nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Santiago, catorce de septiembre de dos mil veinte.

A los folios 17 y 20: Téngase presente.

Al folio 19: A lo principal y primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Al folio 21: A sus antecedentes.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, profesor, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por don nombre reservado, en su calidad de Secretario General de la misma, por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución N° 20 de 06 de mayo pasado, que rechazó el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución N° 17 de 31 de marzo del año en curso que lo sancionó con el término de la relación laboral, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 72 letra c) del D.F.L. N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación, sobre Estatuto Docente, lo que conculca sus garantías fundamentales consagradas en los números 1, 2, 3, 4, 16 y 24 todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja su acción de protección, ordenando a la recurrida que deje sin efecto los actos recurridos, que se disponga su reintegración a las funciones de su cargo como docente de aula, que se le paguen retroactivamente las remuneraciones desde la separación de sus funciones, en mayo pasado, hasta la fecha de su reincorporación, con costas.

Fundando su recurso indica que era docente de aula del Liceo Arturo Alessandri Palma dependiente de la recurrida en la comuna de Providencia, pero como extensión de sus labores se le asignó la función de encargado de convivencia escolar de dicho establecimiento, sin modificar su situación como docente por parte de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Refiere que el 11 de junio del año 2019 un grupo de alumnas del Liceo relataron haber sufrido situaciones de abuso cometidas por el profesor de educación física del colegio, por lo que el día 20 de ese mes y año el Director del Liceo interpuso una denuncia en contra de aquél en la Fiscalía Local de Ñuñoa.

Afirma que ello, tuvo como consecuencia que se dictara la Resolución N° 61 del 01 de junio de 2019 de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ordenó que se instruyera un sumario administrativo, destinado a investigar y verificar lo informado mediante correo electrónico por el Director del establecimiento, quien dio cuenta de lo antes referido.

Añade, que el 8 de noviembre de 2019, en el contexto del denominado “estallido social”, un grupo indeterminado de estudiantes de liceo realizó un comunicado en el patio del colegio, exigiendo, bajo amenazas, responsabilidades adicionales y que fueran despedidos los profesores que a su juicio no había actuado frente a los actos de dicho profesor. Ante ello refiere que el 11 de ese mes y año se realizó un Consejo Escolar en el cual se debatió sobre las responsabilidades que podían derivarse para algunos integrantes de la comunidad escolar.

Indica que ello tuvo como consecuencia que la recurrida dictara el 15 de noviembre de 2019 la Resolución N° 79, que ordenó instruir sumario administrativo con la finalidad expresa de determinar la existencia de responsabilidades en el marco de lo dispuesto en el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, por actos contrarios a la probidad o conducta inmoral en relación con el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en el que se formularon cargos en su contra por haber omitido realizar las acciones formales a las que estaba llamado a ejecutar en virtud del Reglamento Interno del Liceo, dada su responsabilidad y cargo, al haber tomado conocimiento de denuncias de malas prácticas en contra del docente de que se trata y no haber arbitrado las medidas y acciones para proteger y cautelar la seguridad de las estudiantes, por la inobservancia e incumplimiento del Reglamento Interno del Liceo ante graves faltas realizadas por el docente denunciado, no ejerciendo su función de docente garante de derechos y encargado de convivencia.

Señala que negó íntegramente los hechos fundantes del cargo, los que no fueron acreditados en el curso del sumario administrativo.

Detalla que el fiscal instructor determinó el 6 de marzo pasado sancionarlo con una medida disciplinaria de “censura o amonestación por escrito”. No obstante ello, el 31 de marzo pasado mediante Resolución N° 17 la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, determinó, sin modificar la calificación de los hechos, arguyendo un supuesto incumplimiento a las obligaciones del contrato fundado en la letra c) del artículo 72 del mismo Estatuto Docente, aplicarle en el contexto del sumario, la máxima sanción posible, esto es, la del término de la relación laboral.

Refiere que en contra dicha decisión dedujo recurso de reposición, el que fue desestimado en todas sus partes por la Resolución N° 20 de fecha 06 de mayo pasado, la que fue notificada personalmente el día 12 de ese mes y año.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad refiere que el artículo 72 del Estatuto Docente, regula la forma de término de la relación laboral de un profesor contratado en el sistema de educación municipal, ya sea que se someta directamente a la Municipalidad o bajo la figura de una Corporación Municipal, como acontece en este caso, la que enumera 13 motivos que permiten que poner término a la vinculación.

Indica que la letra b) de dicha norma es la única causal que requiere de la instrucción de un sumario administrativo y fue aquella en que se basó toda la discusión en la investigación realizada, la que no guarda ninguna relación con la decisión adoptada en las Resoluciones N° 17 y N° 20, las que invocando una norma diversa y descontextualizada de un proceso sumario por falta a la probidad o conducta inmoral, esto es, la de la letra c) de dicha normativa referida a un incumplimiento de obligaciones, determinaron sancionarlo con su desvinculación sin derecho a indemnización.

Además, añade que dichas resoluciones son arbitrarias ya que no contienen ningún elemento de convicción, ni análisis, ni de ponderación, que hayan permitido al Secretario General de la entidad recurrida resolver la aplicación de la máxima sanción que se le impuso, máxime cuando el fiscal instructor estableció que las supuestas conductas reprochadas ameritaban la sanción mínima contemplada, es decir, la de censura.

Manifiesta que ello conculca sus garantías constitucionales de su integridad física y psíquica, pues desde el mes de noviembre de 2019 a la fecha se ha visto expuesto a un escarnio público, siendo víctima de falsas acusaciones que no tiene fundamento alguno, lo que ha tenido como consecuencia que padezca de cuadros depresivos que lo afectan a él y a su familia. Adiciona, que se afecta su derecho de igualdad ante la ley, desde que en el mismo sumario otros profesionales en similares condiciones fueron sobreseídos e incluso el principal responsable arribó a un acuerdo con la Corporación recurrida para su desvinculación.

Alega, que se conculca su derecho de no ser juzgado por comisiones especiales; dado que la medida adoptada por la recurrida importa un juzgamiento en dicha calidad al desatender lo resuelto por el fiscal instructor.

Finalmente, refiere que se vulnera su derecho a la honra personal por las graves acusaciones dirigidas en su contra que no fueron probadas; su libertad de trabajo al poner término sin justificación a su relación laboral, lo que le impedirá poder hacer clases a colegios públicos del Estado o Municipalidades, afectando su acotado campo laboral; y su derecho de propiedad, en la medida que se le priva del ejercicio de su cargo como profesor en un establecimiento público sujeto al Estatuto Docente.

Informando por la recurrida, comparece doña Bernardita Vicuña Figueroa, abogada, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien solicita el rechazo del recurso por extemporáneo, por improcedente al no ser la vía idónea y por carecer de fundamento, con costas.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, oponiendo la excepción de caducidad, arguyendo que el acto que el recurrente reprocha son las decisiones adoptadas en las Resoluciones N° 17 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 20 de fecha 06 de mayo de 2020, que confirmó la anterior y que sólo constituye una reiteración de la decisión ya adoptada, por lo que el plazo de 30 días corridos para interponer el recurso de protección debe ser computado desde la notificación de la primera de ellas el 22 de abril pasado, dado que fue aquélla la que dispuso el término de su contrato de trabajo y la que constituye el acto que verdaderamente le causa agravio, por lo que a la fecha de interposición de la presente acción el 7 de junio de 2020, transcurrió con creces el plazo establecido en la norma.

En segundo lugar, alega que la acción de protección es improcedente por no ser la vía idónea, ya que es un asunto de naturaleza laboral que le corresponde conocer a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y el artículo 75 de la Ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente.

Asimismo, refiere que lo pedido excede de la naturaleza cautelar y urgente de la presente acción, la que no constituye una instancia de declaración de derechos ni un sustituto jurisdiccional, cita jurisprudencia al efecto.

En cuanto al fondo, precisa que el actor fue contratado por la Corporación como profesor educación física del Liceo Arturo Alessandri Palma con un contrato a plazo indefinido, pero que durante los años 2018 y 2019 ejerció el cargo de Encargado de Convivencia Escolar, todo ello bajo la regulación de la Ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, cuerpo normativo que afecta la relación de los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media de administración municipal.

Señala que ante la denuncia de 5 alumnas del Liceo, todas menores de edad, quienes relataron haber sufrido situaciones de abuso cometidas por un tercero quien se desempeñaba como profesor de educación física, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Local de Ñuñoa, activándose los protocolos internos del establecimiento sobre contención y protección de las víctimas, por lo que nunca ha existido reparo respecto del actuar de los funcionarios del Establecimiento.

Indica que ordenó la instrucción sumario administrativo mediante Resolución N° 61 en contra el responsable por los hechos antes referidos, el que no pudo concluirse ya que el 15 de octubre de 2019 el docente involucrado presentó su renuncia, por lo que el 4 de noviembre de 2019 se dictó la resolución que puso término al sumario, manteniéndose vigente la investigación iniciada por del Ministerio Público.

Refiere que el 8 de noviembre de 2019, en la actividad de despedida de los Cuartos Medios las estudiantes afectadas, expusieron haber sido abusadas sexualmente, golpeadas, encerradas y amenazadas con armas de fuego por parte de ex docente, conducta que fue reiterada por el lapso de un año, denunciando como encubridor, entre otros, al recurrente.

Manifiesta que atendido los nuevos antecedentes aportados por las menores, el 12 de noviembre de 2019 su parte interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor, de los delitos previstos y sancionados en los artículos 366, 403 bis y 403 ter del Código Penal, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el Rit N° 8480-2019, investigación que se encuentra pendiente.

Señala que el 14 de noviembre de 2019, fue notificada de los acuerdos logrados en el Consejo Escolar celebrado en el Liceo entre los cuales se solicitó́ la realización de un sumario administrativo en el establecimiento para determinar una eventual responsabilidad administrativa de otros funcionarios en los hechos denunciados por las alumnas, lo que se dispuso mediante Resolución N° 79, de fecha 15 de noviembre de 2019, designándose como fiscal al señor nombre reservado, quien realizó una recopilación de antecedentes.

Respecto del recurrente, precisa que el 2 de enero de 2020, se formularon cargos en su contra por incumplimiento grave de sus funciones como Encargado de Convivencia Escolar del Liceo Arturo Alessandri Palma y como Garante de los derechos de los estudiantes del establecimiento, omitiendo realizar las acciones formales a las que estaba llamado a ejecutar en virtud del Reglamento Interno del Liceo y, de su responsabilidad y cargo, luego de tomar conocimiento de denuncias de malas prácticas en contra del docente, entre otros.

Añade que el actor efectuó sus descargos y presentó pruebas conforme al cargo formulado, sin que indicara que los hechos investigados se encontraban fuera de la competencia de un sumario administrativo.

Detalla que el 6 de marzo pasado el fiscal señor nombre reservado, analizó los cargos formulados y las pruebas rendidas y concluyó en su considerando Octavo que del mérito de estos y ponderando la gravedad que revisten los mismos existía mérito suficiente para formarse la convicción sobre la responsabilidad y reproche que cabe al encargado de convivencia escolar por no haber advertido ni evidenciado formalmente las malas prácticas del docente, estableciendo los límites y barreras de protección a sus estudiantes, inacción que a lo largo de la investigación se puede observar en otros profesionales y estamentos, por lo que propuso la medida disciplinaria de moción de censura o amonestación por escrito.

A su vez, indica que su parte analizó los antecedentes del sumario, incluidos los descargos del recurrente y los medios de prueba aportados, como también las normas legales y reglamentarias aplicables, decidiendo mediante Resolución N° 17 de fecha 31 de marzo de 2020, no acoger lo propuesto por el Fiscal y poner término al contrato de trabajo del recurrente, atendida la gravedad de los hechos denunciados y la participación del recurrente, máxime si se considera que durante el transcurso del sumario el actor reconoció haber recibido quejas de los docentes por el comportamiento del señor nombre reservado.

Atendido lo anterior afirma que dispuso aplicar al señor nombre reservado el “Término de la relación laboral” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72, letra c) del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función.

Señala que en contra dicha decisión el recurrente interpuso un recurso de reposición indicando que no se habían respetado las disposiciones del debido proceso, recurso que fue resuelto por medio de Resolución N° 20 de fecha 06 de mayo del año en curso, en que se dio respuesta a cada una de las alegaciones efectuada, las cuales sólo se fundaron en que la formulación de cargos se centraba en meros supuestos u omisiones y que no se acompañó una descripción de las labores y obligaciones del encargado de Convivencia Escolar; respecto de lo que se indicó que tanto las responsabilidades del encargado de Convivencia Escolar como la obligación del actuar como garante de los derechos de las estudiantes se encontraban establecidas en el Reglamento Interno del Establecimiento del Liceo, que toda relación laboral contiene un valor ético. Además, que los hechos investigados eran concretos y determinados, y que fue el actor quien fue sindicado como la persona que vio y recibió las quejas de los demás miembros de la comunidad educativa, hecho reconocido por el sumariado y de la cual se deriva que se le impute una conducta grave contraria a sus funciones.

Alega que el recurrente no impugnó el sumario ni la investigación realizada por el fiscal, sino que solamente la decisión adoptada por el Secretario General de poner término a la relación laboral, la cual se ajusta plenamente a derecho.

Argumenta que la vista fiscal como de la Resolución N° 17 que dispone el término de la relación laboral, llegan a la misma conclusión, esto es, que el recurrente recibió quejas del comportamiento del señor nombre reservado y no informó ni registró las mismas, permitiendo que la situación de abuso continuara, existiendo una coherencia entre la formulación de cargos, defensa, la vista fiscal y la Resolución N° 17, en las cuales se investiga, acusa y defiende un eventual incumplimiento grave de sus obligaciones, el cual es finalmente acreditado y sancionado con el término de la relación laboral del recurrente.

Precisa que no es efectivo que por el hecho de iniciarse un sumario en su contra sólo se podía disponer el término de la relación laboral invocando la causal establecida en la letra b) del artículo 72 del Estatuto Docente, pues al inicio de la investigación no se tiene conocimiento de la naturaleza de las faltas que se comenten. Añade, que al tratarse de un docente y haber invocado la causal establecida en la letra c) del citado cuerpo normativo, la decisión es legal, excediendo del ámbito de competencia de esta Corte el análisis de si la misma se encuentra debidamente fundada.

Afirma que nada impide que investigue si efectivamente se incurrieron en incumplimientos graves de sus obligaciones en su calidad de docente y encargado de convivencia escolar del Establecimiento, más aún si existe una denuncia pública en su contra por parte de las alumnas del Establecimiento.

En relación a la alegación de la sanción sugerida por el Fiscal, precisa que conforme al artículo 138 de la Ley Nº 18.883 aquélla es sólo una propuesta que se formula al Secretario General de la Corporación, quien se encuentra facultado para aceptarla o no.

En cuanto la vulneración de su garantía de la integridad física y psíquica, indica escapa de la lógica que la misma se funde en hechos ocurridos con anterioridad a la dictación de las Resolución que impugna, esto es, noviembre de 2019, además no indica cuáles serían las falsas acusaciones de las que habría sido víctima.

Respecto a la igualdad ante la ley, señala que es falso que el sumario hubiese sobreseído a otros funcionarios en similares condiciones, esto es, que se desempeñaran como Encargado de Convivencia Escolar. Niega la existencia de un acuerdo con el profesor de educación física involucrado, ya que presentó su renuncia voluntaria, aplicándose al efecto el protocolo vigente para estas situaciones.

En relación a su derecho de no ser juzgado por comisiones especiales, refiere que no existe una vulneración a las normas del debido proceso ya que el Fiscal sólo propuso una sanción, pero es el Secretario General quien conforme el mérito del expediente quien decide la aplicación de una medida disciplinaria, por lo que se encuentra dentro de las facultades.

En cuanto al derecho a la honra personal, afirma que el recurrente no indica cuáles son las graves acusaciones que se habrían consignado en las Resoluciones que se impugnan y que a su juicio no fueron probadas.

Respecto de su derecho a la libertad de trabajo y propiedad, señala que la resolución recurrida no impide que aquél trabaje o postule a otros empleos, y que su pretensión en este punto no se encuentra amparada por este arbitrio constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°.- Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación precisa de la recurrida, la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, consistente en haber dictado la Resolución N° 20, de 6 de mayo de 2020, que a su vez desestimó su recurso de reposición presentado contra la decisión N° 17, de 31 de marzo del mismo año, la que, como consecuencia de un sumario administrativo instruido en su contra, le impuso como sanción el término de su relación laboral, de acuerdo a lo que señala el artículo 72 letra c) del DFL N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación, sobre Estatuto Docente, comportamiento que a su juicio es arbitrario e ilegal, y que lesiona las garantías previstas en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 16° y 24°, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

2°.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°.- Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4°.- Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

5°.- Que, como puede advertirse del tenor de la norma transcrita, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

6°.- Que en el presente caso, el recurrente invoca como acto recurrido la Resolución N° 20 de fecha 06 mayo de 2020, notificada personalmente con fecha 12 del mismo mes y año, que rechazó el recurso de reposición presentado por esa misma parte en contra de otra decisión que le impuso como sanción el término de su relación laboral, lo que no ha sido contradicho, tan sólo se ha agregado la existencia de la primitiva solicitud en orden a modificarla, pero en lo que interesa, la presente acción cautelar se dedujo el 7 de junio pasado, esto es, dentro del plazo citado, contabilizado desde la notificación de la comunicación enviada por la recurrida acerca de su negativa a reponer lo resuelto, por lo que dicha alegación será desestimada.

7°.- Que, entrando al fondo, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8°.- Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por ambas partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí son los fundamentos fácticos como jurídicos tenidos en cuenta para adoptar la decisión de poner término a la relación laboral del recurrente nombre reservado, basándose para ello en la letra b) del artículo 72 del Estatuto Docente.

9°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parecen entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de fondo, que buscan fijar el sentido y alcance de normas de índole laboral con motivo de un cese de relación de igual carácter.

10°.- Que, en efecto, en la especie la situación jurídica y de hecho presentada por el recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

11°.- Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente, máxime si no se advierte ninguna arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta en lo actuado y resuelto por la recurrida, la que realizó el procedimiento establecido para el caso, formulándole al recurrente el cargo de incumplimiento grave a sus funciones como encargado de convivencia escolar del Liceo Arturo Alessandri Palma y, también como garante de derechos de los estudiantes del establecimiento, en que sin modificarse los hechos de los cargos, efectuada la propuesta del Fiscal al Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, conforme a la legislación vigente, este la elevó a la de poner término a la relación laboral, tal como se lo permite el artículo 138 de la Ley N° 18.883, dando por concluido el sumario, en el que aquél pudo conocer los cargos y defenderse, prueba de ello es que pudo deducir incluso un recurso de reposición en contra de la decisión final.

12°.- Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento sumarísimo de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad 13°.- Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre el actor de protección y la entidad recurrida, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de un vínculo laboral, siendo que la situación de la especie se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de probanzas rendidas por las partes.

14°.- Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor del recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido con las que aquél refiere.

15°.- Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, interpuesto en contra de la CORPORACIÓN de DESARROLLO SOCIAL de PROVIDENCIA.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 49.957-2020.