nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Foja: 54 Cincuenta y Cuatro Santiago, siete de octubre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 17 comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, representado por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que el 16 de julio de 2013 ingresó a prestar servicios a contrata para el Servicio recurrido, como abogado del Departamento de Asesoría Jurídica y Jefe de la Unidad de Decomisos realizando las labores que detalla y que por sus altísimas calificaciones, la contrata fue renovada a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Refiere que sin haber cometido algún error, falta o haber existido disminución en el nivel de su desempeño, el 14 de abril de 2014, el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio recurrido, abogado Alfonso Toledo Valencia, en forma verbal y a puertas cerradas, le solicitó la renuncia por razones de espacio e indicándole, además, que era muy joven para pertenecer a ese Departamento, petición a la que se negó señalándole que trabajaría hasta que le fuera notificada su desvinculación y tener mínima claridad sobre los motivos de su exoneración, a raíz de lo cual el solicitante le recomendó tomar días administrativos y vacaciones porque de continuar en el Servicio lo pasaría mal.

Agrega que dado lo anterior, se vio obligado a hacer uso de los días administrativos y la comunicación, lo afectó en términos tales que luego de recurrir a asistencia médica se le recomendó seguir un tratamiento psiquiátrico y psicológico por cuatro meses.

Posteriormente, el 21 de julio de 2014 fue notificado de su desvinculación del Servicio mediante la Resolución Afecta N° 0220 de 16 de abril de 2014 con toma de razón por Contraloría, por no ser necesarios sus servicios, lo que estima arbitrario ya que su puesto fue ocupado por varios otros abogados, sin perjuicio que nunca recibió una medida disciplinaria ni se abrió a su respecto un procedimiento sumarial.

Sostiene que este término de su contrata constituye un acto ilegal y arbitrario por cuanto el acto administrativo impugnado, no contiene motivo alguno que pueda fundamentar razonablemente la desvinculación que se ha efectuado y en ningún caso una facultad discrecional puede llevar a realizar actuaciones arbitrarias como la que se expone.

El acto impugnado vulnera las Garantías Constitucionales del artículo 19 números 1, 2, 16 y número 24 de la Constitución Política de la República, puesto que se atenta contra la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley al efectuar la autoridad una discriminación arbitraria y se le ha privado de su derecho al trabajo y de propiedad sobre el cargo y más propiamente sobre la permanencia en el mismo.

Termina pidiendo que se acoja el recurso a fin de restablecer el imperio del derecho, ordenándose el cese de los actos que vulneran los derechos constitucionales indicados y el pago de las prestaciones laborales indicadas en el numeral 1) del petitorio, con costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 39 el abogado Alfonso Toledo Valencia, por el recurrido evacúa el Informe pedido por esta Corte solicitando el rechazo del recurso, en base a los siguientes argumentos:

a )por extemporáneo, ya que el acto arbitrario que se tradujo en el término de su contrata le fue comunicado el 14 de abril de 2014 por su Jefatura Directa, en forma personal y desde esa fecha a la de interposición del recurso, ha transcurrido en exceso el plazo para su interposición.

b) que, el procedimiento de desvinculación del recurrente se realizó de acuerdo a las normas establecidas dentro de las facultades otorgadas por la ley a la autoridad y dentro del ejercicio de sus atribuciones legales, ya que la contrata del recurrente dejaba a salvo el ejercicio de la facultad de ponerle término anticipadamente ya que eran bajo la fórmula mientras fueren necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2014.

c) que la arbitrariedad e ilegalidad alegada por el recurrente no es tal ya que la desvinculación del recurrente obedece a una facultad ejercida por la autoridad correspondiente, la que se encuentra enmarcada dentro de las facultades concedidas u otorgadas por la misma ley y en el ámbito de discrecionalidad que ésta también señala.

d) que no ha existido discriminación con respecto al recurrente que no tiene sobre la calidad jurídica de contrata los atributos del dominio, por lo que en caso alguno el acto administrativo lo habría vulnerado, y no se incurrió en un trato tal que vulnere el principio de igualdad ante la ley, sin que haya existido la supuesta vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha indicado, el presente recurso se define como una acción cautelar de derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, siendo sus presupuestos : a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el N° 1) del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992 dispone que: “ El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que haya noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

QUINTO: Que consta de los antecedentes agregados al recurso, lo siguiente:

a)que el recurrente reconoce expresamente, que el día 14 de abril de 2014, en forma personal y directa, fue notificado por su Abogado Jefe que era desvinculado del servicio, aún cuando los motivos que él señala que le fueron dados en esa ocasión difieren de la versión del recurrido, que sostiene haberle exhibido un correo dirigido al Jefe de Recursos Humanos del Servicio para que diera curso al acto administrativo correspondiente, por las razones precisas que en esa comunicación agregada a fojas 41, se detallaron.

b) que la anterior confesión espontánea del recurrente, en cuanto a la fecha en que tomó conocimiento de la decisión que estima ilegal y arbitraria, además, se acredita con el documento agregado a fojas 13, que aparece recepcionada por el Servicio recurrido el día 23 de abril de 2014, lo que confirma aquello que el recurrente señaló en el recurso en orden a que la comunicación de la desvinculación que le diera su Jefe en forma presencial en la fecha referida anteriormente, le produjo el trastorno que ameritó una consulta médica.

SEXTO: Que, considerando lo expuesto en los basamentos anteriores, la acción cautelar intentada en autos, debe rechazarse por extemporánea toda vez que, desde la fecha que le fue comunicado al recurrente en forma personal el término de su contrata e incluso desde la formalización de esta decisión por medio de la Resolución Afecta N° 0220 de 16 de abril de 2014 transcurrió en exceso el plazo de treinta días para su interposición, que lo fue sólo el 18 de agosto de 2014, esto es, cuatro meses después de haber tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario que se impugna.

SEPTIMO: Que en razón a lo señalado en el basamento anterior, no se estima necesario entrar al análisis de disposiciones del Estatuto Administrativo y Ley General de bases de la Administración del Estado sobre contrataciones y forma de los actos de la autoridad administrativa y asimismo, sobre las Garantías Constitucionales que el recurrente ha estimado como supuestamente infringidas.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de fojas 17 en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción del Abogado Integrante Jaime Guerrero Pavez ROL Protección N° 50.435-2014.- No firma la Ministra señora Jenny Book Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Christian Le-Cerf Raby e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y Abogado señor Jaime Guerrero Pavez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.