nombre reservado con PRODUCCIONES Y CAPACITACION MULTIMEDIAL LTDA.

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 17 comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, estudiante, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección contra “Producciones y Capacitaciones Multimedial Limitada”, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido y que más adelante se precisará, el que vulneraría las garantías que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 1 y 24 del artículo 19.

Relata el recurrente que iniciado el año lectivo en marzo de 2015 se matriculó en la Academia Mac PC Limitada, iniciándose las clases regularmente el 14 de ese mes, una semana después de lo programado. Agrega que hasta el 26 de mayo las clases se impartieron de forma regular y dos días después los estudiantes recibieron indistintamente un llamado telefónico o un correo electrónico informándoseles la suspensión de las clases y el 2 de junio del año en curso se les comunicó que ésta tendría el carácter de indefinida. Se añade en el recurso que la situación descrita ha sido sostenida por la recurrida y que los alumnos no son recibidos por administrativos, trabajadores o funcionarios de la academia, toda vez que ésta ha cerrado sus oficinas, manteniéndoselos a todos en la más completa desinformación.

Precisa el recurrente que señalado día 2 de junio se les envió una comunicación también por correo electrónico que dejó en evidencia la situación de insolvencia de la recurrida y su incapacidad para sostener el proyecto ofrecido y el desarrollo académico, pues sólo hizo un llamado a esperar indefinidamente y con paciencia una pronta pero improbable restauración de la normalidad.

Seguidamente expresa el recurrente que la calidad de extranjero del señor nombre reservado lo sujeta al cumplimiento estricto del Decreto Ley N° 1.094 sobre Extranjería, que lo obliga a presentar un certificado de estudios a fin de convalidar o extender su visa de estudiante, situación de hecho imposible por cuanto la recurrida ha cerrado sus puertas, exponiéndolo a riesgo de expulsión del territorio de la República. Este hecho, alega, evidentemente importa vulneración a su derecho a la integridad psíquica.

A continuación manifiesta que la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida vulnera su derecho de propiedad y concluye solicitando se ordene a ésta extender sin más trámite un certificado que dé cuenta de su calidad de alumno regular o certificado de matrícula, se le exija informar el destino de los documentos mercantiles que acceden al contrato de prestación de servicios educacionales que suscribió y que proceda a la emisión de la factura o boleta que en rigor procede.

A fojas 36 y con motivo del recurso de reposición que el recurrente hubo de deducir contra la resolución que en un primer momento declaró inadmisible la acción deducida, se circunscribió la petición concreta a la orden de emisión por quien corresponda del certificado de matrícula, cuya inexistencia no imputable a su parte ocasionará su expulsión del país.

Segundo: Que a fojas 97 evacúa informe por la recurrida, actualmente en procedimiento concursal de liquidación, la liquidadora nombre reservado, quien hace presente que del mérito de la resolución de liquidación dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, aparece que la sociedad “Producciones y Capacitación Multimedial Limitada” fue declarada en liquidación concursal conforme a la Ley N° 20.720 el 11 de junio de 2015.

Señala a continuación el informe que la sociedad recurrida era, hasta la fecha de la referida resolución, una empresa que se dedicaba a la capacitación de personas, en grado de técnicos y diplomados, en el área de la informática, servicios educacionales que se prestaban en el edificio ubicado en domicilio reservado de la comuna de Providencia. En este escenario de liquidación concursal, añade, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 bis del Código del Trabajo, dentro del término legal se procedió a comunicar el término de la relación laboral a todos los ex trabajadores de la compañía, encontrándose las oficinas actualmente cerradas.

En relación al recurrente expone el informe que según da cuenta la documentación incautada, durante el mes de febrero de 2015 éste convino la contratación de un diplomado por un valor de $1.990.000, que luego de un descuento de 6% aplicado, para un programa de nueve meses, arrojó un costo final de $1.870.600 que se pagaría mediante once cheques. En el momento de la incautación, agrega, no se encontraron documentos que respaldaran esta operación.

Respecto de las peticiones del recurso estima la informante que el deducido en representación del señor nombre reservado no solicita formal y expresamente que el mismo se acoja, lo que en su concepto debería conducir a su rechazo. Sin perjuicio de lo anterior, se refiere a continuación a las peticiones efectivamente formuladas y en cuanto a la que interesa, esto es, la emisión de un certificado de alumno regular, expone el informe que no resulta posible que éste se emita, ya que no existe funcionamiento institucional ordinario con profesores, clases y alumnos que pudiera habilitar a emitir tal certificación.

Tercero: Que conforme se indicó en el motivo primero, con ocasión del pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso esta Corte resolvió a fojas 35 declararlo inadmisible, teniendo para ello en consideración que los hechos descritos en la presentación y las peticiones formuladas excedían las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar.

Esta providencia fue impugnada por el recurrente por vía de reposición, indicando en ese escrito que pedía se ordenara a quien correspondiera, a lo menos, la emisión del “certificado de matrícula, cuya inexistencia no imputable a esta parte ocasionará la expulsión del país”. Pronunciándose sobre este recurso a fojas 40, el tribunal tuvo presente que el recurrente reformuló y restringió la petición que sometía a la decisión de la Corte y lo acogió únicamente respecto de ella, declarando admisible el recurso sólo en los términos allí planteados.

Cuarto: Que, en este contexto, resulta evidente que la petición del recurso respecto de la cual esta Corte debe emitir pronunciamiento ha quedado circunscrita a requerir de quien corresponda la emisión de un certificado que dé cuenta que el recurrente se matriculó en la Academia Mac Pc Crossmedia Training Center para el año académico 2015.

Ahora bien, de los antecedentes acompañados a los autos durante la substanciación del procedimiento, valorados en conformidad a las reglas de la sana crítica conforme lo establece el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, es posible concluir que con fecha 2 de marzo de 2015, entre Academia Mac PC, Apple, Adobe y Autodesk Training Center, representada por nombre reservado y nombre reservado se suscribió un convenio de prestación de servicios en virtud del cual la primera se comprometió a entregar los contenidos y unidades programáticas del curso o diplomado elegido por el segundo. Los mismos antecedentes dan cuenta también que con esa misma fecha la Academia Mac Pc emitió una nota de venta a nombre del recurrente por $1.870.900, que registra un timbre que indica “cancelado” de 3 de febrero de ese año.

Quinto: Que sin perjuicio de la demás documentación acompañada y de la situación jurídica que actualmente enfrenta Producciones y Capacitación Multimedial Limitada, compañía que explotaría o constituiría la forma legal de Academia Mac Pc, según da cuenta el informe de fojas 97, lo cierto es que resulta indesmentible que el recurrente nombre reservado efectivamente se matriculó en la institución contra la que dirige la acción constitucional de protección y, en este entendido, la negativa a extenderse por quien en el presente se desempeña como liquidadora el certificado que dé cuenta de este hecho no encuentra sustento racional alguno y debe, por lo mismo, calificarse de arbitraria.

Asimismo, resulta igualmente incuestionable que con motivo de la suscripción del contrato aludido en el motivo anterior el recurrente incorporó a su patrimonio los derechos personales que de éste emanan, de modo tal que el desconocimiento de éstos, manifestado en la referida negativa, importa una vulneración al derecho de propiedad que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 24 del artículo 19.

En tales condiciones y para los fines que se dirá, el recurso de protección debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido en lo principal de la presentación de fojas 17 por nombre reservado, en representación de nombre reservado y a fin de restablecer el imperio del derecho se ordena a la liquidadora titular de Producciones y Capacitación Multimedial Limitada que emita un certificado que dé cuenta que el mencionado nombre reservado se matriculó en Academia Mac Pc Crossmedia Training Center para el año académico 2015 a fin de cursar el diplomado denominado Técnicas de Modelado y Animación Tridimensional con Maya FX.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° Protección 50.661-2015.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, quien no firma por ausencia.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintisiete de agosto dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.