INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CLAUDIO JOFRE EIRL con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, dos de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, por sí y en representación de Inversiones y Comercializadora Claudio Jofré Pérez E.I.R.L., y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución de Multa N° 3322/20/5, de 14 de enero de este año, supuestamente notificada el 27 de febrero último, que le aplicó una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales por no haber efectuado la denuncia de un accidente laboral, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 3 y 24 del artículo 19.

Relata el recurrente que la multa impuesta tiene su origen en una fiscalización efectuada el 9 de enero último a la empresa por el supuesto accidente sufrido por un ex trabajador mientras realizaba su trabajo el 22 de noviembre de 2019 y lo fue por “no denunciar al organismo administrador Instituto de Seguridad Laboral, ISL, inmediatamente y/o en un plazo no superior a 24 horas de producido el accidente (…), incumpliendo las obligaciones legales sobre prevención a los eventuales accidentes del trabajo y protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores”. Indica que esta multa fue supuestamente notificada el 27 de febrero último, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, sin embargo alega que nunca se notificó en el domicilio de la empresa, sino que tomó conocimiento el 12 de mayo del año en curso por un oficio recibido en la causa laboral donde el trabajador supuestamente accidentado demandó a la empresa. Por esta razón, añade, se ha afectado su derecho a defensa y al debido proceso, ya que nunca se le notificó legalmente, impidiéndole reclamar conforme a los procedimientos de los artículos 503 o 512 del Código del Trabajo.

Aduce, además, que la recurrida excedió sus atribuciones, puesto que la determinación de si un accidente es o no de origen laboral corresponde exclusivamente al organismo administrador, según el artículo 8° de la Ley N° 16.744, que en este caso sería el Instituto de Seguridad Laboral. Por otra parte, alega que conforme al artículo 420 del Código del Trabajo esta materia debe ser conocida por un Juzgado de Letras del Trabajo e indica que difícilmente podría haber dado aviso de un supuesto accidente que desconoce, por lo que la recurrida se ha transformado en una comisión especial, prohibida por el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución.

Argumenta a continuación que actualmente se encuentra pendiente un juicio laboral en el que el ex trabajador demandó indemnización de perjuicios por el supuesto accidente y donde su parte, la empresa, negó la ocurrencia del mismo, toda vez que el trabajador nunca dio aviso al empleador y no hubo testigos del hecho, por lo que nadie se enteró sino después de varios días.

Pide en definitiva se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución de multa ya singularizada, con costas.

Segundo: Que informando la recurrida solicitó el rechazo de la acción, con costas, en primer lugar, por resultar improcedente, en atención a la naturaleza del acto recurrido, ya que la resolución de multa es reclamable conforme a los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo y no mediante esta vía.

En segundo término aduce que faltan requisitos para que la acción sea acogida, por cuanto la autoridad accionó conforme a sus facultades legales y dentro de la esfera de sus atribuciones. En subsidio indica que tal como reconoce el propio recurrente, el trabajador de que se trata sufrió el accidente el 23 de noviembre del año pasado y recién se dio cuenta al Instituto de Seguridad Laboral el día 26 del mismo mes y año, cuando se presentó personalmente a fin de ser tratado, ya que el empleador no dio aviso de manera oportuna.

En cuanto a la falta de notificación aduce que el recurrente fue efectivamente notificado el día 19 de febrero último, de acuerdo a la regla del artículo 508 del Código del Trabajo, conforme a la guía de despacho de Correos de Chile que acompaña. Por ello, alega también que la oportunidad del reclamo, tanto por la vía judicial como por la administrativa, ha caducado ampliamente.

Luego se refiere a las facultades del organismo fiscalizador, indicando que ha obrado conforme a ellas, citando jurisprudencia. Respecto de la alegación del recurrente relativa a negar la existencia del accidente, aduce que ésta es una defensa de fondo que debió invocar en el plazo del artículo 503 del Código del Trabajo, siendo parte de un juicio de lato conocimiento. Por lo mismo, termina, no se han vulnerado las garantías fundamentales invocadas, razón por la cual solicita el rechazo de la acción, con costas.

Tercero: Que en un caso como el presente cobra más que nunca aplicación la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, en cuanto a que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que del tenor del recurso aparece que éste se construye principalmente sobre la base de alegar que la ilegalidad se consumaría por la falta de notificación debida de la resolución de multa, en circunstancias que en la vista del asunto el apoderado que compareció por la recurrente de manera explícita indicó que no formularía alegaciones sobre el punto y que no insistiría en ese pretendido defecto.

En este escenario, todas las demás alegaciones en que se sustenta la acción de protección deducida evidentemente dicen relación con la ocurrencia de ciertos hechos cuya existencia, naturaleza y efectos no es posible tener por acreditados ni aun valorando de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como lo autoriza el N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia, los antecedentes acompañados. Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de esos hechos, precisamente por su naturaleza, corresponde sea determinada en un proceso de lato conocimiento, ante el juez naturalmente competente para conocer de un asunto como el planteado, debiendo en ese mismo proceso sustanciado en sede laboral donde se determine los efectos o consecuencias que ellos generan.

La Corte no desconoce que la parte final del artículo 20 citado dispone que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, pero esta disposición constitucional no quiere significar que el recurso de protección se erija como un sustituto jurisdiccional de cualquier procedimiento general o específico que exista a nivel legal y se lo utilice en reemplazo de procesos concebidos por el legislador como precisos y específicos para la defensa de los derechos que se denuncia vulnerados. La expresión que utiliza la Carta Fundamental, como se expuso más arriba, únicamente denota que las providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho que se adopten con motivo de acogerse el recurso deberán instar por poner pronta solución al mal que lo justificó, pues este último amenaza, perturba o priva de tal forma el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido que se requiere de un remedio inmediato y eficiente para su efectiva vigencia; mas, al menos en abstracto, quedan a salvo las acciones que ordinariamente prevé el ordenamiento para la solución definitiva del conflicto y en rigor no sólo respecto del afectado recurrente, sino también de aquel contra quien el recurso fue dirigido.

En la situación planteada el conflicto que propone el recurrente y al que circunscribió su alegato encuentra solución mediante el ejercicio de las acciones que prevé el Derecho del Trabajo, de tal suerte que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para emitir el pronunciamiento que se demanda.

En tales condiciones, debe ser declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado, por sí y en representación de Inversiones y Comercializadora Claudio Jofré Pérez E.I.R.L.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 50.975-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.