nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y alegó, contra el recurso, el abogado del Servicio de Tesorerías don nombre reservado, por 10 minutos. Santiago 30 de septiembre de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 10: A lo principal: téngase presente; al otrosí: a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por la Tesorera General doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcado el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Pide se ordene a la recurrida deposite la suma de $366.137 en su cuenta vista consignada en el Servicio de Impuestos Internos, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 8 de mayo de 2020, recibió un correo del Servicio de Impuestos Internos, indicándole que se autorizó la devolución de la retención de las boletas de honorarios de los meses de enero y febrero de 2020, esperando varios días, sin embargo, no se efectuó el depósito ordenado.

Indica que el 11 de mayo ingresó a la página de la Tesorería General de la República para pesquisar el estado del depósito y constató que no se había efectuado porque se compensó el monto adeudado con una deuda de impuestos que tendría vigente con el Servicio de Tesorerías, señalando que actualmente dicha deuda no existe, por cuanto la única deuda que podría estar pendiente se encuentra prescrita al no haberse realizado el cobro en su oportunidad y han transcurrido más de 5 años desde la fecha de su vencimiento.

Añade que, tampoco existen deudas pendientes de bienes raíces, por cuanto no posee uno y por ello no es posible que se hubiere efectuado la compensación alegada.

Estima que, se ha visto privado del derecho a la propiedad del artículo 19 Nº24 de la Constitución.

Segundo: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado, por la Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que el Servicio de Tesorerías procedió a la retención de la devolución de impuesto a la renta correspondiente al año 2020 del actor, así como con la retención de su devolución anticipada autorizada por decreto N°420, ya que su declaración de impuesto a la renta, AT 2020, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $383.417.

Añade que, en concordancia con el decreto N°420, de 2020, del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Tesorerías debía devolver la suma de $22.361, correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del año 2020, ya que en virtud de la situación de catástrofe, por la enfermedad Covid-19 en Chile, se han adoptado medidas excepcionales y extraordinarias, como las de índole tributaria en el marco de lo señalado en el artículo 36 del Código Tributario y de lo indicado en el artículo 3° letra d) de la ley Nº 16.282, específicamente, las establecidas en el decreto N° 420, de 01.04.2020, del Ministerio de Hacienda, que permite devolver a sus beneficiarios, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Explica que, al tratarse de una devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, resulta inequívoco que es una devolución anticipada de renta correspondiente al AT 2021, sujeta a la normativa general, por lo que puede ser objeto de las retenciones que contempla la normativa.

Refiere que la devolución alcanzó la suma de $383.417, pero no se entregó por los siguientes motivos: i) En relación con la cantidad de $146.851, esta fue objeto de retención decretada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en las causas D-20-2016 y D-429-2018, seguidas en contra del recurrente por la AFP Modelo S.A. Del monto total indicado, $138.417 fueron ordenados retener en la causa D-20-2016, mientras que los $8.204 fueron solicitados en la causa D-429-2018. Por consiguiente, dicha devolución no se verificó atendido el artículo 25 Bis de la Ley N°17.232, que establece que interpuesta la demanda de cobranza judicial de cotizaciones de seguridad social y a petición del trabajador, o de la institución de previsión o seguridad social que corresponda, el tribunal ordenará a la Tesorería General de la República que retenga de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente a empleadores que adeudasen cotizaciones de seguridad social, los montos que se encontraren impagos de acuerdo a lo que señale el título ejecutivo de la demanda. ii) Respecto del monto de $236.566, dicha devolución no se concretó puesto que la Tesorería, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.989 y su reglamento, procedió a retener dicha cantidad y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción.

Señala que, además, el Servicio de Tesorerías retuvo la cantidad de $22.361, de conformidad con lo que fuera decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca en las causas D-20-2016, seguida en contra del recurrente por la AFP Modelo S.A.

Luego, reclama que el acto que se impugna como arbitrario o ilegal radicaría, en la retención de la devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, ascendente, por la suma de $22.361, así como devolución de impuesto a la renta correspondiente al AT 2020, por $383.417 precisando que dicha s retenciones no han sido decretadas por el Tesorero Juez Sustanciador, sino que por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en las causas D-20-2016 y D-429-2018, seguidas en contra del recurrente por la AFP Modelo S.A., de conformidad con el artículo 25 Bis de la Ley N°17.322.

Resalta que, resulta manifiesto que el recurso interpuesto adolece del fundamental requisito de la legitimación pasiva y se hace jurídicamente imposible que esta Corte restablezca el imperio del derecho a través de la Tesorera General recurrida que no ha hecho más que atenerse al mismo.

En lo que se refiere a la retención por deuda de crédito universitario, expone que proviene de una deuda que mantiene el recurrente por concepto de Crédito Universitario y conforme al artículo 1° de la Ley N°19.989, se facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley N°19.287 que creó el fondo solidario de crédito universitario.

En consecuencia, el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de las devoluciones de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Concepción, ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito.

Sin perjuicio de la inadmisibilidad invocada, el recurso debe desestimarse también, ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte de la Tesorería, por cuanto al tratarse de una devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la ley sobre Impuesto a la Renta, resulta inequívoco que estamos en presencia de una devolución anticipada de renta correspondiente al AT 2021, a la cual le resulta aplicable lo dispuesto en la ley N°17.322, que facultó a los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional a requerir al Servicio de Tesorerías la retención de los montos adeudados por dichos conceptos.

En lo que se refiere a la retención ordenada por el Administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Concepción, expone que la misma fue ejecutada al amparo de lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N°19.989, que facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287, quedando de manifiesto que la actuación de la recurrida no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción que certificó la deuda de la recurrente.

Resalta que, tampoco su actuar es ilegal por fundarse en facultades contenidas en las normas antes señaladas.

Hace presente que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de Tesorería, no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, sino de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención.

Refiere que, una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

Concluye que, de lo expuesto, no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Tercero: Que, en apoyo de su pretensión cautelar la recurrida acompañó Oficio y resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, dictadas en las causas D-20-2016 y D-429- 2018, que ordenan al Servicio de Tesorerías la retención de la devolución de impuestos a la renta del actor.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, de acuerdo al mérito de la documentación acompañada, queda de manifiesto que el Servicio de Tesorerías ha procedido a las retenciones de las sumas provenientes de la devolución anticipada de PPM por los meses de enero y febrero de 2020, junto a la devolución de impuestos correspondientes al Año Tributario 2020, fundado en la existencia de una resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en las causas RIT D-20-2016 y D-429- 2018, respecto de las cuales no existen constancia de que las deudas perseguidas en dichos autos en contra del recurrente, hayan sido declaradas prescritas, como se afirma en el libelo.

Por su parte, el saldo insoluto se retuvo por concepto de la deuda por crédito con aval del Estado.

En consecuencia, el actuar del Servicio de Tesorerías se ha ajustado, estrictamente, en lo relacionado con las deudas previsionales, a lo preceptuado en el artículo 25 Bis de la ley N°17.322, norma que dispone: “Interpuesta la demanda de cobranza judicial de cotizaciones de seguridad social, y a petición del trabajador, o de la institución de previsión o seguridad social que corresponda, el tribunal ordenará a la Tesorería General de la República que retenga de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente a empleadores que adeudasen cotizaciones de seguridad social, los montos que se encontraren impagos de acuerdo a lo que señale el título ejecutivo que sirva de fundamento a la demanda. Esta medida tendrá el carácter de cautelar.

El tribunal de oficio o a petición de parte, si procediere, ordenará a la Tesorería General de la República imputar el pago de la deuda previsional y girar a favor de la entidad acreedora, los montos retenidos de acuerdo al inciso anterior.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

En relación con el crédito universitario, el artículo 1° de la Ley N°19.989 establece que: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

Séptimo: Que, del claro tenor de las normas jurídicas antes citadas, aunado a la existencia del dictado de resoluciones judiciales emanadas de la autoridad jurisdiccional laboral competente, se desprende que el actuar del Servicio de Tesorerías se ha ajustado en todo momento al ordenamiento vigente, motivo por el cual, tampoco pudo haber habido conculcación a la garantía constitucional denunciada, lo que descarta todo atisbo de arbitrariedad e ilegalidad en su actuar, lo que conlleva al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-50.004-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y señor Fernando Ignacio Carreño Ortega. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.