nombre reservado con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

A los folios 31 y 32: A todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece don Rubén Jerez Atenas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, presidente del sindicato SUBUS del Transantiago, como de los choferes y usuarios del sistema público de transporte, lo hace en contra de la Ministro de Transportes, Sra. Gloria Hutt Hesse, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su arbitrio en que el 11 de mayo de 2020, en el noticiario central de Canal 13 de televisión, se emitió el reportaje titulado: “LA AMENAZA DEL VIRUS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO”, en donde se denunció a la opinión pública, la falta de desinfección, limpieza y sanitización, en sus terminales o cabeceras, -al finalizar cada vuelta-, de los buses que circulan en el Transantiago, específicamente de la empresa SUBUS.

Agrega que el Estado, para cumplir con su deber de proteger a la población, según el inciso quinto del artículo 1 de la Constitución, debe garantizar que los choferes y, especialmente, los usuarios, van a contar con un servicio con condiciones mínimas de sanitización, en el contexto de la pandemia del coronavirus que afecta al país. La peligrosidad del contagio es lo que ha justificado la toma de medidas extremas decretadas por la autoridad, como el estado excepcional de Catástrofe, a partir del 18 de marzo último; y las cuarentenas totales en la mayoría de las comunas de Santiago.

Añade que corresponde al Ministerio de Transporte otorgar la debida seguridad a los choferes y usuarios y, entre ellos, al presidente del sindicato, Sr. nombre reservado.

Menciona que con el reportaje de canal 13, ha quedado en evidencia que el deber de protección a la población que le corresponde al Estado, no se está respetando, por el contrario, se somete a riesgo permanente a las personas, ocultándose a los afectados la omisión de las respectivas desinfecciones de los buses.

Asimismo, se vulnera, en consecuencia la fe pública confiada a la autoridad, respecto de la prestación de un servicio esencial.

Es por lo expuesto, que, al presente, se amenaza y se perturba el derecho a la vida, como la integridad física y psíquica de las personas, pudiéndose configurar, adicionalmente, el tipo penal del artículo 318 del Código Penal.

Por lo que pide que se restablezca el imperio del derecho asegurando la vida e integridad del afectado.

Informando FRANCISCO VILLEGAS VALLE, abogado, en representación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicita que el recurso de protección interpuesto en autos sea desestimado en todas sus partes, con costas.

Funda su petición en que el Ministerio, a través de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), en el contexto de la emergencia sanitaria, ha solicitado a las empresas operadoras de Transporte Público de Pasajeros de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, la implementación de diversas medidas que tienen por objeto la prevención de contagios, la reducción del riesgo de propagación, y la protección de la salud tanto de usuarios como trabajadores de dichas empresas, solicitando adicionalmente las modificaciones a sus Programas de Operación cuando correspondiera.

Por otro lado, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus fines, el Ministerio ha mandatado a los Municipios de la Provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en el marco del denominado “Plan Piloto de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Operativa Tipo Transantiago desplegada en los Puntos de Parada pertenecientes al Sistema de Transporte Público Metropolitano”, la realización de labores de sanitización en los diversos puntos de parada con los que cuenta el Sistema, por lo que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no existe omisión arbitraria alguna, ni tampoco privación o amenaza a la vida o a la integridad física o psíquica de los usuarios del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago.

Agrega que si bien el Contrato de Concesión de Uso de Vías vigente a la fecha y las respectivas Condiciones Específicas de Operación que regulan la prestación de servicios de transporte público de pasajeros mediante buses en la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, no contemplan la facultad expresa de fiscalizar de manera específica el cumplimiento de las medidas de carácter sanitario implementadas producto de la contingencia asociada a la propagación del virus COVID-19, el Ministerio, a través de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano, en el mes de marzo del presente año, solicitó a las empresas operadoras de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Santiago la implementación de diversas medidas tendientes a la prevención de contagios, la reducción del riesgo de propagación, y la protección de la salud tanto de usuarios como trabajadores de dichas empresas, solicitando adicionalmente las modificaciones a sus Programas de Operación cuando correspondiera.

Sin perjuicio de lo señalado, recalca que la dictación y emisión de los protocolos y normativas sanitarias asociadas al control de la pandemia son de competencia exclusiva de la autoridad correspondiente (Ministerio de Salud), razón por la cual las recomendaciones efectuadas por el Ministerio se han fundado en aquellas que han sido emitidas por dicha autoridad, instando a las diferentes empresas del Sistema a observar y dar cumplimiento a las medidas e instrucciones impartidas por aquella.

Añade que las acciones que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha adoptado en relación con las materias objeto de la consulta son, además, sin perjuicio de las atribuciones propias de la autoridad sanitaria, las que -nos consta- también han sido ejercidas durante los meses de pandemia por dicha autoridad en las dependencias de las empresas concesionarias y prestadoras de servicios del Sistema.

Adiciona que el Ministerio, en cumplimiento del deber de coordinación que recae en las instituciones de la administración del Estado, gestionó ante las autoridades del Ministerio de Salud, una campaña de vacunación contra la influenza, de carácter gratuito, con el fin de incorporar dentro de los grupos prioritarios destinatarios de dicha campaña, a los conductores y conductoras de buses del Sistema de Transporte Público de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, la cual se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2020, alcanzando un alto porcentaje de cobertura del universo de conductores/as que durante el periodo de pandemia se han mantenido en el cumplimiento de sus funciones esenciales en el Sistema de Transporte Público Metropolitano.

Luego, en ejercicio de las facultades contenidas en los instrumentos que regulan la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, se solicitó por medio de oficios suscritos tanto por el Director de Transporte Público Metropolitano, como por los respectivos administradores, la implementación de medidas que tuvieran por objeto la prevención de contagios, la reducción del riesgo de propagación, y la protección de la salud de usuarios y trabajadores de dichas empresas.

Asimismo, respecto de las empresas de buses y Trenes Metropolitanos S.A., se solicitaron adicionalmente las modificaciones de sus Programas de Operación, cuando correspondiera, de manera tal de que, a pesar de la enorme baja que se produjo en la demanda por servicios de transporte producto de las medidas y disposiciones de confinamiento, el Sistema siguiera funcionando con una holgura suficiente para evitar, dentro de lo posible, la ocurrencia de aglomeraciones en vehículos e infraestructura.

En el mismo orden de ideas, corresponde señalar que adicional a la solicitud de implementación de medidas que tuviesen por objeto la prevención de contagios, se implementó por parte de la Secretaría Ejecutiva del DTPM, desde el 30 de marzo del presente año, un plan de control respecto a la sanitización de buses. Dicho plan se lleva a cabo mediante la presencia física de observadores de la Secretaría Ejecutiva del DTPM en los terminales de los operadores de servicios de transporte público de pasajeros, mediante visitas durante la semana laboral (lunes a viernes) durante las mañanas o tardes, de manera aleatoria en función del personal disponible. Destaca que cada empresa prestadora de servicios de transporte de pasajeros mediante buses se encuentra notificada de los controles que se indican.

Por otra parte y, en línea con las medidas ordenadas por la Autoridad Sanitaria, adicional al proceso de control señalado y, con la finalidad de mantener a los usuarios y trabajadores del Sistema de transporte público informados de las acciones de sanitización y limpieza efectuadas en buses, se comunica permanentemente el avance de dichos procedimientos a través de diversas redes sociales, utilizando como principal canal de difusión la red social Twitter, a través de las cuentas: @Transantiago y @Red_Movilidad.

En el mismo orden de ideas, al igual que en terminales y buses, los paraderos y refugios peatonales también han sido foco de la preocupación sanitaria del Ministerio. Sobre este punto, los Municipios que componen la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en el marco del denominado: “Plan Piloto de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Operativa Tipo Transantiago desplegada en los Puntos de Parada pertenecientes al Sistema de Transporte Público Metropolitano”, fueron mandatados por la Subsecretaría de Transportes, de conformidad a la Ley N°18.091, que establece normas complementarias de incidencias presupuestaria, de personal y de administración financiera, con cargo a los recursos dispuestos para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para efectuar labores de sanitización de puntos de parada informando posteriormente sus avances a la Secretaría Ejecutiva del DTPM.

El procedimiento descrito se compone de dos pasos, uno de limpieza del punto de parada y otro de sanitización propiamente tal, mediante la aplicación de productos químicos con poder desinfectante, con la periodicidad que cada Municipio determina.

De igual forma la Secretaría Ejecutiva del DTPM puso en marcha el denominado “Plan de Movilidad contingencia COVID”, en 1.000 Puntos de Parada del Sistema, repartidos en las comunas que comprenden la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Dicho Plan consiste en la disponibilización de información a los usuarios que se encuentren en los paraderos de buses que abarca el Plan, señalando la necesidad de mantener el distanciamiento físico necesario para evitar contagios, mediante paletas informativas y adhesivos en los asientos de los puntos de parada que recomiendan el distanciamiento físico.

A lo anterior cabe agregar que la Secretaría Ejecutiva del DTPM ha llevado a cabo campañas informativas en medios de comunicación masivos, redes sociales y mediante papelería, con indicación de los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus. Si bien, en su gran mayoría, las citadas campañas informativas tienen como principal receptor al usuario del transporte público, de manera indirecta los objetivos de dichas campañas benefician a los conductores de buses dado que toda medida tendiente a evitar contagios por parte del usuario .

Otra de las campañas informativas tuvo por finalidad aconsejar a los usuarios respecto a cómo utilizar el transporte Público de Santiago de manera más segura durante la vigencia de la emergencia sanitaria, por medio de la inserción de información través de las diferentes redes sociales institucionales y en pantallas publicitarias dentro de los buses del Sistema que cuentan con dicha tecnología.

En la misma línea informativa, la Secretaría Ejecutiva del DTPM ha continuado durante la vigencia de la emergencia sanitaria entregando información, tanto para usuarios como operadores de buses del Sistema, por medio de piezas gráficas que indican el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público.

En resumen, cada uno de los planes de sanitización, tanto en buses como en la infraestructura complementaria para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros, junto con sus respectivos planes de control, así como las campañas informativas, han sido impulsadas por la Autoridad de Transporte en ejercicio de sus atribuciones de fortalecimiento de los servicios de transporte público con el fin de propender a un transporte digno, confiable, seguro y sustentable y, que resultan ser adicionales a las medidas que cada una de las empresas del Sistema, en el ámbito de su competencia y gestión privada, o en cumplimiento de las normas e instrucciones dispuestas e impartidas por la Autoridad Sanitaria, han adoptado en favor del resguardo de la salud, integridad y demás condiciones de trabajo del personal del servicio público de transporte.

Por lo que, aduce, aparecería de manifiesto que el actuar del Ministerio que se revisa por la vía del recurso de protección interpuesto, se ha ajustado en todo momento a lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, razón por la cual no adolece de los vicios que se le imputan, puesto que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por sí o por medio de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano, no cuenta con las facultades para fiscalizar, ni consecuencialmente sancionar, el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud.

Es a esta última a la que corresponde disponer las referidas medidas y fiscalizar su cumplimiento, atribuciones que entendemos se han estado verificando por esa Autoridad en las dependencias de las empresas prestadoras de servicios de transporte.

Sin perjuicio de no contar con facultades fiscalizadoras ni sancionatorias, el Ministerio, por medio de la Secretaría Ejecutiva del DTPM ha implementado una serie de acciones y medidas destinadas a la protección y resguardo de la salud e integridad del personal de las empresas y usuarios del Sistema, así como planes de sanitización y de control de su cumplimiento, tanto en buses como en la infraestructura asociada a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros; del mismo modo, ha efectuado campañas informativas, por diversos medios, alusivas al control de la propagación del virus. De dichas acciones se da cuenta e informa a través de los antecedentes que se adjuntan al presente informe, para que sean tenidos en consideración por el Tribunal, que dan cuenta del actuar del Ministerio con miras a que se dispongan medidas de protección en el transporte público.

Por lo anterior es que pide se desestime en todas sus partes el presente recurso de protección, con costas.

A su tiempo, informando JORGE HÜBNER GARRETÓN, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, solicita su rechazo total.

Funda su petición en que la acción deducida no es una acción popular, como erradamente lo entiende el recurrente, puesto que la acción de protección no puede ser interpuesta en favor de personas indeterminadas, como se pretende en la acción de autos. Por el contrario, debe ser interpuesta a favor de personas específicas y determinadas que sufran los efectos de un acto arbitrario e ilegal que, a su vez, cause una amenaza, privación o perturbación a las garantías contempladas en la Constitución Política de la República.

En línea con lo anterior, los hechos en los cuales se basa el libelo, en relación con las peticiones concretas que se formulan, no se condicen con aquellos que deben ser conocidos a través de esta vía constitucional, razón por la cual debe ser desestimado en todas sus partes.

Agrega que lo solicitado por el recurrente intenta traspasar a los tribunales de justicia una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración del Estado y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población. De forma que cualquier pronunciamiento consistiría en una intromisión en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria.

Además, la autoridad sanitaria basada en las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución y leyes de la República, en particular el Código Sanitario, ha dispuesto una serie de medidas de carácter preventivo a fin de resguardar la salud de las personas del territorio nacional, adoptando cada una de ellas de acuerdo con la información disponible.

Estas medidas, se han ejecutado a contar del mes de enero de 2020, con el fin de resguardar la salud de la población frente a la pandemia de COVID-19. Así, el establecimiento de estas medidas incluso antes de los primeros casos de COVID-19, permite sostener que no ha existido ninguna acción u omisión ilegal y arbitraria en los términos expresados por el actor.

Y, además, se han adoptado una serie de medidas tendientes a instruir a la ciudadanía y a las distintas empresas respecto de los protocolos que se deben llevar a cabo en el transporte público, y fiscalizándose su cumplimiento por la autoridad pertinente. En particular respecto de la Empresa Subus Chile S.A., rut RUT reservado, producto de las múltiples fiscalizaciones, actualmente están en curso tres sumarios sanitarios, referidos específicamente sobre incumplimientos de las medidas de protección respecto del Covid.

Uno de los sumarios se inició luego de una inspección al Terminal de Buses de San Bernardo, donde se incumplieron diversas normativas, como la falta de control de temperatura; no se señaló la cantidad de EPP entregada a los dependientes; falta adaptación en el comedor, a efecto de permitir un distanciamiento social efectivo, entre otras faltas evidenciadas. Como se señaló, el sumario está en curso.

El segundo sumario que está pendiente se originó por una fiscalización realizada a durante un recorrido de un bus del Transantiago de dicha empresa, que evidenció una serie de infracciones.

El tercer sumario incoado se originó por una fiscalización realizada en el Terminal de Buses de Estación Central, donde se constató una serie de infracciones respecto de otro bus de la empresa Subus Chile S.A.

Po lo anterior viene a ratificar que no existe ninguna contravención, por parte de esa autoridad sanitaria, a ninguna garantía constitucional, ni menos aún algún supuesto comportamiento arbitrario o ilegal y la afectación del derecho fundamental, esto es, la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental.

Finalmente, informa doña nombre reservado, Directora del Trabajo, señalando que en el ámbito de su competencia, que señala el artículo 505 del Código del Trabajo, ha practicado una serie de fiscalizaciones a SUBUS Chile S.A. en materia de higiene y seguridad durante el periodo de emergencia sanitaria que afecta al país, verificando ocho infracciones, por las cuales se cursaron la multas respectivas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación de la recurrida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, una suerte de ausencia de desinfección, limpieza y sanitización en sus terminales o cabeceras, -al finalizar cada vuelta-, de los buses que circulan en el Transantiago, específicamente de la empresa SUBUS, vulnerándose el deber del Estado de proteger a la población, según el inciso quinto del artículo 1 de la Constitución, todo esto en el contexto de la pandemia del coronavirus que afecta al país, lo que extiende a la seguridad de los choferes y usuarios, entre ellos, al presidente del sindicato, Sr. nombre reservado, basándose principalmente en un reportaje de televisión, lo que afectaría de paso la fe pública confiada a la autoridad, respecto de la prestación de un servicio esencial; se amenaza y perturba el derecho a la vida, como la integridad física y psíquica de las personas, pudiéndose configurar, adicionalmente, el tipo penal del artículo 318 del Código Penal, pidiendo que se restablezca el imperio del derecho.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por ambas partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, por un lado los hechos en los cuales se basa el libelo, en relación con la petición concreta que se formula, no se condicen con aquellos que deben ser conocidos a través de esta vía constitucional. Esto último, debido a que la pretensión incide no sólo en favor del recurrente, sino que, además, en favor de los “choferes y usuarios del sistema público de transporte”, siendo que la regulación constitucional del recurso de protección, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo ‘cualquiera a su nombre’, incluso sin representación. Sin embargo, la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la cual alude el Constituyente con la expresión ‘el que’.

Es así como no es posible entender que el recurso de protección sea una acción popular, la que es posible interponer en favor de personas indeterminadas, lo que importa que no se ha acreditado el interés directo en las garantías.

Quinto: Que, por otro lado, en lo que respecta al recurrente nombre reservado, el recurso de protección tampoco es el medio idóneo para la adopción de políticas públicas sanitarias, las que corresponde a quienes ejercen la Administración del Estado y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población.

Así, a raíz de la situación actual y teniendo en consideración toda la actividad que ha desplegado la Administración del Estado para el control de la pandemia, se reitera la ausencia de actos u omisiones imputables a los recurridos que pudieran ser calificados como contrarios a los derechos protegidos en la Constitución, no resultando ser ésta la vía jurisdiccional idónea para cuestionar la plausibilidad de las medidas sanitarias proyectadas por la autoridad de gobierno.

Adicionalmente, cabe agregar que la gestión de la emergencia es una cuestión dinámica donde, cada día se toman decisiones que pretenden proteger los derechos de todas las personas y controlar los efectos de la pandemia.

Lo anterior, no quiere decir que quedan al margen de control ni eximirse del principio de legalidad, sino que, por el contrario, que, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de velar, en el estado de catástrofe por calamidad pública, por el bien común de todos y cada una de las personas de nuestra comunidad, siempre con pleno respeto a los derechos reconocidos en nuestra Constitución.

Sexto: Que, es la autoridad administrativa del Estado, cuyo superior es el Presidente de la República, cumple con la función que le es propia a través de los órganos administrativos creados para ello, dentro de los cuales destacan los Ministerios y, en concreto, en materia de salud y salubridad pública, aquello se materializa vía el Ministerio de Salud, según lo prescrito en el artículo 1 de su Ley Orgánica, en cuanto dice que a este compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.

Siendo hechos públicos y notorios que la autoridad administrativa competente ha ido adoptando las medidas que se han estimado necesarias para enfrentar la pandemia que nos afecta y, para ello, entre otros aportes, se ha apoyado en grupos de especialistas que, en conjunto con la autoridad administrativa con capacidad de decisión, han efectuado análisis permanentes y constantes de la situación de salud en el territorio nacional, no sólo en la Región Metropolitana, que la ha llevado a discernir las medidas a aplicar, lo que aleja todo atisbo de ilegalidad como arbitrariedad.

Séptimo: Que, asimismo, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de fondo, que buscan fijar el sentido y alcance de los antecedentes acompañados para impetrar su reclamo.

Octavo: Que, en efecto, en la especie la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Noveno: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento sumarísimo de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad Undécimo: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre la actora de protección y esta entidad recurrida (Ministerio de Transportes), toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a eventuales responsabilidades administrativas y/o penales, siendo que la situación de la especie se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes.

Duodécimo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de las recurrentes, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido en relación a las garantías que denuncia como vulneradas y que se encuentran reconocidas en la Carta Fundamental.

Y, de conformidad también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del MINISTERIO de TRANSPORTES y TELECOMUNICACIONES.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 50.739-2020.