interpretar el sentido y alcance del plazo para rendir cuenta final de administración dentro del procedimiento concursal de liquidación sujeto a normas de realización simplificada o sumaria, y que se le ordena tomar las medidas conducentes para que la liquidadora Sra. nombre reservado se ajuste a dicho plazo en el procedimiento concursal de liquidación forzosa de la sociedad Comercializadora Ebuyin Limitada en Procedimiento Concursal De Liquidación, seguido ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-23.614-2016, con costas.

2°. Que, evacuando informe comparece doña Paulina Carrasco Piñones, abogada, en representación de la recurrida Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que frente a la presentación que realizó el recurrente ante esa Superintendencia (Ingreso Superir N°4519, de 20 de abril de 2018), por Oficio Superir N°6455, de 13 de junio de 2018, según la facultad contenida en el N°2 del artículo 337 de la Ley 20.720, y según las facultades fiscalizadoras contenidas en el N°1 del artículo 337 de esa Ley, se fiscalizó la actuación de la liquidadora del concurso, instruyéndole, por Oficios Superir N°4395, de 27 de abril de 2018 y N°5298, de 17 de mayo del mismo año, informar el estado del procedimiento y las gestiones efectuadas ante diversas instituciones a fin de determinar el activo del deudor y la procedencia de un eventual reparto de fondos, haciendo presente que no se instruyó a la liquidadora rendir cuenta final de su administración, por cuanto existían gestiones pendientes que hacían improcedente la rendición de la referida cuenta. Entre estas gestiones, se encontraban en tramitación dos acciones revocatorias concursales, en distintas etapas procesales. La primera que rechazó el 9° Juzgado Civil de Santiago se fundó en la transferencia de vehículos a la empresa relacionada Triumph Motorcycle Chile SpA, representada por el mismo recurrente efectuada 17 días antes de iniciado el procedimiento, sin que exista constancia de pago por dichos bienes. La segunda acción revocatoria concursal iniciada por la liquidadora se encuentra en estado de citación para oír sentencia, ante el mismo 9° Juzgado y tiene por objeto obtener la revocación de la enajenación a título gratuito de veinte vehículos, a la empresa relacionada Comercializadora e Inmobiliaria Motorsports Limitada, también representada por el recurrente, ocurrida en el año inmediatamente anterior al inicio del procedimiento concursal.

Refiere que se interpretó administrativamente el artículo 50 en relación con el artículo 204 letra h), ambos de la Ley 20.720, entendiendo que los plazos para la rendición de la referida cuenta no son fatales, en el sentido de conllevar la preclusión de la actuación correspondiente, debiendo interpretarse sistemáticamente con las restantes normas que regulan el procedimiento de liquidación, así como en relación a los deberes que impone la normativa concursal al liquidador y a lo establecido en el artículo 2.465 y siguientes del Código Civil, concluyendo que la cuenta final de administración podrá rendirse en un plazo distinto al establecido en los artículos 204 y 209 de la Ley, en caso que existan gestiones pendientes que puedan conllevar el ingreso de bienes y fondos al procedimiento, poniendo en conocimiento del recurrente la interpretación administrativa anterior en el mismo sentido.

Refiere que el propio recurrente señala que el recurso de protección lo dirige en su contra “en razón de haber emitido el acto administrativo contenido en Oficio SUPERIR Nº 6455, de fecha 13 de junio de 2018, notificado a mi representado con fecha 18 de junio de 2018 (en adelante también el “acto recurrido”); en el que se incurre en una ilegal y arbitraria interpretación del plazo para rendir cuenta final de administración dentro del procedimiento concursal de liquidación sujeto a normas de realización simplificada o sumaria, y se omite tomar las medidas conducentes a que la liquidadora Sra. nombre reservado se ajuste a dicho plazo en el procedimiento de liquidación forzosa de la sociedad ‘Comercializadora Ebuyin Limitada en Procedimiento Concursal de Liquidación.”, fundamentando el recurso en su calidad de socio de la referida sociedad, razón por la cual tendría interés en el procedimiento concursal. Sin embargo, al referirse a los derechos y garantías supuestamente infringidos confunde la afectación de sus derechos con los de la empresa deudora, sin que se sepa quién es en definitiva el afectado por el acto administrativo, haciendo presente que la sociedad en cuestión no es recurrente en estos autos y que la presentación del recurrente ante la SUPERIR y que motivó el recurso fue hecha en su calidad de representante legal de la sociedad concursada.

Niega que el acto que se reprocha sea ilegal o arbitrario, pues fue dictado en el marco de las competencias y atribuciones de ese servicio, con pleno respecto de las normas constitucionales y legales que rigen a esa Superintendencia y a todos los órganos del Estado. Tampoco existe privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de las garantías que señala la recurrente. Hace notar que fue el propio recurrente quien le solicitó un pronunciamiento interpretando administrativamente los artículos 50 en relación con el artículo 255 de la Ley 20.720, por lo que ahora busca una modificación de esa interpretación administrativa, materia que excede el ámbito de la presente acción cautelar.

Agrega que la materia objeto del recurso se encuentra siendo conocida en sede judicial, particularmente por resolución de 31 de octubre de 2017 dictada por el tribunal de la liquidación se acogieron recursos de reposición de la liquidadora y los acreedores BBVA y Santander-Chile en contra de la resolución de 20 de octubre de ese año que la apercibían a rendir cuenta final de la administración dentro de tercero día, por existir un plazo pendiente y la posibilidad de recuperar dineros provenientes de una devolución de impuestos, a fin de no hacer ilusorio el derecho consagrado en resguardo de los intereses de los acreedores en el artículo 2465 del Código civil. Añade que contra el acto administrativo que se ataca el recurrente no dedujo los recursos administrativos establecidos en la Ley 19.880 y que la reclamación del recurrente no versa sobre un derecho indubitado, sino que pretende por esta vía impedir que un acto administrativo produzca los efectos jurídicos y prácticos que le son propios, además de acelerar el término de un procedimiento concursal en tramitación, en el cual existen legítimas expectativas para los acreedores de obtener mayor recupero de sus créditos.

Refiere que instar a la liquidadora a rendir cuenta final de su administración existiendo gestiones pendientes dirigidas a ingresar bienes a la masa, podría implicar la obligación de objetar dicha cuenta, tal como lo hizo por Resolución Exenta N°3532, de 13 de junio de 2016.

Finalmente, con relación a las garantías afectadas, parte respondiendo con la del artículo 19 N°21, señalado que, como se adelantó, no existe claridad de quien es el afectado por el acto administrativo. Sin perjuicio de ello no visualiza cómo se podría afectar la garantía de desarrollar actividades económicas al recurrente si la persona concursada es la sociedad que puede incluso por los efectos de la resolución de liquidación terminar disuelta, como en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada por aplicación del artículo 2100 del Código Civil con relación al artículo 4° de la Ley 3.918, sin que los efectos de la resolución judicial puedan alcanzar al recurrente, el que no se encuentra impedido de constituir una nueva sociedad. Tampoco se vulnera esta garantía pues lo que el recurrente estima afectado es su legítima expectativa de obtener su rehabilitación, la que sólo se producirá con la resolución de término del procedimiento.

Respecto de la garantía del derecho de propiedad, que se basa en una clara perturbación del dominio del recurrente sobre los derechos sociales que tiene en Ebuyin, refiere que no se señala en el recurso cómo la interpretación administrativa pueda afectarle ese derecho y que, además, carece de fundamento ese argumento pues la resolución de liquidación no priva al deudor del dominio de sus bienes, sólo queda inhibido de su facultad de administrarlos, sin que los socios estén impedidos de realizar actividades económicas.

3°. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

4°. Que el acto que se le reprocha a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento como ilegal y arbitrario se circunscribe a la dictación del Oficio SUPERIR Nº6455 que, frente a un requerimiento del recurrente, realizó una interpretación que considera ilegal y arbitraria de los artículos 50 N°1 y 2; 204, letra h), y 205 de la Ley 20.720, con relación al plazo para presentar la cuenta final de la administración que tiene el liquidador designado en el concurso. Dicho acto habría conculcado las garantías protegidas por los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por la primera denuncia que se le priva, por una parte, a la sociedad concursada del derecho a obtener su rehabilitación en los términos previstos por la ley y poder así reemprender las actividades propias de su giro, para las cuales fue creada por los socios que la formaron, uno de los cuales es el recurrente; y, por otra parte, al propio recurrente quien se ve impedido de ejercer lícitas actividades comerciales a través de dicha sociedad, pese a hallarse cumplidos todos los requisitos necesarios para que –una vez aprobada la cuenta final– la misma quede rehabilitada, además, de verse sometido a las dificultades comerciales propias que, como es sabido, afectan a las personas relacionadas con esta clase de procedimientos concursales. Por el segundo, directamente relacionado con lo anterior, porque la rehabilitación de la sociedad concursada, que será consecuencia necesaria de la aprobación de la cuenta final de administración, hará que el recurrente señor recupere la plena administración de dicha sociedad, como asimismo la posibilidad de enajenar sus derechos sociales en la misma y/o perseguir con ella sus fines comerciales propios, recuperando la plenitud del dominio y administración de sus derechos sociales y de la sociedad, respectivamente, de manera que la mantención del estado de liquidación indefinido a que lo somete la resolución recurrida significa una clara perturbación de su dominio sobre los derechos sociales que tiene en la empresa deudora.

5°. Que, previo al análisis de la concurrencia de los presupuestos señalados en el considerando 3° de esta sentencia, necesario resulta partir haciendo presente que, como lo ha sostenido reiteradamente esta misma Corte y la Excma. Corte Suprema, el derecho tutelado por la acción de protección debe ser preexistente e indubitado, de manera que falta un requisito esencial para su viabilidad cuando el recurrente no demuestra ser titular de un derecho indiscutido o indubitado, sino que de una mera expectativa de integrarlo a su patrimonio, ya que “… efectivamente, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa, por no tratarse de un juicio declarativo de derechos” (Considerando 6°, Sentencia Excma. Corte Suprema, de 23 de julio de 2007, Rol Nº2.562-2007).

6°. Que, se desprende claramente del texto del recurso que las garantías fundamentales que se denuncian como conculcadas no se sustentan en un derecho indubitado, preexistente e indiscutido que invoca el recurrente de que la sociedad concursada obtenga su “rehabilitación” como consecuencia de la aplicación de la regla prevista en el artículo 255 de la Ley 20.720, pues hasta mientras no se clausure el concurso, una vez firme la resolución que declara terminado el procedimiento concursal de liquidación, no ha nacido el derecho de ver extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la concursada con anterioridad al inicio del dicho procedimiento colectivo. Todavía más, el inciso segundo del precepto citado deja abierta la posibilidad para el juez del concurso de no disponer la rehabilitación del deudor a pesar de producirse el efecto extintivo señalado.

Así las cosas, no existiendo el acto terminal, de carácter judicial, por cuya virtud se clausura el concurso liquidativo, y que hace nacer el derecho de beneficiarse del efecto legal sólo al adquirir el carácter firme esta resolución, no existe derecho indubitado, preexistente e indiscutido que proteger.

7°. Que, sin perjuicio de que lo anteriormente expuesto constituye motivo bastante para rechazar la presente acción constitucional, esta Corte, sólo a mayor abundamiento, desea hacer presente que no visualiza en el acto reprochado a la recurrida ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En efecto, tal como lo ha sostenido esta propia Corte, “sin perjuicio de la discusión acerca de las anomalías que puedan afectar la ‘potestad’ normativa de las Superintendencias como órganos administrativos descentralizados (nombre reservado, ‘Anomalías constitucionales de las Superintendencia: Un diagnóstico’, Estudios Constitucionales, Año 8, Nº1, 2010, pp. 249-282), y los límites que la Contraloría General de la República ha establecido al señalar que ‘se trata de una potestad que sólo puede aspirar a explicitar o explicar la ley, por lo que no puede imponer obligaciones’ (CGR, Dictamen Nº36.737/2008)”, lo cierto es que el numeral 2° del artículo 337 de la Ley 20.720 establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 2) Interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que correspondan a los tribunales competentes.”

Es, entonces, en el ejercicio de esa potestad emanada de la ley que la recurrida dictó el acto administrativo reprochado, de manera que su sola dictación no puede ser considerada ilegal o arbitraria.

En cuanto al contenido de la interpretación dada a los artículos 50 N°1 y 2; 204, letra h), y 205 de la Ley 20.720, con relación a la fatalidad o no del plazo para presentar la cuenta final de la administración que tiene el liquidador designado en el concurso, más allá de que el recurrente no la atacó por la vía de los recursos administrativos a su disposición, ni tampoco ha señalado haber recurrido a la prerrogativa que contiene el artículo 131 de la Ley 20.720, según la cual todas las cuestiones que se susciten entre el Deudor, el Liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación serán resueltas por el tribunal en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que el propio precepto señala, pudiendo hacerlo, se advierte que la misma ha seguido la lógica de la efectuada por el propio juez del concurso que, con ocasión de la resolución de 31 de octubre de 2017, acogió los recursos de reposición de la liquidadora y dos acreedores en contra de la resolución apercibía a la primera a rendir cuenta final de la administración dentro de tercero día. Para así decidir, el juez de la liquidación consideró los fines del concurso en cuestión, que esta Corte llama a no olvidar que es, prioritariamente, el obtener el mayor desinteresamiento de los acreedores a través de la realización de los bienes de la empresa deudora en liquidación, y sólo en el caso de insuficiencia o inexistencia de estos activos, beneficiar al deudor de la extinción de los saldos insolutos de sus obligaciones. De esta manera, existiendo bienes que potencialmente puedan incrementar la masa activa liquidable, como cuando se pretende integrar bienes a ella vía revocación de actos o contratos ejecutados o celebrados por el deudor en fraude del derecho de los acreedores, la obligación de rendir cuenta final de la administración, y la consiguiente conclusión del concurso, pueden quedar suspendidos por un tiempo razonable a fin de resguardar los intereses de los acreedores sobre el patrimonio del deudor afecto al pago de sus acreencias, sin privar con ello del beneficio que consagra el artículo 25 de la Ley 20.720, cuando se cumplieren los presupuestos que dicha norma establece.

Así, entonces, conforme a lo razonado, y como se dijo, sólo a mayor abundamiento, fluye, además, que resultaría imposible calificar de ilegal y/o arbitrario el acto que se le reprocha a la recurrida.

6°. Que, como consecuencia de lo anterior, y conforme a todo lo que viene de ser razonado y expuesto, esta Corte desestimará el recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°21 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza la acción de protección constitucional interpuesta por don Sebastián Bahamonde López, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Sr. Ruz L.

No firma el Ministro (s) señor Escobar, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Protección N°51.141-2018