nombre reservado con SOCIEDAD EDUACADORA ALTAMIRA S.A

Santiago, siete de agosto del año dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, en estos autos rol Nº50.590-2015 han comparecido, a fs.18, don nombre reservado, chileno, casado, psicólogo, y doña nombre reservado, chilena, casada, educadora de párvulos, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes actúan tanto por sí como en representación de sus hijas menores nombre reservado y nombre reservado, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Sociedad Educacional Altamira S.A., domiciliada en domicilio reservado, persona jurídica que administra, opera y lleva adelante el proyecto educativo Colegio Altamira.

Hacen presente que los actos que califican de ilegales y arbitrarios materia de la acción constitucional, consistentes tanto en una acción, como en omisiones antijurídicas, se han venido a revelar o hacer presentes con la muerte de su hijo nombre reservado, acaecida como consecuencia de haber sufrido una severa crisis asmática y obstrucción en dependencias del Colegio Altamira, mientras estaba en clase de educación física, sin que se tomaran por parte del colegio los debidos resguardos para preservar su vida, tanto de manera previa a este hecho, como al momento mismo de la urgencia que se presentó, cuando se hace evidente un cuadro obstructivo asociado a su enfermedad, conocida por el Colegio, mientras participaba de dicha clase y desplegaba ejercicios indicados por el profesor.

Señala que con motivo de esta tragedia el Colegio dispuso la creación de una “Comisión”, la que se abocó a recabar información sobre las circunstancias de la muerte de su hijo y a “elaborar un relato común de los hechos que la precedieron”, entidad ad hoc que entregó su Informe final titulado “Trabajo de Comisión” el 12 de mayo de 2015.

2º) Que el recurso agrega que los actos ilegales y arbitrarios respecto de los cuales se reclama protección constitucional dicen relación tanto con el Informe final mismo y sus conclusiones, así como con las omisiones de medidas adecuadas para la preservación de la vida y de la salud, y las condiciones ambientales y contextuales en que se están prestando las acciones educativas, en relación con todos los alumnos de Colegio Altamira, entre los que se incluyen sus hijas, hermanas de nombre reservado, así como los demás educandos, entre quienes existen algunos de alta vulnerabilidad de salud.

Precisa que la acción no persigue la adopción de medidas relacionadas con la muerte de su hijo, sino que con aquellas que deben adoptarse ahora, de manera urgente, en relación con sus hijas —sus hermanas- y aún de los restantes alumnos del Colegio, entre quienes hay algunos de alta vulnerabilidad, como niños oxigeno dependiente, con hiperreacciones alérgicas, epilépticos, entre otros.

Hasta ahora, la falta de adopción de medidas se ha hecho evidente a partir de la entrega del Informe final de la Comisión que se conformó, el 12 de mayo de 2015.

Como antecedentes de hecho, explican que en el año 2013 decidieron, como familia, cambiarse de ciudad, llegando desde Iquique a vivir a Santiago. Incorporaron a su hijo menor Tomás al Colegio Altamira, que se describe en su proyecto educativo como un colegio con un “espíritu integrador”, lo cual se refleja ya que entre el alumnado existen niños con dificultades tanto físicas como psicológicas, y lo eligieron porque la integración es un concepto importante en la forma que han decidido formar a sus hijos.

Tomás padecía la condición de asmático, situación de salud que desde un inicio fue informada a Colegio Altamira; ingresa al curso 7º año C, en donde desde el comienzo de la relación de apoderado colegio, como padres siempre informaron e hicieron hincapié en el estado de salud de Tomás, recordando reiteradamente a los profesores su condición de asmático, estado de salud que había sido diagnosticado por médico tratante. Esta especial situación de salud siempre fue informada, tanto por vía escrita como presencialmente a los profesores jefes del respectivo año pedagógico, como asimismo, Tomás también informaba a sus profesores de su estado de salud.

3º) Que el recurso añade que en el presente año, Tomás cursaba el 1º año medio C en el Colegio Altamira, mismo establecimiento en el cual sus hijas mayores, hermanas de Tomás, Rocío y nombre reservado, actualmente cursan segundo y tercer año medio respectivamente, y permanecen como alumnas del colegio.

Expresan que el 17 de abril de 2015, mientras se realizaba la clase de Educación Física, Tomás le informa a su profesor de educación física don nombre reservado, de dificultades respiratorias, provenientes de su calidad de asmático, a lo cual el profesor le indicó que le fuera señalando si era capaz o no de lograr el objetivo de la clase, un trote de 6 minutos, Tomás accedió a lo ordenado por su profesor, pero a los pocos minutos le señala que ya no puede continuar trotando, y comienza a sufrir un fuerte y repentino ataque de asma, en presencia de todos sus compañeros de curso como también del profesor. Este ataque de asma desencadenó que se pusiese a prueba el protocolo de emergencias establecido por el Colegio, acudiendo el resto del cuerpo docente y la auxiliar de enfermería doña nombre reservado para socorrer a Tomás, quien se encontraba con sus labios morados y con intervalos de inconsciencia.

Hasta donde se sabe, se llamó a una ambulancia, la que llegó 44 minutos después, contados desde que Tomás comienza a sufrir el ataque de asma, hasta el momento en que lo trasladan al Hospital Militar, recinto en el cual fallece.

Consignan que, de manera alternativa al llamado de un vehículo de emergencia, bien se pudo optar por trasladar a Tomás al SAPU Carol Urzúa Ibáñez, que se encuentra a 10 minutos caminando y a 2 minutos en vehículo desde el Colegio, y es un establecimiento de salud primaria mejor preparado que el Colegio, para atender este tipo de urgencias.

Expresa que el protocolo de enfermería del Colegio, en el que el ataque de asma es considerado expresamente una situación grave de emergencia, y en el cual el tiempo es sumamente crítico, no se encuentra adecuado para un colegio que se describe a si mismo como “integrador”, el que acepta niños y niñas con necesidades y requerimientos especiales de salud, esto es así, ya que tienen conocimiento que existen menores con Síndrome de Down, diabéticos, epilépticos, con hiperreacciones alérgicas, como también asmáticos y a lo menos un menor oxigeno dependiente.

Por lo anterior, el protocolo de enfermería del Colegio Altamira no se ha ajustado a los eventuales requerimientos y emergencias que pueden presentar el tipo de alumnos que recibe. El objetivo educacional establecido por el mismo Colegio, es más alto que el de la mayoría de los colegios, por lo tanto su estándar de cuidado con los menores debería ser mucho mayor y exigente, por lo que se podría exigir un estándar superior, sin perjuicio que al menos es exigible el de todo establecimiento que recibe y tiene a su cuidado niños o jóvenes con vulnerabilidades especiales de salud y evidentes riesgos de accidentes, ya que ellos mismos se han autoimpuesto esta manera de integración, por lo que deberían existir las condiciones de dar respuesta adecuada a la oferta programática integradora que proclama y es aceptada por diversas familias que, como la suya, entendieron que las especiales necesidades de los alumnos con dificultades se encontraban debidamente cubiertas y bajo normas mínimas de cuidado.

Debido a la muerte de su hijo Tomas, se dirigieron al Colegio en busca de respuestas, las cuales hasta el momento no han podido encontrar. Por lo anterior, el Colegio decidió formar una “Comisión”, con el objetivo de “elaborar un relato común de los hechos que precedieron el sensible fallecimiento de nombre reservado, con el propósito de colaborar en el cuidado de la comunidad, en su conjunto.”

Las conclusiones del “Trabajo de Comisión” entregado el 12 de mayo de 2015, solo retratan el minuto a minuto de lo ocurrido el 17 de abril de 2015, pero no se hace cargo de la responsabilidad que tiene Colegio Altamira en el cuidado y seguridad tanto de sus hijas mayores, actuales alumnas del Colegio, como con todo el resto del alumnado. Además de las conclusiones señaladas en este informe final, contiene “Recomendaciones”, pero que hasta el momento, casi un mes después de entregado el informe, en nada ha cambiado la actual situación de prevención en situaciones de emergencia, o cómo actuar ante diversos escenarios que se pueden producir en el Colegio, teniendo presente las situaciones delicadas de salud que padecen algunos niños.

4º) Que el recurso expone que los hechos relatados han dado lugar a que se cometan actos y omisiones ilegales y arbitrarias. En primer lugar, aluden a las omisiones de Colegio Altamira a partir del denominado “Trabajo de Comisión” de 12 de mayo de 2015, señalando que desde que tomaron conocimiento de éste, en el cual se señalan conclusiones y recomendaciones para supuestamente mejorar los procedimientos de emergencia del Colegio, hasta la actualidad, nada ha cambiado en la regulación del establecimiento, en relación a su protocolo de emergencia o de enfermería, ya que entienden que como recinto educativo con una especial orientación a la integración de niños con necesidades especiales, su estándar de cuidado debería ser mucho mayor que el del resto de los colegios, o por lo menos dar la señal tanto a su cuerpo de profesores como al resto de la comunidad educativa de una preocupación por los procedimientos de emergencia, para que casos como la muerte de su hijo Tomas no vuelvan a ocurrir.

Sin embargo, en los hechos, el Colegio no ha tomado ninguna nueva medida de prevención ni tampoco ha realizado ninguna actualización en sus procedimientos de emergencia, lo cual los hace concluir que la muerte de su hijo solo será recordado como un lamentable accidente, y no como la oportunidad de avanzar hacia un mejor Colegio en el cual se invite a la comunidad educativa a que sea parte de la discusión y formación de un nuevo protocolo de emergencias con mayores exigencias para todas las partes, apoderados, alumnos, profesores y directivos.

Como padres de dos alumnas de Colegio Altamira, no pueden obviar las omisiones tanto del protocolo de enfermería, como del actuar del cuerpo docente y directivo en relación a la muerte de su hijo Tomás, las cuales se reflejan en este “Trabajo de Comisión”, el cual en nada asegura que situaciones como la que su familia ha vivido no vuelvan a repetirse, de manera que los niños y jóvenes, alumnos del Colegio se encuentran bajo una evidente amenaza que su adecuada preservación de la salud, y eventualmente de su vida, no se vea expuesta a un manejo de emergencias inadecuado o perjudicial, ante la aparición de alguna complicación de salud, durante el desarrollo de las actividades escolares o ante la aparición de accidentes que, en caso que sean de gravedad, su manejo de urgencia quedará entregado a decisiones inadecuadas, no estandarizadas o protocolizadas, ni menos sometidas a una revisión exhaustiva y profesionalizada.

Estas omisiones se mantienen como graves amenazas al derecho a la vida y a la integridad de los alumnos, que por las razones expuestas, corresponde al Colegio Altamira tomar adecuadamente a su cargo, dada la oferta programática integradora que ostenta y lleva a la práctica con la aceptación de alumnos con diferencias y particulares vulnerabilidades.

5º) Que, seguidamente, el recurso se refiere al informe final denominado “Trabajo de Comisión” elaborado por Colegio Altamira, de 12 de mayo de 2015.

La comisión a cargo del informe final fue conformada a raíz del fallecimiento de su hijo, ya que como padres y apoderados de Colegio, y con el solo objetivo de evitar que una situación como la vivida se vuelva a repetir en la comunidad escolar, acudieron al colegio en busca de alguna explicación a lo sucedido. Dicha comisión formada por el colegio, fue constituida por nombre reservado, vicepresidenta del Centro de padres y apoderados del Colegio Altamira, Nicolás Honorato, apoderado invitado del Centro de padres y apoderados del Colegio, María Angélica Squicciarini profesora de Educación Diferencial, y nombre reservado, gerente general del establecimiento.

Como familia, advierten, no tuvieron participación alguna en la “comisión”, por lo que tanto sus procedimientos como formas de recopilación de información y sus conclusiones como recomendaciones, les fueron ajenos. Antes de conocer sus resultados, abrigaban alguna esperanza en que dicha comisión o sus conclusiones se plasmaran en alguna mínima respuesta para lo inaceptable y, particularmente para que la desgracia que los embargó no se repita en el seno de otra familia de la misma comunidad.

Por el contrario, este “Trabajo de Comisión” los dejó defraudados como parte de la comunidad educativa del Colegio. En primer lugar porque como padres y apoderados del mismo, nunca les ha constado la existencia ni el contenido de un Protocolo de enfermería.

Los colegios están obligados a contar, en su reglamento interno, con un protocolo de acción para enfrentar casos de emergencia, debido a su situación de garantes de los alumnos a su cargo, se trata, por lo tanto, de un documento que debe ser conocido por los padres y apoderados del establecimiento educacional, lo cual no ocurre en Colegio Altamira. Esta grave omisión, atribuible a quien tiene el deber de hacer público el protocolo, se hizo evidente recién y debido a la entrega del “Trabajo de Comisión”, pues allí se les dio a conocer dicho protocolo, situación que es asumida por el Colegio, en las conclusiones del trabajo.

Por lo tanto, el llamado “Trabajo de Comisión” de fecha 12 de mayo de 2015, ha hecho patente que existen hasta la actualidad graves omisiones por parte del Colegio, respecto a su modo y procedimiento en situaciones que requieren urgencia, y por otro lado el mismo informe de “Trabajo de Comisión” es un acto ilegal y arbitrario, por haber sido creado y conformado de un modo poco transparente a la comunidad educativa. Señala que se encuentra conformado por la misma dueña del recinto educacional, y su procedimiento tampoco fue abierto a la comunidad. Reiteran además, que tanto las conclusiones y recomendaciones que en ese informe se señalan, están lejos de poder proteger al alumnado del Colegio.

La asunción por el Colegio de una labor investigadora de los hechos, sin contar con la participación, el consejo, la asesoría o la orden de las autoridades competentes y, por sobre todo, de los órganos técnicos y profesionales que puedan hacer recomendaciones adecuadas y atingentes a situaciones graves de urgencia, vuelve a poner en riesgo las condiciones de seguridad para la vida y la integridad de los alumnos, en particular de los más vulnerables.

6º) Que el recurso se refiere, luego, a los antecedentes de derecho, consignando que los colegios son regulados por el DFL 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las normas derogadas del decreto con fuerza de ley Nº1 de 2005 del Ministerio de Educación, conocida como la Ley General de Educación. Agrega que de acuerdo a su artículo 3 “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.”

A continuación, denuncia que los actos y omisiones ilegales y arbitrarias ya señaladas han vulnerado las siguientes garantías constitucionales:

A) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Explica, al respecto, que la omisión de medidas de prevención y seguridad en los protocolos de emergencia y enfermería de Colegio Altamira, vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y síquica tanto de sus hijas como del resto del alumnado, ya que al no existir los protocolos de prevención y actuación que deberían ser los adecuados para el tipo de alumnos del Colegio, se encuentran en un permanente estado de peligro, que atenta contra toda la comunidad educativa del Colegio, principalmente sus alumnos y, entre ellos, los que presentan mayor vulnerabilidad de salud, que son expresamente aceptados por el colegio.

Según se señala en el artículo 9º de la Ley General de Educación, “La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a Li formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.”

Por lo tanto, dice, como padres, exigen se tomen medidas serias y urgentes para salvaguardar a sus hijos y todos los alumnos del Colegio Altamira.

7º) Que, en segundo término, el recurso señala que se transgrede el derecho a la educación. Artículo 19 Nº10 de la Constitución Política de la República.

Denuncian que se ve amenazado y perturbado, por las omisiones en que incurre el recurrido y la adopción de medidas investigativas y conclusiones carentes de apoyo profesional y especializado, el derecho a la educación, en un sentido amplio, como el derecho no solo a recibir las prestaciones directas de educación, sino que el derecho a contar con un entorno propicio para que las acciones educativas se desarrollen, especialmente la ausencia de interferencias tan serias como amenazas al derecho a la vida y la integridad física y psíquica.

Explica que la educación se ha definido por la Carta Magna en su artículo 19 Nº10, norma que transcribe, así como el artículo 2° de la Ley 20.370, que igualmente define a la educación.

Afirma que se puede concluir que existe un mandato tanto constitucional como legal, a que toda persona tenga derecho y acceso a la educación y que ésta en su sentido más amplio, abarca tanto lo aprendido como también el ambiente en el cual se desarrolla dicha educación. Esto último es de suma importancia, ya que como lo sostiene la Superintendencia de Educación Escolar, en su ordinario 0156, de fecha 26 de marzo de 2014: “El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes son los responsables de la seguridad de sus alumnas y alumnos, mientras estos se encuentren durante el horario de la jornada escolar, dentro del establecimiento o en actividades extraprogramáticas. El reglamento interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para el caso de accidentes.”

8º) Que los recurrentes añaden que producto de la entrega del “Trabajo de Comisión”, Colegio Altamira se ha expuesto y ha evidenciado que su protocolo de enfermería contiene omisiones, lo cual vulnera el derecho tanto de sus hijas como del resto del alumnado a vivir en un ambiente educativo seguro y protector, más aun cuando es un Colegio que atiende situaciones especiales de salud.

La mantención de un ambiente educativo tranquilo y seguro tanto para los padres que confían día a día a sus hijos a un determinado Colegio, como para los mismos alumnos, que permanecen en ese lugar gran parte de su día, es de suma importancia y es una obligación vital, para que, en este caso Colegio Altamira se obligue a tomar las medidas más adecuadas para la protección de todos sus alumnos y alumnas, para que una situación como la vivida por Tomas, no sea vivida por nadie más.

9º) Que, seguidamente, el recurso se refiere a la procedencia de la acción de protección, consignando que de acuerdo con lo expuesto ella resulta procedente, se ha interpuesto oportunamente y se funda en la existencia de un acto y omisiones ilegales y arbitrarias que producen privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los numerales 1º y 10º del artículo 19 de la Constitución.

En cuanto a las medidas conducentes para el restablecimiento del derecho, señalan que en razón, de las garantías constitucionales que son vulneradas, como padres y apoderados de Colegio Altamira, solicitan se dicten y se adopten una, algunas o todas las medidas preventivas que señalan, o las que esta Corte considere pertinentes:

• Disponer la constitución de una nueva Comisión, esta vez con asesoría técnica, especializada y profesional, sea de órganos públicos y/o privados, que tengan competencia en materia de urgencias y primeras atenciones ante enfermedades o accidentes al interior de los colegios.

• Estandarizar y actualizar el protocolo de enfermería y/o emergencias a la realidad del alumnado de Colegio Altamira.

• Difundir estos protocolos, a fin que estén a disposición de padres y apoderados, y de toda la comunidad educativa, de manera de hacer posible su discusión y conocimiento.

• Disponer de manera inmediata la contratación de personal capacitado y, asimismo dotar de medios materiales adecuados la enfermería y las dependencias que sean necesarias, para situaciones de emergencia.

• Disponer de manera obligatoria que todos los profesores de Colegio Altamira, o al menos, un número considerable de ellos, hayan aprobado un curso de primeros auxilios orientado a menores.

• Disponer la implementación de talleres y/o capacitaciones para los profesores y adultos responsables en el Colegio, que tiendan a formar en el manejo adecuado de urgencias médicas.

• Disponer la implementación de talleres y/o instancias en la malla curricular, para que los alumnos aprendan a cómo reaccionar en determinadas situaciones de emergencia.

• Que se adecuen los entrenamientos, clases de educación física y actividades extraprogramáticas, a las necesidades especiales de salud de cada alumno.

Finalmente, en mérito de lo expuesto, disposiciones constitucionales y legales citadas, y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, piden tener por interpuesto acción de protección a su nombre, así como respecto de sus hijas nombre reservado y nombre reservado, así como además, en favor de los restantes alumnos del Colegio Altamira, acción constitucional que se dirige en contra de SOCIEDAD EDUCADORA ALTAMIRA S.A., acogerlo a tramitación, y restablecer el imperio del derecho, declarando:

1) Que se acoge el recurso de protección en razón de encontrarse perturbados y amenazados por los actos arbitrarios e ilegales ya referidos en el cuerpo de la presentación, en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales indicadas en el recurso.

2) Que se ordene al recurrido tomar todas las medidas de seguridad que resulten urgentes y adecuadas para preservar la vida y la salud integral de todos y cada uno de sus alumnos, entre las cuales señalan, solo de modo referencial y no taxativo, las siguientes:

• Disponer la constitución de una nueva Comisión, esta vez con asesoría técnica, especializada y profesional, sea de órganos públicos y/o privados, que tengan competencia en materia de urgencias y primeras atenciones ante enfermedades o accidentes al interior de los colegios.

• Estandarizar y actualizar el protocolo de enfermería y/o emergencias a la realidad del alumnado de Colegio Altamira.

• Difundir estos protocolos, a fin que estén a disposición de padres y apoderados, y de toda la comunidad educativa, de manera de hacer posible su discusión y conocimiento.

• Disponer de manera inmediata la contratación de personal capacitado y, asimismo dotar de medios materiales adecuados la enfermería y las dependencias que sean necesarias, para situaciones de emergencia.

• Disponer de manera obligatoria que todos los profesores de Colegio Altamira, o al menos, un número considerable de ellos, hayan aprobado un curso de primeros auxilios orientado a menores.

• Disponer la implementación de talleres y/o capacitaciones para los profesores y adultos responsables en el Colegio, que tiendan a formar en el manejo adecuado de urgencias médicas.

• Disponer la implementación de talleres y/o instancias en la malla curricular, para que los alumnos aprendan cómo reaccionar en determinadas situaciones de emergencia.

• Que se adecuen los entrenamientos, clases de Educación física y actividades extraprogramáticas, a las necesidades especiales de salud de cada alumno.

3) Disponer todas las medidas que el tribunal estime adecuadas para restablecer el imperio del Derecho, sean o no coincidentes con una o más de las que de manera referencial se ha propuesto en el número anterior.

Además, pide que se condene en costas al recurrido.

10º) Que, posteriormente, mediante la presentación de fs.46, luego que el recurso fuera declarado inadmisible por esta Corte, la parte recurrente reformula el petitorio de la acción, pidiendo que como medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho, y sin perjuicio de las facultades que el tribunal ostenta, en el ejercicio de las facultades conservadoras, se ordene lo siguiente:

- Solicitar informe urgente a la Sociedad Educacional Altamira S.A., a fin que indique cuál es el protocolo de seguridad para enfermería y casos de urgencia por accidentes o enfermedad en el Colegio Altamira y en base a cuáles criterios o parámetros técnicos se ha diseñado.

- Sin perjuicio de lo que informe, ordenar que se estandarice y actualice el protocolo de enfermería y/o emergencias a la realidad del alumnado de Colegio Altamira que contempla la matrícula de alumnos de alta vulnerabilidad de salud y frente a accidentes.

- Ordenar la difusión de estos protocolos, a fin que estén a disposición de padres y apoderados, y de toda la comunidad educativa.

- Sin perjuicio de todo lo anterior y en virtud de lo que sea informado por el recurrido, se adopten todas las medidas urgentes que estime adecuadas para preservar las garantías bajo amenaza y que esta corte estime compatibles con la naturaleza cautelar de la acción constitucional intentada.

11º) Que, mediante la presentación de fs.80, don PABLO ORTIZ CHAMORRO, abogado, en representación de la Sociedad Educadora Altamira S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, informa el recurso de protección deducido, solicitando su rechazo en todas sus partes y con expresa condena en costas, por ser improcedente.

Como antecedentes, señala que la acción deducida tiene su origen en el fallecimiento de nombre reservado, el día 17 de abril, en dependencias del Hospital Militar de Santiago, tras haber presentado una crisis asmática, la cual tuvo lugar en el Colegio que administra la recurrida.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, accionan de protección sus padres, don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos en representación de sus hijas menores, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Sociedad Educadora Altamira S.A., persona jurídica que administra el Colegio Altamira, imputándole a éste haber omitido en forma ilegal o arbitraria, medidas de prevención a su respecto, al no haber actualizado sus protocolos de emergencia, vulnerándoseles así el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la CPR) y el derecho a la educación (artículo 19 N°10 de la CPR).

A juicio de los recurrentes, expresa, se habría configurado la ilegalidad y arbitrariedad debido a:

1) Que, a partir del “Trabajo en Comisión” finalizado el 12 de mayo, el Colegio Altamira no habría tomado ninguna medida de prevención, ni tampoco ha realizado alguna actualización en sus protocolos de emergencia. Los recurrentes atribuyen tanto a presuntas omisiones del protocolo de enfermería como al actuar del cuerpo docente o directivo la muerte de su hijo. Atribuyen adicionalmente que estas omisiones se estiman como graves amenazas al derecho a la vida e integridad de los alumnos del Colegio.

2) Que, el Informe final “Trabajo en Comisión” no contó con la participación de la familia, de modo que habría sido elaborado de manera poco transparente respecto de la comunidad educativa y sin la presencia de autoridades competentes u órganos técnicos que pudiesen hacer recomendaciones adecuadas y atingentes a situaciones graves de urgencia.

Previene que, no obstante la recurrente emite juicios críticos respecto de la actuación de su representada en relación al fallecimiento de su hijo, imputándole responsabilidad en esta materia, al no ser esta la vía idónea para dilucidar esa clase de imputaciones, se remitirá a informar el recurso de protección, al ser esta la única acción deducida contra su representada. Indica, respecto del cúmulo de imputaciones que se efectúan respecto del Colegio, sus profesores y directivos, vinculadas al fallecimiento de nombre reservado, que las alegaciones efectuadas por la familia carecen de todo sustento fáctico, técnico y jurídico, y que son rechazadas y controvertidas en todo por su representada.

12º) Que el informe añade que desarrollará los argumentos, defensas y alegaciones pertinentes para desestimar la acción incoada, verificando que no se ha configurado ilegalidad o arbitrariedad alguna durante el procedimiento de aplicación del protocolo de enfermería, al caso que motivó la presentación del recurso, respetándose las normas sustantivas y adjetivas que reglan el actuar de su representada en la materia.

En cuanto a los antecedentes de contexto, refiere que en relación a las presuntas ilegalidades y arbitrariedades denunciadas por los recurrentes, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales.

Explica que el asma es una enfermedad definida por la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, definición que transcribe. El asma es la enfermedad crónica más común de la edad pediátrica, y de acuerdo a la guía médica del Ministerio de Salud, que prescribe determinadas pautas de conducta para el asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años, el tratamiento se sustenta en 4 pilares fundamentales que deben ser considerados en el manejo de cada paciente: educación y autocuidado, control de factores agravantes, farmacoterapia y manejo de las exacerbaciones. Dentro de la misma no hay una prohibición general de que los pacientes desarrollen actividades físicas, habiendo estudios que incluso lo promueven. Todos estos elementos forman parte de los protocolos y prácticas que el Colegio Altamira desarrolla desde hace años.

13º) Que, respecto de la situación de nombre reservado indica que llegó al Colegio en 7° año básico, época desde la cual realizó actividad física diferenciada, diseñándose año a año un programa de evaluación ad-hoc (conforme a su particular capacidad), promoviendo el Colegio su auto regulación, aspecto que fue reforzado en su proceso educativo a requerimiento de los recurrentes, no existiendo a su respecto una prohibición parental o una recomendación médica de que no desarrollase actividad física.

Señala que por sus protocolos, el Colegio solicitó a todos los padres y apoderados al inicio del año escolar, incluidos los recurrentes, el envío de certificados o antecedentes médicos que justificasen para el año 2015 la exclusión de alumnos de la asignatura de educación física, no recibiendo el Colegio ningún certificado referente a alguna dificultad de nombre reservado para que pudiese desarrollar actividad física.

Tras el fallecimiento de Tomás, la Dirección del Colegio comenzó a recibir un conjunto de consultas, de diversos estamentos del Colegio, para conocer con cierto nivel de precisión los hechos relativos a la emergencia y a los procedimientos de auxilio desarrollados por profesores y administrativos a su respecto. Con la finalidad de canalizar dichas inquietudes, se definió la configuración de una Comisión integrada por nombre reservado, Vicepresidenta Centro de Padres y Madres Altamira (“CPMA”); Nicolás Honorato, apoderado invitado por el CMPA; María Angélica Squiccuarini, Profesora de Educación Diferencial, y nombre reservado como representante del Colegio. Según se les informó al configurar dicha Comisión, la familia nombre reservado estaría representada por la Vicepresidenta del Centro de Padres y Madres, quien incluso hizo llegar al seno de la Comisión un listado de requerimientos que la propia familia efectuaba y respecto del cual solicitaba el pronunciamiento de la Comisión. De esta manera, si bien es efectivo que ningún miembro de la familia nombre reservado participó directamente en la Comisión, el Colegio entendía que esta se encontraba debidamente representada en la instancia.

La Comisión cifró como objetivo principal, “la elaboración de un relato de los hechos que precedieron el sensible fallecimiento de nombre reservado, con el propósito de colaborar en el cuidado de la comunidad, en su conjunto”, ello por cuanto el requerimiento principal de la comunidad educativa tenía relación directa con conocer los hechos en que se había generado la emergencia y la forma de reacción del Colegio. Respecto de la metodología de trabajo de la comisión, se establecieron seis sesiones, con tareas relacionadas al levantamiento de antecedentes elaboración del relato, conclusiones e informe final. Respecto de la recopilación de antecedentes, se trabajó en dos líneas centrales, los hechos acaecidos el día del accidente y todos aquellos antecedentes previos vinculados. Para cumplir este cometido la Comisión, por medio de nombre reservado requirió de antecedentes a la familia (por medio de nombre reservado), más la familia se negó en dos ocasiones a hacer entrega de los antecedentes que, teniendo utilidad, se encontrasen en su poder.

13º) Que el informe consigna que las recomendaciones del informe objeto del recurso fueron las siguientes:

a) Revisión de implementación de medidas de prevención frente a emergencias, en general y de salud.

b) Revisión y difusión de protocolo de enfermería, principalmente en lo concerniente a manejo de situaciones que impliquen riesgo vital.

c) Revisión de la pertinencia de los elementos disponibles para la realización de primeros auxilios, dentro del espacio escolar.

d) Reforzamiento de trabajo de colaboración en red, con las instituciones implicadas en contextos de emergencia.

Así, el acto impugnado por los recurrentes corresponde a un informe meramente descriptivo y que culmina con el desarrollo de algunas recomendaciones vinculadas a la revisión y posterior difusión de los protocolos existentes, los cuales fueron correctamente aplicados y que poseen consistencia con aquellas actuaciones que el Colegio puede y debe desarrollar. Este, en caso alguno configura un acto ilegal y/o arbitrario, capaz de vulnerar algún derecho fundamental.

14º) Que el informe sostiene que la admisibilidad del recurso se funda en presupuestos de hecho erróneos. La comunidad escolar ha manifestado su conformidad con los protocolos existentes y la forma de actuación ante los hechos que dieron origen al presente recurso.

Expresa que el artículo 10 del Auto Acordado de la Corte Suprema del año 1992 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitrario o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Esta Corte, teniendo en consideración la naturaleza y objetivos del recurso de protección declaró, en primera instancia, que el recurso era inadmisible. Habida consideración del rechazo de la admisibilidad del recurso, los recurrentes, a través de un recurso de reposición, junto con modificar el petitorio de su acción cautelar incorporan un nuevo antecedente, acompañando copias de un comunicado emitido por la Directiva del Centro de Padres y Madres del Colegio Altamira de 11 de junio de 2015, a partir del cual los recurrentes concluyen de manera torcida que “lo solicitado por mis representados no es una solitaria petición, si no que por el contrario, es también el sentir de parte importante de la comunidad educativa de Colegio Altamira, que reclaman cambios urgentes, que solo mediante la acción de protección que se pone en conocimiento de S.S. lltma se puede obligar a que se realicen estos cambios tan necesarios”.

Agrega que la Corte acogió el recurso de reposición, admitiendo a trámite el recurso, ello teniendo como único fundamento el apoyo que la Comunidad de Padres y Apoderados del Colegio presuntamente estaba dando a la acción judicial desarrollada por la familia, a sus fundamentos y objetivos. Sin embargo dicha resolución descansa sobre presupuestos de hecho erróneos, pues no es efectivo que el Centro de Padres y Madres, ni la gran mayoría de los padres y apoderados del Colegio, ni la Comunidad Educativa en general comparta las aprensiones y el diagnóstico que funda el recurso deducido. Lo que ha ocurrido es que los recurrentes han utilizado un comunicado del Centro de Padres y Madres, sin previa autorización y sin su conocimiento, para presentarla de manera descontextualizada al tribunal, con el objeto de lograr revertir la decisión de declarar inadmisible el recurso.

El uso no autorizado y descontextualizado de este comunicado es un hecho cierto, que ha sido declarado por el propio Centro de Padres y Madres del Colegio, entidad que aclaró el contenido del comunicado original, el que difiere del que fue presentado por los recurrentes para lograr la admisibilidad del recurso. El comunicado aclaratorio fue difundido el día 17 de junio, el cual precisa respecto del informe de la Comisión, acto cuestionado por los recurrentes, lo siguiente:

“(...) 4. Como parte de la comisión, adherimos a las conclusiones de dicho informe, en forma y fondo, tal como figura en acta de reunión con la dirección del colegio, en particular en lo que a la actuación de los profesores y personal del colegio se refiere.

“5. Al respecto, queremos señalar que este Centro de Padres y Madres, nunca ha puesto en duda el trabajo de los profesores del colegio Altamira. De hecho, fuimos testigos, del esfuerzo desplegado aquel día.

“6. Queremos aclarar además que las acciones ejecutadas por la Familia nombre reservado, entiéndase el reportaje en Canal 13 y los recursos de protección interpuestos, sólo los representan a ellos como familia.

“7. Estas acciones, a las cuales NO adherimos, no han contado con la participación, ni autorización directa o indirecta, de algún miembro de este Centro de Padres y Madres.

“8. Pedimos disculpas públicas por el comunicado enviado el día Jueves 11 de Junio, con motivo del reportaje de Canal 13. Si bien nuestra motivación, no fue otra que reconocer el interés de la apoderada en los temas de seguridad de todos nuestros hijos y darles a conocer a los padres y madres que los comités ya estaban funcionando, claramente fue leído como una acción de adhesión con las demandas de la familia.

“9. Ayer, nos hemos enterado de un nuevo recurso interpuesto por la familia, utilizando como nuevo argumento, el comunicado emitido por este Centro de Padres y Madres. Queremos decir, con mucha claridad, que NO adherimos a dicha acción y lamentamos profundamente que nuestro comunicado sea usado para ello sin siquiera tener conocimiento que esto sucedería.

“10. Responsables de dicho comunicado, estamos a disposición para hacer las aclaraciones necesarias, si así lo requiere el proceso mencionado.

“11. Este CPMA que está representando por 3 madres, declaramos tajantemente que estamos seguras que los profesores y la comunidad en general, cuida y protege a nuestros niños y no consideramos que se encuentren en completa vulneración como dice el recurso interpuesto por la Familia nombre reservado”.

15º) Que el informe añade que de la simple lectura de la declaración de la directiva del CPMA, aparecen de manifiesto dos cuestiones fundamentales: (i) los apoderados del Colegio adhirieron a la Comisión y su informe, y no formularon particulares críticas al accionar de los trabajadores y profesionales de la educación que forman parte del Colegio, respaldando su accionar; y (ii), que las acciones judiciales incoadas por la familia recurrente, no representan el sentir ni de la directiva, ni del conjunto de padres y madres que ellos lideran.

Sobre este punto señalan que no le es dable a los recurrentes construir artificialmente una representatividad de la que carecen, ya que la Comisión contó con la participación de dirigentes de los apoderados, integrando la Vicepresidenta del CPMA, visando sus resultados y comprometiéndose en la difusión de sus conclusiones. Fueron ellos mismos quienes, representando a los recurrentes en el seno de la Comisión, formularon diversas peticiones para ejecutar con posterioridad a la emergencia (incluido el despido del profesor nombre reservado).

Con lo expuesto, dice, se desvirtúa el único antecedente incorporado por los recurrentes al momento de deducir el recurso de reposición que enervó la inadmisibilidad del recurso, de manera que la pretensión de los reclamantes no obedece al sentir de la comunidad educativa en su conjunto, ni representa a los padres y apoderados del Colegio, quienes más bien se encuentran satisfechos con los procedimientos existentes y las actuaciones desarrolladas por el Colegio.

16º) Que el informe sostiene, luego, que el recurso de protección no es idóneo para discutir materias de lato conocimiento, como pretenden los recurrentes.

Comenta que cuesta poder determinar el real objeto del recurso deducido. Al analizar el libelo presentado, señala, surgen innumerables dudas: ¿cuál es el acto que se estima ilegal y/o arbitrario?, ¿cuáles son las omisiones que se estiman ilegales y/o arbitrarias?, ¿cuáles son las normas que se estiman infringidas?, ¿qué criterios determinarían la existencia de arbitrariedad?, ¿qué vínculo causal estiman los recurrentes que existiría entre el acto u omisión denunciadas y la vulneración de derechos?, ¿cómo se entiende que las recurrentes por quienes se deduce la presente acción cautelar concurran voluntariamente a clases a un lugar en donde se estima que sus vidas corren serio peligro? Ninguna de estas interrogantes es resuelta por el recurso deducido y por lo mismo se hace muy evidente su improcedencia, pareciendo ser la acción impetrada un medio en un escenario general de litigio.

Lo que si se afirma de manera certera en el recurso y de manera reiterada, son un conjunto de imputaciones que pretenden relacionar el fallecimiento de nombre reservado con alguna presunta acción y/u omisión relacionada de alguna manera al Colegio y/o sus trabajadores. Así, sostienen los recurrentes que “como padres de dos alumnas de Colegio Altamira, no podemos obviar las omisiones tanto del protocolo de enfermería, como del actuar del cuerpo docente y directivo en relación a la muerte de nuestro hijo Tomás, las cuales se reflejan en este “Trabajo en Comisión”, el cual en nada asegura que situaciones tan terribles como las que nuestra familia ha vivido no vuelvan a repetirse, de manera que los niños y jóvenes, alumnos del Colegio Altamira, se encuentran bajo una evidente amenaza que su adecuada preservación de la salud, y aún eventualmente de su vida, no se vea expuesta a un manejo de emergencias absolutamente inadecuado o derechamente perjudicial, ante la aparición de alguna complicación de salud, durante el desarrollo de las actividades escolares y aún ante la tan común aparición de accidentes que, en caso que sean de gravedad, su manejo de urgencia quedará entregado a decisiones inadecuadas, no estandarizadas o protocolizadas, ni menos sometidas a una revisión exhaustiva y profesionalizada.”

Agrega que el Colegio ha cumplido satisfactoriamente su deber de cuidado, respondiendo al mandato legal y a las exigencias que determinan la naturaleza del proyecto educativo emprendido.

Antes de dar respuesta al fondo del recurso, precisa que el real objeto del recurso deducido y la resolución de la litis que le da origen, constituye una discusión de lato conocimiento que excede los límites que una acción cautelar, como el recurso de protección, puede abarcar.

Conforme con lo anterior, los recurrentes obvian que esta acción propende el restablecimiento del imperio del derecho cuando hay una infracción urgente, flagrante o inmediata, cuestión que no se precisa en los hechos descritos en el recurso. Por el contrario, lo que los recurrentes pretenden es sostener un debate acerca de responsabilidades legales respecto de hechos cuyo conocimiento está entregado a los tribunales civiles y/o penales, a través de procedimientos contradictorios de lato conocimiento. De hecho, el petitorio del recurso no tiene si no por objeto el establecer judicialmente algún juicio de valor sobre el protocolo existente, en particular respecto a su forma de establecimiento, contenido concreto y posterior difusión, cuestionamiento que excede la naturaleza cautelar del presente recurso de protección.

Al respecto, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, afirmando luego que el recurso intentado por la contraria debe ser rechazado de plano, atendido que las materias reclamadas exceden la naturaleza cautelar y de urgencia de este procedimiento.

17º) Que, seguidamente, el informe afirma que el acto recurrido, por su naturaleza, no puede vulnerar derechos fundamentales, careciendo el recurso deducido de objeto.

Los actos ilegales o arbitrarios en los cuales se funda la acción de protección han sido definidos por la recurrente como “el informe mismo y sus conclusiones, así como con las omisiones de medidas adecuadas para la preservación de la vida y salud y, las condiciones ambientales y contextuales en que se están prestando las acciones educativas, en relación con todos los alumnos del Colegio Altamira.”

Expresa que el Informe de la Comisión y aquellas omisiones indicadas por los recurrentes no tienen la entidad necesaria para afectar derechos fundamentales. Particularmente el Informe de la Comisión corresponde a un documento descriptivo a través del cual se estableció en base a un conjunto de antecedentes, un relato más preciso acerca de la urgencia médica que afectó a nombre reservado y de las medidas previas e inmediatas adoptadas por el Colegio y sus trabajadores a su respecto. A su vez, el informe efectúa algunas recomendaciones y da como plazo para su implementación el primer semestre del año 2015. Expresa que no se ve como este documento puede poner en riesgo la vida, la integridad física y la educación de los alumnos del Colegio Altamira. Un informe descriptivo y de recomendaciones no puede, por su naturaleza y objeto, lesionar derechos fundamentales, por mucho que los recurrentes cuestionen sus conclusiones o contenido. Esta mera discrepancia no permite dotar a este instrumento de la capacidad de lesionar derechos fundamentales.

De lo antes dicho, afirma, resulta inconsistente sostener que por medio de una Comisión bipartita, que ha sido ratificada por los apoderados y en la cual ha sido representada la familia recurrente a través del Centro de Padres, podría contribuir a conculcar garantías tan relevantes como la vida e integridad física de los estudiantes, cuando el instrumento cuestionado se ha creado precisamente para fortalecer las prácticas de cuidado ya existentes en dicha comunidad escolar.

Por lo expuesto resulta evidente que no hay derecho amagado por la decisión de la recurrida, en tanto si se examinan los propósitos del Informe, de su procedimiento, de su integración y de sus recomendaciones finales, se podrá observar que se tratan de acciones tendientes precisamente a proteger los derechos que la recurrente estima vulnerados.

A mayor abundamiento, el recurso deducido carece de objeto por cuanto en buena medida su petitorio se encuentra satisfecho. Al respecto recuerda que solicita, tras su modificación:

(i) Informe urgente de la Sociedad Educacional Altamira S.A. a fin que indique cuál es el protocolo de seguridad para enfermería y casos de urgencia por accidentes o enfermedad en el Colegio Altamira y en base a cuáles criterios o parámetros técnicos se ha diseñado.

(ii) Sin perjuicio de lo que se informe, ordenar que se estandarice y actualice el protocolo de enfermería y/o emergencias a la realidad del alumnado de Colegio Altamira que contempla la matrícula de alta vulnerabilidad de salud y frente a accidentes.

(iii) Ordenar la difusión de estos protocolos, a fin de que estén a disposición de padres y apoderados, y de toda la comunidad educativa.

(iv) Sin perjuicio de todo lo anterior, y en virtud de lo que sea informado por el recurrido, el tribunal adopte todas las medidas urgentes que estime adecuadas para preservar las garantías bajo amenaza y que estime compatibles con la naturaleza cautelar de la acción constitucional intentada.

Como se ha dicho en el informe, los resultados de la Comisión establecieron recomendaciones que deben ser cumplidas por el Colegio durante el primer semestre académico de este año, de manera de constituir parte de un proceso que está siendo desplegado por la recurrida, lo que demuestra la total falta de objeto del presente recurso.

No siendo el acto impugnado un medio apto para vulnerar garantías constitucionales, una acción como la entablada no puede prosperar, debiendo rechazarse el recurso deducido. Cree evidente que en la especie se enfrenta un recurso donde se ha intentado relacionar hechos inconexos y carentes de relevancia constitucional.

18º) Que, luego, el informe argumenta que no concurren los requisitos exigidos para conceder la protección solicitada.

En primer lugar, dice que no hay acción u omisión ilegal y/o arbitraria. Lo sustentado por la recurrente es improcedente y así seguramente será declarado.

En principio, hace presente que su representada ha cumplido satisfactoriamente la normativa aplicable. Un análisis de la misma demuestra que esta afirmación es indesmentible.

La Ley General de Educación, únicamente señala en el artículo 9º, en lo que atañe a la materia en estudio, que “el propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno”. A su vez, en lo relativo a las obligaciones de los sostenedores el artículo 46 contempla entre los requisitos para obtener el reconocimiento oficial la obligación de “f) contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”. Al efecto, su representada cuenta con el citado reglamento de Convivencia.

A su turno, la Ley 20.529, sobre el Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, regula entre otras cosas, los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos y sus sostenedores. Así, en el artículo 6º se define que uno de estos estándares será: “6. Convivencia escolar, en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a la diversidad, mecanismos de resolución de conflictos, y ejercicio del liderazgo democrático de los miembros de la comunidad educativa”.

En el inciso final del mencionado artículo se prescribe que “los estándares señalados precedentemente constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación contemplado en esta ley y su incumplimiento no dará origen a sanciones”.

Como se aprecia, la legislación vigente exige a los Colegios contar con un reglamento interno de convivencia, cuyo contenido se encuentra definido en un acto administrativo posterior.

En particular, el instrumento que regula el contenido de los Reglamentos Internos es el Ordinario Nº156 de la Superintendencia de Educación, de 26 de marzo de 2014, el cual dispone que el “Reglamento Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para el caso de accidentes”, adicionalmente este acto administrativo prescribió que “se reitera la importancia de contar con las medidas de seguridad necesarias que resguarden el buen funcionamiento del establecimiento educacional tales como señalética visible, salidas de emergencia en buen estado y claramente identificadas, extintores cargados, botiquín, enfermería o primeros auxilios, escaleras con pasamanos y antideslizante, instalaciones eléctricas y de gas seguras y cierres perimetrales”.

19º) Que el informante agrega que en el caso de marras se reclama de una ilegalidad inexistente. La normativa aplicable ha sido cumplida a cabalidad por su representada, por cuanto ésta cuenta tanto con un Reglamento Interno de Convivencia, como con un protocolo ante emergencias, así como cuenta con enfermería, botiquín y una auxiliar de enfermería que está presente en todo momento en dependencias del Colegio. A su vez, sobre el 80% de los profesores fue debidamente capacitado, en abril de 2013, en primeros auxilios por la Clínica Santa María y más del 30% de los educadores del Colegio son educadores diferenciales, quienes poseen formación universitaria especializada respecto al manejo que deben darle a personas con capacidades diferenciadas. A su vez, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, la intervención del profesor nombre reservado en relación a los primeros auxilios dados a nombre reservado se encuentra validada por cuanto éste posee capacitación especial en primeros auxilios en lugares remotos, expedida por la WAFA (Wilderness Advanced First Aid). También cuenta el Colegio, para seguridad de sus alumnos, con un sistema de cámaras de seguridad que graban todas las dependencias comunes del Colegio y cuyos registros fueron vitales para revisar la actuación del profesorado y personal administrativo que intervino en la emergencia.

El Protocolo de Enfermería, disponible en la página web del Colegio, define como finalidad “informar de una manera clara y concreta la intervención que se presta en cada situación de urgencia durante el horario escolar”. En cuanto a su objetivo, establece que se trata de “proporcionar la máxima seguridad posible y bienestar físico y psíquico a los alumnos”. Adicionalmente, el protocolo, consagra la forma de proceder ante algunos casos, precisando:

(i) “Enfermedad Común: En los casos de vómito, cefaleas, diarreas, fiebre, estados gripales, otitis, dolor abdominal, se hará una valoración inicial por la auxiliar de enfermería y si el alumno está autorizado para medicación, podrá recibir un analgésico, antipirético o antinflamatorio, posterior a ello, se observará al alumno, y de no haber mejoría se avisará a los padres para que sea retirado. Si no está autorizado para recibir medicación, se observará al alumno, y de no haber mejoría se avisará a los padres para que sea retirado.

(ii) Accidente leve: En el caso de pequeños accidentes, rasguños, rozaduras, golpes leves o similares, cuyo tratamiento puede ser realizado en la enfermería, serán atendidos sin ningún trámite, avisando al apoderado vía papeleta, donde se indicará, fecha, hora y motivo de la atención.

(iii) Accidente Moderado: En el caso que se requiera atención médica, pero admite cierta demora, se realizaran los primeros cuidados en la enfermería y se deberá llamar al apoderado en forma inmediata para que lo trasladen a un centro asistencial, en caso de no localizar al apoderado en un tiempo razonable, se trasladara a la clínica con que tenga seguro escolar, si no cuenta con seguro escolar contratado, será trasladado al centro asistencial indicado por los padres en la ficha médica del alumno, de no contar con esa información, al centro asistencial más cercano. Podemos considerar accidentes moderados, casos como por ejemplo: golpes que requieran evaluación radiológica para detectar esguinces, fracturas, fisuras; heridas que precisen sutura; rotura parcial o pérdida total de pieza dental y otros accidentes moderados.

(iv) Accidente Grave: Ante una emergencia vital, que requiera atención médica sin demora, se avisará al seguro escolar contratado y/o al SAMU para que envíen una ambulancia, se realizaran los primeros auxilios, se contactará con los padres o apoderados para informar lo ocurrido y el centro al que será trasladado el alumno, para que puedan concurrir a la brevedad posible. En todo momento una persona del colegio acompañara al alumno, hasta que lleguen los padres. Podemos considerar accidentes graves, casos como por ejemplo: convulsiones con o sin pérdida de conciencia; traumatismos craneoencefálicos, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, fracturas, cuerpos extraños en vías respiratorias, entre otros de carácter grave”.

20º) Que el informe señala, en relación a la asignatura de educación física, que el Colegio desarrolla desde hace años una política de evaluación personalizada, precisamente por tratarse de un colegio de integración, la cual propende el auto cuidado y se basa en una evaluación vinculada a los avances personales. Así, las calificaciones no dependen del cumplimiento de metas objetivas o grupales, tiempos pre establecidos o determinados resultados, si no que están definidos por las particularidades de cada alumno y por las propias mejoras que éste, según su contexto personal, pueda efectivamente alcanzar. En virtud de esta política el Colegio, año a año, solicita vía mail a padres y apoderados la remisión de antecedentes médicos que se deban tener en cuenta a la hora de determinar que alumnos integrarán la clase de educación física y los requerimientos que a su respecto pueden desarrollarse.

En relación a alumnos que presentan asma, el Colegio efectúa una práctica diferenciada en materia de educación física, promoviendo la auto regulación del mismo, existiendo una coordinación entre el profesor de educación física y el alumno para definir una carga que sea apta para sus condiciones, estableciéndose actividades y criterios de evaluación personalizados, y recabándose la totalidad de antecedentes médicos que sean aportados oportunamente por la familia.

21º) Que el informe añade que, dicho lo anterior, no se vislumbra de qué manera el denominado “Informe de Comisión” o un conjunto de omisiones que jamás se precisan, puedan revestir el carácter de actos ilegales y/o arbitrarios. Sobre este punto precisa que para que exista una omisión que pueda catalogarse de ilegal y/o arbitraria, debe existir primero un deber de garante establecido normativamente. Los recurrentes son incapaces de identificar las omisiones cuya legalidad reclaman y de determinar la fuente de la posición de garante que estiman infringida. Lo mismo ocurre respecto del Informe contra el cual recurren, pues jamás precisan cual es en concreto la ilegalidad y/o arbitrariedad respecto de la cual reclaman, de hecho, confunde el recurrente la ilegalidad que alega con la vulneración a las garantías. A contrario sensu, en base a los antecedentes expuestos es posible establecer que la escueta regulación que existe en la materia se cumple a cabalidad y que el Colegio ha desarrollado planes y políticas propias en esta materia, las cuales corresponden a su calidad de Colegio de integración, no siendo efectiva por tanto la arbitrariedad que pretenden configurar los recurrentes.

Hace presente que según ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema, la ilegalidad resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público, o reconocidas a un sujeto natural.

Por su parte, según aparece de las Actas de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, arbitrariedad es todo aquello que resulta caprichoso, irracional, sin sentido lógico y carente de razonabilidad. Así por lo demás se ha resuelto invariablemente: “Un acto es arbitrario cuando carece de sustentación lógica y se presenta como mero punto del capricho o la sin razón”.

22º) Que el informante indica que la revisión de los antecedentes que amparan la decisión de la recurrida en términos de instruir, junto al CPMA, una Comisión que recreara los hechos y dirigiera sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y protocolos de emergencia del Colegio, resulta una decisión razonable.

Por otra parte, de manera alguna puede atribuirse voluntariedad, capricho o falta de razonabilidad en el acto que se impugna. Se podrá vislumbrar en el contenido del Informe la existencia de un razonamiento lógico, la apreciación de los antecedentes, etc. Todo lo anterior demuestra que no ha existido voluntariedad o capricho alguno en el caso de autos.

En consecuencia, la decisión impugnada cuenta con uno de los requisitos esenciales que le son propios para surgir válidamente a la vida del derecho, vale decir, se encuentra debidamente motivada, esto es, cuenta con un fundamento razonable, carente de todo capricho y por ende conteste con el principio de legalidad consagrado en la constitución.

Advierte que el procedimiento para adoptar el acuerdo que dio origen a la resolución recurrida, está fundado en el espíritu colaborativo e integrador que inspira el modelo educativo que abraza su representada y no emerge, como ha sostenido la recurrente, en un esfuerzo inocuo del Colegio.

Añade que la recurrente estima el Informe elaborado apoyándose en sus particulares apreciaciones e interpretaciones, así como en meras aprensiones, acerca de la posibilidad de una afectación inexistente.

De lo reseñado, se concluye que en ningún caso la actuación del Colegio revista los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que se le imputan, de manera que resulta evidente la ausencia de uno de los elementos fundantes de esta acción de protección.

23º) Seguidamente, señala que no hay afectación de derechos fundamentales, y como ha señalado, si no existe una garantía constitucional agraviada, no debe darse lugar al recurso deducido aunque, hipotéticamente, la decisión impugnada pudiere tacharse de ilegal y/o arbitraria.

Dicho de otro modo, la sola ilegalidad de una resolución -cuestión que en el caso niega y plantea para el solo efecto del análisis- no trae aparejada por si sola la afectación a una garantía constitucional protegida, en tanto no se demuestre relación de causalidad entre el acto que se estima ilegal o arbitrario y el agravio a la garantía constitucional.

De no acreditarse la vulneración de una garantía constitucional, siendo como es el recurso de protección precisamente una técnica de protección de tales garantías, no corresponde que la Corte declare en abstracto que tales o cuales actos de ciertos órganos son dejados sin efecto.

En cuanto al análisis de las garantías, señala que no existe un fundamento lógico, antecedente alguno y además verificable, sobre la afectación de los derechos que se estiman amagados, de hecho el único antecedente que se presentó en este sentido ha sido desmentido por la entidad que le dio origen, el Centro de Padres y Madres del Colegio. Carece de razón plantear que el funcionamiento de un establecimiento educacional amenace la vida y la integridad física de sus alumnos. Esta afirmación, que es la que sostiene el recurso deducido, no se condice con la historia del establecimiento, con su aporte en la integración de nuestra sociedad y con la dedicación y profesionalismo con que todo el equipo docente del Colegio desarrolla su tarea. Tampoco se condice con la conducta de los recurrentes, quienes continúan enviando a clases a sus hijas, por quienes recurren, a un lugar en donde estimarían que su vida e integridad física se ve amenazada.

24º) Que el informe agrega que los actos y omisiones que intentan identificar difusamente los recurrentes carecen de la aptitud para lesionar derechos fundamentales.

En relación al derecho a la educación, contenido en el artículo 19 Nº10, transcribiendo su definición, así como lo que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el particular.

Agrega que se ha dicho que “el derecho de educación preferente de los padres, en cuanto derecho, es una facultad de obrar frente a órganos del Estado, instituciones, grupos y personas que pretendieran dirigir, orientar o llevar a cabo la educación de sus hijos, que se traduce en la elección del establecimiento de enseñanza en que tendrá lugar la enseñanza formal y en las acciones educativas que realice el núcleo familiar en la enseñanza informal de niños y adolescentes, y en cuanto deber constitucional se traduce en obligaciones de hacer, las que existen tanto en la enseñanza formal en que los padres han de colaborar con la acción educativa del establecimiento que eligieron para sus hijos, como en la enseñanza informal en que no pueden eludir la responsabilidad educativa que les incumbe”.

Argumenta que en este caso no hay ninguna afectación posible al derecho a la educación en tanto el Colegio ha propendido como proyecto a la educación en la integración, proyecto al cual han suscrito los recurrentes. Hace presente que el numeral l0º del artículo 19 se encuentra fuera de aquellos derechos fundamentales cuyo restablecimiento puede ser solicitado a través de la interposición de un recurso de protección, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual esta alegación debe desecharse en todas sus partes.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido, en los términos expuestos en el cuerpo de la presentación, y en mérito de lo señalado y disposiciones legales y reglamentarias citadas, rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho; por no existir acto ilegal ni arbitrario que incida en los derechos aducidos por la contraria; y en consecuencia rechazar el recurso de protección deducido, con costas.

25º) Que, expuesto todo lo anterior, debe señalarse que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

26º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

27º) Que lo que antes se ha expuesto permite desde luego, ir depurando el asunto de que esta Corte debe conocer en esta ocasión.

En primer lugar, en la especie se ha entablado el reclamo o acción cautelar de protección respecto de una acción estimada ilegal o arbitraria, y se ha reprochado además, por parte del recurso, una omisión, que tendría el señalado carácter, de ser arbitraria o ilegal, tratándose del Informe final emitido por una comisión formada luego del fallecimiento de un hijo de los recurrentes, quien sufriera un problema de salud ligado a una afección de que padecía –asma- mientras asistía a una clase de educación física, siendo trasladado a un establecimiento hospitalario, donde posteriormente falleció.

Ciertamente, sobre dicho trágico evento no cabe emitir opinión ni pronunciamiento alguno a esta Corte, puesto que éste no es, ni puede serlo, una materia que sea posible de plantear por medio de la presente vía.

Luego, puede añadirse que el recurso es en cierta medida confuso, ya que como se hizo ver al inicio de esta sentencia, la recurrente plantea que los actos ilegales y arbitrarios respecto de los cuales se reclama protección constitucional dicen relación tanto con el Informe final mismo de la Comisión formada en el Colegio Altamira, y sus conclusiones, así como con las omisiones de medidas adecuadas para la preservación de la vida y de la salud, y las condiciones ambientales y contextuales en que se están prestando las acciones educativas, en relación con todos los alumnos de Colegio Altamira, entre los que se incluyen sus hijas y hermanas de nombre reservado, así como los demás educandos, entre quienes existen algunos de alta vulnerabilidad de salud. Sin perjuicio de lo previamente señalado, se debería entender que la expedición del informe podría constituir el acto reprochado, y las carencias que aducen los recurrentes, las omisiones.

Precisan los recurrentes que la presente acción constitucional no persigue la adopción de medidas relacionadas con la muerte de su hijo, sino que con aquellas que deben adoptarse ahora, de manera urgente, en relación con sus hijas —sus hermanas- y aún de los restantes alumnos del Colegio Altamira, entre quienes hay alumnos de alta vulnerabilidad como niños oxigeno dependiente, con hiperreacciones alérgicas, epilépticos, entre otros.

Hasta ahora, dice, la falta absoluta de adopción de medidas, se ha hecho evidente a partir de la entrega del Informe final de la Comisión que se conformó a raíz de estos hechos, el 12 de mayo de 2015. No obstante lo dicho, lo relativo a la muerte del menor ocupa varios párrafos del libelo que se analiza.

Lo expuesto revela que se califican de actos las omisiones que se reprochan, ya que a esto se limita el recurso, esto es, la falta de adopción de las medidas que quienes recurren estiman o entienden, que se deben adoptar en el seno del Colegio, lo cual sería una omisión del Informe Final, informe materia del recurso, al que se imputan ilegalidad, arbitrariedad e infracción de dos garantías constitucionales. Lo anterior, porque el acto reprochado, el informe mismo, lo es en cuanto a su forma de constitución, previa, de modo que, por esta razón, no se podría reclamar de ello, pues el plazo para hacerlo habría transcurrido.

28º) Que, ciertamente, debe desde ya rechazarse la pretensión de los recurrentes en orden a intentar ampliar el alcance del recurso, también en relación con otras personas ligadas al establecimiento educacional Colegio Altamira, que no han sido identificadas en el libelo respectivo, y que tampoco han manifestado su intención de recurrir y ser representadas por los recurrentes o los abogados que intervienen en este asunto. Lo anterior, porque la acción cautelar de protección, como se dicho en forma reiterada, pues así surge del artículo 20 de la Carta Fundamental de la República, no es una acción de naturaleza popular. En el presente caso, se ha pretendido pedir cautela respecto de personas totalmente indeterminadas y ajenas a los recurrentes.

Aún más, de acuerdo con el mérito del informe emitido, el Centro de Padres y Madres del Colegio Altamira se ha marginado, expresamente, de lo hecho por los recurrentes en autos.

Del mismo modo, hay que poner de relieve que el referido artículo 20 limita las garantías del artículo previo, el 19, que se encuentran protegidas por este arbitrio cautelar de rango constitucional, estando excluida la del numeral 10 de este segundo precepto, que es uno de los dos que se han pretendido infringidos.

Por lo tanto, cabe sobre el particular consignar que no se puede fundar el recurso en dicho numeral 10 del artículo 19, quedando entonces constreñido el arbitrio constitucional tan sólo a la garantía del numeral 1º.

29º) Que, dicho lo anterior, hay que añadir que resulta en extremo difícil abordar un recurso de tal manera estructurado, en el que se plantea tal cúmulo de materias, partiendo por el relato de la muerte del menor nombre reservado, el cuestionamiento de la conformación de la Comisión creada en dicho colegio, lo que derivó precisamente de dicho evento, además de todo lo que se expuso previamente, lo cual ciertamente que no puede ser ventilado en una acción de esta limitada naturaleza, y que no guarda relación alguna con las extremas peticiones que se plantearon inicialmente en el mismo, que implicaban nada menos que esta Corte, en la práctica, orientara o impusiera las políticas de prevención de riesgos del colegio recurrido, con medidas que escapan por completo a las posibilidades de una acción cautelar, como aquellas de “Disponer de manera inmediata la contratación de personal capacitado y, asimismo dotar de medios materiales adecuados la enfermería y las dependencias que sean necesaria para situaciones de emergencia.”, y las demás que se pueden leer a fs.37.

Gran razón tuvo esta Corte cuando declaró inadmisible el recurso a fs.43, lo que obligó a la parte recurrente a moderar el tono de sus pretensiones, a las que se leen a fs.46, las que, desde luego, como surge del informe emitido, y a raíz de lo cual fue repuesta la inadmisibilidad por este mismo tribunal, medidas que, en cualquier caso, ya se encuentran cumplidas, según podrá verse.

En todo caso, el nuevo petitorio final del recurso ha dejado convertido a éste casi en una cuestión de carácter meramente informativo, ya que, como quedó expuesto en su momento, se pretende ahora que se solicite a la Sociedad Altamira S.A. informar cual es el protocolo para enfermería y casos de urgencia por accidentes o enfermedades del Colegio y en base a cuales criterios o parámetros técnicos se ha diseñado. Además, se pretende que se difunda. El cambio del petitorio provoca una situación de posible extemporaneidad, que, en atención a la naturaleza de lo planteado y la falta de sustento del recurso, se obviará.

Seguidamente, se ha pedido ordenar que se estandarice y actualice el protocolo de enfermería y/o emergencias a la realidad del alumnado de Colegio Altamira, cuestión que también se ha hecho de oficio por el propio colegio, como éste ha informado. En cualquier caso, ordenar estandarizar y actualizar el referido protocolo es una solicitud tan amplia y vaga que no podría jamás ser dispuesta por medio de una sentencia dictada en una acción cautelar como la presente.

30º) Que, siguiendo con lo razonado, cabe agregar que también se ha pedido por los recurrentes ordenar la difusión de los protocolos, a fin de que estén a disposición de padres y apoderados y de toda la comunidad educativa. Como ya se indicó previamente, los recurrentes solo pueden pedir en relación con ellos mismos, habida cuenta que no representan, como pretenden, a toda la comunidad educativa del Colegio Altamira.

Finalmente, dejan abierta al tribunal la adopción de las medidas urgentes que se estimen adecuadas para preservar las garantías bajo amenaza y que el tribunal estime compatibles con la naturaleza cautelar de la acción constitucional intentada. Esta Corte, a su turno, luego del examen de los antecedentes, estima que ninguna medida puede adoptar, por las razones que se dirán seguidamente.

31º) Que, a la luz de lo que se viene diciendo, esta Corte debe analizar si el acto y las omisiones que se reprochan existen, y si éstas son ilegales o arbitrarias. Y aún, de serlo, si transgreden el numeral 1º del artículo 19 de la Carta Fundamental, única garantía constitucional protegida, de las dos invocadas.

La respuesta a todo lo anterior es negativa.

Desde luego, el acto reprochado, el informe final de la comisión formada en el Colegio recurrido, no puede ser estimado, en sí mismo, como acto ilegal o arbitrario, pues no infringe ley alguna ni ha sido producto del mero capricho o arbitrio de quienes lo expiden. En cuanto a la manera como se constituyó, ya se dijo lo pertinente, de modo que no se repetirá lo expresado.

De otro lado, el reproche, en el fondo, se puede limitar a lo que se ha expuesto previamente, en orden a que los hechos relatados han dado lugar a que se cometan actos y omisiones ilegales y arbitrarias, según los recurrentes. Según advierte el tribunal, se trata solamente de omisiones.

En efecto, en primer lugar, aluden a las omisiones de colegio Altamira a partir del denominado “Trabajo de Comisión” de 12 de mayo de 2015, señalando que desde que tomaron conocimiento del “Trabajo de Comisión”, en el cual se señalan conclusiones y recomendaciones para supuestamente mejorar los procedimientos de emergencia del Colegio Altamira, hasta la actualidad, nada ha cambiado en la regulación del establecimiento educacional, en relación a su protocolo de emergencia o de enfermería, ya que entienden que como recinto educativo con una especial orientación a la integración de niños con necesidades especiales, su estándar de cuidado debería ser mucho mayor que el del resto de los colegios, o por lo menos dar la señal tanto a su cuerpo de profesores como para el resto de la comunidad educativa de una preocupación por los procedimientos de emergencia, para que casos como la muerte de su hijo Tomas no vuelvan a ocurrir.

Acusan que, en los hechos, Colegio Altamira no ha tomado ninguna nueva medida de prevención ni tampoco ha realizado ninguna actualización en sus procedimientos de emergencia, lo cual solo los hace concluir que la muerte de su hijo, solo será recordado como un lamentable accidente, y no como la oportunidad de avanzar hacia un mejor Colegio en el cual se invite a la comunidad educativa a que sea parte de la discusión y formación de un nuevo protocolo de emergencias con mayores exigencias para todas las partes, apoderados, alumnos, profesores y directivos.

Han dicho que como padres de dos alumnas de Colegio Altamira, no pueden obviar las omisiones tanto del protocolo de enfermería, como del actuar del cuerpo docente y directivo en relación a la muerte de su hijo Tomás, las cuales se reflejan en este “Trabajo de Comisión”, el cual en nada asegura que situaciones como la que su familia ha vivido no vuelvan a repetirse, de manera que los niños y jóvenes, alumnos del Colegio Altamira, se encuentran bajo una evidente amenaza que su adecuada preservación de la salud, y aún eventualmente de su vida, no se vea expuesta a un manejo de emergencias inadecuado o derechamente perjudicial, ante la aparición de alguna complicación de salud, durante el desarrollo de las actividades escolares y aún ante la tan común aparición de accidentes que, en caso que sean de gravedad, su manejo de urgencia quedará entregado a decisiones inadecuadas, no estandarizadas o protocolizadas, ni menos sometidas a una revisión exhaustiva y profesionalizada.

Estas omisiones, afirman, se mantienen como graves amenazas al derecho a la vida y a la integridad de los alumnos, que por las razones ya expuestas, corresponde al Colegio Altamira tomar adecuadamente a su cargo, dada la oferta programática integradora que ostenta y llevar a la práctica con la aceptación de alumnos con diferencias y particulares vulnerabilidades.

Empero, ningún nuevo caso de accidente han puesto en noticia de esta Corte, y que se haya producido precisamente como consecuencias de las omisiones que pretenden y que avalen sus reproches. Del mismo modo, todo lo expuesto puede ser analizado a la luz de la doctrina de los actos propios, desde que no obstante el cúmulo de deficiencias y temores que los recurrentes dicen abrigar en relación con el Colegio Altamira, aún mantienen a sus dos hijas estudiando en el establecimiento.

32º) Que, a su turno la recurrida ha expuesto, según ya quedó dicho pero se reitera, que tras el fallecimiento de Tomás, la Dirección del Colegio comenzó a recibir un conjunto de consultas, de diversos estamentos del Colegio, vinculadas a conocer con cierto nivel de precisión los hechos relativos a la emergencia y a los procedimientos de auxilio desarrollados por profesores y administrativos a su respecto. Con la finalidad de canalizar dichas inquietudes se definió la configuración de una Comisión integrada por nombre reservado, Vicepresidenta Centro de Padres y Madres Altamira (“CPMA”); Nicolás Honorato, apoderado invitado por el CMPA; María Angélica Squiccuarini, Profesora de Educación Diferencial, y nombre reservado como representante del Colegio. Según se les informó al configurar dicha Comisión, la familia nombre reservado estaría representada por la Vicepresidenta del Centro de Padres y Madres, quien incluso hizo llegar al seno de la Comisión un listado de requerimientos que la propia familia efectuaba y respecto del cual solicitaba el pronunciamiento de la Comisión. Admiten que si bien es efectivo que ningún miembro de la familia nombre reservado participó directamente en la Comisión, el Colegio entendía que ésta se encontraba debidamente representada en la instancia.

La Comisión cifró como objetivo principal, “la elaboración de un relato de los hechos que precedieron el sensible fallecimiento de nombre reservado, con el propósito de colaborar en el cuidado de la comunidad, en su conjunto”, ello por cuanto el requerimiento principal de la comunidad educativa tenía relación directa con conocer los hechos en que se había generado la emergencia y la forma de reacción del Colegio ante esta. Respecto de la metodología de trabajo de la comisión, se establecieron seis sesiones, con tareas relacionadas al levantamiento de antecedentes elaboración del relato, conclusiones e informe final. Respecto de la recopilación de antecedentes, se trabajó en dos líneas centrales, los hechos acaecidos el día del accidente y todos aquellos antecedentes previos vinculados. Para cumplir este cometido la Comisión, por medio de nombre reservado requirió de antecedentes a la familia (por medio de nombre reservado), pero la familia se negó en dos ocasiones (vía telefónica y vía mail) a hacer entrega de los antecedentes que teniendo utilidad se encontrasen en su poder.

El informe consigna que las recomendaciones del informe que es objeto del presente recurso fueron las siguientes:

a) Revisión de implementación de medidas de prevención frente a emergencias, en general y de salud.

b) Revisión y difusión de protocolo de enfermería, principalmente en lo concerniente a manejo de situaciones que impliquen riesgo vital.

c) Revisión de la pertinencia de los elementos disponibles para la realización de primeros auxilios, dentro del espacio escolar.

d) Reforzamiento de trabajo de colaboración en red, con las instituciones implicadas en contextos de emergencia.

El acto impugnado por los recurrentes, afirma el informe, corresponde a un informe meramente descriptivo y que culmina con el desarrollo de algunas recomendaciones vinculadas a la revisión y posterior difusión de los protocolos existentes, los cuales fueron correctamente aplicados y que poseen consistencia con aquellas actuaciones que el Colegio puede y debe desarrollar. Este, en caso alguno configura un acto ilegal y/o arbitrario, capaz de vulnerar derecho fundamental alguno.

33º) Que, efectivamente, no se advierte cual podría ser la ilegalidad del señalado informe de la comisión en cuestión, y el recurso no ha logrado demostrarlo, ya que se ha limitado a transcribir ciertas normas, en particular de la Ley General de Educación, y esta Corte, analizando dicha normativa, no ve su transgresión, especialmente si quien es el interesado, no indica con precisión cuales serían las ilegalidades.

Tampoco podría reprocharse el informe o incluso la comisión misma, como arbitraria, entendiendo por arbitrario todo aquello que es carente de razón o sentido, que responde a la mera voluntad o capricho de alguna persona, entidad o autoridad. Aun admitiendo que el informe pudiere tener falencias, el recurso no ha demostrado que ellas pudieren ser el fruto de una arbitrariedad, sino todo lo contrario, si se formó dicha comisión y plasmó su trabajo en los términos que ha podido ver, de ello no puede sino desprenderse que el Colegio y la propia comunidad del mismo, ante la gravedad de lo ocurrido, se dispuso a efectuar una suerte de indagación, diagnóstico y propuesta de medidas, que podrán ser estimadas insuficientes por quienes recurren, pero que no podrían ser, nunca, estimadas ilegales, arbitrarias ni, mucho menos, vulneratorias de la garantía constitucional del número 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Lo actuado por el Colegio revela, según puede esta Corte apreciar, al revés de lo que piensan los recurrentes, una actitud de respeto y de real conmoción por lo ocurrido, y ello no podría ser de otro modo. Es por lo mismo que ha reaccionado del único modo que podría haberlo hecho, como ha quedado expuesto previamente. Esto es, conformando una comisión que analizara el caso y presentara propuestas.

33º) Que, en resumen, el recurso de protección no puede prosperar por las siguientes resumidas razones: en primer lugar, porque no existe un acto, salvo que pueda estimarse como tal el Informe Final de la Comisión, que ha sido la base del reclamo.

En segundo lugar, no existe una o más omisiones, ya que el informe reprochado contiene propuestas muy claras y específicas, y desde luego, esta Corte entiende que siempre podría pedirse que se incluyan ciertas y determinadas materias que pueda discurrir quien lo revise. Pero ello es atributo de quienes la conformaron, y no puede revisarse el contenido del informe, a través de esta acción cautelar de emergencia. Especialmente, si se toma en consideración que, actualmente, no existe ninguna situación de riesgo o emergencia, y que la comisión y su informe surgieron a raíz de una situación muy dolorosa.

Seguidamente, de estimarse que han existido el acto y/o omisiones, jamás podrían catalogarse de ilegales, al no existir norma legal afectada, ni arbitrarias, pues el informe y en particular su contenido, no es el resultado del simple capricho de los integrantes de la comisión, que valga decirlo en esta sección, no fue recurrida, pese a ser la autora del Informe Final reprochado. Ni podría haberlo sido tampoco, por cuanto su formación y composición no constituye acto ilegal o arbitrario.

Por último, el recurso entiende conculcado el artículo 19 números 1 y 10 de la Constitución Política de la República. El primero de ellos no se ha demostrado transgredido ni esta Corte vislumbra como podría estarlo.

La segunda garantía constitucional invocada, como se indicó, no está protegida por la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal modo que a su respecto no cabe hacer análisis alguno.

Podría incluso coincidirse con el informante, en cuanto ha planteado que las materias reclamadas exceden la naturaleza cautelar y de urgencia de este procedimiento, ya que ello es rigurosamente cierto.

Como cuestión final, tampoco han demostrado los recurrentes, la forma como el Informe les ha perjudicado a ellos, tanto como personas naturales, cuanto en lo tocante a las dos hijas que aún mantienen en el Colegio Altamira, y que se mencionan ya que el recurso indica que se ha interpuesto también en su favor. Lo único que han planteado son los temores por las supuestas carencias que han vertido en su recurso.

Por todo lo anterior, se reitera que el presente recurso no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de autos, se declara que se rechaza con costas el recurso de protección entablado por don nombre reservado y doña nombre reservado, por si y en representación de sus hijas nombre reservado y nombre reservado, en lo principal de la presentación de fs.19, en contra de Sociedad Educacional Altamira S.A., que administra, opera y lleva adelante el proyecto educativo Colegio Altamira.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Rol Nº50.950-2015.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y la Abogado Integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.

PAGE 42