nombre reservado con CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinte.

A los folios 21 y 22: A todo, téngase presente.

VISTOS:

Con fecha 10 de junio de 2020 recurre de protección constitucional nombre reservado, ingeniera constructora, en contra de Constructora Ingevec S.A., representada legalmente por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario que atribuye a ésta y que estima como conculcadores de sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que el día 22 de mayo de 2020, mediante una conversación de Whatsapp, tomó conocimiento de que se le había suspendido su contrato de trabajo por la recurrida, sin haber recibido, al momento de interponer la presente acción, documento formal alguno que diera cuenta de lo anterior, entendiendo que de facto se encuentra suspendida su relación laboral.

Refiere que ingresó a trabajar para la recurrida el día 13 de mayo de 2019, encontrándose, a la fecha de interposición de este recurso, embarazada, con 21 semanas de gestación, situación de la cual puso en conocimiento a su jefatura el día 2 de abril del año en curso, mediante correo electrónico.

Asegura que la empresa recurrida solo podía suspender la relación laboral existente entre las partes con su acurdo mutuo, lo cual no acontece en la especie, ya que no ha sido consultada sobre la medida, tomando conocimiento de esta solo de manera informal.

Afirma que la recurrida corresponde a una empresa de gran envergadura, que paga remuneraciones altísimas a sus gerentes, optando por afectar los derechos de los trabajadores más débiles al momento de suspender las relaciones laborales.

Señala que pese a no estar gozando aun de la licencia médica por prenatal, su empleadora tiene la obligación de proteger la vida y seguridad de los trabajadores, lo que estaría en directa relación con la salud de la recurrente y de su hijo que está por nacer.

Invoca a continuación diversos preceptos de la Constitución Política de la República, Tratados Internacionales y de otros instrumentos normativos, además de pronunciamientos de la Excelentísima Corte Suprema, todos relativos a la protección de la maternidad.

Sostiene que el acto que imputa a la recurrida es ilegal, por no ajustarse a las condiciones de la Ley 21.227 para la suspensión de la relación laboral –acuerdo mutuo de las partes-, y además arbitrario, al carecer de motivo racional.

Estima que lo descrito da cuenta la transgresión a las garantías fundamentales del derecho a la vida de ella y de su hijo que está por nacer, al no permitírsele una adecuada subsistencia como madre embarazada; de la igualdad ante la ley, por mantener invariable la recurrida el pago de las remuneraciones de sus gerentes; el derecho a la libertad de trabajo y su protección; y el derecho de propiedad, por afectarse la estabilidad en el empleo y en sus remuneraciones, por causales no contempladas por la ley.

Termina solicitando que se acoja la presente acción de protección, ordenándose a la recurrida que deje sin efecto la suspensión unilateral del contrato de trabajo que le vincula con la recurrente, y pague a ésta sus remuneraciones iguales condiciones a aquellas devengadas con anterioridad al acto cuya ilegalidad acusa.

Al momento de informar la recurrida Constructora Ingevec S.A., reconoce que la recurrente le presta servicios por obra o faena, en virtud de contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2020, el que se encuentra vigente hasta la actualidad.

Expresa que a raíz de las medidas restrictivas de movimiento y agrupación implementadas por la autoridad sanitaria con motivo de la pandemia Covid-19, se ha visto en la obligación de resguardar la salud y empleo de sus trabajadores, muchos de os cuales no pueden desempeñarse en régimen de teletrabajo.

Explica que en ese contexto, junto a sus empleados, se han acogido a la Ley 21.227, por encontrarse total o parcialmente paralizado el desarrollo de las obras de construcción, precisando que en el caso de la recurrente existió un pacto de suspensión temporal de los efectos de su contrato de trabajo, el cual fue dejado sin efecto posteriormente, sin causarle ningún perjuicio a la trabajadora, resultando esta indemne.

Agrega que la recurrente se ha encontrado desde el 27 de mayo de 2020 con licencias médicas continuas, correspondiendo la última al 9 de diciembre de 2020 por concepto de prenatal, siendo beneficiaria durante todo este periodo del subsidio de incapacidad laboral respectivo, sin existir detrimento o perjuicio atribuible a la recurrida.

Por otra parte, plantea que los hechos ventilados en la presente causa exceden los límites de la acción de protección, correspondiendo más bien a una materia especial cuya competencia específica para conocer y resolver recae sobre los juzgados de letras del trabajo, de conformidad al artículo 420 del código del ramo.

Recalca que no existe actuar ilegal o arbitrario de su parte, al no estar suspendida la relación laboral de la recurrente, percibiendo ésta el total de sus remuneraciones en el mes de abril de 2020, sin haber sufrido los efectos perniciosos y vulneratorios que acusa.

Por último, aduce que las licencias médicas concedidas a la recurrente permiten demostrar que la relación laboral se encuentra vigente entre las partes, percibiendo aquella durante todo el periodo el subsidio por incapacidad laboral, sin sufrir perjuicios económicos.

Se adjuntaron para cada parte los antecedentes que señalan en sus respectivas presentaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente como una acción de cautela urgente ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen alguno de los derechos mencionados en el artículo 20 de la Carta Política, de tal suerte que comprobados los supuestos a que se ha hecho referencia, se adopten las debidas medidas de resguardo para restaurar el imperio del derecho y dar así debida protección al afectado.

2°.- Que el acto arbitrario o ilegal que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en la suspensión de su contrato de trabajo que le vincula con la empresa recurrida, a instancias de la sola voluntad de esta última, lo cual no se ajustaría a las condiciones previstas por el artículo 5 de la Ley 21.227, que supone un acuerdo mutuo de ambas partes, actuación que vulneraría sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

3°.- Que los antecedentes aportados por ambas partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, aparece que a raíz de la pandemia que afecta a nuestro país y el mundo, la recurrida debió implementar una serie de medidas restrictivas de movimiento y agrupación con objeto de evitar la propagación del virus, por ello tanto la empresa como sus trabajadores se acogieron a la Ley N° 21.227, por encontrarse total o parcialmente paralizado el desarrollo de las obras, siendo que en el caso de la recurrente si bien existió un pacto de suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo, este fue dejado sin efecto, sin causar perjuicio alguno a la trabajadora, el cual incluso cesó antes de la presentación de esta acción cautelar, dejando indemnes los derechos de la recurrente, quien a partir del 27 de mayo del presente año se encuentra gozando de licencias médicas continuas, siendo la última del 9 de septiembre pasado, por licencia maternal pre-natal de 42 días, resultando ahora beneficiaria del subsidio de incapacidad laboral respectivo, aspectos que no han sido desmentidos por la recurrente.

4°.- Que dentro de este contexto no resulta factible adoptar ninguna medida de cautela a favor de la recurrente, puesto que la actuación que reprocha se dejó sin efecto, lo que importa, además, que no es posible advertir la vulneración de ninguna de las garantías constitucionales alegadas en su acción cautelar.

5°.- Que, conforme a lo razonado precedentemente el recurso deducido no puede prosperar y debe ser desestimado.

6°.- Que, a mayor abundamiento, cabe agregar en todo caso que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia surgida entre las partes, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de contratos, siendo que la situación de la especie se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes.

7°.- Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación denunciada dejó de producirse y, además, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y, de conformidad también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Constructora Ingevec S.A..

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 51.010-2020.