Protección contra Universidad de Chile

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 32 y 33: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, funcionario de la Universidad de Chile y Director Económico y Administrativo de la Facultad de Odontología, y deduce recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, por la omisión que estima ilegal y arbitraria consistente en no concluir el sumario administrativo instruido en su contra mediante Resolución Exenta N° NUM000, de once de junio de dos mil veinticuatro, no notificarle dicha resolución, no entregarle copia del acta de la declaración prestada el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco ni de los demás antecedentes del procedimiento, y no resguardar la confidencialidad del sumario, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 3 y N° 4 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el conflicto se origina en agosto de dos mil veintitrés, cuando las autoridades de la Facultad dejaron sin efecto el cargo subrogante de Jefa de Personal que servía una funcionaria y la trasladaron de unidad, decisión que ésta atribuyó a una animadversión en su contra y cuya difusión motivó la denuncia que dio origen al sumario. Agrega que la resolución que lo instruyó nunca le fue notificada y que sólo tomó conocimiento del procedimiento el veintisiete de enero de dos mil veinticinco, al ser citado informalmente a declarar para el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, sin que se le informaran los hechos investigados ni las faltas imputadas.

Expone que concurrió a declarar y que, pese a reiteradas solicitudes, no se le entregó copia del acta respectiva. Señala que el dieciséis de abril de dos mil veinticinco denunció por acoso laboral a la misma funcionaria y que su denuncia fue desestimada por Resolución Exenta N° NUM001, de treinta de abril de dos mil veinticinco, en menos de dos semanas, mientras el sumario seguido en su contra se prolonga por más de un año y siete meses sin dictamen ni formulación de cargos.

Añade que dicha funcionaria, ajena al procedimiento en calidad de denunciante o denunciada, remitió al actuario comunicaciones los días nueve de septiembre y veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, con copia al recurrente y al Vicedecano, lo que revelaría un acceso privilegiado al sumario y habría afectado su honra.

Pide, en definitiva, que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones denunciadas, que se declare que la fiscal y el actuario han actuado como comisión especial, que se ordene a la recurrida entregar copia íntegra de los antecedentes del sumario dentro de quinto día hábil y emitir el dictamen dentro de veinte días corridos o, en subsidio, archivar el procedimiento, y que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece la Universidad de Chile y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes que el procedimiento disciplinario fue instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de once de junio de dos mil veinticuatro, a raíz de una denuncia interpuesta por una funcionaria de la Facultad de Odontología en contra del actor y de otro funcionario, y que a la fecha se encuentra en etapa indagatoria, habiéndose recibido las declaraciones del denunciante, de los denunciados y de los testigos pertinentes, restando practicar al menos una declaración y la respuesta de la Facultad de Odontología a un oficio despachado por la fiscalía en comisión.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que, conforme al artículo 137 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.834, el sumario reviste carácter secreto para todos los intervinientes, incluido el inculpado y su abogado, hasta la formulación de cargos, secreto que comprende la propia resolución que lo instruye según el Dictamen N° 60.666, de dos mil diez, de la Contraloría General de la República.

Añade que el Estatuto Administrativo no impone la obligación de remitir las actas de declaración a los intervinientes, exigencia propia de la reglamentación aplicable al estamento estudiantil, y que la eficacia del acta no depende de la firma de los comparecientes, pues es el actuario, en su calidad de ministro de fe, quien certifica su fidelidad.

Precisa que la comunicación dirigida a la denunciante corresponde a una respuesta estandarizada entregada uniformemente a todas las partes durante la etapa indagatoria, y que el doce de marzo de dos mil veintiséis se le solicitó expresamente abstenerse de copiar a terceros en sus comunicaciones.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que ha obrado dentro de la autonomía que le reconocen el artículo 1° de su Estatuto Orgánico y el artículo 2° de la Ley N° 21.094, con estricta sujeción al protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria, sin que los plazos de la Administración revistan carácter fatal conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa, y sin que la acción de protección constituya la vía idónea para revisar un procedimiento disciplinario en curso, para el cual el ordenamiento contempla mecanismos especiales de impugnación.

Solicita, en definitiva, se rechace la acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. En la especie, corresponde determinar por esta vía si la falta de conclusión del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM000, la negativa de entregar al recurrente dicha resolución y el acta de su declaración, y la alegada filtración de antecedentes del procedimiento configuran una privación o perturbación actual que amerite la intervención cautelar de esta Corte.

CUARTO: Que, del propio mérito de lo informado aparece que el procedimiento disciplinario se encuentra en etapa indagatoria, sin que se hayan formulado cargos ni evacuado dictamen, de modo que no existe acto administrativo terminal alguno que produzca efectos jurídicos respecto del recurrente y que pueda ser objeto de revisión por esta vía. Lo impugnado son actuaciones de mera tramitación de un procedimiento en curso, cuyo resultado permanece indeterminado y respecto del cual el actor conserva íntegramente el ejercicio de los derechos que el ordenamiento le confiere en la oportunidad procesal correspondiente, sea mediante los descargos que podrá formular una vez notificados los cargos, sea a través de los recursos administrativos que contempla la Ley N° 19.880, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. La acción de protección no constituye instancia de revisión de la forma en que se sustancia un sumario administrativo que aún no concluye.

QUINTO: Que, tampoco puede reprocharse ilegalidad a la negativa de entregar al recurrente copia de la resolución que instruyó el sumario y del acta de su declaración, desde que el artículo 137 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, dispone expresamente que el sumario administrativo es secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad a partir de la cual deja de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa. Encontrándose acreditado que a la fecha no se han formulado cargos, la recurrida se ha limitado a dar aplicación a un mandato legal expreso, de suerte que su conducta se enmarca en el principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración del Estado conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, sin que corresponda a esta sede constitucional de emergencia inaplicar dicho precepto.

SEXTO: Que, en lo relativo a la alegada afectación de la honra, cabe consignar que las conductas de divulgación que el recurrente reprocha aparecen atribuidas, según su propio relato, a una funcionaria determinada, sin que de los antecedentes allegados sea posible tener por establecido que la recurrida haya autorizado, dispuesto o tolerado la entrega de piezas del sumario a personas ajenas a él, ni que exista un nexo de imputación entre tales comunicaciones y las actuaciones de la fiscalía instructora. Por el contrario, consta que la recurrida requirió expresamente a dicha funcionaria abstenerse de copiar a terceros en sus comunicaciones. Tratándose de una acción cautelar que exige un derecho indubitado y una lesión cierta y actual, la controversia sobre la efectividad y la autoría de las filtraciones denunciadas excede el ámbito de esta vía, cuya naturaleza no admite una actividad probatoria destinada a esclarecer hechos discutidos.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones anotadas, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, el recurso deberá necesariamente ser rechazado, sin perjuicio de los demás derechos que el recurrente pueda hacer valer ante la autoridad administrativa o los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Universidad de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-4989-2026.