nombre reservado con I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, secretaria de la Asociación de Funcionarios de la Educación de Santiago (AFESA), interponiendo recurso de protección en favor de 33 funcionarios de establecimientos educacionales de la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Santiago y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO representada por su alcalde, Felipe Alessandri Vergara; por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento de sus remuneraciones por concepto de licencias médicas rechazadas por el COMPIN, vulnerando con ello la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que los trabajadores recurrentes, se desempeñan como auxiliares o administrativo en establecimientos educacionales de la comuna, durante el mes de mayo recibieron una carta de la Subdirección de Finanzas de la Dirección de Educación, informando que se realizarían descuentos en su remuneración por concepto de licencias médicas rechazadas, dicho descuento alcanzaría hasta el 50% de la remuneración. En la remuneración del mes de mayo, la Municipalidad procedió a realizar dicho descuento, bajo el concepto de “Reintegro L. Médicas”.

Agrega que, las licencias descontadas corresponden a reposos temporales ordenados en forma previa al año 2019. En todos estos casos, la Dirección de Educación procedió al pago de las remuneraciones en forma íntegra, puesto que así ha sido acordado con los funcionarios a lo largo de los años. En este sentido, señala que los funcionarios no han celebrado ningún tipo de renegociación, que permita el cambio de condiciones laborales, así como tampoco han renunciado a derechos adquiridos, como es el pago de la remuneración completa, mientras se encuentran haciendo uso de licencia médica.

Señala que el actuar de la recurrida es arbitrario puesto que, está modificando un acuerdo tácito que existía en relación al pago de las remuneraciones, lo cual constituye en derecho adquirido para los trabajadores. Alega que la Municipalidad ha dejado sin efecto un derecho, sin previo acuerdo con los trabajadores, es más le ha dado un efecto retroactivo a dicha derogación, al descontar licencias que se cursaron hace meses o, incluso, años atrás.

Segundo: Que, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, informa respecto al recurso, señalando que en el mes de febrero, la Subdirección de Administración y Finanzas de la Dirección de Educación, comunicó a los funcionarios que existían licencias médicas rechazadas, las cuales comenzarían a descontarse en la remuneración del mes de marzo, sin embargo, a causa de la situación sanitaria por el COVID-19, el descuento se hizo efectivo en el mes de mayo, habiéndose enviado previamente el, 6 de mayo, una carta en donde se comunicaba el descuento.

La recurrida hace presente una lista en donde se indica el nombre del funcionario/a y el monto adeudado por concepto de licencia médica, el monto más alto corresponde a $35.389.541 y el menor a $225.142.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad reclamada, la recurrente sostiene que en la especie no se verifica puesto que como órgano de la administración del Estado, la Municipalidad está obligada a realizar el descuento por licencias médicas rechazadas. Agrega que el artículo 3 del Reglamento de autorización de licencias médicas (Decreto 63 del Ministerio de Salud), dispone que: “la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.

Respecto a la normativa que autoriza el descuento aludido, la recurrida cita diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República en los que se ha resuelto que el descuento es procedente (Dictámenes Nº24.790-2007 y 94.536-2015). En cuanto a los funcionarios sujetos a las disposiciones del Código del Trabajo, el fundamento del descuento es la disposición del artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 67 de la Ley 10.336.

En cuanto al plazo de prescripción de la acción de reembolso, cita el rol ingreso corte Nº55663-2010 que establece que: “si bien no existe disposición expresa que determine la época desde la cual corresponde efectuar tal deducción, esta puede materializarse en cualquier momento, respetando, por cierto, el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil.”

En cuanto al estatuto aplicable a los recurrentes y la alegación de derechos adquiridos, señala que se rigen por las normas del Código del Trabajo, conforme al DFL 1-3063 de 1981 del Ministerio de Educación y por el Estatuto de los Asistentes de la Educación.

Respecto a la naturaleza jurídica de la relación laboral, la Contraloría General de la República a través del dictamen N° 54.971 de 2009, señaló que la relación laboral entre las Municipalidades y los funcionarios contratados, bajo las normas del Código del Trabajo, como los asistentes de la educación, no son de carácter convencional, sino que legal, por lo cual solo es pertinente pactar y pagar las asignaciones que encuentren su sustento en la ley y no fuera de la remuneración pactada.

Lo anterior, se traduce que las Municipalidades, en su calidad de Órganos de la Administración del Estado y por sujeción al principio de juridicidad no pueden convenir clausulas accidentales con sus funcionarios, siendo por ende el código del trabajo y las leyes 19.464 y 21.109, no solo un estándar mínimo legal en la relación jurídico, sino también un estándar máximo legal de derechos y obligaciones.

Por lo anterior, no es procedente la existencia de cláusulas tácitas o derechos adquiridos en materia de relaciones laborales entre Órganos de la Administración del Estado y Funcionarios Públicos, más aun cuando el pago de licencias médicas en exceso constituye un pago sin causa que debe ser reintegrado.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que el acto que se impugna por esta vía cautelar, lo constituye el descuento realizado por la recurrida en las remuneraciones de los funcionarios afectados, en las fechas y por los montos que indica, por concepto de licencias médicas rechazadas, y para sustentar su recurso la actora, refiere la existencia de ilegalidades y vulneración de garantías constitucionales ya indicadas en el fundamento primero de este fallo.

Sexto: Que, a la luz de los antecedentes, y sin perjuicio de la normativa aplicable en la especie y jurisprudencia administrativa, que ha sido invocada por la autoridad recurrida, existe un hecho cierto, reconocido por ambas partes, cual es, que se ha procedido al descuento de lo pagado por concepto de remuneraciones, a raíz del posterior rechazo de las licencias médicas de que se trata.

Ahora bien, si se atiende a los altos montos de los descuentos involucrados en algunos de esos casos y de las épocas de tales licencias, es dable inferir que –pese a los rechazos-, la municipalidad recurrida había estado pagando los estipendios del caso, sin efectuar las deducciones correlativas.

De lo dicho, aparece que la recurrida, actuando de manera inconsulta, de facto, desconociendo acuerdos previos con los trabajadores, procedió a retener parte de las remuneraciones de los afectados, motivo que resulta suficiente para acoger la acción de protección impetrada.

Séptimo: Que, el actuar arbitrario observado, deviene en la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 Nº3 inciso 5º, de la Carta fundamental, toda vez, la acción impugnada, lo ha sido encontrándose discutida por los trabajadores la procedencia del descuento, alterándose la conducta observada hasta la fecha de los descuentos o la situación que se había estado verificando.

Octavo: Que, lo dicho hasta ahora, es motivo suficiente para acoger la acción impetrada, no siendo necesario hacerse cargo de las otras alegaciones esgrimidas por las partes.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, secretaria de la Asociación de Funcionarios de la Educación de Santiago (AFESA), en favor de 33 funcionarios de establecimientos educacionales de la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Santiago, y se declara que la retención de las remuneraciones efectuada por la recurrida, lo ha sido en forma arbitraria, por lo que se las deja sin efecto, debiendo la autoridad recurrida disponer el pago inmediato de tales remuneraciones a los afectados, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda impetrar, en su oportunidad, para obtener el pago de aquellas sumas de dinero que resultarían adeudadas por los funcionarios municipales afectados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Rol Nº49812-2020.

No firma la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado el período por el que fue nombrada.

Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia.