nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

C.A. de Santiago.

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.- Vistos y teniendo presente:

Que comparece don nombre reservado, abogado, e interpone acción de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE, representada por su Directora Regional doña Benita Valdivia Pastén, dependiente de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, servicio público descentralizado, representado por su directora doña nombre reservado, abogada, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la RES N° 236, de 17 de marzo de 2021, notificada con fecha 24 de marzo de 2021, por medio de carta certificada, que rechazó el recurso jerárquico intentado.

Funda su recurso en que el septiembre de 2020 se dictó la Resolución de Multa N° 4317/2020/15, impuesta por el Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente, dependiente de la recurrida, por los siguientes motivos: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, en proceso de conciliación de fecha 10/06/2020, según el siguiente detalle: cotizaciones previsionales de A.F.P., A.F.C., I.P.S., C.C.A.F., y Mutual, desde 02/2003 a 05/2004, 09/2004, 09/2005; documentación válidamente requerida mediante acta de notificación del presente reclamo. Lo anterior, respecto del trabajador nombre reservado, R.U.T. N° RUT reservado”.

Oportunamente y en ejercicio del derecho consagrado por el artículo 506 ter del Código del Trabajo, el 5 de octubre de 2020, solicitó la sustitución de la multa administrativa por un programa de capacitación, a través de declaración jurada y en cumplimiento a las exigencias legales. En particular, se expuso que: “a) se trataba de una micro o pequeña empresa, como se declaró bajo juramento en la solicitud; b) no se había recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo; c) se solicitaba por primera vez en el año respecto de una misma infracción; d) se acreditó la corrección de las infracciones; y e) se presentó dentro de plazo”.

Sin embargo, dicha solicitud fue desestimada en virtud del Ordinario N° 662, de 30 de octubre de 2020, dictado por el Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente, fundando su decisión en la supuesta falta de cumplimiento de requisitos para la solicitud del artículo 506 ter del Código del Trabajo, especificando que: “a) No se señala argumento para fundar la solicitud; b) No acredita la corrección de las infracciones cometidas; c) No adjunta finiquito ratificado por las partes ante un Ministro de Fe, en que conste haber dado solución al reclamo”.

En razón de lo anterior, se dedujo recurso de reposición y en subsidio, jerárquico, en contra del Ordinario N° 662 antes referido, amparado en lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 19.880, reposición que fue rechazada por la Resolución N° 209, dictada por el Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente, de 14 de diciembre de 2020, elevándose de esta manera los antecedentes a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente para conocer el recurso jerárquico.

La Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana, mediante la Resolución N° 236, de 17 de marzo de 2021, que constituye el acto arbitrario e ilegal que da fundamento a su acción, decide el asunto esencialmente en sus Considerandos 14° a 16°, determinando la improcedencia del recurso jerárquico interpuesta en contra del Ordinario N° 662, determinando que “no proceden, respecto de las Resoluciones objeto de la Orden de Servicio N° 2, los recursos de Reposición y Jerárquico, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación, contenidos en los artículos 503 inciso 3, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante la Directora del Trabajo.”

Esta decisión se adopta destacando “la especial naturaleza en que inciden resoluciones sancionatorias de este Servicio”, citando para ello dictámenes de la Contraloría General de la República, en particular los Dictámenes N° 9.494 de 2007, 38.728 de 2008 y 59.466 de 2015. Agrega inclusive que el recurso de reposición, bajo la misma lógica antes esgrimida, resulta improcedente.

Como fundamentos de derecho, señaló que el acto administrativo es arbitrario e ilegal, en cuanto infringe en forma patente el artículo 15 y 59 de la Ley N° 19.880, denegando el derecho al recurso, además de normativa interna del Servicio recurrido.

En primer lugar, nos encontramos ante un acto ilegal, ya que adopta una decisión en contravención a la norma expresa del artículo 59 de la Ley N° 19.880, desnaturalizando los derechos del administrado para impugnar decisiones administrativas, bajo una hipótesis restrictiva y carente de sustento legal, la cual inclusive infringe normativa interna del propio Servicio.

El inciso primero del artículo 59 de la Ley N° 19.880 dispone expresamente: “Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.”

Las únicas restricciones a su ejercicio se encuentran consagradas en el inciso tercero de la norma antes citada, sin que resulte aplicable ninguna de las hipótesis estipuladas, ya que únicamente es improcedente el recurso si se ejerce ante la decisión adoptada por el o la jefa superior del servicio público descentralizado.

Por su parte, el artículo 4° de la Ley 19.880 establece la impugnabilidad como principio del procedimiento administrativo, que en su artículo 15 dispone: “Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.”.

A su vez, el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575 establece el deber de la Administración del Estado de observar, dentro de otros, el principio de “impugnabilidad de los actos administrativos”.

Con relación a la normativa interna, destaca la Resolución Exenta 142 de la Dirección del Trabajo, que “Delega facultades en materia de sustitución de multas administrativas por infracción a normas de higiene y seguridad", dictada el 6 de febrero de 2007, la cual define el asunto de manera exactamente contraria a la adoptada: "4.- En cualquier caso, la presente delegación no obstará a que el Director(a) del Trabajo o los Jefes de División o los Directores Regionales del Trabajo, según sea el caso, ejerzan el control jerárquico permanente del funcionamiento y actuación de los funcionarios delegados, el cual no sólo se extenderá a la legalidad, sino también a la eficacia y oportunidad de sus actuaciones.".

Esta delegación de facultades, entre otras, a Directores Regionales, se encuentra reconocida por la Circular 70 de la Dirección del Trabajo, de 30 de julio de 2007, dictada por el ex Director del Trabajo señor nombre reservado, establecimiento que el Servicio debe asumir su objetivo de "operativizar y optimizar la actuación de la Dirección del Trabajo en relación a las solicitud de sustitución de multas impuestas", para lo cual radica su conocimiento y resolución "en cada una de las unidades operativas de las que dependen los funcionarios que apliquen multas que pueden ser objeto de este recurso", por lo que es contrario a derecho, principios y deberes administrativos negar por improcedente el recurso jerárquico, en expresa desatención de norma legal expresa, bajo la excusa de existir un procedimiento recursivo especial.”

De esta manera, la impugnabilidad general de los actos administrativos se estatuye como deber general de la Administración del Estado, de la cual forma parte el órgano recurrido, y además como derecho del administrado, resguardándose la posibilidad de impugnar todo acto emanado de los órganos de la Administración del Estado, salvo excepciones legales, dentro de las cuales no se encuentra el acto impugnado, por lo que la decisión es lisa y llanamente ilegal.

Además, se trata de una decisión arbitraria, por cuanto otorga como fundamento resoluciones administrativas que se refieren a otra cosa. Y esta es una cuestión importante, puesto que no se impugna directamente la multa, sino inclusive lo hace sobre el recurso extraordinario de revisión, a pesar que se ha reconocido su plena vigencia, inclusive dentro del procedimiento de reclamación de multas de la Dirección del Trabajo (Dictamen N° 18.573, de 2017 de la Contraloría General de la República) que la decisión de la autoridad de negar el conocimiento del recurso jerárquico, transformándose en legislador sui generis bajo el pretexto de calificar el recurso como una actuación “improcedente”, sin sustento legal, careciendo así de sentido.

Además, el acto es arbitrario e ilegal por cuanto no está suficientemente fundado. Al respecto, el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, establece que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares…”. De esta manera, la fundamentación de la resolución recurrida es una exigencia para la validez de la misma. Para que esta exigencia de fundamentar sea real, lo anterior debe significar que los fundamentos deben ser precisos y no simples declaraciones genéricas, como aducir que “el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación”, en contravención legal a lo dispuesto tanto por los artículos 4°, 15 y 59 de la Ley N° 19.880, como por el artículo 3° de la Ley N° 18.575. Todo eso, más aún, si se incurre en una contradicción absoluta con su decisión, en cuanto el ejercicio del derecho a la sustitución de la multa del artículo 506 ter, implica necesariamente, como exigencia legal, no haber ejercido las impugnaciones de los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, desnaturalizándose así el ejercicio de la impugnación bajo una excusa absolutamente incompatible con el ejercicio del derecho de sustitución de la multa. Por lo que los ordinarios citados de la Contraloría General de la República no resultan concordantes con el presente caso.

En este sentido, la jurisprudencia ha sido consistente en considerar que todas las determinaciones que tome la Administración del Estado son revisables en sede judicial y en todos sus aspectos, procediendo el control de: i. La competencia del órgano; ii. La investidura regular; iii. El cumplimiento de las formas procedimentales; iv. Los fundamentos de los hechos invocados, su calificación y apreciación, y v. Incluso la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

Sobre la compatibilidad de la acción de protección con cualquier otra judicial y administrativa por acto ilegal o arbitrario, cita el siguiente fallo: “El recurso de protección, resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción cautelar, porque precisamente ese fue el espíritu del constituyente nítidamente manifestado en la discusión sobre el tema.” Agrega que “(...) el artículo 20 de la carta Fundamental se anticipó a declarar que esta acción (la de protección) es sin perjuicio de otros derechos e implícitamente prohibió a la ley, norma de rango inferior, obstaculizar el pleno ejercicio de este arbitrio." (E. Corte Suprema. Rol 7618-2009, 29 de diciembre de 2009).

Estima que el acto impugnado vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, numeral 2: La igualdad ante la ley. En tal sentido, el acto de la Dirección Regional del Trabajo perturba la igualdad en aplicación de los derechos a la impugnación establecidos en favor de los administrados, ya que se está actuando en forma diferente en la hipótesis de aplicar o no la ley para distintos ciudadanos, empleando argumentos que simplemente significan dejar de aplicar la ley, sin resolver el recurso jerárquico y quitando con ello el derecho a ser impugnada la resolución de la autoridad laboral.

Numeral 24, el derecho de propiedad, ya que, por último, la determinación ilegal o arbitraria de esta ausencia de recursos, significará el deber de pago de la multa, lo que provoca una afectación patrimonial, en contravención formal expresa del artículo 19 N° 24 de la Constitución, teniendo derecho a ser conocidos todos los recursos administrativos dispuestos por ley.

Pide dejar sin efecto el acto administrativo recurrido, dando respeto irrestricto a las normas que brindan derecho a la impugnación y la posibilidad de revisar administrativamente el acto impugnado, con costas.

Que informó don Felipe Andrés Palma González, abogado, en representación de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE, solicita su íntegro rechazo, con costas.

Señala, en primer término, la improcedencia del recurso, ya que si bien el artículo 20 de nuestra Constitución dispone que el Recurso de Protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley.”

Al respecto, la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs. 9.494, 38.728 y 80.957, de 28.02.2007, 19.08.2008 y 28.12.2011, respectivamente, ha resuelto que no resulta procedente la aplicación de los recursos de reposición y jerárquico, contemplados en el artículo 10 de la ley N°18.575 y 59 de la ley N°19.880, toda vez que los artículos 503, inciso 3º, 506 ter., 511 y 512, del Código del Trabajo, regulan un procedimiento administrativo especial que contiene regulaciones precisas sobre la impugnación de los actos administrativos de la Dirección del Trabajo que imponen sanciones, las que consideran la intervención del respectivo Director para pronunciarse, a solicitud de los afectados, respecto de los mismos, en las instancias que tales preceptos indican, y fijando especialmente las oportunidades en que deben interponerse y las condiciones para ello, lo cual impide aplicar con carácter supletorio, en los términos previstos en el artículo 1° de la ley N°19.880, las normas sobre procedencia de recursos contemplados en el artículo 59 de dicha ley.

Efectivamente la resolución reclamada, tiene su génesis en un procedimiento especial referido al curse de una infracción a la legislación laboral, procedimiento contemplado en el artículo 506 ter., del Código del Trabajo, lo que imposibilita la aplicación de la ley Nº 19,880, y en particular el articulo 59 referido por la recurrente, ya que efectivamente dicha disposición es de carácter supletorio, tal como ha quedado asentado en la doctrina y jurisprudencia administrativa, no sólo citada en el párrafo precedente sino que además en las resoluciones que son gravitantes en el presente recurso.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, a funda en que la Resolución recurrida está dictada en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Provincial del Trabajo por la ley Nº 19.880, de este modo, no puede ser nominada como ilegal, puesto que, no se actuó de manera contraria a la ley, según la definición de ella establecida en el Artículo 1º del Código Civil, ya que, en virtud de la norma citada, se cumplió con el mandato legal, que permite y obliga a este Servicio, a pronunciarse sobre las reposiciones en sede administrativa.

Además, la resolución recurrida, no puede catalogarse como arbitraria, ya que, como se aprecia claramente de su texto y redacción, ésta fue razonada, argumentada y fundada conforme a Derecho, es más, la falta de arbitrariedad en la dictación de la referido Resolución Nº 236, dictada por la Dirección Regional Metropolitana Oriente, se pronunció en base a los antecedentes tenidos a la vista, en particular, y la solicitud de sustitución de la multa en virtud de lo establecido en el artículo 506 ter., del Código del Trabajo, doctrina del Servicios, y Jurisprudencia administrativa derivada de la Contraloría General de la República, como ya se ha señalado. De este modo es insostenible aseverar que sea producto del mero capricho de quien la dictó.

Así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Finalmente, agrega que nuestra Constitución Política consagró en los Artículos 6° y 7° el denominado “Principio de Legalidad” o de “Juridicidad” el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. Es decir, tales órganos, dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo y consecuentemente las Inspecciones del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho. En el caso de autos, no cabe duda alguna que actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las aludidas disposiciones legales, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto a la solicitud de Jerárquico y, en su oportunidad, a la solicitud de sustitución, resolviendo que dicha solicitud era inadmisible por los motivos ya señalados.

En subsidio, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección.

1.- Con fecha 10 de junio de 2020, de curso la multa Nº 4317/2015.

2.- Con fecha 05 de octubre de 2020 la empresa recurrente, presentó sustitución de multas por programa de capacitación, mediante formulario F10.

3.- Con fecha 30 de octubre se emite Oficio Nº 662, que da cuenta de la inadmisibilidad de la solicitud de sustitución de resolución de Multa Administrativa Nº 4317/20/15-1, por programa de capacitación, en virtud de no cumplirse con el presupuesto de cumplimiento de los requisitos para ser acogida.

4.- Con fecha 18, de noviembre de 2020, la empresa recurrente en autos, presenta ante el Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente, recurso de Reposición, en subsidio Jerárquico, respecto del Oficio Nº 662, ya citado;

5.- Con fecha 14 de diciembre de 2020, se resuelve el recurso de Reposición, individualizado en el punto precedente, mediante la Resolución Nº 209.

6.- Con fecha 17 de marzo de 2021, se emite la Resolución Nº 236, que se pronuncia respecto del Recurso subsidiario, Jerárquico, el que en definitiva resuelve, rechazar la solicitud.

Esta última Resolución contiene como se ha dicho, las consideraciones de su rechazo, motivos que la recurrente cataloga de ilegal, ya que supuestamente sería una decisión en contravención a la norma expresa del artículo 59 de la Ley N° 19.880.

Luego, alega la inexistencia de garantías constitucionales vulneradas, ya que, respecto a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la Republica, la actuación de su representada no viola de ninguna forma el derecho o garantía establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política. No observa, cómo es que se afectaría la garantía del artículo 19 N° 2, como tampoco ve una fundamentación que ilustre de manera clara y precisa cómo es que para el caso concreto el Servicio, tomando en consideración la doctrina y jurisprudencia de Contraloría citada en la Resolución objeto de esta protección, establecería una diferencia arbitraria.

El derecho a la igualdad ante la ley es un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona humana, el no ser objeto de discriminación; es decir, que no se dé un trato fundado en diferencias arbitrarias. En este sentido la recurrente no se ha hecho cargo de mencionar cómo o de qué forma su representada ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, cuáles son los parámetros desproporcionados que se le han aplicado, lo cual demuestra la improcedencia del recurso, basado en esta garantía.

Respecto a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la Republica, señala que no resulta lógica dicha tesis puesto que, en la especie, al constatarse una infracción laboral, que contempla una sanción que no es capricho del ente fiscalizador, sino que, por el contrario, es el resultado de un mandato legal, en particular, articulo 506 y 506 bis., del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que lo reprochado es respecto a la improcedencia de los recursos administrativos por las razones claras y legítimamente establecidas en la resolución recurrida, no vemos en sí misma una afectación como la mencionada por la recurrente.

Pide rechazar el recurso, con costas.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que en la especie el acto que se califica de ilegal y arbitrario, que motiva el ejercicio de esta acción constitucional, corresponde a la Resolución N° 236, de 17 de marzo de 2021, que rechazó el recurso jerárquico intentado por la recurrente, estimándolo improcedente.

Fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

“…13) Que, al respecto, es deber de este Servicio señalar que la Orden de Servicio N° 2 de 19 de abril de 2016 de la Dirección del Trabajo, instruye acerca de la aplicabilidad y procedimientos de los recursos contenidos en la Ley N° 19.880, respecto de Resoluciones de Multa, de Reconsideración Administrativa, de Sustitución por Capacitación y Programa de Asistencia al Cumplimiento.

14) Que, la Ley N° 19.880 regula en su Capítulo IV sobre la Revisión de los Actos Administrativos, varios mecanismos conducentes a que la autoridad administrativa revise los actos emanados de su actuar, consagrando la facultad de corregirlos o dejarlos sin efecto, a través de la interposición de recursos tales como el de Reposición y Jerárquico, recurso de Invalidación, recurso Extraordinario de Revisión, Revocación o Revisión de Oficio y Aclaración y Rectificación.

15) Dicho esto, es necesario precisar que no proceden, respecto de las Resoluciones objeto de la Orden de Servicio N° 2, los de Reposición y Jerárquico, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación, contenidos en los artículos 503 inciso 3, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante la Directora del Trabajo. Así como tampoco, el recurso de Revisión de Oficio o Revocación, dada la especial naturaleza en que inciden las resoluciones sancionatorias de este Servicio. Así lo ha resuelto la Contraloría General de la República en reiterada y concordante jurisprudencia, contenida entre otros, en los Dictámenes N° 9.494 de 2007, 38728 de 2008 y 59.466 de 2015.

16) Que, asimismo, cabe señalar que en razón de lo anteriormente señalado, la presentación de fecha 18 de noviembre de 2020 en contra del Ordinario N° 662 de fecha 30 de octubre de 2020, en la especie resulta improcedente.”

Tercero: Que, tal como señala el recurrente, la Ley 18.880, que establece “Las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, en su artículo 14 indica los principios de este procedimiento, señalando, entre otros, el principio de la impugnabilidad, el que concreta en su artículo 15, señalando que “Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.”

A su vez, en el párrafo segundo de la citada ley, en su artículo artículo 59 de la misma ley, regula el recurso de reposición y jerárquico, al indicar lo siguiente: “De los recursos de reposición y jerárquico. Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.

Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico.

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su notificación.

No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos.

Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.”

Cuarto: De las normas citadas precedentemente se colige que el legislador ha consagrado la facultad del administrado para recurrir en contra de un acto administrativo que estima perjudicial a sus intereses, por la vía del recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio.

Al haberse establecido estos recursos, en concreción con el principio recursivo, como base de los procedimientos administrativos, y por ley, le está vedado a la administración, en el caso concreto, a la Dirección del Trabajo limitar la procedencia de éstos, basado en una norma infra legal, como es la Orden de Servicio N° 2, lo que torna en arbitraria la Resolución 236 de 17 de marzo pasado, en que, en base a la orden de servicio citada, declaró improcedente el recurso jerárquico intentado por la recurrente,.

Al intentar la Dirección del Trabajo privar al recurrente de aquella impugnación, produce una vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República; en efecto, todo administrado tiene derecho a deducir el recurso en comento, respecto de los actos de cualquier autoridad administrativa -con las excepciones del caso-, salvo aquellos que intenten recurrir de los acto administrativos emanados de la Dirección del Trabajo; esta situación constituye, claramente, una infracción a la garantía mencionada, razón por la cual se acogerá el recurso, en los términos que se señalarán a continuación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido. Consecuentemente, se deja sin efecto la Resolución N° 236 de 17 de marzo de 2021, debiendo la autoridad recurrida –Dirección del Trabajo-, pronunciarse sobre el fondo del recurso jerárquico intentado por la recurrente, dentro del plazo legal.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia.

No firma el Ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

N°Protección-4.993-2021.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia y por el Abogado Integrante señor Octavio Pino Reyes.