Protección contra Departamento de Extranjería y Migración Dependiente del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece el abogado Claudio Quiroga Hinojosa en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interpone acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración Dependiente del Ministerio del Interior de Chile, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; solicitando que la recurrida le otorgue sin más demora a la recurrente la Permanencia Definitiva solicitada.

Expone la recurrente que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 129 numeral 3 del Reglamento de Extranjería, inició trámite de solicitud de permanencia definitiva, que quedó signada por el código de trámite N°7865218 con fecha 17 de junio 2021, a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite.

A la fecha de presentación del recurso, más de 7 meses después, la recurrida aún no ha pronunciado resolución alguna respecto a la solicitud referida.

Está demora inexplicable excesiva en la tramitación de su solicitud, que entre otras cosas le trajo perjuicio tales como el no poder mantener al menos permanencia temporaria, y en vista de no obtener respuesta a la fecha del Departamento de Extranjería y Migración sobre su solicitud de permanencia definitiva, ha solicitado una ampliación de solicitud con fecha 29 de septiembre de 2021, contando, además, actualmente, con trabajo estable.

Aduce que, en el presente caso, la recurrida ha infringido la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables les fue otorgada la Permanencia Definitiva. Cita jurisprudencia.

Finaliza solicitando que se acoja la presente acción constitucional, ordenando al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad resolver la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente, y que cumplidos todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se otorgue a su representada, sin más demora, la Permanencia Definitiva solicitada, o las medidas que con prudente arbitrio se consideren más pertinentes.

A fin de dar fe de sus dichos acompaña 1) Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; 2) Pasaporte de nombre reservado; 3) Antecedentes Penales de nombre reservado; 4) Comprobante de envío de Solicitud de Permanencia Definitiva en trámite de nombre reservado; 5) Ampliación de Solicitud de Permanencia Definitiva en Trámite de nombre reservado; 6) Contrato de Trabajo de nombre reservado; 7) Certificado de Remuneraciones de nombre reservado; 8) Estado de Solicitud de Beneficio Migratorio de nombre reservado; y, 9) Resolución Exenta de nombre reservado.

2°) Que evacuando informe el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente.

Indica que el 17 de junio de 2021, la extranjera solicitó permanencia definitiva y mediante Resolución Exenta N°21281435 de 5 de diciembre de 2021 se aprueba avance de estado de trámite de la solicitud, certificándose que se encuentra en etapa de estudio preliminar, según lo dispuesto en la Circular Nº12 de fecha 24 de noviembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones.

Agrega que estando en tramitación la solicitud de la extranjera se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, entendiendo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política.

Por otro lado, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Así mismo, hace presente que la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos dictámenes que cita, que los plazos que la ley establece para los tramites y decisiones de la Administración no son fatales. Ello refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y, poniendo a disposición de la recurrente, el comprobante que acredita su residencia legal.

Indica que al ofrecer la autoridad migratoria un constante pronunciamiento respecto del estado actual de las solicitudes no es posible configurar bajo ningún respecto alguna hipótesis de silencio administrativo, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880.

Hace presente que se ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas migratorias, y por ende, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Carta Fundamental.

Adjunta a su informe (1) Resolución Exenta Nº 21281435 de fecha 05 de diciembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones y (2) Circular Nº12 de fecha 24 de noviembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

4°) Que la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”.

De esta manera, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

5°) Que, en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión relativa a los tiempos que la autoridad ha dispuesto para la resolución definitiva de un asunto, por razones atendibles que no aparecen ilegales ni arbitrarias.

6°) Que, sin perjuicio de lo anterior, esta materia está regulada en la Ley de Extranjería, DL Nº 1094, de 1975, que establece Normas sobre Extranjeros en Chile; en el Decreto Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Extranjería; y en el Decreto Nº 172, de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular de Chile. Y precisamente corresponde a tales entidades decidir a quién admite en el territorio y la situación migratoria de los extranjeros, conforme cumplan con los requisitos que se establecen para los diferentes estatutos con los cuales el recurrente debe cumplir, no correspondiendo por esta vía decidirlo.

Por lo demás, como lo ha venido sosteniendo la Corte Suprema, la acción de protección no resulta ser la vía idónea para obtener la decisión de la autoridad administrativa referida a la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente.

7°) Que a mayor abundamiento cabe tener presente para los efectos de resolver la materia las razones expresadas por la recurrida que permiten considerar la demora experimentada en resolver la petición, que tienen su origen en motivos de salud pública (pandemia y cuarentena), modificaciones tecnológicas, errores y deficiencias en las solicitudes, y altísimo número de las mismas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional interpuesta en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Dobra Lusic.

Protección N°504-2022.

No firma el Ministro señor Rivera, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.