nombre reservado con CORPORACION EDUCACIONAL COMPLEJO ALBERTO WIDMER

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado Carlos Manuel Utreras Moscoso, quien en representación de nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Corporación Educacional Complejo Alberto Widmer y su Comité de Ética, solicitando se deje sin efecto la resolución de 3 marzo del año en curso, que dispuso su expulsión, y en consecuencia lo excluyó como socio activo de la Corporación, transgrediendo de manera ilegal y arbitraria sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2º, 3º, 15º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Luego de enunciar que la Corporación singularizada tiene por objeto la apertura, organización y mantención de establecimientos educacionales, expone que el protegido ingresó como socio fundador, detentando el cargo de tesorero, cargo que según afirma desempeñó de manera honesta, correcta y comprometida.

No obstante lo anterior, señala que el día 3 de marzo del presente fue informado verbalmente por directivos de la Corporación de su expulsión, siendo además notificado de su despido como trabajador de la misma por desahucio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161 inciso 2º del Código del Trabajo.

Afirma que la razón que motivó su desvinculación dice relación con la detección de un conjunto de hechos irregulares al interior de la institución, causados por su presidente y secretario, asociadas con el uso indebido de dinero, requiriendo información al directorio sobre diversos puntos relacionados, a través de una carta que tendría como fecha de expedición el día 28 de febrero del año en curso, por lo que las medidas adoptadas corresponderían a una acción de represalia.

Luego de hacer referencia a una denuncia interpuesta por su parte ante la Superintendencia de Educación, ingresada el día 13 de marzo del actual sobre los hechos antes descritos, sostiene que la expulsión del protegido tuvo su causa en un hecho espurio, inmoral, arbitrario e ilegal, que solo busca amedrentarlo.

Previo desglose de las garantías que estima conculcadas, afirma que la actuación de la recurrida contraviene directamente la legislación vigente, toda vez que resultó afectado el principio del debido proceso justo y racional, existiendo además una especie de desviación de poder o simulación a fin de evitar que mediante una auditoria se develen los actos cometidos por el presidente y secretario de la Corporación.

Por todo lo expuesto, solicita se acoja la acción interpuesta y, en consecuencia, se deje sin efecto la resolución impugnada; se tramite el procedimiento disciplinario del recurrente bajo los principios que cita; se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho; con costas.

Segundo: Que evacuando informe comparecen las recurridas solicitando el rechazo de la acción interpuesta, afirmando que su parte no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno enfatizando, además, en que el recurso interpuesto no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren vulnerados.

Luego de hacer referencia al origen y regulación de la Institución y del Comité de Ética recurrido, expone que luego de plantearse la existencia de hechos que comprometen sus intereses, se realizó, el 2 de enero del año en curso, una reunión que contó con la asistencia de dos tercios de los miembros el directorio, designándose un instructor de la investigación de los puntos identificados, a saber, nombre reservado. En dicha oportunidad se decidió citar al protegido, en consideración a que su cargo se encontraba relacionado con los hechos.

Indica que el día 7 de enero el recurrente fue informado personalmente sobre la investigación y de la designación del instructor, rehusando firmar el acta, por lo que fue citado para formular descargos el día 14 de enero, oportunidad en que el actor se habría retirado intempestivamente, negándose nuevamente a suscribir el acta.

En razón de lo expuesto, el día 20 de febrero el instructor entregó su informe, resolviéndose por el Comité de Ética sancionar al protegido con la expulsión el día 26 del mismo mes y año, siendo notificado formalmente, a través de correo electrónico el día 7 de marzo, no siendo interpuestos los recursos que contemplan los estatutos.

Previa referencia a que, a su juicio, las alegaciones de arbitrariedad carecen de sustento, y la sanción de expulsión impuesta se erige como resultado legítimo y proporcionado de un procedimiento que fue llevado a cabo con plena sujeción a las formas y garantías estatutarias, sin atisbo alguno de vulneración sus derechos fundamentales, hace una lata referencia a las circunstancias que habrían motivado la investigación contra el recurrente, entre las que singulariza la emisión de un cheque por la suma de $10.000.000, depositado en su cuenta personal y pagos excesivos o sobreprecios.

A mayor abundamiento, enuncia una serie de mecanismos de defensa del recurrente, entre los que se encuentran a) Reclamo administrativo ante la Superintendencia de Educación; b) Reclamo administrativo ante la Contraloría General de la República; c) Reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, respecto de un despido injustificado; d) Reclamo ante el Ministerio de Justicia; y e) Querella criminal en contra de miembros del actual Directorio.

Finalmente, luego de controvertir las vulneraciones alegadas por el recurrente, esgrime la improcedencia de la acción intentada por no ser la vía idónea.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, analizados los elementos de juicio aportados por las partes, conforme las reglas de la sana critica, es posible tener por acreditado que la Corporación Educacional Complejo Alberto Widmer, está dotada de Estatutos reducidos a escritura pública con fecha 24 de mayo de 2017, conforme al cual según su artículo Noveno, la calidad de socio activo se pierde entre otros : Letra “d) Por acuerdo del comité de ética adoptada por inhabilidad física o moral, por haber comprometido el socio el honor o los intereses de la corporación o por incumplimiento grave de las obligaciones para la corporación”. Las funciones e integración del Comité de Ética se encuentran reguladas en el artículo trigésimo tercero de dichos estatutos y conforme lo dispone artículo trigésimo séptimo, puede aplicar medidas disciplinarias previa investigación de los hechos encargada a un instructor, que será una persona integrante del directorio de la Corporación, no comprometido en los hechos que se investiga por un Instructor.

Quinto: Que de estos estatutos es relevante que, según su artículo trigésimo séptimo, de las expulsiones dispuestas por el Comité de Ética, puede pedirse reconsideración ante el mismo Comité, apelando en subsidio para ante la Asamblea General Extraordinaria dentro del plazo de 30 días hábiles desde la respectiva notificación.

No consta en los antecedentes que el recurrente haya hecho uso de su derecho a pedir reconsideración, ni que haya deducido apelación en subsidio. En otra palabra los Estatutos establecen el remedio estatutario al que recurrir en caso de expulsión, lo que el recurrente no acredita haber hecho.

Sexto: Que, en otro aspecto, consta de la “sentencia N° 1” de 26 de febrero de 2025 que el Comité de Ética, previa evaluación del informe del Instructor nombre reservado. respecto de la denuncia efectuada contra nombre reservado, como la prueba documental acompañada por este, tuvo por verificado siete hechos que describe pormenorizadamente.

Luego de ello se indican, también pormenorizadamente, seis consideraciones para tomar su decisión y finalmente conforme al artículo trigésimo séptimo de los Estatutos, deciden sancionar a nombre reservado Tesorero de la Corporación por incurrir en la causal de la letra d) numeral dos del referido artículo.

Séptimo: Que, no corresponde por esta vía ponderar el mérito de dicha “Sentencia” sino ponderar si ha existido con ella una afectación del Derecho a Igualdad ante la Ley o/y una afectación a la garantía de un proceso racional y justo y de ello, en su caso, devenirse afectaciones a otras garantías invocadas.

En cuanto a lo primero, no se observa de los elementos de juicio allegados al recurso, alguna presunción fundada de que aquello pueda haber ocurrido, esto es, que en casos similares el Comité de Ética haya tenido otra clase de decisiones.

Y en cuanto al debido proceso, se observa que el Comité de Ética actúa conforme el procedimiento establecido en los Estatutos, sin que el recurrente haya ejercido los derechos también contemplados en los mismos.

Octavo: Con lo dicho y sin perjuicio de todas las otras acciones emprendidas por el recurrente en materia administrativas y penales, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve:

Que se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional Complejo Alberto Widmer y su Comité de Ética.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción del ministro Sr. Hernán Crisosto Greisse N°Protección-4995-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, la Ministro señora María Paula Merino Verdugo y el Ministro (S) señor Nibaldo Bernardo Arévalo Macías. No firma el Ministro señor Crisosto Greisse no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.