Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 10 : téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 11: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 18 de marzo de 2025 comparecen las abogadas doña por nombre reservado y doña nombre reservado, quienes interponen acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de 2 de diciembre de 2024 -notificada el 18 de febrero de 2025-, por medio de la cual se tiene por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Exponen que la recurrente ingresó el 29 de agosto de 2024 por paso habilitado, y que el 4 de noviembre de 2024 manifestó ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de ingresar al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiada en Chile.

Indican que se le realizó una entrevista a su representada, sin embargo, el mismo día se le notificó a su correo electrónico la Resolución Exenta N° NUM001, a través de la cual se le indica que no cumple con los requisitos formales para ingresar al procedimiento de refugio, por lo que debía remitir más antecedentes bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, en concreto, se le solicitó subsanar: (i) “haber mantenido periodo de residencia o tránsito en país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones entendibles para no haber solicitado la protección de tal Estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal” y; (ii) “exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse al SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430”.

Hacen presente que la actora, junto a sus dos hijos, ha sido víctima de desplazamiento forzado desde el año 2006, en el que fue testigo del homicidio de su cónyuge a manos de un grupo armado en su país de origen, razón por la cual viajó a Chile.

Aseveran que se subsanó la solicitud en cuestión, toda vez que: (i) si bien su representada no solicitó asilo en Perú, ello se debe a que estuvo poco tiempo en dicho país, de manera transitoria, sin ánimo de radicarse, toda vez que su destino era Chile y; (ii) si bien existió un retraso en la presentación de la solicitud por parte de la actora, se deben considerar antecedentes particulares a su respecto, en concreto, su situación psicológica, por cuanto la realidad de las personas que escapan de una situación de riesgo es que sufran de estrés postraumático, lo que puede conllevar a dificultades en la adaptación.

A este respecto, sostienen que debieron tomarse en cuenta las razones por las cuales no se pudo cumplir con el plazo de 7 días, y ello no debió obstar a que se hiciera un análisis de su necesidad de protección.

Indican que, finalmente, el 18 de febrero de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones, haciendo caso omiso a la argumentación y documentación presentada en la etapa de subsanación, le notificó a la actora la Resolución Exenta N° NUM000, de 2 de diciembre de 2024, en la que se establece el desistimiento de su solicitud de refugio, con el argumento de “haber presentado documentación que no permite entender por subsanado el/los requisitos formales faltantes mencionados con anterioridad”.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que entienden pertinente, solicitan dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 y disponer que se adopten las medidas necesarias para restablecer y resguardar el imperio del derecho, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones que acoja la solicitud de refugio de su representada.

Segundo: Que, la abogada doña Daniela Silva Mella, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe que fue requerido, solicitando en él el rechazo del presente arbitrio, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario de su representado.

Expone, en primer lugar, que la actora no registra fecha de ingreso al país de lo que se desprende su ingreso clandestino eludiendo los controles migratorios fronterizos.

Señala que el 4 de noviembre de 2024, esto es, más de dos meses después del ingreso al país según lo declarado por la propia extranjera, ésta manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Explica que en el formulario respectivo la recurrente declaró que mantuvo un periodo de 3 años y 5 meses y, luego un año y 5 meses en Perú, sin embargo, luego decidió venir a Chile, toda vez que Perú no es un país económicamente estable, no tenía un lugar donde vivir ni tenía trabajo fijo. Además, indicó, ante la pregunta de por qué estaba realizando el trámite, que quería estar legal en Chile, poder trabajar, tener donde vivir y recibir ayuda económica.

Indica que, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 4 de noviembre de 2024, remitida al correo indicado por la actora, se le dio a conocer que no cumplía con los requisitos formales y se le solicitaron nuevos antecedentes, bajo el apercibimiento del artículo 31 de la ley N° 19.880, otorgándosele 15 días para acompañar documentos que sirvan para desvirtuar las siguientes circunstancias: (i) haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal, y; (ii) exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430.

Refiere que, si bien la actora acompañó documentación a modo de subsanación, se constató que no cumplió con los requisitos formales mínimos establecidos en la ley N° 20.430, de forma tal que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 2 de diciembre de 2024, se le tuvo por desistida de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Hace presente que en el acto en cuestión se hizo reserva de los recursos administrativos contemplados en la ley N° 19.880, que no fueron interpuestos y que no se ha dictado sanción administrativa alguna en contra de la recurrente.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida desarrolla extensamente el marco normativo aplicable, detallando los requisitos para la presentación, admisibilidad y formalización de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430 y su Reglamento, modificados por la Ley N°21.655.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° NUM000, de 2 de diciembre de 2024, por medio de la cual se tuvo a la recurrente por desistida de su solicitud de refugio, por no haber no haber acreditado en su oportunidad que hubiera requerido el reconocimiento de su calidad de refugiado en el plazo de 7 días hábiles contados desde su ingreso al territorio nacional y; haber mantenido período de residencia en otro país sin entregar razones atendibles para no solicitar protección, todo ello de acuerdo a las prescripciones de la Ley N°20.430, vigente al tiempo de presentar su solicitud de refugio.

Quinto: Que, el artículo 26 de la ley N° 20.430 prescribe, en lo pertinente: “Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular. De tal modo, deberá quedar a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que le reconozca tal condición; sin embargo, en caso de rechazo, el solicitante deberá hacer abandono voluntario del territorio nacional, si es que no le ampara alguna causal legal para su permanencia.

Para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes: (…) 3. Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo. (…) La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”.

De otra parte, el artículo 28 bis de la misma ley prevé, en sus incisos primero, tercero y cuarto que “Una vez presentada la solicitud, se evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley y si, de conformidad con el artículo 2º, es manifiestamente infundada. (…)

En caso de que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, el Servicio Nacional de Migraciones deberá notificar al solicitante de la resolución. Ella especificará los requisitos formales que fueron incumplidos y la forma y el plazo en que deben cumplirse o subsanarse. Asimismo, la resolución advertirá al solicitante que, en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida y se entenderá que su estadía pasa a ser ilegal o irregular, según corresponda, y procederá por tanto el Servicio Nacional de Migraciones a ordenar y notificar la expulsión del territorio nacional del extranjero solicitante de refugio, cuando corresponda.

El solicitante contará con el plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones, contado desde la fecha de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería”.

Sexto: Que, a la luz de la normativa reseñada, aparece conforme a lo preceptuado en ellas el actuar de la autoridad, al indicar que la recurrente no ha dado cumplimiento a los requisitos formales para darle tramitación a su solicitud de reconocimiento de calidad de refugiada, toda vez que no acreditó las razones por las cuales no solicitó refugio en Perú, país donde residió por más de tres años antes de su ingreso a Chile, ni aportó antecedentes que permitan desvirtuar el no haber presentado la solicitud en cuestión dentro del plazo de siete días hábiles contados desde su ingreso al territorio nacional, ni justificación en la tardanza en la presentación, máxime considerando que, de acuerdo a la documentación aparejada por la actora, el hecho victimizante ocurrido en su país de origen, esto es, el homicidio de su cónyuge, tuvo lugar el año 2006, saliendo recién de su país el año 2021 con destino a Perú.

Séptimo: Que, en este estado de cosas, no aparece entonces, la existencia de un acto de la autoridad en contra del recurrente que negare, impidiere o vulnerare de alguna manera, los derechos que se reconocen a los extranjeros, por la legislación ya reseñada, subsistiendo todos los mecanismos legales a los que puede acudir la recurrente ante la autoridad bajo las formas establecidas en la ley, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5076-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y el Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.